domingo, enero 08, 2017

La ut a las cuerdas



|Por Marcela Reyes / Agencia Estudiantil de Prensa|

“Año nuevo, vida nueva”, ojalá se pudiera decir lo mismo de la situación de la Universidad del Tolima y de la educación superior colombiana. Sin embargo, no todo año nuevo trae buenas cosas y menos para la educación en Colombia. El Ministerio de Educación Nacional y sus diferentes estrategias han puesto en jaque las Instituciones de educación superior públicas en el país, llevando a las diferentes universidades a verse en apretadas situaciones en materia fiscal y académica. La Universidad del Tolima no es la excepción a esta regla.

Para nadie fue un secreto que en 2015 –durante la administración Herman Muñoz– explotó una crisis institucional y financiera nunca antes vista en la historia de la universidad. Y no era para menos… Hacia finales del segundo semestre de 2015 se especuló que la Universidad del Tolima tenía un hueco fiscal de unos 5 mil millones de pesos. Curiosamente, dicha especulación tenía mucho de verdad y hacia finales del año se destapó una olla que proyectaba un déficit de unos 25 mil millones de pesos. A esto se le sumó una preocupación más: el Ministerio de Educación Nacional, MEN, a través de la Ley de Inspección y Vigilancia 1740, intentó meter sus “pequeñas garras” en la manoseada y desbarajustada UT. Todo esto desató la preocupación de estudiantes, profesores y administrativos, porque desde el Consejo Superior se barajó un empréstito o un recorte presupuestal posiblemente acompañado de una intervención y restructuración administrativa.

Al respecto, hay que decir que los planes del Consejo Superior, especialmente la intervención, fueron boicoteados por la comunidad universitaria, la cual pocas veces había trabajado tan mancomunadamente. Así, la intervención vía Ley 1740 fue descartada, pero llevo a otra ocurrencia: condujo a la universidad a la tan temida Ley 550 (Ley de quiebras) o el crédito a la banca. La administración anterior creía que un crédito por 15 mil millones de pesos sería un alivio fiscal para tan grande hueco. Sin embargo, esta decisión fue tan mal recibida que en cooperación con muchos sectores al interior del claustro y fuera de este fueron quienes convirtieron en bandera de lucha la renuncia irrevocable de la anterior administración y su linchamiento público a través de los medios regionales.

En medio de todo esto, la UT cambió de administración. El gentil Omar Mejía, “el rector del pueblo” que muy comedidamente decidió darle vía libre a la “Asamblea Universitaria”, como espacio de deliberación y toma de decisiones para la tan anhelada reforma profunda que necesitaba la U, constituyó una opción para reorientar el rumbo del Alma Mater. Sin embargo, nuestro querido rector del pueblo no le ha dado la cara a la comunidad en acto público, para informarle a la gente cómo va la universidad y cómo va el hueco fiscal. Entonces, ¿Qué pasó? ¿Salió Muñoz y el hueco se cerró? O ¿Qué es verdaderamente lo que está pasando en el interior de la UT?

Ni más ni menos nuestro querido nuevo rector, preocupado por la situación de la universidad, pensó que el plan de la administración pasada no era tan descabellado y pidió un pequeño prestamito de 11 mil millones de pesos a la banca, como para medianamente salir del atolladero. Y vea pues… la Asamblea Universitaria ya podía empezar a trabajar en la reforma profunda y a meterle platica a eso. El problema es –y es que el rector le contó a muy pocos– que contrató a algunos expertos de la Universidad del Valle para que fueran ellos quienes elaboraran una reforma académico-administrativa para la U. Entonces, ¿Para qué la Asamblea Universitaria? ¿Cuáles son las decisiones que va a tomar?

Afortunadamente el 2016 terminó y como ya todos salimos a vacaciones el rotico de la U desaparece por unas semanitas. Esperemos que las cuerdas no apreten muy fuerte para que le den tiempo a la UT de salir de todos sus problemas o que estas administraciones mezquinas (el MEN y la Gobernación del Tolima) se pongan la mano en el considere y le den soluciones reales a la situación –no ley de inspección y vigilancia o ley de quiebras–. Y es que con paños de agua tibia esto ya no se arregló. Es hora de tomar con seriedad el futuro de la educación pública superior en el Tolima y el país.

Escrito por @marcelareyes8