jueves, enero 12, 2017

La política minera en 2017: ¿El quiebre de la locomotora?



|Por Álvaro Pardo / Razón Pública|

Sector en moratoria

La moratoria forzada por varias Sentencias de la Corte Constitucional es el hecho más importante del sector minero en 2016. Este suceso marcó el final del largo período durante el cual esta actividad fue impulsada por una política viciada de inconstitucionalidad, la inconformidad social y la soledad de una autoridad minera que insiste en actuar contra el interés general de la nación.

Nunca antes desde su expedición, la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) había sido objeto de tantas críticas. Al descontento en las regiones por las consecuencias de la minería se sumó la decisión de las altas Cortes en el sentido de garantizar los derechos fundamentales. Las demandas que dieron origen a las Sentencias C-035, C-192, C-221, C-259, C-273, C-298, C-389 y T-445 de 2016 de la Corte Constitucional, así como otros fallos no menos trascendentales del Consejo de Estado, modificaron radicalmente algunos aspectos de la política minera, aunque las autoridades del sector hayan hecho caso omiso a sus implicaciones y guarden silencio frente a los comentarios despectivos de las multinacionales y de los gremios mineros sobre las mismas.

La autoridad minera persiste en actuar como siempre lo ha hecho, aunque en algún momento tendrá que reconocer que su gestión ha sido un fiasco pues desde el derrumbe de la reforma al Código de Minas (Ley 1382 de 2010) muchas de sus actos administrativos han sido declaradas inexequibles. Un claro ejemplo fue el llamado “decreto navideño” que quiso “modular” la Sentencia C-123 de 2014 de la Corte Constitucional, y con el cual se aprobaron once títulos mineros. ¿Caducarán dicho títulos ahora que perdieron su legitimidad jurídica? No, porque, aunque ilegítimos, las empresas reclamarán su seguridad jurídica y no tendrán reparo en anunciar demandas contra la Nación ante las Cortes internacionales.

Las grandes empresas mineras también tendrían que aceptar que no son tan responsables como suelen decir en sus eslóganes publicitarios, y que para sacar adelante su intereses suelen marginar los derechos de las entidades territoriales y de los ciudadanos de las regiones donde operan, incluso acudiendo a la violencia para librarse de la oposición a sus proyectos. La muerte el pasado seis de enero de uno de los líderes sociales de El Hatillo, zona de influencia minera en el departamento de Cesar, es el más reciente ejemplo de ello.

Aun así la directora de la Agencia Nacional Minera, Susana Habib, se queja de que el sector minero es objeto de una gran estigmatización y atribuye este hecho a que los colombianos no distinguen las fases del ciclo minero y a que los campesinos confunden la fase de prospección con cualquier fotógrafo tomando fotos en su territorio.

El fin de la locomotora minera

La caída de la demanda y de los precios mundiales de los minerales explican la disminución de la producción nacional. Pero también es cierto que desde diferentes frentes se han fortalecido las acciones para detener la llamada locomotora minera. Por ejemplo, las convocatorias a las consultas populares para prohibir la minería en Piedras, Ibagué, Cajamarca y Pijao son consecuencia de los abusos de esta locomotora minera.

La locomotora minera llegará a su fin no solo como consecuencia de los abusos de la política gubernamental, sino por falta de combustible. La caída de los precios internacionales conllevó un recorte severo de la inversión en el sector en todos los países de América Latina.

La locomotora minera llegará a su fin por falta de combustible.

Sin embargo, el gobierno colombiano busca mantener la locomotora inyectando beneficios que agravan el detrimento patrimonial de los ciudadanos. No hay que olvidar que una cuarta parte del Estatuto Tributario está conformado por beneficios (deducciones, exenciones, descuentos y regímenes especiales) que son utilizados por las grandes mineras para reducir su aporte a las rentas del Estado (porque pagan, pero no lo que deberían pagar).

Estrategias de evasión

No se trata de remendar la Ley 685 de 2001, sino de propiciar un gran debate nacional en torno a la pregunta: ¿qué queremos hacer los colombianos con nuestros recursos naturales no renovables? Pero la autoridad minera & empresas juegan a desorientar la discusión sobre lo fundamental.

La autoridad minera y las grandes compañías aseguran que gracias a ellas el país avanza por el camino del desarrollo y la equidad. Pero habría que ver cómo el modelo económico basado en la gran minería ha contribuido a la crisis fiscal, al desequilibrio del comercio exterior, al empeoramiento del coeficiente Gini y a las grandes cifras de informalidad y tercerización laboral de Colombia.

Frente a este panorama resulta curioso observar la estrategia de la autoridad minera y de las grandes empresas para minimizar las críticas y reducir todo al desconocimiento de los ciudadanos sobre el sector o a un simple problema de información que afecta su reputación.

Y para resolver estos problemas de “reputación” las grandes mineras adoptan estrategias para cooptar a las universidades para que sean los “académicos” quienes salen a poner la cara por ellas. Se valen además de estrategias para confundir a la opinión, como es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que poco aportó a la discusión.

Entre estas estrategias de evasión también se oyen las propuestas de destacadas personalidades y consultores de multinacionales (aunque no lo digan en sus hojas de vida) especulando para “modular” Sentencias de la Corte Constitucional, o a los directores de medios financiados con publicidad minera cuestionando con insultos a quienes piensan que el responsable de la situación de La Guajira es El Cerrejón y no los indígenas corruptos.

De manera que más allá de las cifras de la minería, cuidadosamente escondidas bajo la reserva de sus declaraciones de renta, están los temas que actualmente son objeto de una seria controversia social:

·         Los pasivos ambientales,
·         La desinstitucionalización del Estado en la regiones,
·         La presencia omnímoda de las grandes compañías que alientan la violencia y la corrupción en los territorios,
·         El deterioro del nivel de vida de las comunidades en las zonas de influencia, y
·         El detrimento patrimonial de los ciudadanos por la explotación de los recursos no renovables con criterios casi feudales.
·         Los derechos fundamentales y los derechos inter-generacionales.

La Corte Constitucional ha señalado los derroteros de una nueva política minera y, aunque en la práctica algunos parecerían difíciles de ejecutar, muchos de ellos ya hacen parte de la Constitución. Por ejemplo las competencias de las entidades territoriales y los derechos de los ciudadanos respecto al medio ambiente, la participación ciudadana, las comunidades étnicas y la seguridad alimentaria.

El reto de los sectores sociales es entonces abrir espacios para concretar el dialogo entre los diferentes entes autónomos territoriales y el gobierno central. El espacio para hacer esto, lo ha reiterado en varias ocasiones la Corte Constitucional, es el Congreso de la República, aunque su escasa representación social, los grandes intereses empresariales que allí circulan y la mermelada del gobierno central, implican muchos riesgos.

El otro problema radica en que la autoridad minera quiere mantener el actual estado de cosas. Un ejemplo fue la divulgación de la “Nueva Política Minera” a través de una simple resolución ministerial. Esta habría sido la oportunidad para que el Ministerio de Minas abriera espacios para oír a los damnificados de la locomotora minera, a las autoridades territoriales y a los ciudadanos inconformes, y para haber procedido en consecuencia con el interés general.

Sin embargo, la Nueva Política Minera no incluyó aspectos vitales emanados de los fallos de la Corte Constitucional y, por el contrario, la ex viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, incluyó recomendaciones para bajar los impuestos a las multinacionales, amarrando la carga impositiva a los precios internacionales.

Se habla mucho en la nueva política minera de la confianza legítima de las empresas, pero mucho más importante que eso es la confianza legítima que debería existir entre los ciudadanos y las autoridades en quienes se delega la administración de los bienes públicos, entre ellos los recursos no renovables.

Por último, no hay que olvidar que las barreras interpuestas para el diálogo minero han creado tensiones que riñen con el Acuerdo de paz con las FARC. De un lado, el gobierno acude a la fuerza represiva para mantener viva su locomotora minera, y del otro la sociedad debe acudir a movilizaciones, audiencias públicas, consultas populares y demandas ante la Cortes para detener su avance.

La salida a esta encrucijada la aportó la Corte Constitucional y es avanzar en el conocimiento objetivo de las virtudes, bondades y consecuencias de la actividad minera. Se dicen muchas cosas y se esgrimen muchos argumentos sobre el tema, pero el país requiere estudios objetivos que permitan certificar la validez de una actividad que hasta ahora deja sobre todo pasivos, detrimentos e inconformidades.

Ojalá el Ministerio de Ambiente, en el que se delegó esta tarea, inicie los estudios con objetividad e imparcialidad. Hay que empezar pronto, pues las empresas mineras, que no están invitadas a este diálogo social, ya empezaron a torcerle el cuello a esta importante iniciativa. La moratoria minera solo deberá levantarse cuando existan las debidas certezas sobre el sector.

(*) Álvaro Pardo, Director de Colombia Punto Medio.