viernes, diciembre 02, 2016

No a los negociantes de la guerra


La Unión Sindical Obrera USO se pronuncia frente a los recientes asesinatos de líderes sociales, activista y defensores de Derechos Humanos.

Si el gobierno nacional considera que estamosen el postconflicto, debe ser consecuente y tomar todas las medidas para que dirigentes campesinos, sociales y activistas de la paz no continúen siendo asesinados, desterrados y amenazados.


En un cuadro de horror se convirtieron las 48 horas que van del viernes 18 al domingo 20 de noviembre, tiempo durante el cual fueron asesinados:

ERLEY MONROY, integrante de la Asociación Campesina Losada-Guayabero (Ascal-G). Erley adelantaba procesos de defensa por los derechos ambientales en el Caguán y era un acérrimo opositor del método del fracking para explotar petróleo en La Macarena. Según nota del diario El Espectador, este dirigente campesino había sido señalado por el Alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sanchez Cedeño, como colaborador de las FARC-EP.

DIDIER LOZADA BARRETO, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda el Platanal de la Macarena, Meta.

RODRIGO CABRERA CABRERA, líder campesino en el corregimiento de Altamira en Policarpa, Nariño, y militante del Movimiento Marcha Patriótica.

JOHN JAIRO RODRÍGUEZ y JOSÉ ANTONIO VELASCO, lideres campesinos del departamento de Cauca.

En estas fatídicas horas también fueron objeto de atentados los compañeros DANILO BOLAÑOS DÍAZ, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (ASTRACAN) e integrante de la Red de derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, hace parte de la Juventud Rebelde y es militante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica; ARGEMIRO LARA de Fensuagro en Sincelejo, Sucre y VICTOR HUGO CUELLAR de ASCAL-G en San Vicente del Caguán.

Varios de estos dirigentes se habían opuesto a la explotación minera en sus regiones y se declararon defensores del ambiente y del agua. Durante este año se han producido 70 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como 279 amenazas y 28 atentados contra integrantes de organizaciones políticas y sociales en diferentes partes del país. También 123 líderes de la Marcha Patriótica han sido asesinados en los últimos cuatro años y vuelve a nuestra mentes los recuerdos del genocidio de la UNION PATRIÓTICA y de los cientos de asesinados que hacían parte del Movimiento Político A LUCHAR y del FRENTE POPULAR a finales de la década de 1980.

Debemos aferrarnos con mucha más fuerza al ¡NUNCA MÁS!, para que esos tiempos del horror paramilitar, alimentado por políticas del Estado, no vuelva a hacer de las suyas en Colombia.

Hoy, cuando se está ratificando el Acuerdo para el fin del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y se espera se formalicen de una vez las ansiadas conversaciones de negociaciones con el ELN, en las que el gobierno nacional ha demostrado poco compromiso con el inicio de la fase publica, que conduzcan a avanzar a la paz entre las y los colombianos, es evidente que hay sectores políticos y económicos, que siguen pensando que lo mejor es la guerra, la rendición incondicional de las guerrillas y la represión contra los movimientos sociales.

Seguramente, algunos sectores envalentonados por la mayoría del NO en el pasado Plebiscito, consideran que una forma de lograr que se termine esta esperanza de paz, es la que se está presentando en estos últimos días.

Llama la atención que dos de los crímenes se hayan producido en un municipio donde ganó la Alcaldía uno de los partidos políticos que ha estado, y estará, en franca oposición al proceso de paz y que sus jefes políticos, hasta el momento, no se hayan pronunciado sobre estos acontecimientos. Y no deja de ser menos alarmante que los crímenes se realicen en cercanías a alguna de las Zonas Veredales de Transición de las FARC-EP.

No es suficiente descargar toda la culpa a los “nuevos o antiguos” grupos paramilitares, que con diferentes siglas se reproducen en el país. No, el Estado colombiano debe ir al fondo de estos crímenes y poner al descubierto a los verdaderos responsables. Sin duda se encontraran razones políticas, que necesariamente tendrán que ver con las próximas elecciones y con la decisión que han tomado las guerrillas de incursionar en la contienda política.

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO –USOCOMISIÓN
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ