martes, mayo 09, 2017

¿Cuál es la deuda socio ambiental del Estado colombiano y de grandes empresas como Mineros S.A. con el Bajo Cauca?


Draga de Mineros S.A. en la quebrada Sabalito, municipio de El Bagre.

|Por: Agencia de Prensa / Instituto Popular de Capacitación|

Investigadores sostienen que hay una deuda de regalías cercana a los 85 mil millones de pesos; una deuda ambiental por el deterioro de suelos, ríos y ciénagas; y una deuda social porque el territorio no ha recibido suficientes beneficios. La empresa contradice esas versiones.

Desde el 2011 se hace visible un movimiento nacional que empieza a cuestionar las consecuencias de la política minera y pone el debate sobre política minera y derecho al territorio, a la par que se abre la discusión en torno a la responsabilidad de las empresas en graves violaciones a los derechos humanos, no solo en el escenario global en lo concerniente a empresa y derechos humanos, sino en el campo que se abre en la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Bajo Cauca es la subregión que produce el 57% del oro de Antioquia, pero tiene el índice más alto de necesidades básicas insatisfechas, el más bajo nivel de calidad de vida multidimensional, y una altísima vulneración de los derechos humanos expresa en parte en las 133 mil víctimas registradas desde 1985. ¿Cuál ha sido la presencia del estado? ¿Qué papel han cumplido las empresas, y que impacto tiene en el territorio la relación entre unos y otros? Analizar el caso de Mineros S.A. puede ayudar a comprender las dimensiones del asunto.

Esta empresa lleva 40 años explotando oro en el Bajo Cauca. La compañía, que ha sido históricamente la mayor empresa minera de la subregión, ha recibido al menos 18 premios, desde reconocimientos a su innovación tecnológica hasta exaltaciones por responsabilidad social empresarial, protección del medio ambiente e incluso a mejor agricultura. Sin embargo, existen críticas recientes sobre la deuda social, ambiental y hasta económica que tiene hoy la minera con la subregión antioqueña.

En 2016, Mineros reportó en Colombia una utilidad bruta de $165.964 millones[i]. La compañía, antes llamada Mineros de Antioquia, comenzó en 1974 cuando un grupo de inversionistas nacionales compró la mina de oro más grande del país, la Pato Consolidated Gold Dredging de la International Mining Co, que funcionó en el municipio de El Bagre desde 1906 con títulos a perpetuidad entregados por el Estado colombiano.

Y una de las primeras críticas que hace Soledad Betancur, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), es precisamente la acumulación de tierras y títulos de explotación minera que ha hecho Mineros S.A. en el Bajo Cauca, donde tiene 36.904 hectáreas con títulos a perpetuidad heredados de la corona española desde la época de la Pato. En esos Reconocimientos de Propiedad Privada (RPP), la minera es dueña del suelo y del subsuelo.

En este título, dice Betancur, la empresa desarrolla “explotación minera sobre el río Nechí y sobre humedales, dejando una deuda ambiental y social grandísima para los territorios, pues las comunidades que eran poseedoras de tierras ya no poseen su tierra, los humedales han sido deteriorados y acabados, y el río se sedimenta, se draga; es un río que está apropiado por las compañías, en el que las quebradas han perdido su capacidad de producir peces y de conectar a las comunidades —porque han perdido navegabilidad—”.
Pero hay otros títulos, agrega, otorgados después del Código de Minas, Ley 685 de 2001, que “equivalen a cerca de 90 mil hectáreas adicionales entregadas por el Estado en concesiones. Esas hectáreas se entregaron en periodos de altas violaciones de derechos humanos en el territorio y con fuertes procesos de desplazamiento. Y es paradójico que El Bagre, zona de asentamiento de Mineros S.A., tenga el mayor número de víctimas de la subregión, casi el 80% de su población es víctima”.

Regalías: ¿una deuda histórica?

Los planteamientos en torno a Mineros S.A. fueron presentados en el foro minero: “Derechos humanos, empresa y territorio: deuda socioambiental, verdad y reparación en el Bajo Cauca”, realizado el 27 de abril en Caucasia por el Instituto Popular de Capacitación y la Fundación Jardín Hidrobotánico de Caucasia.

Campamento de trabajo sobre la quebrada Sabalito, municipio de El Bagre.

Allí, Álvaro Pardo Becerra, economista con especialización en derecho minero energético, director del Centro de Estudios Minero Energéticos Colombia Punto Medio, argumentó que durante años empresas como Mineros S.A. han pagado un menor monto de regalías al país por ser dueñas del suelo y del subsuelo, siendo beneficiadas por un inciso del artículo 227 del código minero.

“Esta compañía fue favorecida en el Código de Minas con una reducción ostensible del pago de regalías —expuso Pardo—. En Colombia el pago de las regalías para todos los mineros es del 4%, sin embargo a Mineros S.A. se le cobra al 0.4% porque tiene un título con Reconocimiento de Propiedad Privada. Ese menor cobro a esta empresa ha llevado a que el Estado deje de recaudar regalías por 85 mil millones de pesos solamente cuantificando de 2005 a 2015”.

Aunque el economista ha insistido en conocer el dato sobre el pago de regalías de Mineros S.A. entre los años 2001 y 2004, asegura que le ha sido imposible hasta ahora, pese a solicitar la información vía derechos de petición a la Agencia Nacional Minera y a la propia empresa.

Esto quiere decir que la figura de los RPP propicia la reducción de impuestos. Para Pardo, se trata de un “inciso corrupto” que fue incluido por el lobby de mineras canadienses y nacionales que estuvieron detrás de la expedición del Código de Minas vigente[ii].

De ahí que la Procuraduría General de la Nación, en concepto 2844 del 8 de abril de 2002 solicitara a la Corte Constitucional la inexequibilidad del inciso final del artículo 227 por vicios de forma en su trámite. Ello dentro del proceso de acción pública de inconstitucionalidad de los artículos 227 y 228 que fue resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-669 de 2002.

Pero respondiendo a todo esto, el director de Responsabilidad Social Empresarial de Mineros S.A., Jaime Jaramillo Arbeláez, intervino en el foro minero para expresar que allí “se dijeron cosas mentirosas, verdades a medias y afirmaciones maliciosas que confunden”.

Según el funcionario minero, en cuanto a regalías, “la legislación colombiana en términos mineros, perfecta o imperfecta, completa o incompleta, establece la existencia de los Reconocimientos de Propiedad Privada. Eso no es un invento que se hayan hecho las compañías mineras ni mucho menos el libertador de los españoles. Existen. Y hablando de los cambios en la legislación se ha conservado siempre esa noción. Y esa noción establece que por ese concepto se debe pagar una tasa —del 0.4%—. No somos nosotros los que hemos puesto la tasa, aunque maliciosamente se diga que en un país corrompido como el nuestro pudo haber algún tipo de manipulación de senadores para recomponer la norma”.

Jaramillo añade que en 2016, Mineros S.A. le pagó 11 mil 500 millones de pesos al municipio de El Bagre por concepto de impuestos al oro. Dinero que es de libre destinación.

¿Quiénes están entre los dueños de Mineros?

Soledad Betancur también hizo cuestionamientos acerca de qué tan nacional es hoy la empresa minera, al recordar que “detrás de Mineros S.A. está el grupo Colpatria que en el 2012 vendió el 51% de sus acciones al banco canadiense Scotibank. Otro 12% está representado en empresas del señor Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, uno de los más ricos del mundo, y un hombre acusado de apropiación de baldíos en la altillanura colombiana”.

Respondiendo a esto, Jaime Jaramillo enfatizó en que la empresa es 100% colombiana: “Que Mineros S.A. es una multinacional, finalmente da risa —manifestó Jaramillo—. Colpatria es un gran conglomerado compuesto por múltiples empresas. Una de las empresas de Colpatria es el banco, otra es una compañía de recursos, otra una inmobiliaria… Es un gran conglomerado. Lo que Colpatria negoció con Scotiabank fue el banco, no el resto de las compañías, no Colpatria, que es la compañía de seguros, ni la inmobiliaria. El negocio fue el banco, pero el banco no es el accionista de Mineros, es que el accionista de Mineros es Colpatria, no el banco. Entonces es mentiras. Si miran los estatutos Mineros está conformada por colombianos y es una empresa colombiana”.

¿Deuda social?

“Mineros S.A. ha estado visitándonos desde el 2000, pero no habíamos tenido el impacto que nos ha generado a la naturaleza. Más que todo nosotros nos beneficiamos de la ciénaga, o sea de los peces y los animales. Y vivimos en una vereda en la que no tenemos fuentes de trabajo. A nosotros nos sustentaban era las ciénagas y los humedales y ya no vemos eso. Ha habido mortandades de peces. Ahora, nosotros hemos recibido unos beneficios de ellos, como pisos para las casas, pero creo que nos merecemos más que eso”.
Este es el relato de un joven que habita en la zona rural de El Bagre, cerca de una quebrada que alimenta al río Nechí en una zona de humedal. Para brindar este testimonio, él pidió la reserva de su nombre y ubicación, por motivos de seguridad.

Ellos, dice otro habitante de la zona que también pidió reserva de identidad, “dan el material y uno pone el trabajo. Ahorita nos dieron unos baños, unos tanques, pero no nos hicieron ni estanques sino que nos dieron unos tambores. Y nos regalaron unos pisos y tuvimos que hacerlos nosotros mismos porque mandaron solo el ingeniero y más nada. Entonces yo digo que con eso, por una parte, también nos están haciendo un mal, porque el Estado nos iba ayudar y dijeron que no, que Mineros está reconociendo esas veredas, entonces ellos —el Estado local— se aguantan, viendo que nosotros no estamos recibiendo nada de Mineros, todo es trabajado, lo que nos regalan es poquito, y engañándonos con piscinas, con cosas, y echándonos mentiras, yo creo que eso no es un beneficio nuestro”.

En Antioquia, anota Soledad Betancur, el Bajo Cauca es un territorio con altos índices de necesidades básicas insatisfechas (el segundo después de Urabá), y con bajos niveles en el Índice de Calidad de Vida Multidimensional. “Lo que quiere decir que al territorio la presencia de la empresa no le ha generado ganancia”.

Sobre el déficit social de la región, Jaime Jaramillo plantea que en ese aspecto la responsabilidad es del Estado. “Y no podemos dejar que las empresas privadas lo reemplacen. No podemos asumir nosotros esas responsabilidades. Tenemos es que propiciar que el Estado haga presencia en el territorio a través de sus instituciones para atender las necesidades básicas insatisfechas”.

¿Y lo ambiental?

Respecto al tema ambiental, Wilfrido Cogollo, miembro del Colectivo de Comunicaciones por el Derecho a la Tierra de El Bagre, dice que los análisis de su organización dan cuenta del deterioro ambiental generado por las grandes empresas mineras en la zona.
Dicho impacto se refleja en la sedimentación de ríos y quebradas que termina incomunicando a las poblaciones, “incluso a corregimientos con más de 14 mil habitantes, como es el caso de Puerto Claver que quedó incomunicado —por vía fluvial— debido la sedimentación del río Nechí”, sobre el cual ha trabajado históricamente Mineros S.A.

También, continua Wilfido, “se ha ocasionado un gran daño por el vertimiento de metales pesados en todo el ejercicio de la minera: grande, mediana y a pequeña escala, pero sobre todo por el vertimiento que ha hecho la gran minería durante décadas. Y, hoy por hoy, no vemos un programa establecido por ellos para reparar o descontaminar las fuentes hídricas, tierras y humedales que han sido afectados”.

Al respecto, Fabio Builes, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, manifiesta que el Gobierno ha perseguido y acusado a los mineros informales y tradicionales de contaminar el medio ambiente, pero no ha hecho lo mismo con las grandes empresas como Mineros S.A.

“Yo nací y crecí en la zona de El Bagre, Zaragoza y Cuturú. Vi los daños ambientales de esta empresa. Ese pasivo ambiental que hay desde Dos Bocas, casi hasta Nechí es impresionante. Las toneladas de mercurio que ha tirado esta empresa. Y hoy día se ufanan de decir que hacen minería bien hecha, que los criminales somos nosotros y que la contaminación del río Nechí somos nosotros. Pueden hacer cualquier experimento en los cargueros de Mineros S.A. para que vean la cantidad de mercurio que hay. ¿Cómo van a hacer para reparar ese daño? No sé, pero ya está hecho”, expone el minero, quien anota que en Youtube hay un video que muestra el “Daño ambiental en el río Nechí”


Wilfrido Cogollo, reveló además que en las zonas impactadas por las grandes mineras ha habido deforestación de bosques nativos, con el agravante, de que “el Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Ambiental (Corantioquia) han tenido una intervención casi nula, en pronunciamientos y en políticas claras y precisas para contrarrestar todas esas situaciones”.

Y anota que en este contexto, “se han vulnerado los derechos de comunidades étnicas que habitan en estos territorios como las negritudes y las comunidades indígenas. En muchas ocasiones se les han deteriorado sus suelos y no se ha hecho la consulta previa debida”.

Sobre la afectación al medio ambiente, Jaime Jaramillo concluyó que “la preocupación fundamental no tiene que ser si la minería genera o no impacto. ¡Sí, los genera! Y cualquier tipo de minería los genera: la informal, la ilegal, la formal. Porque cualquier actividad humana genera impactos sobre los medios naturales. El problema no está en fijarse si genera impactos o no. El problema es si se está en capacidad de mitigar, compensar, prevenir y atender esos impactos, de tal manera que podamos tener un ecosistema funcionando debidamente”.

Lo que debemos preguntarnos, concluye Pardo, es “hasta cuando los colombianos vamos a seguir aceptando que las instituciones del nivel nacional nos impongan un modelo minero que es absolutamente perverso para la nación”. Esto, advierte, sopesando el daño que generan los procesos de minería a gran escala y a cielo abierto.

Planteamientos y debates como estos, muestran que la discusión en torno a la relación empresa y derechos humanos apenas comienza a abrirse espacio en el Bajo Cauca, en este caso con una compañía que ha sido parte de la historia del territorio. El tema debe mirar con un espectro amplio que incluya los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que puedan haber sido vulnerados a las comunidades de la región.

Referencias

[i] Mineros S.A., s.f., “Mineros S.A. presenta resultados de 2016 en asamblea de accionistas”, en portal Mineros S.A., disponible en sitio Web: http://www.mineros.com.co/es/noticias-mineros/518-resultados-de-2016-en-asamblea-de-accionistas

[ii] El inciso final del artículo 227 del Código de Minas dice que: “en el caso de propietarios privados del subsuelo, estos pagarán no menos del 0.4% del valor de la producción calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie. Estos recursos se recaudarán y distribuirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 141 de 1994. El Gobierno reglamentará lo pertinente a la materia”.