martes, agosto 22, 2017

La Universidad de Ibagué viola los derechos humanos de las mujeres trabajadoras



Mi nombre es Mónica Godoy Ferro. Soy antropóloga y llegué a Ibagué hace un año y medio cuando por concurso gané una plaza de docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ibagué. Hasta el día de hoy que me comunicaron que, sin justa causa, estaba despedida.

Quiero compartir mi experiencia de manera pública porque estoy convencida de que la única forma de frenar la arbitrariedad, la misoginia y la injusticia es hablar y denunciar fuerte y claro la violencia en contra nuestra. Hace unos meses la entonces rectora de la Universidad de Ibagué, Carmen Inés Cruz, me encargó llevar a cabo un proceso de sensibilización y capacitación en derechos humanos de las mujeres para el cuerpo de vigilancia de la Universidad.

Esta formación estaba motivada por una queja que interpuso una de las mujeres vigilantes de la Universidad porque, tanto ella como sus compañeras, estaban siendo víctimas de acoso laboral y sexual desde hace años por parte de uno de los supervisores y algunos de sus compañeros. La oficina de Gestión Humana me programó los talleres y yo los llevé a cabo de manera gratuita y voluntaria con el objetivo de contribuir, con mi experiencia y formación, a resolver de la mejor manera un problema laboral.

Estando en esas capacitaciones pude constatar la gravedad del acoso contra las mujeres vigilantes. Ellas llevaban años sufriendo presiones para acceder a insinuaciones sexuales, eran objeto de burlas, apodos humillantes, desprecio y aislamiento. A pesar que una ellas había interpuesto una queja ante el comité de convivencia y las directivas de la Universidad habían sido informadas del problema, nadie había tomado ninguna acción concreta para investigar seriamente estos hechos y reestablecer sus derechos. Antes bien, esa indiferencia había favorecido la impunidad de los acosadores.

Al identificar la gravedad del caso escribí un informe para el Rector actual, Hans Peter Knudsen y la Vicerrectora Gloria Piedad Barreto con una serie de recomendaciones para prevenir la violencia de género al interior de la Universidad. A la vez, el director administrativo de la Universidad de Ibagué, Alejandro Yepes, empezó a despedir a varios vigilantes. Hasta el momento son 12 trabajadores a quienes se les informó que no se les renovaría el contrato, incluyendo a una de las mujeres víctimas del acoso laboral. Lejos de ser una medida que respondiera al restablecimiento de los derechos de las víctimas, estos despidos fueron motivados por un plan de tercerización de los servicios de vigilancia y aseo que tenían en mente los directivas de la Universidad tiempo atrás y que decidieron empezar a llevar a cabo utilizando como excusa las quejas de las mujeres vigilantes por violencia en su contra. El mismo Alejandro Yepes me informó de las gestiones que estaban llevando a cabo hace meses para despedir a estos trabajadores y pasarlos a una empresa diferente.

Les explique a las directivas la inconveniencia de despedir trabajadores en medio de un proceso de denuncia por acoso laboral. Les expuse que primero era necesario hacer un proceso de investigación para establecer responsabilidades en estos hechos. Sin embargo, continuaron empeñados en la tarea de despedir vigilantes. Por supuesto, esto significó un incremento en la violencia contra las trabajadoras porque fueron identificadas por sus compañeros como responsables directas de estos despidos. Por la presión una de ellas ha enfermado y se encuentra actualmente incapacitada.

Sumado a lo anterior, conocí un caso de abuso sexual por parte de un profesor de la Universidad contra una estudiante. Ella, junto con sus padres había ido inmediatamente después de los hechos a denunciarlos ante la directora de la oficina de Gestión Humana y ella hizo caso omiso durante meses. Solo después de la presión de mi parte, accedieron a abrir un proceso disciplinario en contra del profesor, desconozco sus resultados. Esta omisión de meses por parte de esta directora resulta grave, más cuando este profesor tiene contacto directo con las estudiantes, algunas de ellas aún menores de edad.

En estas semanas yo he estado denunciando estas situaciones al interior de la Universidad y haciendo llamados a reconsiderar las decisiones de despidos masivos que vulneran los derechos de los trabajadores. Todas mis comunicaciones al respecto han sido hechas con respeto y esperando una respuesta positiva de las directivas, respuesta que nunca llegó. A pesar de que solicité una audiencia con el Rector para presentarle mi punto de vista nunca fui recibida.

Hoy fui citada a la oficina de Gestión Humana para recibir una notificación de un despido claramente injusto. El único motivo que alimenta esta decisión es mi trabajo comprometido en la denuncia de la violencia contra las mujeres y la defensa de nuestros derechos, en especial, a disfrutar una vida libre de violencias tanto en el ámbito laboral como en los hogares y en las escuelas.

Estoy convencida que una Universidad que se precie de serlo deber ser plural y respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lamentablemente una institución tan importante para la región, como lo es la Universidad de Ibagué, no muestra con hechos estar comprometida con el respeto a los derechos de sus trabajadores. Hoy me siento víctima de una persecución a causa de mi compromiso con aquellas expuestas a los abusos.

Sueño con una escuela mejor, una a la altura de la esperanza de nuestros estudiantes y acorde a la confianza que depositan en nosotros sus padres. Una escuela que refleje la apuesta de un país en paz que todos esperamos construir y no una reproductora de la persecución y la misoginia que tanto daño hace a nuestra sociedad.

Ibagué, 17 de agosto de 2017

Mónica Godoy Ferro
c.c. 52155089