miércoles, enero 04, 2017

Veinte años después de los Acuerdos de Paz Guatemala sigue sin conocer la concordia



En el 20º aniversario de la firma de la paz, el país centroamericano ha erradicado la criminalidad política. Sin embargo, con la pobreza al alza, permanece entre los más violentos del planeta.

|Por José Elías|

Ante la mirada del mundo, el 29 de diciembre de 1996 el Estado de Guatemala y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, de inspiración marxista) firmaron una paz que ponía fin a 36 años de confrontación interna —la segunda más larga de América, sólo detrás de la de Colombia— que dejó un saldo estimado en 250.000 muertos, 50.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados. Se abría así una ventana a la esperanza. Los guatemaltecos visualizaban una oportunidad cierta para empezar a construir un país más equitativo en todos los órdenes, particularmente en lo socioeconómico.

Transcurridas dos décadas, la esperanza ha dado paso al desencanto, a pesar de logros innegables en campos como las libertades políticas. Ya no hay asesinatos por expresar ideas contrarias al establishment. Los antiguos guerrilleros pasean libremente por las calles y pueden beber una cerveza en cualquier bar, mientras los diarios y espacios radiofónicos están llenos de columnistas y tertulianos que expresan abiertamente su oposición a las políticas dominantes, sin temor de ser secuestrados y desaparecidos, aunque la violencia común se cobra un promedio de 28,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tercera tasa del istmo sólo por detrás de El Salvador y Honduras.

En esta apreciación coinciden dos protagonistas de primera fila de la firma de la paz, como el expresidente Álvaro Arzú, y el comandante de la antigua guerrilla Pablo Monsanto, todavía adversarios irreconciliables. Arzú pasará a la historia como el gobernante que firmó la paz, y en declaraciones a EL PAÍS subrayó este extremo como uno de los mayores logros. “Indudablemente, muchas cosas se superaron con creces. Se critica mucho la violencia común que nos castiga, pero esto es un problema mundial. Lo que es indudable es que ya no hay muertos por razones ideológicas. Es muy importante que ya no jalemos el gatillo por un conflicto ideológico que nunca entendimos. Por una guerra fría en la que nosotros pusimos los muertos calientes”. “Es cierto que hoy en día no se asesina al que piensa de manera diferente de quienes viven de este sistema injusto que han mantenido a sangre y fuego. Esto es algo positivo”, comenta Monsanto, el único de los firmantes de los acuerdos que, tras décadas de clandestinidad, todavía vive.

En el otro lado de la balanza están los rezagos. Aquellos acuerdos que se firmaron y se quedaron en papel mojado. Muchos analistas independientes afirman que solo se han hecho efectivos un 30% de los 12 puntos firmados. “Y los que se han cumplido han sido los que no afectan a los poderosos. Lejos de avanzar, hay retrocesos: Guatemala es ahora un país intervenido, algo inconcebible si se hubiera cumplido lo pactado”, dice Monsanto. “Ocurre que se distorsionó completamente el objetivo. En el afán de quedar bien con todo el mundo —no conozco el secreto del éxito, pero si el del fracaso: tratar de quedar bien con todos—, y eso fue lo que pasó. De los acuerdos pactados, simples pero que se podían explicar en su plenitud, las comisiones paritarias introdujeron tantos agregados que su cumplimiento se hizo imposible”, argumenta Arzú.

Lo innegable, lo que se puede palpar en el día a día de los guatemaltecos, es el incumplimiento de acuerdos que buscaban convertir a Guatemala en un país moderno, incluyente, sin apartarse del modelo económico en vigencia. Persiste el racismo y no se ha logrado poner en marcha un acuerdo fiscal. Esta nación centroamericana mantiene la carga tributaria más baja del hemisferio, con una tasa equivalente al 13% del PIB frente al 21,3% promedio de la región, según la CEPAL.

Esto se traduce en una de las llagas purulentas más dolorosas, y que las estadísticas reflejan en toda su dimensión. Lejos de disminuir, en Guatemala —que tiene una de las tasas de fertilidad más altas del mundo— la pobreza ha aumentado. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza llegó al 59,3% en 2015, con un incremento de 8,1 puntos porcentuales respecto a la medición de 2006. Son cifras aproximadas, porque ni siquiera hay un censo poblacional reciente en una nación en la que 9,7 millones de personas se debaten entre la pobreza y la miseria. La mitad de los niños sufre desnutrición crónica y la educación y la sanidad pública andan por la calle de la amargura.


GUATEMALA: VEINTE AÑOS DE PAZ SECUESTRADA

El país conmemora el 20 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno (1960 – 1996). Las desigualdades y la falta de justicia social palpitan en un país que no ha cerrado las brechas que originaron el enfrentamiento que dejó más de 200.000 víctimas mortales, en su mayoría indígenas.

|Por Laura Santacristina / Mario Lambán, El Público|

La noche del 25 de abril de 1982 soldados del Ejército de Guatemala con ropa de civil se presentaron en la aldea Chipiacul, en el departamento de Chimaltenango. “Agarraron a las personas en el salón comunal, les dispararon y les prendieron fuego. Los que pudimos, huimos esa noche por la montaña. Al día siguiente regresamos y el Ejército nos reunió a todos en el mismo salón donde estaban los muertos y nos dijeron ‘esto es lo que pasa por estar con la guerrilla’. Los que pudimos, huimos una vez más a la montaña”.

Los hechos que relata Celestina Patal (54 años) se repitieron sistemáticamente durante los años más sangrientos del conflicto armado guatemalteco, que dejó hasta un millón y medio de desplazados y 200.000 muertos, el 93% a manos del Ejército y los grupos paramilitares, según las estimaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) auspiciada por Naciones Unidas.

Casi la mitad de los hombres y mujeres de Guatemala están hechos de maíz, como evoca la tradición maya. La población indígena constituye más del 40 % de un total de 16 millones de habitantes en un país eminentemente rural. Ser indígena y ser pobre van de la mano. El 59 % de la población es pobre y el 79 % de los pobres son indígenas que sobreviven con unos 3,5 euros al día, según la última encuesta oficial de condiciones de vida. Los niños de maíz se mueren de hambre. La desnutrición infantil crónica (que se prolonga y genera retrasos en el crecimiento) afecta al 48 % de los menores de cinco años, la cifra más elevada de todos los países de Centroamérica con diferencia.

“El modelo que ha regido históricamente la economía de Guatemala no atiende a las necesidades internas, sino que se adapta a la demanda del mercado internacional”, asegura el historiador Gustavo Palma. “Tanto la tierra como la población, especialmente la indígena, han sido consideradas como los pies sobre los que se ha venido construyendo un modelo extractivista y de beneficio para escasos grupos sociales”.

Durante el conflicto armado interno, el 83% de las víctimas fueron indígenas maya. Celestina Patal pertenece al grupo kaqchikel, fue maestra en diferentes lugares y durante los años más crueles no pudo evitar toparse constantemente con la violencia extrema. “Las comunidades comenzaron a despertar y querer tener agua potable, una escuela, caminos. Ahí es cuando el Ejército dijo ‘son comunistas, son guerrilleros, acabemos con ellos’”.



Exhumación de una fosa.

En el contexto de la Guerra Fría, el miedo a la expansión del comunismo se convirtió en la excusa para reprimir las demandas sociales de los sectores más desfavorecidos. Varios grupos guerrilleros habían encontrado en la desigualdad el caldo de cultivo idóneo para lograr fuerza, alimento y cobijo.

Los sandinistas habían alcanzado en poder en Nicaragua en 1979 y otras guerrillas contagiaban los ideales de izquierda por Centroamérica. Los intereses norteamericanos ya habían servido para orquestar un golpe de estado en Guatemala en 1954. El segundo presidente democráticamente electo del país, Jacobo Árbenz, trató de impulsar una ley de reforma agraria que levantó ampollas entre las élites económicas y puso en jaque los intereses comerciales de la United Fruit Company, el monopolio norteamericano de siembra y comercialización de banano en América Latina. La CIA tumbó su gobierno y se encargó de aupar al poder a un régimen que deshizo los avances liberales de la década anterior.

Raquel Zelaya participó en las negociaciones y firmó los Acuerdos de Paz de 1996 en representación del Gobierno: “¿Cuáles fueron las causas del enfrentamiento? Muchos creemos que fue un escenario de Guerra Fría. Otros hablan de pobreza y exclusión, pero no se puede negar que fuimos escenario de Guerra Fría con condiciones que se prestaban al enfrentamiento”.

Aunque la lucha se prolongó durante 36 años, los picos más elevados de violencia se concentraron entre 1980 y 1983, con los gobiernos militares de Lucas García y Ríos Montt. Durante este periodo se obligó a la población local a participar en las Patrullas de Autodefensa Civil encargadas de combatir la insurgencia, convirtiendo a los vecinos en cómplices forzosos de la violencia. Este fue el caso de Chipiacul, la aldea de Celestina Patal, donde los propios civiles asesinados en el salón comunal eran quienes habían sido reclutados para patrullar aquella noche.

También se puso en marcha la estrategia de “tierra arrasada” que pretendía eliminar cualquier recurso que pudiese aprovechar el enemigo y que en la práctica supuso la aniquilación de comunidades enteras. Los métodos de represión empleados por el Ejército y los grupos paramilitares fueron atroces. “Según el testimonio de mi prima, en la comunidad de El Sitio atraparon a quince hombres y una mujer. A los señores los amarraron de las manos y del cuello detrás de un convoy con alambres de púas y los arrastraron hasta matarlos. Veinte años después los encontraron en una fosa”, relata Celestina Patal.

Muchas de estas masacres están meticulosamente documentadas en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y por instituciones como la Fundación de Antropólogos Forenses de Guatemala (FAFG), que ha recuperado más de 5.500 cadáveres en fosas comunes y ha identificado a más de 2.000 víctimas.

En 1996 culminaron las negociaciones de paz entre representantes del Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que aglutinaba las cuatro principales facciones de la guerrilla. Para Gustavo Palma, los Acuerdos fueron posibles por la presión internacional. En particular, “porque Estados Unidos ya no quería tener problemas en su patio trasero”. Raquel Zelaya comparte esa opinión: “Los norteamericanos entrenaron al Ejército guatemalteco para cometer las peores atrocidades y, de repente, aparecieron un día con el rollo de los Derechos Humanos”.

Además de decretar el cese de la violencia, que ambos bandos respetaron, los doce pactos suscritos sentaban las bases para abordar problemas estructurales del país como el reparto de la tierra o el racismo. Sin embargo, los buenos propósitos chocaron con un modelo económico extractivista y agroexportador que los convirtió en papel mojado. Después de veinte años los problemas sociales que avivaron el conflicto persisten y los índices de pobreza y hambre no han mejorado.

Tampoco lo han hecho las cifras de violencia, que han alcanzado el nivel de pandemia de la mano de las maras y el narcotráfico. En 2015 hubo 5.718 asesinatos, casi 500 al mes, según Amnistía Internacional. Junto a Honduras y El Salvador, Guatemala conforma el Triángulo Norte, una de las regiones más violentas del mundo. “Los sectores que viven en los márgenes están preocupados por sobrevivir. Eso les mantiene ocupados y les impide involucrarse en otra cosa. La gente sale a la calle y lo primero que hace es santiguarse esperando regresar en la noche. La supervivencia y el miedo operan en términos de contención social”, subraya Palma.

Para cerrar las heridas del conflicto también hay que hacer justicia. “Los testimonios de las víctimas han sido silenciados, desmentidos o negados por algunos sectores de la sociedad. Cuando hallamos fosas y constatamos las condiciones en las que quedaron los cadáveres los testimonios adquieren una nueva relevancia porque hay una verdad social que se vuelve innegable”, asegura el subdirector ejecutivo de FAFG, José Suasnavar. La institución contribuye desde el ámbito científico a cimentar los principios de la justicia transicional: verdad, justicia y reparación.



Análisis de restos humanos en un laboratorio.

La verdad avanza caso a caso en Guatemala. Este mismo año un tribunal condenó a cientos de años de prisión a dos militares por crímenes contra la humanidad. Abusaron sexualmente y forzaron a la esclavitud a 25 mujeres maya q’eqchi en el destacamento militar de Sepur Zarco. Catorce de las supervivientes decidieron romper el silencio iniciando un proceso en el que por primera vez en Latinoamérica los delitos sexuales se juzgaron como crímenes de lesa humanidad.

En 2013 el Estado guatemalteco se sentó en el banquillo junto al general Ríos Montt, presidente entre marzo de 1982 y agosto de 1983. El mandatario fue acusado y condenado por genocidio por la masacre de Dos Erres, pero la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia porque la jueza decidió seguir adelante sin atender el recurso presentado por la institución.

Sin embargo, no todos aceptan que en Guatemala hubiera genocidio: “Lo que pasó no se puede negar, está documentado. Pero lo que hubo fue una guerra ideológica. Querer meter la cuña étnica omite la responsabilidad de los Estados Unidos”, defiende Zelaya. Pese a que la Ley de Reconciliación establece que el genocidio y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, ella dio por hecho que nada se iba a juzgar. “Nadie firma la paz para irse preso. No estaba firmado, no estaba hablado, pero era un sobreentendido”.

La signataria también cuestiona que la idea de juzgar a Ríos Montt naciera dentro del país y considera que fue “un experimento de la comunidad internacional”. No obstante, el caso evidencia que la fractura interna existe y perpetúa la injusticia social en el país.

El racismo sostiene las condiciones de pobreza y viceversa. Los hombres y mujeres que cuidan el maíz, alimento sagrado maya, siguen poblando los márgenes de la sociedad. Después de relatar la barbarie cometida contra su pueblo, Celestina concluye: “La paz se ha firmado, pero la violencia no ha parado, es distinta. La gente no tiene servicios básicos, las mujeres mueren, los niños mueren de hambre, la gente no tiene tierra, las familias no tienen trabajo. El ciclo de la pobreza no termina”.