jueves, abril 20, 2017

Participación ciudadana y sociedad civil: del mito feliz a la cruel realidad



En el marco de la ejecución del Acuerdo de Paz suscrito entre las Farc y el gobierno nacional, se creó un “espacio nacional de participación” que luego de deliberar y formular consultas, en un simulacro de participación, elaboró una propuesta (consúltesewww.participando.co ) con una serie de lineamientos y propuestas que en el fondo establecen mecanismos ágiles para garantizar la captación de recursos y formalizar personerías jurídicas.

Para entender la intencionalidad de los autores (el Cinep, Foro por Colombia y Viva la Ciudadanía), es necesario sumergirse en un formalismo procedimental que desconoce la dinámica de la lucha social, y comprender la lógica de pensamiento y de funcionamiento de los llamados organismos no gubernamentales, instrumento de control social que ahora tratan de adaptarse al “enfoque territorial” que marca el Acuerdo del Teatro Colón del 24 de noviembre de 2016.

La propuesta parte de un error garrafal: confundir las organizaciones sociales con los movimientos sociales. Los primeros son formas jurídicas que para funcionar requieren atender un trámite y cumplir unos requisitos para que se les reconozca existencia y representación, esto es, capacidad como persona jurídica para formular proyectos, captar recursos y contratar. Los segundos son la expresión de las dinámicas de la lucha social que tienen un contenido de clase ya sean trabajadores o campesinos, u otras modalidades de confrontación como estudiantes, jóvenes, mujeres, ambientalistas, etcétera.

Una revisión exhaustiva de la propuesta lleva a concluir que todo lo propuesto ya existe y no funciona, dada la estructura social colombiana que imposibilita la participación económica en el reparto de la riqueza social, e imposibilita la participación política que rompa la inveterada abstención dada la corrupción –que es la esencia del Estado– y que solo moviliza una tercera parte del electorado mediante el clientelismo, el corporativismo y el contratismo, que es exactamente lo que la propuesta que nos ocupa aspira a formalizar y estructurar. Es un enfoque de la participación que cala dentro de una idea de refundar el pacto oligárquico ampliado con la fracción de la insurgencia que se integra al actual sistema. Y creen a pie juntillas que así el sistema podrá funcionar al servicio del común. Como lo aseveró en un comunicado a los miembros de las Farc el pasado 30 de marzo el Comandante Timoleón Jiménez con su lúcido y tajante estilo: “…fuera del proceso no hay ninguna perspectiva y si tienen algo de conciencia revolucionaria deben entender, que por encima de las dudas, de las mismas dificultades y del carácter del sistema, la opción está acá”.

Lo social y lo político son una y la misma cosa, de tal manera que no puede andar cada uno por su lado. Las políticas públicas son instrumentos para resolver los problemas sociales de la población, para lo cual existe un eje estratégico o estructural: el reordenamiento territorial. Al respecto los departamentos y las CAR habrán de ser suprimidos y reemplazados por las regiones de administración y planificación, repartidas por unidades ecosistémicas, estos es en particiones del territorio delineadas por las cuencas y microcuencas, que pueden operar a través de los POMCAS. Los municipios pasarán a reconstituirse en forma de asociaciones con un procedimiento de recaudo único de impuestos y presupuesto integrado.

Al respecto hay un trascendental e inadvertido punto del Acuerdo que conforma una comisión que: “…desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario, y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como: zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional”.

Esta sería una poderosa herramienta para reordenar el territorio que conlleve a su vez un cambio del orden social, económico y político. Tal como lo dispone el mismo Acuerdo se “…creará una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de lineamientos generales de uso de la tierra, atendiendo las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en el marco de las instancias de participación que contarán con representación equilibrada de hombres y mujeres. En el diseño de los lineamientos se tendrá en cuenta: 1) la sostenibilidad socio-ambiental y la conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad; 2) la compatibilidad entre vocación y uso del suelo rural; 3) la prioridad de la producción de alimentos para el desarrollo del país, que permita que coexista con otras actividades económicas y promocionando su progresión hacia la autosuficiencia; 4) las particularidades sociales, culturales y económicas de los territorios”.

El centralismo y el presidencialismo son los dos pivotes que amarran en la cúspide el Régimen actual. Es una ironía de la historia de Colombia que ni el esfuerzo ciclópeo contra el país político del caudillo del pueblo Jorge Eliécer Gaitán, hasta 1948, ni el del revolucionario conservador Álvaro Gómez Hurtado a favor del país nacional, hasta 1995, lo pudo derrotar –ni siquiera mellar–; es más: el Régimen se mantuvo incólume con sus bochornosas componendas internas, intrigas palaciegas, intelectuales encargados de elaborar su discurso legitimador, corrupción a granel y violencia despiadada y sistemática desde arriba, con la bendición de la jerarquía de la non santa Iglesia Católica. Un Régimen de estas características no admite la participación. Al respecto consúltese http://www.cdpsanjose.org/node/97

Tal como lo explican los profesores Kymlicka y Norman de la Universidad de Ottawa: “La más plena expresión de la ciudadanía requiere un Estado de bienestar liberal-democrático. Al garantizar a todos los derechos civiles, políticos y sociales, este Estado asegura que cada integrante de la sociedad se sienta como un miembro pleno, capaz de participar y de disfrutar de la vida en común. Allí donde alguno de estos derechos sea limitado o violado, habrá gente que será marginada y quedará incapacitada para participar”. El ciudadano tiene la obligación de participar de manera organizada, plena y consciente en la vida colectiva. Un ciudadano activo para disfrutar derechos cumple obligaciones, en especial participar para poder decidir.

Sindicalismo y estructura socio laboral van de la mano. No puede haber un sindicalismo vigoroso con una masa de trabajadores informales y precarios que son el 70% de la población en edad de trabajar. Más un 20% de desempleados e inactivos y un 10% formal dan el 100%. La poca población sindicalizada padece en su cúpula de una honda y larga división influida por la intervención de las tres corrientes sindicales internacionales: comunistas, socialdemócratas y católicos, que cuentan –estas dos últimas– con considerables recursos y flujos de caja en dólares y euros que se destinan al trabajo de formación en técnicas de diálogo y negociación. Un esquema mental con su plan de trabajo que se adelanta sin lucha de clases.

No puede haber participación en un gobierno cuyo plan extractivista afecta las fuentes de agua y afea el paisaje, que incentiva la especulación financiera, facilita la inversión extranjera directa, mantiene la propiedad agraria regresiva, y un sistema de tributo que afecta las rentas del trabajo con ventajas para los intereses del capital.

Mientras el paramilitarismo no se desmonte no hay garantías a la vida de los opositores del régimen. Por más que la mona de seda se vista mona se queda. El anticomunismo es una fuerza vertebrada a la historia de la policía y del ejército en Colombia, para la muestra un botón: http://noticiasunolaredindependiente.com/2017/04/16/noticias/el-terrorista-que-convoco-a-francotiradores-para-cazar-a-pacifistas-fue-destituido-de-la-policia/. No hay garantías para los comunistas, incluso de facto se les aplica la pena de muerte. Lo peor: se le aplica a quienes se considera con el genérico de comunista, interesante revisarhttp://www.elespectador.com/opinion/que-es-ser-comunista-columna-687721 . Así se explica la actual guerra y la próxima de no desmontarse el paramilitarismo como un hecho cierto y verificable. Al respecto léase http://colombia2020.elespectador.com/opinion/cartel-del-golfo-o-autodefensas-gaitanistas

Un problema de fondo es el siguiente: la intermediación de las necesidades sociales de la población a través de las burocracias sociales, las organizaciones para gubernamentales, y de la clase política, es la ‘correa de transmisión’ del clientelismo, entendido como el intercambio de favores (“yo te doy y tú me das”) a cambio de votos. Las comunidades orgánicas deben controlar el aparato administrativo local para elaborar y ejecutar con autonomía sus planes de vida, ejercer el control de los recursos naturales con el poder colectivo de gobiernos propios fieles a su naturaleza comunal.

¿Qué es la paz? La paz es la superación del extractivismo, esto es, la preservación del agua como recurso geoestratégico, del manejo de la cuestión agraria para atender la responsabilidad en materia agroalimentaria y socioambiental, con la meta de mantener (lo que queda) el sistema de páramos y nevados. Paz, pan, justicia y libertad, son una integridad.

¿Cómo funciona la sociedad? La sociedad funciona entrabada por cuenta del Estado que concentra el poder en manos de una minoría. La naturaleza del Estado es dominar, controlar, ordenar, garantizar el logro del bien común. Como fracasó a lo largo de cinco siglos en este propósito la comunidad –como base de la sociedad– tiene la responsabilidad de superar la confusión entre el Estado y la administración pública. El primero es la concentración del poder privado y tiene vocación de perecer; la segunda es la herramienta con que cuenta la comunidad para adelantar el proceso de gestión del territorio y el desarrollo local, y tiene vocación de perdurabilidad.

Sin duda el punto esencial del contenido de la propuesta (que se presenta a nombre de la ‘gente’) es el siguiente: “…lo que expresaron los representantes de organizaciones y movimientos sociales en las distintas comisiones y mesas, así como en la consulta virtual, muestra que la gente pide un Estado eficiente pero no solo en pie de fuerza pública, sino en vías, infraestructura, educación, salud, seguridad, justicia y en instituciones que permitan la convivencia cotidiana y la resolución pacífica de los conflictos. Por ejemplo, la precariedad de justicia no solo produce altos índices de impunidad en la violencia política, también que aumente la concentración de la tierra y por ende crezca la brecha social. Además, se exige que el Estado cumpla no solamente lo acordado con la gente sino lo consagrado por la Constitución y las leyes. Por tanto, se requiere superar la debilidad institucional para tener efectivamente un Estado Social de Derecho. Y qué mejor que hacerlo desde abajo hacia arriba, contando con la activa participación de organizaciones y movimientos sociales, así como de distintas expresiones ciudadanas incluidas las gremiales y partidistas. Esta es la oportunidad que se abre con el actual proceso de construcción de paz, trascendiendo las mezquindades políticas que solo miran el botín burocrático inmediato o el rédito electoral futuro y las intenciones de sectores de poder nacional y regional que se oponen a cualquier avance democrático. Conseguir este propósito será un logro no exclusivamente del gobierno actual o de la insurgencia que pactó su ingreso a la política, sino del conjunto de la sociedad civil, incluyendo por supuesto a las organizaciones y movimientos sociales que se expresaron en el Espacio Nacional de Participación”.

Otro aspecto central se refiere a los medios de comunicación y radio comunitaria obstaculizada de manera permanente y sistemática. Las Farc tiene una fuerte y consolidada estructura de comunicación de masas. En la actualidad –dice Timoleón Jiménez–: “…nosotros podemos hacer muchas cosas muy bien hechas, decir muchas verdades, tener una estrategia bien definida y acertada, pero si no lo sabemos comunicar, si no lo sabemos presentar, de nada nos va a servir. Hay bastantes avances en el tema de las 20 emisoras que están en el acuerdo, en la franja de televisión que vamos a tener. En función de ello hay un montón de cuadros trabajando duro para hacer eso una realidad. Cada día venimos sincronizando y unificando mucho más nuestros mensajes a través de las redes sociales, elemento fundamental en esta nueva época”.

Un aspecto importante que aborda la propuesta es el de la planeación y presupuestos participativos. Al respecto omiten la inoperancia de la planeación y los presupuestos participativos por la disfuncionalidad en la estructura administrativa del orden local entre las labores de planeación que se asume como un asunto técnico y la participación que se asume como un proceso de representación a través de las ong y no de participación de los ciudadanos afectados por los problemas.

Preocupa una falsa premisa que desconoce la realidad de lucha y confrontación por parte de los movimientos sociales de resistencia. El mismo Cinep en 2016 reconoce que en su base de datos que recoge información de 1995 hasta 2014, permite identificar que “los principales motivos para la movilización social han sido: la demanda por protección y garantías de los derechos humanos, el incumplimiento por parte de los sectores laborales y la inconformidad con políticas gubernamentales” (consúltesehttp://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/item/277-tendencias-de-la-movilizacion-social-en-municipios-criticos-para-el-posconflicto.html ). Así de manera contraevidente anota que: “En efecto, desde los años 90 se hace visible una tendencia en las acciones sociales colectivas a disminuir el enfrentamiento con el Estado, propio de la guerra fría global y del régimen excluyente de coalición bipartidista en el plano nacional, para proponer formas de construir conjuntamente un Estado participativo y una sociedad civil efectivamente participante. Esto se traduce en el creciente peso en la movilización social de la exigibilidad de derechos al Estado en sus distintos niveles, derechos consagrados en la Constitución de 1991 o en desarrollos legislativos posteriores”.

Timoleón Jiménez en su comunicación del 30 de marzo de 2017 se refiere a un punto central de la iniciativa de las Farc en la fase de cumplimento del acuerdo para participar en la vida económica y social de Colombia y dar base material a su accionar político: “Se discutió en profundidad el tema de ECOMUN, unificando algunos criterios alrededor de sus constitución y se concluyó realizar el 4 de abril una reunión con los expertos sobre el tema para, coordinados por el CNR (Consejo Nacional de Reincorporación) que encabeza el Camarada Pastor, tomar la decisión final y poner andar las decisiones legales que hay que tomar en función de su creación”.

Para finalizar debe llamarse la atención sobre la conferencia pronunciada por el profesor Robinson el pasado 1º. de abril  al recibir el grado de doctor honoris causa por parte de la Universidad de los Andes. Se pregunta: “¿Por qué el Gobierno y las Farc firmaron semejante acuerdo que ignoró el elefante en la habitación? Creo que es porque el Gobierno no está interesado en cambiar a Colombia. Las élites políticas colombianas tienen la narrativa de que Colombia es un país exitoso y que han tenido mala suerte”. En conclusión, “si no hay nada mal, no hay nada que arreglar y, por eso (…) no hay necesidad de pagar impuestos si no es necesario transformar el Estado (…)”. La respuesta a la segunda pregunta: “El problema es que sin una solución al ‘derrumbe parcial’ todo puede renacer nuevamente como ha sucedido en el pasado”. La violencia vuelve y juega. El profesor se pregunta: “¿Por qué las Farc firmaron este acuerdo? ¿No hubieran podido usar su poder de negociación para poner el elefante en la mesa? De pronto. Pero tal vez ellos solo quieren tener ‘su turno para comer’, como dicen en África. Espero que me demuestren lo contrario”. Léase http://m.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermo-maya/no-hay-voluntad-de-cambio-en-colombia-guillermo-maya-78030 ; el documento completo sobre el colapso parcial del Estado en Colombia puede revisarse enhttp://colombia2020.elespectador.com/pais/colombia-el-derrumbe-parcial

Está claro: se trata de adherir al liberalismo como doctrina, suplantar la lucha por la participación sin decisión, alcanzar el bienestar como resultado del esfuerzo individual, acomodar la fuerza a la necesidad –y posibilidad– de producir un entendimiento con los politicastros de todos los pelajes, y negar in extremis las fuerzas que perseveran en la concepción revolucionaria (para comenzar en sus propias filas).

En síntesis: el sustrato de la propuesta consiste en fortalecer la aptitud para entenderse con el Régimen –ahora en manos de Santos– sin aparentar doblegarse.