sábado, enero 07, 2017

Poder, institucionalidad, anarquía y corrupción



|Por Marcos Silva Martínez|

Los resultados socioeconómicos del ejercicio del poder, a nivel municipal, departamental y nacional, son progresivamente más desastrosos. No hay voluntad política ni responsabilidad social, de los gobernantes, para ejercer la función pública con el objetivo de beneficiar a todos los ciudadanos y visión futurista.

De acuerdo con el contenido del discurso de la primera posesión, del Presidente Santos, en su gobierno, toda la problemática socioeconómica y de seguridad, que agobiaba la precaria condición humana de las mayorías nacionales, sería resuelta.

El discurso de su segunda posesión fue similar. Pero en seis años y medio de su ejercicio presidencial, crecieron; el endeudamiento público, el déficit fiscal y de cuenta corriente, la pobreza y la miseria, el desempleo y la informalidad reales (no obstante las estadísticas del DANE). Se catapultaron; la inseguridad ciudadana, la delincuencia común, la criminalidad de cuello blanco. La impunidad y la corrupción se generalizaron y el poder no se atreve a controlarlas.

En los discursos de posesión, evitó ocuparse de los flagelos sociales de la corrupción y la impunidad, ya endémicos, y mucho menos, quiso comprometerse a derrotarlo.

La corrupción y la anarquía institucional se catapultaron, en los últimos catorce años y medio (Uribe, Santos). Vivimos bajo el imperio de la politiquería, el clientelismo y la venalidad y por esto, el desgobierno es galopante, en lo municipal, departamental y nacional. La corrupción y la impunidad se tornaron incontenibles y en grave amenaza socioeconómica.

La superación y erradicación del dramático panorama político-administrativo-económico, exige profundas, radicales e integrales reformas institucionales y de toda la normatividad legal vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción. Sin estas decisiones, el declive ético y moral del poder en Colombia y la frustración del desarrollo socioeconómico, alcanzará niveles de caos y anarquía totales.

Transparencia por Colombia y la U. Externado, en consulta en 2014, a empresarios-contratistas, encontraron que el 62% tenían que pagar sobornos, para acceder a los contratos. Similares encuestas anteriores, fueron: de 54% en .008 y 56% en 2010. Sigue subiendo.

Otras investigaciones recientes señalan, que el 94% de los empresarios-contratistas, tienen que pagar sobornos para acceder a los contratos y que la corrupción en Colombia, se roba más de $30 billones anuales. Superior a dos reformas tributarias como la que acaba de negociar con el congreso e imponer dictatorialmente a los colombianos, el gobierno de Santos y sus secuaces.

Pero si se analiza y contabiliza todo el robo, ejecutado a través de la contratación pública, año por año, la cifra es descomunal y lleva a concluir que si los gobiernos, respondieran por sus obligaciones constitucionales, sociales y políticas, Colombia no estaría en la encrucijada económico-fiscal de insolvencia, que amenaza su presente y futuro, ni requeriría creación de más impuestos. Solo deben racionalizarse con sentido progresivo.

El cinismo del poder, ante la corrupción, la inmoralidad, laxitud y perversidad institucional, hace posible y estimula la anarquía y el caos administrativo generalizado que padece Colombia.

Hay casos más aberrantes que otros, aunque todos son graves.

Las investigaciones sobre la Refinería de Cartagena-REFICAR-, apuntan a que el desfase, entre costo real y el total pagado, pude superar los $13 billones. Paro hay inminente riesgo de maquillaje de cifras y validación de justificaciones y que finalmente nadie responda. Fichas poderosas de la burocracia, la politiquería y el clientelismo, son responsables de lo ocurrido.

El obtuso y pérfido Ministro de Hacienda (tiene antecedentes en anteriores cargos públicos), corresponsable del asalto, dice que el responsable es el subcontratista, la Chicago Bridge and Iron (CB&I). Y el presidente J. M. Santos aseguró que * el “pecado” con Reficar “fue iniciar ese proyecto sin haberlo planeado bien”. Sin estudios y diseños. Y añade; “Se pensaba que iba a costar US$ 3.000 o US$ 4.000 millones, y resultó costando US$ 8.000 millones. Pero (ojo con el pero), *no es que ese dinero se lo hayan robado (que cinismo), porque hoy está la refinería funcionando muy bien (mentiras) y le está aportando al país”, precisó. (El Tiempo 03-05-2.016). Hoy está probado que no satisfizo metas volumétricas, ni expectativas tecnológicas.

Otro tanto puede pasar con el tamal nauseabundo de las vías de cuarta generación -4G- contratadas sin estudios y diseños. Con costos asumidos por ignorantes en la materia o interesados incondicionales en el negocio. Firman contratos para que luego puedan cobrar como en REFICAR y demanden, como en el Tramo 2, de la Ruta del Sol (demanda por $700.000 millones- Odebrecht-Solarte-Sarmiento Angulo), inversiones regionales y locales, etc.

Hay anarquía total en el poder público. Se impuso el criterio de los delincuentes de cuello blanco y de politiqueros: no importa que roben, pero que hagan algo.

Los órganos de control y el gobierno, conocen las causas y la solución de la endemia ética y moral. Saben que la contratación pública, es el ponqué de los corruptos, funcionarios y particulares. Saben que hay funcionarios y contratistas corruptos y corruptores. Pero las investigaciones que adelantan, generalmente son cosméticas, formalismos que se agotan en los anuncios de pantalla. Los resultados son cada vez más precarios. Son resultados que corresponden al hecho de que los órganos de control, investigación y decisión, son fortines de la politiquería y el clientelismo, manejados al antojo del populismo corrupto en el poder.

El poder, lo deben ejercer los mejores y no los más incapaces y mediocres.

Es deber moral del elector, resolver quien gobierne con rectitud, responsabilidad e imaginación, en beneficio de todos los ciudadanos. Debe ser la meta de las próximas elecciones presidenciales.