lunes, enero 16, 2017

Odebrecht: Corrupción patentada



|Por Omar León Muriel Arango|

Transcurridos seis años de su largo período presidencial, incluido el cohecho reeleccionista, se da a conocer los escandalosos sobornos de la compañía Odebrecht hacia distintos países de América Latina para obtener contratos de los gobiernos, y Colombia no podía faltar en el campeonato de la corrupción global.

Con evidencias y colaboración de la justicia de Estados Unidos, la Fiscalía capturó al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien admitió haber exigido 6.5 millones de dólares para ceder el contrato de la Ruta del Sol, sector 2, a la firma sobornadora Odebrecht. Ante el tremendo golpe a la administración del gobierno de la Seguridad Democrática y posiblemente a la de la Unión Nacional, pues se pagaron 11.1 millones de dólares entre 2.009 y 2.014; el expresidente Uribe manifestó: “Traicionó a Andrés Uriel Gallego, un ministro químicamente puro, al equipo de gobierno y a mi persona”. En esta ocasión ni hubo venganza criminal, ni persecución política ni montajes. Fue “traición”, acompañada de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. Todo a sus espaldas. Continuarán las capturas porque tanto dinero y la dimensión de las obras tuvieron que acompañarse de otros altos ejecutivos y políticos. La ley anticorrupción indica la invalidez del contrato para abrir una nueva licitación y sancionar con inhabilidad para contratar con el Estado a los condenados por soborno transnacional. Igualmente, los colombianos esperamos una reparación integral económica por todo el daño causado. La Fiscalía General de la Nación y los órganos de control tienen el poder y las llaves para investigar y hacer justicia, cerrando el abundante y lesivo flujo del crimen de la contratación en Colombia, como llevar a las últimas consecuencias del engranaje destructor del carrusel de la contratación a nivel nacional y otros insucesos que mantienen en los primeros lugares del mundo de la corrupción a nuestro país, impidiendo el progreso y la convivencia. Nada satisfactorio ni consecuente con políticas de paz, puede ocurrir en un país que permite el delito al establecer que los poderosos económicamente puedan evadir el pago de impuestos por sumas hasta de 5.000 millones de pesos. Además de las figuras mañosas utilizadas por empresas, compradores, contadores, declarantes y evasores de profesión con grandes riquezas en el exterior, mientras los asalariados pagan un IVA del 19%. Manera singular de perpetuar la desigualdad y la pobreza. La lucha contra la corrupción es un deber de todos los ciudadanos y una política obligatoria de Estado de primer orden para acabar con la impunidad y sanear las finanzas de los colombianos.

(*) Contactos: omarmuriel@hotmail.com
Medellín, 16 de enero de 2017