viernes, junio 09, 2017

Colombia: los desafíos de la construcción de la paz en un país extractivista



La construcción de la paz durante los próximos años será un escenario de disputa entre diversos sentidos y significados acerca de lo que ésta incluye. Los movimientos sociales insistimos en que la paz significa permanecer en los territorios, garantías para la autonomía alimentaria, el cuidado y beneficio del agua y el respeto por los bienes comunes.

|Por: Catalina Caro Galvis / Anyi Viviana Castelblanco*|

El año 2016 significó para Colombia un hito en su historia social y política. Después de más de 60 años de conflicto armado entre el Estado y las fuerzas armadas revolucionarias – FARC y de 4 años de negociaciones, en el mes de noviembre se firmó un acuerdo final para la terminación del conflicto entre estos dos actores. Así mismo, en el 2016 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno han hecho público los acercamientos y la posible instalación de una segunda mesa de diálogo.

Pese a que el acuerdo alcanzado con las FARC no significa el fin de la guerra, se constituye en un gran precedente que transformará la realidad colombiana y en especial la vida de los pobladores rurales del país, quiénes han sido las principales víctimas del conflicto armado en estos años. La paz sin duda es un anhelo para la sociedad colombiana, no obstante, la firma del acuerdo y las adecuaciones políticas y económicas que éste implica traen consigo repercusiones y amenazas que lamentablemente se verán como siempre materializadas en los territorios y en la naturaleza, que también ha sido parte de la guerra tanto como botín y escenario.

Así, la construcción de la paz durante los próximos años será un escenario de disputa entre diversos sentidos y significados acerca de lo que ésta incluye. Los movimientos sociales insistimos en que la paz significa permanecer en los territorios, garantías para la autonomía alimentaria, el cuidado y beneficio del agua y el respeto por los bienes comunes. El gobierno en cambio planea una paz corporativa que es preocupante, ya que promueve la profundización del modelo minero – energético extractivista, responsable de la degradación y pérdida de ecosistemas, el desplazamiento y muerte de comunidades, el desabastecimiento hídrico de muchas regiones y además avanza en las acciones de privatización de los bienes comunes.

Teniendo presente este horizonte de sentido que marca el momento o época de la historia de Colombia, presentaremos los principales avances y cambios legislativos sucedidos durante el 2016 respecto a la política minera, así como un análisis de los cambios y apuestas que se han dado en los que consideramos los tres frentes de extracción minera más fuertes en el país: carbón, oro y materiales de construcción.

Ambiente o minería: Debates legislativos en el 2016

Pese a que en los últimos años la adecuación legislativa para las empresas extractivas ha estado a la orden del día y con ello la flexibilización de los requerimientos ambientales y de los procedimientos de consulta y consentimiento previo libre e informado, durante el 2016 se registraron una serie de avances legislativos muy significativos que han puesto en cintura al sector minero y han abierto algunas puertas a la protección de ecosistemas estratégicos amenazados por la minería gran escala.

Específicamente 3 sentencias de la corte constitucional avanzaron jurisprudencialmente en la protección de ecosistemas y derecho a la participación. Estas sentencias (Cuadro 1) fueron producto de tutelas interpuestas por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y congresistas, que siguen presionando al Estado colombiano para detener la expansión minera en el país y anteponer a los intereses sectoriales, el cuidado de los bienes comunes. 

Este artículo prohibía a las autoridades regionales establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”.

Estas tres sentencias, se constituyen en un avance jurídico importante no sólo porque resultan garantistas frente a la protección de ecosistemas endémicos productores del agua como el páramo, sino también porque se pronuncian respecto de las competencias de los entes subregionales para el ordenamiento ambiental del territorio y la participación. Al respecto, en varios municipios del país durante el 2016, los movimientos ambientales junto con algunas autoridades municipales han promovido la realización de consultas populares para definir el uso del suelo y la importancia de la protección del agua, amparados en las decisiones de estas sentencias. No obstante, la realización de estas consultas ha tenido dificultades por la presión y las demandas interpuestas por las mineras así como las respuestas del gobierno central que se resiste a la descentralización de las decisiones respecto a los minerales y el usufructo del subsuelo.

Es importante también destacar que esta jurisprudencia ha producido una fuerte reacción del sector minero, ya que sus disposiciones han obligado al gobierno colombiano a realizar una serie de adecuaciones. Esto ha significado la reducción de áreas de títulos ya otorgados a multinacionales mineras en el marco de acuerdos comerciales como tratados de libre comercio, por ejemplo. El sector minero alegando un incumplimiento de las condiciones y las garantías acordadas en los TLCs entre Colombia y países como Canadáy Estados Unidos, ha comenzado a adelantar varios procesos de demanda contra el Estado colombiano. Específicamente la empresa Eco Oro Minerals Corp, Canadiense ha anunciado la intención de demandar a Colombia bajo el capítulo de inversión del TLC entre Canadá y Colombia. Así mismo, en el mes de febrero, se notificó la demanda interpuesta por la multinacional Tobie Mining Inc por 16 mil millones de dólares, entre otras.

En contraste con estas decisiones de la corte constitucional, el gobierno nacional en cabeza del ministerio de minas y energía, en el mes de abril hizo pública su “nueva” política minera, encaminada a reimpulsar el sector en tiempos de bajos precios y reestructuración territorial para la implementación de los acuerdos de la Habana. Este documento intitulado: “Política Minera de Colombia, bases para la minería del futuro” tiene como objetivo poner en marcha los propósitos consignados en el Plan de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país” en donde se continúa insistiendo en la importancia del sector minero energético como uno de los motores principales del desarrollo.

La propuesta intenta ajustar la política minera con cara de “economía verde” para enfrentarse a dos de los más importantes obstáculos que ha tenido la expansión minera en el país: la movilización social frente a los daños ambientales y sociales de la minería y la consulta previa, y la participación de las comunidades afectadas. El gobierno colombiano pretende trasformar lo que allí llaman “las equivocadas percepciones de la minería” por medio de información “verídica” y además avanzar en los mecanismos de coordinación para la interlocución con las comunidades cercanas a los emprendimientos mineros futuros, asimismo continuar con sus programas de formalización minera para los pequeños y medianos productores. En la política se describen los principales retos del sector y lo pilares que son 6: seguridad jurídica, condiciones competitivas, infraestructura, información e institucionalidad minera fortalecida y eficiente.

Al respecto, es de anotar que la percepción gubernamental acerca de los avances jurisprudenciales logrados en defensa de la naturaleza y la participación se traduzcan en “inseguridad jurídica”, ya que este aparte de la nueva política justamente apunta a garantizar reglas del juego claras y estables para el desarrollo del sector minero, que según el mismo gobierno se han transformado generando una especie de incertidumbre para la inversión extranjera. Por otra parte, aspectos como información y el fortalecimiento de la institucionalidad minera siguen siendo centrales frente a un sector técnica y ambientalmente obsoleto, que después de casi 15 años de rampante “institucionalización” sigue rediseñándose ahora para arreciar su devastación y su relocalización, ya que después de las sentencias, las autoridades mineras deberán construir nuevas estrategias para descentralizar sus decisiones y establecer diálogos con autoridades y comunidades locales, que de manera autónoma podrán decidir acerca de si quieren minería en sus territorios.

Precisamente desde el mes de octubre de 2016, la unidad de planeación minero energética (UPME) se encuentra haciendo reuniones regionales para construir Planes mineros regionales, con el claro objetivo de llegar a las regiones y contrarrestar de manera desigual los esfuerzos de los movimientos locales contra la ampliación de la frontera extractiva minera.

En conclusión, el panorama mundial de precios así como el cambio en las demandas energéticas y de minerales en el mundo anticipa un cambio geopolítico muy desafiante para la industria extractiva colombiana. Además, la presión política, jurídica y ambiental de las comunidades afectadas por la minería gana cada vez más solidaridades y ha obtenido importantes victorias. Sin embargo, la imposibilidad de los gobiernos de turno por imaginar y poner en marcha economías más diversificadas y redirigirse hacia las transiciones económicas y energéticas mantienen en alerta la lucha ambiental y de resistencia frente a la ampliación de la frontera extractiva en el país. Las vías legales se han convertido en un as bajo la manga, entendiendo quela lucha por los bienes comunes no se agota con decisiones jurídicas sino con la trasformación de la política pública y la autonomía de los pueblos sobre su territorio.

Ahora, analizaremos brevemente el panorama de la minería por material, centrándonos en tres industrias mineras que aportan el mayor porcentaje al PIB minero colombiano: El carbón, el oro y los materiales de construcción o no metálicos.


Carbón

No es un secreto que la caída de los precios del carbón durante los últimos años ha afectado sustancialmente la economía colombiana. No obstante, durante el año 2016 según las cifras del Ministerio de Minas y Energía se dio un inusual repunte de los precios del carbón, de enero a agosto el precio de referencia para el carbón colombiano aumentó 17 por ciento, pero el gran incremento se dio entre septiembre - octubre, cuando aumentaron casi 20 dólares por tonelada. Asimismo, durante los tres primeros trimestres el acumulado de producción llegó a 68.1 Mil/Ton, un 3.7% más de lo que se tenía a la misma fecha del año anterior (ANM, 2016).

Pese a este cambio de precio que se prevé es coyuntural, el mercado del carbón colombiano ha venido sufriendo una serie de trasformaciones asociadas con el recambio energético de las economías europeas su principal cliente, así como la continua resistencia de las comunidades de las zonas productoras por detener la expansión de la frontera de explotación. De hecho, como es señalado por la Agencia Nacional Minera, el repunte de los precios durante el 2016, se debe a una diversificación de los mercados de destino del carbón colombiano que pasaron de la cuenca del Atlántico al Pacífico, generando una reacción de precios en el mercado europeo (Portafolio, 2016).

Frente a los planes de expansión de la minería de carbón a gran escala, que principalmente se realiza en los departamentos de Cesar y Guajira, durante el 2016 se iniciaron las obras de ampliación del tajo la puente en el sur de la Guajira. En estas obras se pretende la desviación de 2 tramos del arroyo Bruno y de otras fuentes hídricas de la región. Pese a que durante 3 años las comunidades guajiras en compañía con organizaciones no gubernamentales hemos manifestado la amenaza que se constituye la desviación de fuentes hídricas en el departamento, en el mes de abril comenzaron las obras de desviación del primer tramo que aunque han tenido algunas interrupciones producto de acciones jurídicas interpuestas por varios actores, han continuado a lo largo del año. La desviación del arroyo Bruno, significa para la Guajira y para Colombia un claro gesto de la subordinación de los derechos humanos a la voracidad de la industria del carbón.

Para el caso de las comunidades del Cesar afectadas por procesos de reasentamiento, específicamente en la comunidad del Hatillo, se siguen presentando serios incumplimientos a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente en 2010 ordenando el reasentamiento de la población. Después de 4 años, la población no ha sido reasentada incrementándose las afectaciones sociales, de salud y para la vida digna de estas comunidades.

Además de estos dos departamentos, en donde se realiza la explotación de carbón térmico a gran escala, existen otras zonas del país que también son productoras de carbón coque y que también están siendo planificadas para expandir su producción por medio de Proyectos de Interés Regional y Estratégico (PIRE) que para el caso de carbón prevén intervenciones en Santander, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca.

Frente a la clara desprotección estatal y primacía del interés privado sobre los derechos de las poblaciones humanas y no humanas, es claro que para el caso del carbón seguiremos asistiendo a un escenario de disputa ambiental y social por los bienes comunes entre los que se encuentra el agua, que resulta ser una de las mayores víctimas del carbón.

Con las actuales expectativas de diversificación de los mercados de carbón colombiano, hacia algunos lugares de Latinoamérica y Asia, se abren nuevas espacios de lucha y de sinergia para visibilizar las inadmisibles condiciones ambientales y de derechos humanos que produce el carbón en los territorios.



Oro

El oro se concibe como un metal estratégico cuya explotación se ha insertado en lo que se denominan “Proyectos de interés nacional y estratégico” o PINE. Es decir, el Ministerio de Minas y Energía plantea que la explotación de oro en lugares como Santander con los proyectos El Gigante de la Sociedad Minera de Santander –Minesa– de capital árabe y Angostura de Eco Oro de capital canadiense; en Antioquia con los proyectos Gramalote y Nueva Quebradona de la canadiense AngloGold Ashanti y Buriticá de Continental Gold y en Tolima con La Colosa de AngloGold Ashanti, son requeridos para implementar y la institucionalidad realiza esfuerzos paraque sean ejecutados, puesto que estas explotaciones a gran escala “generarán grandes recursos económicos” pese a que afectan o se ubican en ecosistemas que son estratégicos para la vida como páramos o bosques alto andinos y zonas de alta productividad agrícola.

A esto se adjuntan los Proyectos de Interés Regional y Estratégico (PIRE), que para el caso del oro plantean la expansión de la frontera extractiva o su implementación en zonas de protección ambiental, como en el caso del Vaupés con el proyecto Taraira Norte de Cosigo Resources Colombia, en Tolima con el proyecto Pavo Real de Rovira Mining LTDA y Antioquia con los proyectos San Ramón de Red Eagle Mining Corporation y La Cumbre de Batero Gold.

El contexto minero que pretende construir el gobierno nacional plantea la aprobación de nuevos proyectos para cumplir la visión de “Colombia país minero 2019” que busca cuadruplicar la producción de oro en el país. Las cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM) evidencian que al cierre de 2015 la extracción de oro en Colombia alcanzó 1,9 millones de onzas troy (59,20 toneladas). A estas cifras se suman las expectativas de 93 subáreas identificadas “que cubren una superficie de 10.522.866 hectáreas, que corresponden aproximadamente al 9.22 % del territorio nacional […]. Con base en los datos de valoración de reservas reportados[…] a los que se les adicionan los de nuevos proyectos como La Colosa, Buriticá, Sotonorte, Gramalote y Gigante, entre otros, se estima que Colombia cuenta con recursos de aproximadamente 146 millones de onzas troy (4.550 toneladas) de oro.” (MinMinas, 2016).

La disminución de la demanda externa debido a las crisis económicas de los últimos años, ha llevado a que en el país se establezca un comportamiento inestable en la extracción de oro en los últimos 30 años. Según cifras oficiales “Desde 2010 la producción aumentó significativamente: en 2012, de hecho, llegó a las 66 toneladas, pero en 2014 y 2015 la producción bajó a 57 y 59 toneladas, respectivamente. Dicha disminución se debió a la caída del precio del oro a nivel mundial: en 2012 y 2013 este tenía un precio promedio de USD$1.668,85 y de USD$1.409,81 por onza troy, respectivamente, y en 2014 la misma onza pasó a valer USD$1.266,20, es decir, USD$402,65 menos que en 2013 y USD$143,61 menos que en 2012.” (MinMinas, 2016) Pero el oro en Colombia también se ha vinculado a la financiación de la violencia y a la extracción por parte de mineros informales, que pese a no pagar impuestos, regalías ni contraprestaciones legales, los materiales extraídos entran en la cadena de trazabilidad del oro. La situación de la minería no formal ha llevado a que el gobierno plantee proyectos para formalizar la pequeña minería. En 2010 se creó la Dirección de formalización minera que busca legalizar la explotación de la minería de subsistencia y la pequeña minería, a la cual ha acusado de los mayores impactos socioambientales.

Son muchos los dilemas que genera el panorama minero de oro, más aún cuando el gobierno perfila que el país se consolide como el mayor extractor de oro en Latinoamérica apostándole a la minería a gran escala y la concentración de títulos mineros de pequeña escala. De ahí que, y conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, bajo el amparo de los Acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y lo laxo de la normatividad ambiental establezca ampliar la frontera extractiva, de la cual pobladores de las regiones no mineras o afectados por la minería en alta montaña han generado acciones jurídicas, sociales y de resistencia ante los proyectos. Uno de los triunfos del movimiento socioambiental ha sido que el Banco Mundial retire la financiación del proyecto Angostura de Eco Oro, que afectará al páramo de Santurbán y hace parte de los PINE del gobierno. Así mismo, el movimiento de los Comités Ambientales del departamento del Tolima por la defensa de los territorios ha generado Consultas Populares para que la población decida sobre el uso del suelo de sus municipios, pero estas iniciativas se han visto truncadas por el accionar de las empresas y la debilidad institucional.



Materiales de construcción ¿minería necesaria?

En el caso de la minería de materiales de construcción y arcillas, el crecimiento en el sector ha sido constante producto de la demanda de estos recursos para la construcción de viviendas, sobre todo por la política del gobierno de construcción de viviendas de interés social, infraestructura vial con las vías de Cuarta Generación –4G–, infraestructura comercial, de servicios y dependiendo de la zona, la infraestructura que se requiere para las dinámicas particulares. Según Arce y Serrano (2015) el país se autoabastece en un 95% de arenas, calizas, arcillas, etc. En su mayoría estos materiales son extraídos por grandes empresas aunque en algunos sectores existen pequeñas compañías, de carácter familiar, que no entran en el marco competitivo.

El sector minero de materiales de construcción se encuentra en aumento en las ciudades medianas o intermedias, puesto que estas han tenido un aumento significativo para la construcción de la infraestructura urbana, comercial y de servicios que demanda el crecimiento de la urbe. Aun así, los grandes centros urbanos del país siguen demandando materiales de construcción con un aumento no tan significativo.

Incluso, según Arce y Serrano (2015) Bogotá tuvo un crecimiento negativo, aunque en su informe explican que se debe a la producción de la ciudad de Ibagué, que además de autoabastecerse, suministra a la capital del país, la cual también se provee de la minería que existe en la ciudad capitalina y sus municipios cercanos.

Según cifras del Ministerio de Minas y Energías (2016) el consumo de materiales de construcción se hace de la siguiente manera: “obras civiles, 19%; edificaciones, 14%; cadena de distribución, 61%; e industria, 6%” (p.53). En algunas zonas se tiene conocimiento que la minería de este tipo se hace para la infraestructura de la industria petrolera, como en el caso de los llanos orientales y la minería en Yopal, aunque producto de la crisis petrolera está ha disminuido levemente. Esto implica, como ha sucedido en los últimos meses, que la minería de materiales de construcción en el país esté ampliando su frontera para suplir la demanda que requiere la política minero energética y de desarrollo de vías del gobierno nacional.

De ahí que, y en el caso de la sabana Bogotana se esté ampliando las zonas de explotación de materiales de construcción, a través de resoluciones que modifican el uso del suelo. Es el caso de la resolución 2001 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que determina las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá, la cual aumentó el número de hectáreas disponible en la región para la extracción del material de construcción de 11.000 a 18.000 hectáreas. Esta demarcación se traslapan en zonas abastecedoras de agua, relictos de bosque, suelos con vocación agropecuaria, hitos religiosos como capillas, zonas de importancia arqueológica como las pinturas rupestres e incluso ecosistemas protegidos como páramos, los cerros de la ciudad de Bogotá y parques agroecológicos consolidados desde hace varios años.

La minería de materiales de construcción en el país se está encaminando a abastecer los nuevos proyectos de infraestructura vial y extractiva con que pretende el gobierno nacional impulsar la economía del país. Lo que genera estrategias para incrementar la titulación, aumentar las zonas compatibles con este tipo de minería.

Referencias y Bibliografía

- Arce, Pablo y Serrano Álvaro (2015) El mercado de materiales de construcción en Colombia. ICEX España Exportaciones e Inversiones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá. Bogotá, Colombia.

- Congreso de la República (2014) Memorias al Congreso de la república Minas 2013-2014. Disponible en: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/614096/03_MemoriasCongreso2013-2014_MINAS.pdf/17103caf-0dae-
443b-8f0c-c4530350843e. Bogotá, Colombia.

- Defensoría del Pueblo (2015) La minería sin control. Un enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos. Bogotá, Colombia.

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016) Resolución 2001. 2 de diciembre de 2016. Bogotá, Colombia.

- Ministerio de Minas y Energía (2016) Política Minera de Colombia. Bases para el futuro de la minería. Bogotá, Colombia.

- Ministerio de Minas y Energía y Unidad de Planeación Minero Energética UPME (2006) Colombia país minero visión al año 2019. Bogotá, Colombia.

- Unidad de Planeación Minero Energética UPME (2016) Análisis del comportamiento del PIB Minero. Boletín Análisis Minero. Dirección de minería Empresarial. Bogotá, Colombia.

- Unidad de Planeación Minero Energética UPME y Consorcio Proyección IB2 (2015) Evaluación de la situación actual y de los escenarios futuros del mercado de los materiales de construcción y arcillas en las ciudades de Ibagué, Pasto, Tunja, Neiva, Popayán, Riohacha, Quibdó y Florencia. Bogotá, Colombia.

- Unidad de Planeación Minero Energética UPME y Consorcio Proyección IB2 (2015) Evaluación de la situación actual y de los escenarios futuros del mercado de los materiales de construcción y arcillas en las ciudades de Ibagué, Pasto, Tunja, Neiva, Popayán, Riohacha, Quibdó Y Florencia. Bogotá, Colombia.

(*) Investigadores Área Minería: Censat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia.

PARA LEER INFORME COMPLETO: