miércoles, junio 21, 2017

Del robo al tesoro público a la Reforma Tributaria y el autoritarismo



Introducción:

La agitación social por la que atraviesa el País, se encuadra en un momento caracterizado los escandalosos robos a los dineros del tesoro público, la masificación y profundización de la miseria en la población colombiana por las alzas galopantes en los combustibles, en los pasajes, en los bienes de consumo y servicios ocasionadas por la aplicación de la reciente reforma tributaria de la administración Santos.
|Por: Ing. Juan E. García Romero|

Para el análisis de la situación socioeconómica que viven las comunidades urbanas y rurales que hoy se agitan en torno de la miseria, el desempleo galopante y que puja por mejores condiciones de vida a través de las protestas sociales, movilizaciones populares y los paros cívicos en todo el país, de otro lado, los síntomas de la más profunda descomposición del bloque de poder gobernante de la burguesía, que se manifiesta en el robo del tesoro público, en la aplicación de la recientemente aprobada reforma tributaria cuya implementación de impuestos indirectos como el IVA o sobre los combustibles, hurgó en los bolsillos de quienes viven en el abismo de la miseria y a la vez, son los grandes consumidores de alimentos, de bienes y servicios; por consiguiente, quienes verdaderamente pagan impuestos.

Ante las protestas sociales, el bloque de poder involucrado en los robos a los dineros públicos, tal como en lo que ocurre en los casos de Reficar el de Odebrecht se impone por medio de la fuerza pública, la quintaesencia del autoritarismo fascista.

Antecedentes:

El robo de los dineros públicos:

En estos últimos 50 años en Colombia, se han tenido noticias de robos al erario público. Tal vez, los más sonados el de Fadul y Peñaloza bajo la administración de Lleras Restrepo, el robo de la maleta de Fonseca, los robos a los dineros del erario público de gobernaciones y alcaldías en todo el país ocurridos en las décadas de 1980 y 1990, el robo de 13.5 millones de dólares de las cuentas especiales de las fuerzas Armadas por Soto Prieto y de los 27000 millones de pesos robados por Reginaldo Brady en la contratación del dragado del canal del Dique en el Rio Magdalena bajo el mandato de Belisario Betancourt; los robos de Agro – Ingreso Seguro en el que resulto involucrado el entonces flamante ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, alias “uribito”, de la administración de Álvaro Uribe Vélez, hoy prófugo de la justicia. Ministros como Santofimio Botero y Fernando Botero que fueron procesados y sentenciados robos a instituciones públicas; alcaldes como Juan Martin Caicedo Ferrer y su flamante secretaria de Hacienda Marcela Airó de Jaramillo, también fueron procesados y condenados robos al tesoro público del Distrito Capital de Bogotá.
La impunidad:

En todos los casos de robos o como las elites califican sus delitos: “desfalcos entonces o enriquecimiento ilícito ahora”; los involucrados son procesados y sentenciados, pero, son condenados a tres o cuatro años de cárcel y conducidos a purgar en los casinos de oficiales de algún batallón del Ejército o de la Armada Nacional; allí con todas las comodidades y privilegios, disfrutan a sus anchas con sus pares y la alta oficialidad. Además, tienen la ciudad o el país por cárcel; es frecuente verlos en sus lujosos carros en fiestas y actos sociales públicos de parranda, esto cuando se supone, están detenidos; cuando no, es imposible hacerlos comparecer ante un juez, caso más sonado ahora el de alias “uribito”. Y, cuando salen, se van a disfrutar de lo robado y con la hoja de vida limpia con la que vuelven a ejercer cargo público, caso el de Juan Martin Caicedo Ferrer. … ¡Ah!... Y no devuelven un peso de los dineros públicos. Lo anterior, revela la existencia de un sistema jurídico corrupto, elaborado y establecido para que los cuadros de la burguesía que lleguen a los altos cargos en la administración del Estado, tengan la seguridad jurídica de que al momento de cometer estos robos al tesoro público, sean tratados de tal manera y con todos los privilegios y puedan alzarse con el botín de los recaudos públicos de las tesorerías, de esta forma, perpetuar su poder político y su estatus social de clase.

La crisis social y económica.

Nunca fue tan clara y descarada la actuación de esta burguesía lumpen. Con una reforma tributaria como telón de fondo, que la administración de Juan Manuel Santos, justifico a través de su ministro Cárdenas Santamaría, “por la perdida en la renta petrolera ocasionada por la caída de precios del barril de petróleo en el mercado internacional. Este ministro, antes de presentar el proyecto de reforma tributaria al Congreso de la Republica, argumento en aquellos días del mes de agosto de 2016, que: “por efectos de la caída de la renta petrolera, el país ya había registrado pérdidas en las reservas internacionales de 54 billones de pesos. En el mes de septiembre volvió a afirmar que dicha caída en la renta petrolera ya había producido unas perdidas en los ingresos de la tesorería general de la nación de 4.5 billones de pesos y en este contexto presento el proyecto de reforma tributaria, el cual fue aprobado sin muchos reparos. Según el ministro, el gobierno pretende recaudar 4.8 billones de pesos por este concepto, disque para poderle girar a los sectores de salud, educación e inversión social.

¿Quiénes quedaron exonerados de esta reforma?

Los poseedores del capital, los rentistas y los poseedores de la riqueza. La carga fundamental de esta reforma tributaria estriba en el impuesto IVA, el cual, a día de hoy, representa más del 85% de los ingresos a tesorería general de la nación. En otras palabras, la carga tributaria recae sobre todo aquel que obligado por las circunstancias, tenga que consumir alimentos, vestuario, servicios públicos y de vivienda. Así las cosas, es a la inmensa mayoría de la población a la que le caen encima para saquearle los bolsillos.
Pero, apenas transcurridos quince días del mes de enero de 2017, estallaron los escándalos por los billonarios robos al tesoro público. Los robos por las contrataciones en la construcción de la refinería de Cartagena “REFICAR” por valor de 17 billones de pesos. Y días después, el otro robo en las contrataciones de infraestructura vial, por valor de 11,8 millones de dólares que equivalen a unos 35.400 millones de pesos colombianos, con la firma brasilera de Odebrecht y, días después, en contratos que también están en el ámbito de los negociados con esta multinacional, se destapo el del préstamo del Banco Agrario al contrato de Navelena que involucra a CorpoMagdalena, a Odebrecht y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, por valor de 120.000 millones de pesos, En este contexto, también salió a la luz pública, los sobornos de Odebrecht en las campañas presidenciales de Andrés Pastrana Arango, las dos de Álvaro Uribe Vélez y las dos de Juan Manuel Santos.

Los casos de Odebrecht y de Reficar

El escándalo de Odebrecht, se destapa a nivel internacional por iniciativa de Washington con el propósito de endilgarle acusaciones de corrupción a la mandataria brasilera, Dilma Rousseff. A la presidenta del Brasil no se le pudo probar ningún acto de corrupción, pero la derecha que es mayoría parlamentaria del congreso de ese país, la destituyo, colocando en su lugar al presidente del senado, Michel Temer. Los sobornos de la multinacional Odebrecht, repercutieron en la mayoría de países del continente Latinoamericano; en Colombia, golpeo con efecto bumerang a las administraciones de Santos, las de Uribe y Pastrana Arango.

A escasos días de haber ocurrido la firma de los acuerdos de paz de la Habana con la Insurgencia de las Farc – Ep y de haber sido aprobada la reforma tributaria en el Congreso de la Republica, por los medios de televisión y periodísticos, comenzó el destape de los robos más escandalosos cometidos por funcionarios públicos del alto gobierno, el de Odebrecht y el de Reficar.

Los sobornos de Odebrecht en las pasadas campañas presidenciales de Santos y Zuluaga en el 2014

Por ahora, el escándalo ya causo sus efectos en las toldas del uribismo en cuanto a las aspiraciones de Óscar Iván Zuluaga, candidato en las presidenciales del 2014 y quien anunció que va a “aplazar” su intención mientras se aclara por qué Odebrecht pagó 1,6 millones de dólares de los honorarios que recibió el estratega ‘Duda’ Mendonça por asesorar la campaña del Centro Democrático de hace tres años. En este escándalo, el gobierno del presidente Santos está cuestionado. La versión de Otto Bula sobre la supuesta entrega de un millón de dólares de Odebrecht para Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente en el 2014. (2)

El primer capturado por estas defraudaciones, fue la del exviceministro de Transporte, Gabriel García y días después, la del exsenador del Centro Democrático Otto Bula. Hay un capítulo de ‘corrupción burda’, y que corresponde al soborno de 6,5 millones de dólares pagados a Gabriel García, viceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe en el 2009, quien ya aceptó cargos. (2) Las investigaciones judiciales de los sobornos de la multinacional Odebrecht, involucro a Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías, y de los exconsejeros presidenciales Miguel Peñaloza (después ministro de Transporte en el primer gobierno de Santos) y Mateo Restrepo. (2)

García Arizabaleta fue quien puso a la Fiscalía sobre la pista de María Fernanda Valencia y su esposo, Otto Rodríguez, esos dos nombres aparecieron en un capítulo que hasta ahora era desconocido por la Fiscalía: un contrato en Panamá entre Odebrecht y la firma Impressa Group Corp, de propiedad de Valencia y Rodríguez, para la elaboración de 2,5 millones de afiches para la campaña de Santos en el 2010. El valor del contrato (400.000 dólares), una vez más no coincide con los del mercado. En el segundo soborno, el de los 4,5 millones de dólares que recibió Otto Bula desde el 2014, el atajo por el que se coló la corrupción es más complejo y aún no aparece claramente el nombre de ningún funcionario en una actuación ilegal. (2)

Los sobornos de Odebrecht en las campañas presidenciales y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

El exgerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto Uribe, señaló que fue un alto funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) quien gestionó el encuentro entre el empresario Andrés Giraldo y el exsenador Otto Bula, en el que según el excongresista entregó plata de Odebrecht. Prieto, afirmó en una carta enviada al columnista de EL TIEMPO Mauricio Vargas –en respuesta a una columna publicada el domingo llamada Digan la verdad– que la cita fue tramitada por Juan Sebastián Correa Rodríguez, secretario privado de la ANI, “y no como lo dijo un medio de comunicación que yo le había dado al señor (Eleuberto) Martorelli, (presidente de Odebrecht Colombia) el número del celular de Andrés Giraldo para que lo llamara, y que este a su vez llamara a Otto Bula”. Por la supuesta entrega de un millón de dólares a Andrés Giraldo de la que habló el excongresista Otto Bula ya fue vinculado a la investigación por la Fiscalía y escuchado en interrogatorio el pasado 20 de febrero Correa Rodríguez. (5)

El empresario Enrique Ghisays aceptó que, con su hermano Eduardo, ayudó a lavar el soborno a través de la firma Lurion. Pero no se sabe el paradero de 2,3 millones de dólares. Dentro de este caso, se citó a Miguel Peñaloza, asesor presidencial de Uribe y ministro de Transportes de Santos. Además, a Daniel García Arizabaleta, exjefe del Invías, asesor de Odebrecht y directivo de la campaña de Óscar Iván Zuluaga 2014. Los dos fueron mencionados en una grabación entre Morales y el empresario Miguel Nule (preso). El listado lo completan Mateo Restrepo, consejero presidencial entre 2009 y 2010, y Eduardo Zambrano; Rafael Nieto, Alfonso Pereira, Otto Rodríguez, María Fernanda Valencia y Giampaoli Scatolini. Se le pidió a la Corte Suprema indagar al exsenador Plinio Olano. El caso está unido a Ocaña-Gamarra, vía adicionada a la Ruta del Sol II. Ese apéndice tiene preso el exsenador Otto Bula, quien admitió ayudar a Odebrecht a lavar 4,1 millones de dólares. Dijo que un millón iba para Roberto Prieto, gerente de las campañas de Santos. (3)

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