lunes, abril 24, 2017

Proyecto de Ley del Gobierno acabaría con el Banco de Tierras para la Paz



Las organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos lanzaron una alarma frente al proyecto de ley impulsado por el gobierno, sobre las disposiciones de Ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales que pasaría por alto los acuerdos de paz de La Habana, acabarían con el Banco de Tierras para la Paz y profundizaría el modelo actual agrario y la concentración grandes cantidades de tierras en manos de multinacionales, empresarios y latifundistas.

Además, las organizaciones señalaron que el acto legislativo no tuvo un proceso de participación ni consenso amplio con la intervención de las comunidades rurales, que han sido las más afectadas por el conflicto armado y víctimas del despojo de tierras.

ENTREGA Y DEMOCRATIZACIÓN DE TIERRAS

El primer punto pactado en los Acuerdos de Paz, tenía que ver con la Reforma Rural Agraria que se comprometía con la entrega y democratización de la tierra a favor de las familias campesinas que carecen de ellas o que no tienen la cantidad suficiente para cultivar.

En este sentido el proyecto de ley elimina la figura de la Unidad Agrícola Familiar, a través de un cambio de concepto, completamente diferente al acordado en La Habana, que además la sustituye por el término beneficiario, permitiendo, de acuerdo con Jeniffer Mojica, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, que cualquier persona, empresa o industria pueda recibir tierras.

De igual forma se habla de establecer unos mecanismos de producción que fortalezcan la economía campesina, la soberanía alimentaria y que conforme un modelo con enfoque territorial y de respuesta al desarrollo rural. De ser aprobado el proyecto de ley, Mojica señaló que el modelo profundizaría mucho más el acaparamiento de tierras y con ellos la producción.

BANCO DE TIERRAS PARA LA PAZ

Otra de las propuestas que estaba dentro del Acuerdo de paz era la creación de un banco de tierras baldías, que se le otorgarían a campesinos víctimas del conflicto armado. Sin embargo, los requerimientos que se debían cumplir para entrar en la adjudicación de estas tierras fueron transformados, permitiendo que personas que no necesariamente estén en condición de vulnerabilidad obtengan tierras baldías.

Mojica expresó que “no hay ninguna intención real de alimentar ese banco de tierras, solo se limita a una cuenta de recursos especiales que se manejarán para la adquisición de tierras y unos subsidios de tierras integrales, que se implementó desde el 2007 y que ha fracasado”.

La abogada denunció que el proyecto de ley abandona por completo la intención de búsqueda de fuentes de tierras, como la recuperación de baldíos que estén en manos indebidas, la sustracción de fuentes forestales y la expropiación de tierras.

Finalmente se crea la figura de “título oneroso” que permitiría entregar tierras a particulares, que tienen grandes patrimonios económicos o a las agroindustrias con grandes extensiones.

Mojica señaló que frente a este proyecto de ley las organizaciones campesinas, afro e indígenas deberán volcarse a la defensa de los Acuerdos de paz de la Habana y exigir que se cumplan, a través de los mecanismos jurídicos que sean necesarios y exigir las instancias amplias de participación que permitan recoger las propuestas que ya han salido desde el campesinado para la reforma agraria.