domingo, julio 23, 2017

Los banqueros de la guerra



|Por: Jimena García / Geopolítica|

La financiación de la industria armamentística requiere tanto de recursos públicos como privados, y es en este segundo ámbito donde los bancos y las entidades financieras ocupan un lugar esencial. Sin embargo, en ocasiones la laxitud de la normativa de algunas de estas organizaciones supone un gran riesgo para controlar el desvío de fondos, que terminan financiando los destinos más indeseados. 

¿Cuánto te preocupa ser —o alguien de tu entorno— víctima de un ataque terrorista? El Pew Research Center desvela que en ocho de diez Estados europeos encuestados la mitad o más de la población teme que las personas refugiadas incrementen la posibilidad de atentados terroristas en sus países. En Francia han perdido la vida más de 230 personas desde el atentado de 2015 contra la revista Charlie Hebdo, pero la probabilidad de morir en un accidente de coche es 27 veces mayor que a manos de terroristas, un consuelo humillante para las víctimas de estas atrocidades. Lo cuestionable es que la “guerra contra el terror” se base en representaciones deliberadamente exageradas de un temor razonable y se convierta, a la postre, en una ocasión lucrativa para ciertos sectores.

El gasto militar mundial aumentó en 2016 por segundo año consecutivo hasta alcanzar los 1,69 billones de dólares, lo que supone un 2,2% del PIB mundial. La financiación de la industria armamentística precisa tanto de recursos públicos como privados, y es en este segundo ámbito donde la inversión de las entidades bancarias supone una parte fundamental en el complejo militar-industrial.


Los veinte principales países exportadores de armas. Fuente: SIPRI

El coladero del secreto bancario

Los flujos financieros entre los bancos y las empresas armamentísticas implican la participación de actores intermediarios que dificultan la rastreabilidad en las transacciones de armas. En el marco de la globalización, la transnacionalización de las actividades criminales se ha beneficiado de la reducción de los controles aduaneros en ciertas zonas de libre comercio, especialmente en aquellos países en vías de desarrollo o donde la persecución y legislación contra el crimen organizado son más laxas. Un ejemplo paradigmático es Viktor Bout. Considerado como uno de los mayores traficantes de armas del mundo, el apodado Mercader de la muerte se sirvió de las 16 aerolíneas de las que era propietario para proveer de armamento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los talibanes de Kandahar o a los niños soldados de Charles Taylor, entre otros.


Charles Taylor apoyaba a la milicia sierraleonesa Frente Unido Revolucionario usando a niños soldados a cambio de diamantes. Fuente: ProPublica.

Si bien el blanqueo de capitales no es un fenómeno nuevo, su carácter transnacional ha apremiado a los distintos países a adaptar sus legislaciones nacionales hacia un consenso general y uniforme. En este sentido y especialmente dirigido hacia la actividad de las entidades financieras y los bancos, destaca el papel del Grupo de Acción Financiera Internacional, constituido por el G7 en 1989. Su sistema de “40 recomendaciones” impone una serie de obligaciones a estas personas jurídicas para que conozcan con la máxima exactitud cuál es la procedencia de los negocios que efectúan y la verdadera identidad de sus clientes, así como prevenir e informar de cualquier actividad que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Evidentemente, este cometido supone un choque para los intereses tanto de las entidades privadas como de sus clientes, pero su incumplimiento conlleva una serie de sanciones, además de incurrir en una potencial responsabilidad penal.

Aun así, la consumación de estos principios está lejos de ser efectiva. Amnistía Internacional ha identificado importantes lagunas en las normativas bancarias del tercer centro financiero europeo, Luxemburgo. Por ejemplo, la política de ING —el vigésimo octavo mayor banco del mundo—  establece que, aunque una transacción sea inicialmente “inaceptable” en términos de responsabilidad social corporativa, se pueden aplicar excepciones y terminar aceptándola “en circunstancias excepcionales”; no obstante, la entidad no especifica por qué criterios se rige en estas ocasiones. Otro caso sonado fue el del británico HSBC Holdings, sexto banco en la clasificación mundial. La entidad fue acusada por Estados Unidos de ser la “institución financiera preferida” de los cárteles mexicanos y colombianos —que llegaron a mover 881 millones de dólares provenientes del narcotráfico— y de haber efectuado transacciones con Myanmar, Cuba, Irán, Libia y Sudán, todos países sancionados por Washington. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desveló, a través de las filtraciones de Hervé Falciani, que entre los clientes del HSBC se encontraban supuestos financiadores de Al Qaeda y Osama bin Laden provenientes de Arabia Saudí y otros países del Golfo. Las acusaciones quedaron finalmente desestimadas y HSBC evitó un proceso penal al aceptar el pago de una multa de 1.470 millones de euros.


Principales exportaciones armamentísticas de 2011 a 2015. Fuente: Le Monde Diplomatique

Armas de responsabilidad estatal y corporativa

El Derecho internacional prohíbe taxativamente la fabricación, almacenamiento, uso o transferencia de determinadas armas, como las biológicas y químicas, las minas antipersona y las municiones de racimo. En 2010 entró en vigor un tratado internacional que prohibía este último tipo de armamento; seis años después, ha sido firmado por 119 países.

En 2011 una investigación de SETEM concluyó que 14 bancos españoles —entre ellos el BBVA, Santander, Bankia o La Caixa— habían financiado a 19 productores de armas “controvertidas”, en cuyas reservas podían encontrarse armamento nuclear y de uranio empobrecido. Las bombas de racimo MAT-120, utilizadas por Muamar el Gadafi en zonas residenciales ese mismo año, habían sido fabricadas por la empresa española Instalaza en 2007, un año antes de que estas armas fueran prohibidas. Aunque la empresa era conocedora de la futura prohibición, detuvo la producción, pero no la venta de este tipo de armamento. Igualmente es destacable que el anterior ministro de Defensaespañol y actual embajador en Estados Unidos, Pedro Morenés, fue consejero de Instalaza hasta 2007 y su representante hasta 2011.

De todos modos, el caso del exministro no es el único que evidencia la cercanía entre el sector político y el armamentístico. En Francia, Serge Dassault ha sido senador de Los Republicanos, el partido de Nicolás Sarkozy, y alcalde de Corbeil-Essones entre 1995 y 2009 mientras compaginaba la dirección del Grupo Dassault, fabricante de los cazas Rafale y puesto 57.º en la prestigiosa lista Forbes. Su hijo, Olivier Dassault, también es diputado del mismo partido.


Marcas de la explosión de una bomba de racimo. Fuente: Human Rights Watch

A pesar de la prohibición internacional, las municiones de racimo continúan fabricándose y financiándose. Actualmente, seis empresas siguen produciendo este tipo de armas en China, Corea del Sur y Estados Unidos y son financiadas por 166 instituciones financieras. De las diez principales firmas, ocho son estadounidenses y las otras dos radican en China y Japón.

La reciente atrocidad del bombardeo químico sobre la ciudad de Jan Shijún, en Siria, en el que fallecieron al menos 86 personas —lo que elevó la cifra a más de 1.100 muertes por ataques químicos desde que empezó la guerra—, planteó dudas razonables. ¿De dónde procede ese arsenal químico? Un informe de la CIA de 1983 señalaba que Siria “tiene, probablemente, la mayor capacidad de ‘guerra química’ del mundo árabe”, en buena medida porque el país fue uno de los mayores importadores de armas químicas de las extintas Unión Soviética y Checoslovaquia. Entre 1982 y 1993, el Gobierno alemán también autorizó 50 entregas de “material sospechoso” a Siria y el ministro de Economía germano aprobó la exportación de cien toneladas de sustancias químicas de doble uso entre 2002 y 2006. También el Gobierno británico reconoció haber autorizado el envío de productos químicos entre 2004 y 2010 que podrían haberse utilizado para fabricar gas sarín, sustancia que quizá produjo las muertes civiles de Jan Shijún.


Fuente: Cartografía EOM

Evidentemente, no solo las compañías del sector privado son protagonistas del comercio armamentístico: la responsabilidad fundamental recae en los Gobiernos, bajo el pretexto legítimo del derecho a la propia defensa. Sin embargo, los Estados tienen una serie de obligaciones y responsabilidades para asegurar que no se cometan violaciones graves del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, protagonizadas por el armamento que estos financian o porque no se haya llevado a cabo un seguimiento y control efectivo de él. Sobre este aspecto, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) representa el marco normativo fundamental para avanzar en el control y seguimiento de las exportaciones de armamento convencional.

El TCA es un acuerdo internacional vinculante por el que los Estados partes se comprometen a respetar normas estrictas respecto a las transferencias de armas y a detenerlas en caso de conocimiento de que existe un “riesgo preponderante” de que se están utilizando para cometer crímenes de lesa humanidad o de guerra. Actualmente, 130 Estados han firmado el acuerdo, pero solo 83 lo han ratificado. Estados Unidos, a pesar de ser el mayor exportador armamentístico —acumula el 30% de las ventas internacionales—, aún no lo ha ratificado. Tampoco lo han hecho la Federación Rusa y China, segundo y tercer exportadores mundiales respectivamente, ni India, primer importador de armas en el mundo.