martes, junio 13, 2017

¿Qué pasó (pasa) en Venezuela?



|Por: Fernando Esteche*|

El Pathos Trágico de Venezuela en su Laberinto I
1) La ontología chavista

Chávez fue el mejor hijo de Bolívar, el dilecto. De eso nadie puede tener dudas. Por audacia histórica, por patriotismo nuestro americano, por generosidad. Fue un estadista con la singular capacidad no sólo de comprender el tiempo histórico en el que vivió, sino de trazar una prospectiva que le permitió comprender cada sutileza de la política internacional.

En el marco de un juego geopolítico entendió el antiimperialismo como necesidad casi existencial, como única posibilidad de realización de Nuestra América, por aquello que no se cansó de traernos al presente en cada intervención: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miseria en nombre de la Libertad”.

La Venezuela Bolivariana fundó un proceso de singular riqueza en su intento titánico por desembarazarse de los cepos que el liberalismo occidental le imponía a las formidables fuerzas revolucionarias del bravo Pueblo.

Así surgió una forma de producción política que es justo definir como Proceso Constituyente Permanente, y que nosotros hemos señalado como Revolución Permanente. De eso se trata la ontología del chavismo en su producción histórica y política.

Revolucionar, superar los escollos, adecuarse a las nuevas realidades e incorporar al pueblo en un proceso constituyente; ir construyendo más y mejores herramientas y canales de representación y de democracia popular que se van superando conforme se constituyen, se recorren, se transitan y permiten nuevos estadios en el camino a la democracia directa. Esto, nada tiene que ver con el canon hegemónico de democracia que se nos propone desde las codificaciones de Filadelfia para acá.

Lo que de ninguna manera puede cuestionarse en Venezuela es que no haya sido sometido al escrutinio de la voluntad popular cada uno de los pasos que se fueron desarrollando. Es de una impertinencia descarada que países con bajísimos niveles de participación política se permitan cuestionar la calidad democrática del proceso bolivariano, que, entre todos los países del globo, es el que más elecciones (20 en total) ha concretado en los últimos tres lustros. Elecciones monitoreadas y sometidas a la inspección de las usinas homologadoras de occidente como la Fundación Carter y demás.

Hay numerosas doctrinas de diplomacia que reivindicarán el principio de “no intervención” y de respeto de la voluntad soberana de los pueblos. Doctrinas que debieron, desde finales del siglo XIX en adelante, esgrimirse y sostenerse frente al recurrente y arrogante injerenismo norteamericano en la región.

El pueblo venezolano consagró legal y legítimamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que determina en su articulado al Presidente de la Nación y su Consejo de Ministros en condiciones de convocar al poder constituyente:

Art. 347 - El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Art. 348 - La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

De esta manera, la impugnación de la eufemísticamente llamada “oposición” a la convocatoria presidencial para una Asamblea Nacional Constituyente, cuestiona a la mismísima Constitución del estado. La reivindicación del esencialismo republicano que promueven se desbarata y no hay mueca mediática que pueda disimularlo. Lo que se está cuestionando no es la administración de gobierno, sino la República Bolivariana. No se trata de Maduro sino de todos los derechos y deberes que se construyeron a través del proceso constituyente durante el chavismo.

2) El golpe de Estado de la Asamblea Nacional

Para comprender mejor el proceso de inestabilidad institucional como golpe de Estado continuado, es dable recorrer cómo se desarrolló el encaramamiento de la derecha fascista en el poder institucional.

En diciembre de 2015 la derecha, articulada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se impuso en las elecciones legislativas para la Asamblea Nacional. Sin embargo, previo a la publicación de los resultados finales desconocían los comicios, tal como desconocieron todos los resultados electorales entre 1999 y 2015 y la propia Asamblea Nacional. Sin embargo, al conocer su victoria, la derecha aceptó plenamente los comicios.

El antecedente del desconocimiento del triunfo de la elección presidencial de Nicolás Maduro Moros y la violencia impuesta a través del plan “La Salida” (2013, 2014), permiten comprender el desarrollo de una maniobra para la deslegitimación del gobierno y de la República Bolivariana. Ya hemos señalado en artículos anteriores en este mismo portal lo infundado de los argumentos de estos sectores que pretenden impugnar y cuestionar la transparencia democrática y la legitimidad del presidente Maduro.

Producto de una reforma electoral pensada en realidad por la administración Maduro como picardía para sostener una mayoría ficticia, con un volumen de votos absolutos ajustadamente mayor al del oficialismo, la oposición fascista logra mayor cantidad de representantes a la Asamblea.

Numerosos fueron los caminos que la oposición pro-imperialista. Como una Hidra de Lerna, pergeñó para provocar el golpe de Estado continuado. Pensaron en exigirle al presidente la renuncia, en realizar un juicio por insania contra Maduro, en mentir sobre su nacionalidad; intentaron promover una enmienda constitucional para acortar el mandato, convocar una constituyente para volver al esquema representativo de la IV República; las guarimbas; el referendo revocatorio, entre las más destacadas.

A finales de abril de 2016 decidieron activar el proceso para solicitar el revocatorio. Para concretar dicha convocatoria debían presentar el 1% de las firmas registradas electoralmente -con el objetivo de legitimar a las organizaciones políticas promotoras de dicho proceso- y posteriormente debían recoger el 20% de firmas del padrón electoral.

Este proceso, cuando presentaron el primer 1%, se vio abortado ante la evidencia de por lo menos 600 mil firmas apócrifas entre las que se hallaban 11 mil personas fallecidas, 53 personas no registradas en el padrón, más de 3 mil menores de edad, 1500 privados de su libertad por delitos graves como violaciones u homicidios, con más de 10 mil denuncias por usurpación de identidad. Pese a las advertencias del caso, el Consejo Nacional Electoral-CNE (que según la Constitución Venezolana es un poder autónomo equivalente al legislativo, judicial y ejecutivo) autorizó a que se recolectaran el 20% de las firmas empadronadas. Sin embargo, fueron numerosos juzgados los que plantearon recursos de amparo y suspensión del proceso ante la masividad de las denuncias por usurpación de identidades. La oposición responsabilizó a Maduro de esta situación con el objetivo de ir produciendo un imaginario de inestabilidad institucional.

El 23 de octubre de 2016, la Asamblea Nacional sesionó bajo el ordenamiento de la oposición nucleada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y se declaró en abierta rebeldía. Acordaron los siguientes puntos:

• Declarar que el Presidente Maduro dio un golpe de Estado y que, por lo tanto, quebró el orden constitucional.
• Solicitar a todos los organismos internacionales la aplicación de sanciones contra Venezuela. Es menester contemplar que sobre los cinco poderes constitucionales, los organismos internacionales atenderán sólo los requerimientos de la Asamblea Nacional desoyendo a los otros poderes legal y legítimamente constituidos.
• Denunciar ante la Corte Penal Internacional los rectores del CNE y a los jueces que suspendieron el proceso revocatorio.
• Destituir a los rectores del CNE como así también a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
• Decidir sobre la supuesta doble nacionalidad del presidente Maduro a fin de destituirlo (al respecto, la Cancillería colombiana desestimó formalmente dicha posibilidad).
• Decidir sobre el abandono del cargo de Maduro a fin de destituirlo (esto se produce cuando se encontraba de gira internacional en los países de OPEP para resolver la regulación del precio del petróleo).

Asimismo, la Asamblea Nacional resolvió desatender las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que anulaban sus actuaciones por inconstitucionales además de declararlas “en desacato”, impugnando todas las acciones hasta tanto no se ajuste a derecho. De esta manera, lo que podemos observar es que uno de los poderes constitucionales -polémicamente constituido y con una legitimidad severamente cuestionada- desconoce otro poder (TSJ) e impugna a los dos restantes (Ejecutivo y Electoral) pretendiendo disolverlos.

Esto expone al sistema institucional venezolano a un Estado de excepción, si uno fuera contemplativo; aunque en realidad se trata de un poder en el cual se encaramó la derecha pretendiendo avasallar al resto de los poderes y con ello, a la propia República Bolivariana. Esto hace inevitable la referencia al ascenso del hitlerismo desde el Reichstag, donde la llegada al poder se dio mediante un proceso que desde el parlamento comenzó a impugnar los distintos poderes instituidos.

A pesar de todo lo expuesto, Maduro sigue convocando a la oposición abiertamente anti-republicana a discutir los caminos de resolución de la compleja situación a la que semejantes irresponsabilidades (e irresponsables) arrastraron a Venezuela. Para llevar adelante este diálogo, pidió la intervención de la UNASUR y de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Por su lado, la oposición pidió la intercesión del Vaticano, a lo que inmediatamente se accedió. Sin embargo, la Iglesia Católica Venezolana es abiertamente opositora y se ha encargado de sabotear este proceso.

El carácter “hidrático” o “multicefálico” de la oposición operada y monitoreada alternativamente por el IRI republicano o la NED demócrata, dificulta la posibilidad de previsibilidad de este sector y la concreción de acuerdos.

3) Quién es quién. De villanos y héroes

En esta tragedia hay algunos personajes interesantes a contemplar para imaginar las posibles resoluciones parciales y comprender las razones de algunos movimientos que, en apariencia asépticos, se encuadran en las distintas maniobras posibles sobre el futuro de Venezuela.

Es el caso de la fiscal General Luisa María Ortega Díaz, quien se encuentra en su cargo desde el año 2007 y fue confirmada por la Asamblea Nacional (pese a que se encontraba declarada en desacato por el TSJ y por lo tanto, sus resoluciones eran nulas). Sobre Ortega Díaz pesan decenas de señalamientos por su parcialidad política a favor del chavismo.

La fiscal es la esposa de Germán Ferrer, diputado del Gran Polo Patriótico. Su hermano es Humberto Ortega Díaz, protagonista junto al Comandante Hugo Chávez en el Movimiento del 4 de Febrero. Se desempeñó en diferentes cargos del gobierno chavista, incluyendo el directorio de la extinta CADIVI (Comisión de Administración de Divisas, actualmente Centro Nacional de Comercio Exterior o CENCOEX).

Ortega Díaz fue una de las que más fervientemente señaló la justeza de la detención del golpista Leopoldo López y ha tenido casos como aquel donde acusó a los miembros de la ONG SUMATE, conducida por la opositora María Corina Machado, por conspiración contra la Nación y por recibir dinero espurio. A su vez, figura entre los funcionarios que el Senado norteamericano señaló como involucrados en violaciones a los derechos humanos, desde la singular mirada que pueden tener desde el imperialismo sobre este tema y la situación venezolana en general.

Sorpresivamente, fue esta funcionaria la que le otorgó cierta legitimidad a las infundadas denuncias de la Asamblea Nacional sobre el “autogolpe” de Nicolás Maduro, desconociendo las propias sentencias de los tribunales venezolanos y cuestionando la decisión del CNE. Comienza así, un curioso derrotero que irá sintonizando cada vez más finamente con la idea de guerra híbrida.

En estos dos meses, donde se pueden identificar un recrudecimiento de las protestas y guarimbas callejeras, fue Ortega Díaz quien ofició de vocera e informante sobre las trágicas muertes que se fueron sucediendo. Sin plantear ningún tipo de control o supervisión de los acontecimientos desde su fiscalía, sino simplemente como cronista de los mismos, responsabilizó al gobierno de Maduro con los mismos argumentos que utilizó la oposición. Además, ha quedado en evidencia la "inacción" que ha mostrado la fiscalía ante las protestas y cómo esta situación propicia un clima de impunidad.

El 19 de mayo, excediendo nuevamente sus funciones de Fiscal General, ya no sólo ofició de vocera del relato opositor, sino que además impugnó la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esto lo hizo, no desde el punto de vista del derecho, sino como valoración política, lo que la convierte, por si ya no lo era, en un actor central que se pretende en una equidistancia –a todas luces desigual- entre el chavismo y la oposición. La señora se va probando el traje para ponerse a la cabeza de un eventual gobierno de transición.

Para el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Rafael Uzcátegui, “la Fiscalía vive un proceso de reinstitucionalización”. Por otro lado, Lilian Tintori, esposa del encarcelado dirigente opositor Leopoldo López, celebró el accionar de Ortega Díaz: “Se pasó al lado correcto ¡Celebro que la fiscal se pasó al lado correcto!”.

El TSJ en ejercicio de sus incumbencias, con una minoría disonante de su lógica política, es quién ha señalado la gravedad institucional de desacato de parte de la Asamblea Nacional. No parece ser este cuerpo colegiado, como poder independiente, un ariete de la política imperial y de la operacionalización de Guerras de Cuarta Generación o golpe blando como hemos visto en Honduras, Paraguay y como operaron en Argentina y Brasil. De ahí se comprende la cooptación de la fiscal general en la construcción de una legitimidad que exceda la autolegitimación de un propio cuerpo como la AN.

Lo mismo, tanto el CNE y los rectores que lo integran, y el TSJ, han sido cuestionados e impugnados por parciales y por haber sido constituidos bajo la hegemonía chavista. Es claro que lo que están cuestionando es la República Bolivariana con toda la institucionalidad que esto importa.

4) El golpe blando. La violencia, Sharp y Nye.

La evidente maniobra desestabilizadora, que se encuadra en las teorías y manuales de Gene Sharp y Joseph Nye e intenta promover nuevas formas de dominación sobre los pueblos, ha sido profusamente explicitada y denunciada por el mismo gobierno bolivariano.
Las grandes cadenas noticiosas ofrecen la imagen de una Venezuela en rebelión, con un gobierno dictatorial y tambaleante, mal informando sobre hechos trágicos y ocultando la realidad de las agresiones a la República.

Simultáneamente, el inefable Luis Almagro como Secretario General de la OEA, (definida por el canciller de la Dignidad, el cubano Raúl Roa, como Ministerio de las Colonias) impulsa sanciones contra el gobierno del presidente Maduro respondiendo a los reclamos de la derecha anti-republicana. Promueve la aplicación de la Carta democrática y tiene como trágodos y coreutas solícitos al gobierno de Argentina y al gobierno usurpador de Brasil. Asimismo, se suspende a Venezuela del MERCOSUR en atención a la Carta Democrática, con maniobras descaradas y jurídicamente inconsistentes.

Lo que enfrenta Venezuela es un golpe de Estado continuado o ahora llamado golpe de Estado blando. Se trata de una guerra abierta híbrida impulsada por el imperialismo que conjuga tácticas de Guerra de Cuarta Generación con pre-insurgencia callejera combinado con maniobras de aislamiento internacional, a fin de asfixiar y deslegitimar al gobierno.

Las masacres sobre dirigentes y militantes que en Honduras o Paraguay se perpetraron a expensas de lo que ellos llaman golpes blandos, sin mencionar las revoluciones de colores del Magreb, contrastan con la idea que pretende restarle contundencia a los golpes. Se trata sin más de una usurpación del legítimo poder y de una guerra contra los sectores populares.

El eufemismo de golpe blando o golpe suave fue pergeñado por el estadounidense Gene Sharp, a finales del siglo pasado, y ha cobrado singular vigencia en la última década a expensas del redespliegue imperialista en distintas regiones del globo.

Sharp señala que "la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado (...) Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas". Con sintética elocuencia define las nuevas tácticas que se fueron tomando en guerras de baja intensidad, de cuarta generación, o híbridas.

Sharp plantea un repertorio que abarca desde el debilitamiento del gobierno hasta la fractura institucional. El autor del polémico ensayo titulado “De la dictadura a la democracia” describe 198 métodos para derrocar gobiernos mediante “golpes suaves”. Russian Today las sintetizó en cinco etapas:

• Promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores.
• Desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el Gobierno en el poder.
• La lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.
• Operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, creando un clima de "ingobernabilidad".
• Forzar la renuncia del Presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.
Gene Sharp remite inmediatamente a Joseph Nye y su teoría de poder blando y poder inteligente.