viernes, agosto 11, 2017

No hay peor corrupción que la impunidad



|Por: José Hilario López / Revista SUR|

A propósito de la corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes y la invariable impunidad.

No es que por estos tiempos la corrupción esté “desbordada”. Basta darle una ojeada a las noticias publicadas en los medios de comunicación durante las últimas décadas y encontraremos “escándalos” por doquier. Ocurre, simplemente, que en ésta época los “escándalos” se magnifican y se reproducen a la velocidad de internet y de las redes sociales. Pero así mismo, con igual velocidad, se olvidan. La inmediatez del bullicio conlleva la inmediatez del olvido.

Esa característica contemporánea también ha florecido en la justicia colombiana. Destapado el “escándalo”, el Fiscal de turno condena a los implicados vía Twitter o en fastuosas ruedas de prensa o en escuetos comunicados oficiales. Y después de tanto ruido sólo viento.

Frente a la corrupción, la respuesta de los diferentes gobiernos ha sido, casi siempre, la de tapar las evidencias y embolatar las pruebas, por el camino de la liquidación o de la supresión de la “entidad corrupta” y de paso borrar del imaginario social el nombre manchado de la institución infectada. Desaparecida la institución se desvanece la corrupción. Uno que otro chivo expiatorio condenado.

Bajo esa modalidad los gobiernos de turno liquidaron y/o suprimieron, entre otras, las siguientes entidades, bajo el señalamiento de corrupción e ineficiencia o so pretexto de modernizar la administración pública: Idema (1997), Foncolpuertos (1997), Incora (2003), Telecom (2003), Cajanal (2009), DAS (2011), Seguro Social (2012), Saludcoop (2015), Caprecom (2015), Incoder (2015) y por supuesto la Dirección Nacional de Estupefacientes (2011).

El presidente Virgilio Barco creó la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en 1990, para una “eficaz ejecución de las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes”. Entre sus fines se encontraban “Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes ocupados o decomisados por su vinculación directa o indirecta al delito de narcotráfico y conexos”; la correcta disposición de tales bienes y de aquellos vinculados a los delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato; así como velar por la efectividad de la destinación provisional de los bienes decomisados u ocupados y supervisar la utilización de los mismos por parte de los destinatarios provisionales o depositarios. En teoría y pocas palabras, la DNE administraba los bienes incautados a las mafias del narcotráfico. Solo que en la práctica otras mafias terminaron apoderándose de la DNE y de los bienes de las mafias del narcotráfico.

En el año 2002 fue nombrado como director de la DNE el coronel (r)  Luis Alfonso Plazas Vega y ahí empezó una serie de anomalías que fueron documentadas y denunciadas en su momento por el senador Javier Cáceres Leal, quien citó al ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega[1], a un debate de control político en el Congreso con el fin de ventilar esas irregularidades.

Luego de múltiples maniobras dilatorias, dirigidas a impedir el debate, inclusive una “recusación” de Plazas Vega contra Cáceres Leal, finalmente se realizó el 26 de octubre de 2004. El senador documentó varios casos, entre ellos el relacionado con la administración de varias empresas en la costa Atlántica, otorgada por Plazas Vega a su amiga Lilia Beatriz Sánchez, hija de un oficial retirado; y también el del sargento (r) del ejército Jorge Alberto Monroy, quien renunció al cargo que tenía en la DNE para convertirse en administrador de cerca de 450 bienes incautados. El caos en la entidad era tal que luego del debate la revista Semana acertadamente tituló a finales de octubre “La feria de estupefacientes”[2]. Según ese medio, el delegado de la Contraloría calificó el desempeño de Plazas Vega de deficiente y el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó que “el presidente Uribe se equivocó con Plazas; esta es la hora en que debía estar destituido”. Pero no, sin pena ni gloria, el señor coronel renunció días después del debate.

Tras la dimisión de Plazas Vega, en noviembre de 2004, fue nombrado Juan Carlos Vives Menotti (febrero 2005- julio 2006), cuestionado por tener un medio hermano, Patricio Vives Baquero, condenado en Estados Unidos por narcotráfico; además, porque su prima Ana Elisa Vives, era la esposa de Rafael Abello “El Mono Abello” extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico en 1989. Y también porque a través de una fiducia le otorgó un préstamo de 25 mil 800 millones de pesos al Grupo Nule para financiar la doble calzada Bogotá-Girardot.

El siguiente elegido por Uribe Vélez, para dirigir la “feria” fue Carlos Albornoz Guerrero (2006-2009), quien enfrenta procesos relacionados con al menos tres casos: uno de ellos, la venta de un predio rural en Cota (Cundinamarca) cuyo avalúo ronda los 3.500 millones de pesos y fue “vendido”, a precio de feria, en la módica suma de 1.200 millones de pesos. La Fiscalía le imputó cargos por prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, fraude procesal, concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros y obtención de documento público falso. Además y de acuerdo con las evidencias y el testimonio de exfuncionarios de la entidad Juan Carlos Andrade y Helia Marcela Niño, dejó la administración de cuantiosos bienes en manos de personas allegadas o cercanas a 13 congresistas y excongresistas: Luis Humberto Gómez Gallo[3] (fallecido), Javier Cáceres Leal[4], Hernán Andrade, Lucero Cortés Méndez[5], Myriam Alicia Paredes Aguirre[6], Carlos Eduardo Enríquez Maya[7], Óscar Fernando Bravo Realpe[8], Miguel Pinedo Vidal[9], Enrique Rafael Caballero Aduén[10], Omar Yepes Alzate, Cristóbal Rufino Córdoba Mosquera, Héctor José Ospina Avilés[11] y Álvaro Antonio Ashton Giraldo[12].

Albornoz Guerrero estaba “detenido” desde septiembre de 2013 en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) y el pasado 2 de agosto recobró su libertad por haber operado el extraño fenómeno de la impunidad, en lenguaje técnico por “vencimiento de términos”.

Omar Adolfo Figueroa Reyes, vinculado a la entidad en 2003 como profesional universitario, pasó por la Secretaría General (2006), fue asesor del Despacho del Director (2007), Subdirector de Bienes (2008) y Director (septiembre 2009-septiembre 2010). Y ahí fue la debacle. Adolfo Figueroa Abella[13], exalcalde de Sogamoso y padre de Figueroa Reyes, ofrecía en arrendamiento a nombre de su hijo, bienes del narcotráfico administrados por la DNE, a precios insignificantes pero por fuera del negocio oficial cobraba millonarias sumas.

Cercado por las pruebas en su contra, detenido desde febrero de 2012 en la cárcel La Picota –no en el Cespo-, decidió colaborar con la justicia al amparo del principio de oportunidad, con el compromiso de entregar toda la información relacionada con el entramado que permitió que los bienes de la mafia terminaran en una vergonzosa piñata; para tal fin entregó un listado detallado de 29 personas, poderes, documentos notariales, nombres de predios, precios, áreas, intermediarios, etc. Y Figueroa Reyes debe conocer muchos secretos de la DNE desde que su paisano el coronel Plazas Vega lo vinculó en 2003.

En junio de 2016 un juez de garantías aceptó el principio de oportunidad suscrito entre Figueroa Reyes y la Fiscalía, con lo cual cesa la persecución penal por los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal y se convierte en testigo de la Fiscalía en las otras investigaciones que se adelantan por los casos de corrupción en la DNE, entre ellas las que involucran a congresistas y excongresistas.

El pasado 26 de julio se ordenó su libertad inmediata, igualmente por vencimiento de términos, es decir por inoperancia de la justicia. Que la administración de justicia sea ineficiente a la hora de investigar, acusar y sancionar esta clase de delitos, significa que algo anda mal en el sistema penal acusatorio, cuyas bondades aún están por verse. Sin mayores resultados, ha convertido a la justicia en un espectáculo mediático y en un grotesco juego de ofrecimientos y demandas en el cual la justicia es la mercancía; y la señal que se envía a la sociedad es que se puede delinquir y después se “mercadea” con la Justica. Fue el “negocio” que hizo Figueroa Reyes. Y aquí cabe preguntarnos, ¿cuál es la razón para que los jueces dejen vencer los términos?

El anterior panorama podría llevarnos a pensar que en Colombia no hay justicia, o que la justicia es selectiva y solo cobija a “los de ruana”. Pero no. En Colombia sí hay justicia, pronta y cumplida, ¡justicia ejemplar!: el pasado 2 de agosto, en el municipio tolimense de El Espinal, los hermanos Harold Felipe y Carlos Alfredo Castro Soto, de 21 y 24 años de edad, a quienes el juez les reconoció su condición de marginalidad, ignorancia y pobreza extrema, fueron condenados a 9 meses de prisión por el robo de una teja de zinc, ocurrido el 13 de julio.

NOTAS
[1] Condenado el 15 de abril de 2015 a 80 meses de prisión por cohecho.
[3] Condenado el 25 de mayo de 2011 a 9 años de prisión por vínculos con paramilitares.
[4] Condenado el 11 de abril de 2012 a 9 años de prisión por vínculos con paramilitares.
[5] Condenada el 23 de mayo de 2012 a 5 años de prisión por tráfico de influencias de servidor público.
[6] Su hermano Luis Gonzalo Paredes Aguirre aparece como Depositario Provisional en 4 Resoluciones de la DNE, que involucran más de 200 activos en San Andrés Isla y Valle del Cauca.
[7] Absuelto por parapolítica y por la investigación de la DNE.
[8] Úber Muñoz, uno de los depositarios de la DNE, visitó en 4 oportunidades al Representante a la Cámara entre el 30 de julio y 1 de diciembre de 2010.
[9] Condenado el 1 de febrero de 2012 a 9 años de prisión por vínculos con paramilitares.
[10] Condenado el 9 de marzo de 2011 a 67 meses y 15 días de prisión por vínculos con paramilitares.
[11] Condenado el 16 de diciembre de 2011 a  8 años de prisión por concusión (exigía dinero a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo para mantenerlos en sus cargos)
[12] Según testigos, Zaira Villamil Álvarez, depositaria del Hotel Chinauta Resort, decía que con esos bienes no se podían meter porque eran de ese Senador.
[13] Fue destituido en 1992 por casos de corrupción y en 1997, siendo director de la Electrificadora de Boyacá, detenido por peculado.