sábado, enero 07, 2017

Chemours y la Democracia del Cianuro



|Por Geovanna Dávalos y Gustavo Lozano|

Las injusticias socioambientales no son fortuitas, implican la concurrencia de actores y circunstancias que las hacen posibles. Surgen al amparo de políticos y tecnócractas poco informados o ineficaces cuando no corruptos; emergen de la imposición de intereses particulares sobre el interés colectivo, de compromisos incumplidos, de apetitos personales y de silencios cómplices.


Son consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a las minorías en una situación de vulnerabilidad. Estas injusticias, además, no serían posibles sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que -frente a la satisfacción de necesidades- opta por la reproducción, acumulación y centralización del capital.

En Guanajuato esas circunstancias -o algunas de ellas- parecen concurrir. Desde hace más de un año The Chemours Company pretende instalar una planta para producir, al año, 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio (NaCN), uno de los venenos más potentes del mundo y que esta empresa produce desde 1952 para la violenta industria minera de extracción de oro y plata en todo el mundo.

La Chemours fue a Salamanca y encontró la oposición del “Observatorio Ambiental Ciudadano Biósfera”; desde agosto de este año lo intenta en San Luis de la Paz, al norte de Guanajuato, donde la “Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano” ha logrado plantar cara al ‘Proyecto San Luis’ de la Chemours. Durante ese mismo tiempo, la organización ludovicense ha desplegado un amplio repertorio de acciones colectivas que ha estimulado, entre la comunidad, el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que les permite interpretar la posible instalación de la planta de cianuro como algo injusto e intolerable y, por lo tanto, merecedor de una acción correctiva.

A pesar de la amplia y contundente oposición social al ‘Proyecto San Luis’, la Chemours insiste. No tiene el favor de la comunidad ludovicense pero cuenta con una aliado importante, el gobernador Miguel Marquez. La motivación ludovicense para oponerse a la Chemours no es el miedo o la ignorancia -como ha dicho el gobernador- es la profunda convicción de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos, es la firme creencia de que su intervención en los asuntos públicos les permitirá garantizar el control sobre su territorio y, en definitiva, sobre su propia vida. En este contexto, la participación ciudadana es, además de un derecho, un vehículo para alcanzar la dignidad humana.

A medidados de octubre el Delegado de la SEMARNAT en Guanajuato declaró en algunos medios de comunicación que The Chemours Company había desistido de instalarse en el Estado; no obstante, los miembros de la Organización Ciudadana Ludovicense interpretan estas declaraciones como una estrategia para desmovilizar a la comunidad pues formalmente el proceso ante la SEMARNAT en relación a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto esta en “evaluación” y el 23 de noviembre obtuvo una ampliación del plazo. En lo local, el Ayuntamiento no ha otorgado el permiso de cambio de uso de suelo a favor del proyecto pero la Organización Ludovicense permanece atenta e informando a la sociedad de los riesgos y los posibles cambios o avances en los trámites, sobre todo por las declaraciones del gobernador Marquez a inicios de diciembre.

La lucha ludovicense contra el ‘Proyecto San Luis’ debe dimensionarse adecuadamente; no es sólo contra la Chemours y por su propio territorio; es contra el conjunto de la industria minera pues el cianuro de sodio es uno de los químicos que más se utilizan en los procesos de lixiviación de metales “preciosos” extraídos con la técnica “a cielo abierto”. Los daños asociados a esta técnica -cada vez más común en México- son notables: militarización del territorio, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, debilitamiento del tejido social, división de comunidades, atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores sociales, criminalización de la protesta social, contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje, altísimas contribuciones al cambio climático, daños a la salud y empleos precarios son algunos de ellos cuando las mineras hacen su aparición.

Por su extraordinaria capacidad depredadora la minería constituye uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México y The Chemours Company es parte importante de esta industria.

En un contexto de conflicto -como lo es el de los ciudadanos ludovicenses y la Chemours- los gobiernos suelen validar las relaciones de poder entre los diferentes grupos de una sociedad. Mediante declaraciones o decisiones de políticas públicas los gobiernos suelen justificar, legitimar y priorizar los valores e intereses de las «élites» e influir en la determinación de quién o quiénes son los ganadores y perdedores de una contienda. Hasta hoy, el gobernador Marquez parece colocarse al lado del capital transnacional. ¿En Guanajuato, la democracia realmente existente será la del cianuro?

Una mirada a los conflictos socioambientales en México parece confirmar que -centrada en los propios ciudadanos- la defensa de comunidades receptoras o potenciales receptoras de los daños y perjuicios provocados por el modelo de desarrollo no depende tanto de la voluntad de operadores jurídicos, políticos y económicos como de la existencia de una sociedad alerta y movilizada, capaz de hacer valer sus pretensiones en, fuera e incluso en contra de los órganos estatales en su conjunto al impedir obras o proyectos contrarios a sus intereses. Contemplada con detenimiento esa no resultaría ser una mala alternativa para San Luis de la Paz.