martes, septiembre 19, 2017

El crimen ambiental del 27 de septiembre de 1997 en Bogotá



Estado y empresarios de la basura contra el sur de la ciudad.

|Por: Frank Molano Camargo*/ Rebelión|

El sábado 27 de septiembre de 1997 un millón de toneladas, dispuestas en la sección II del Relleno Sanitario Doña Juana, se desplomó sobre el río Tunjuelo. Una nube de gases tóxicos y nauseabundos cubrió 300 barrios de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y San Cristóbal. En los días siguientes millones de moscas y cientos de miles de ratas ocuparon estos territorios. Irritaciones en los ojos, afecciones respiratorias, brotes en la piel fueron síntomas comunes en los habitantes del sur de Bogotá. También el ecosistema fue profundamente afectado. Este episodio es considerado el más grande desastre ambiental en la historia del manejo de basuras en la historia reciente a nivel mundial.

Lo que quiero plantear en este breve texto es mi análisis de porqué el desastre socioambiental del 27 de septiembre de 1997 fue un crimen ambiental cuyos responsables fueron varios actores: Los alcaldes entre 1988 y 1997, empezando por Andrés Pastrana quien inauguró en 1998 el RSDJ. Los funcionarios de responsabilidad en la Empresa Distrital de Servicios Públicos, EDIS (1988-1994) y de la Unidad Especial de Servicios Públicos, UESP (1994-1997, hoy UAESP), de la Corporación Autónoma Regional, CAR. Los ingenieros sanitarios a cargo del diseño y la operación y control del relleno, y las empresas multinacionales a quienes el Distrito concesionó el manejo del RSDJ.

Para esto voy a responder las siguientes preguntas que servirán como guía de exposición.

Primero. ¿Por qué un relleno sanitario en el Sur de Bogotá?

La década de 1980 fue para Bogotá de permanentes emergencias sanitarias debido al manejo de basuras. Basuras sin recoger en las calles de la ciudad y mal gestionadas en las dos grandes operaciones construidas para disponer las basuras y contener las inundaciones del río Bogotá, me refiero a los basureros de El Cortijo en el noroccidente de la ciudad y Gibraltar en las localidad de Kennedy.

Para buscar una solución la CAR contrató en 1986 al consorcio colombo-americano INGESAM LTDA-Universal Research Scientific, INGESAM-URS para estudiar sitios adecuados en los que disponer las basuras. En 1986 este consorcio entregó el estudio. De los 150 sitios previstos seleccionó tres como los mejores, uno en el norte, en el barrio El Codito, otro en el sur, cerca al denominado cerro de Doña Juana y otro en Soacha, en los predios de Alicachín. También se planteó que en la ciudad se debían construir Plantas de Transferencia, emplazamientos en los que se hiciera una selección de basuras para solo llevar al RSDJ residuos orgánicos y restos hospitalarios previamente incinerados. El predio del norte fue descartado por el Distrito y la CAR, ya que se pensó que su sola mención ofendería a los encopetados, aunque distantes del barrio popular El Codito, habitantes quienes rechazarían cualquier proyecto de poner basuras cerca a sus residencias. El de Alicachín fue descartado debido a la distancia y a los mayores gastos de combustible para el transporte de desechos. Así que se escogió el sur.

Adicionalmente, la justificación del estudio de Ingesam-URS según el documento titulado “Relleno Sanitario Doña Juana. Estudio de impacto ambiental. Proyecto sobre la disposición final de las basuras de Bogotá y de algunos municipios vecinos”, planteaba que el predio del sur era un paisaje urbano antrópicamente deteriorado, deshabitado y con una tendencia a su completa destrucción. De ahí que una solución para su recuperación ecológica era el relleno sanitario, que luego de 13 años se convertiría en un bosque y zona verde conectada con otros parques de la ciudad. La única salvación para este paisaje enfermo era un relleno sanitario que con el paso de los años, lo curara y convirtiera en un frondoso bosque urbano. De hecho, así fue inaugurado por el alcalde Pastrana en 1988, como el Parque Serafín, pulmón verde del sur. También se argumentó que además de una zona en camino a convertirse en desierto urbano contaminado, era un punto que ofrecía acceso de vías principales ya que se había iniciado la prolongación de la Avenida Boyacá. Debido a que los dueños del predio incrementaron su costo, la EDIS compró otro terreno cercano y contrató con el ingeniero Héctor Collazos la adecuación de estudios, obviando muchas de las variables previamente analizadas.

En realidad, si bien había erosión antrópica previa, no era del todo una zona tan deteriorada. La quebrada Yerbabuena y otras aguas subterráneas eran componentes vivos que fueron depreciados por los técnicos. Los nacientes barrios informales, por no estar legalizados, fueron igualmente invisibilizados. La comunidad campesina y sus actividades agrícolas y ganaderas de los Mochuelos tampoco fueron visibilizadas como actores sociales y productivos del paisaje.

Así el RSDJ empezó a funcionar como una obra técnica que mejoría y recuperaría ambientalmente el paisaje del sur de la ciudad. Este nuevo paisaje sería diferente a las anteriores experiencias de relleno sanitario. Se prohibía la presencia de los habitantes recuperadores, toda la basura se enterraría técnicamente, tan buena sería la operación, que la sola presencia de un roedor, una mosca o un leve mal olor, prendería las alarmas para corregir el desperfecto.

Segundo. ¿Tuvo un manejo irresponsable por parte de todas las entidades la operación en el RSDJ entre 1988 y 1997?

Encuentro dos periodos en el manejo del RSDJ. El primero entre 1988 y 1994, bajo la administración de la Empresa Distrital de Servicios Públicos, EDIS, a cargo de la Sección I del Relleno, asesorada por Héctor Collazos. El segundo, entre 1994 y 1997, a cargo del monopolio español Prosantana S.A. una firma contratista de varios proyectos en Bogotá, por ejemplo la construcción de la urbanización Puerta del Sol en Suba.

El primer periodo se inició sin cumplir los requisitos planteados por Ingesam-URS. La Planta de Transferencia de Protecho (hoy biblioteca El Tintal) nunca entró en funcionamiento. Así toda la basura se empezó a acumular sin ninguna separación previa. La fiebre enterradora fue gigantesca. Tengo algunas de las cartas de solicitud y autorizaciones de enterramientos de todo tipo de basuras que encontré en el Fondo Edis del Archivo de Bogotá. Una muestra para ilustrar.
Carta del Ingeniero Héctor Collazos a Marco A. Gómez, Jefe Departamento Disposición Final a la Industria química Schering del 27 de febrero de 1992:

“Los 180 kg de base de crema contienen Sorbitan estearato de Polietilenglicol y, Cetillestearilalchool, compuestos altamente irritantes y combustibles. También aceite mineral Viscoso y Petrolato Blanco que son combustibles. Para los productos descritos anteriormente se recomienda disolverlos o mezclarlos con un solvente combustible e incinerarlos en un incinerador químico equipado con postquemador y lavador.

Dada la cantidad tan pequeña de 180 kilogramos, conceptúo que se pueden recibir en el Relleno Sanitario Doña Juana; sin embargo por ser irritantes se deben colocar en la parte inferior de la celda diaria de trabajo y taparlos inmediatamente con 20 centímetros de arcilla utilizada en el Relleno Sanitario como material de cobertura”.

Carta de Carlos A. Vargas, Contralor General de Laboratorios Chalver de Colombia Ltda., a Marilú Enciso, Jefe Departamento Relleno Sanitario, de Febrero 3 de 1993.

“Muy respetuosamente coloco a su consideración la presente solicitud, en el sentido de que nos sea concedido el permiso permanente para botar en el relleno sanitario Doña Juana, los residuos y desechos que se generan periódicamente en nuestra producción, los cuales corresponden a medicamentos para uso humano y veterinario”.

Carta de Alfredo Sánchez Vargas, Subgerente Industrial del Banco de la República a Sonia Rodríguez, Jefe de Planeación de la Edis, el 23 de agosto de 1993

“Comedidamente solicitamos su colaboración para que nos indique si nos es posible enterrar en algún sitio destinado para relleno sanitario, tintas que ya no usamos. Requerimos un volumen aproximado de 60 metros cúbicos, de tal manera que podamos rociar cemento o algún otro material que impida que alguien las saque”.

Igualmente, están las cartas de advertencia sobre el mal manejo dado desde sus inicios al RSDJ

Carta de la Abogada Gloria Lucia Álvarez Pinzón, de la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios a Álvaro Barrera Rueda, Gerente de la Edis el 8 de marzo de 1993.

“Esta Procuraduría se encuentra inmensamente preocupada por los problemas que se están ocasionado en razón al alto porcentaje de lixiviados producidos en el relleno Sanitario Doña Juana que están siendo vertidos a las aguas del río Tunjuelito (Nota propia: el desconocimiento del sur lleva a que funcionarios e investigadores mencionen erróneamente el nombre del río. Es TUNJUELO no Tunjuelito), en detrimento del recurso hídrico de que se abastecen numerosas personas y cultivos en la Sabana de Bogotá”.

Resulta igualmente ilustrativo el informe de Luis Alfonso Sánchez Parra, Jefe del Departamento Disposición Final a Sonia Rodríguez Uribe. Jefe Oficina de Planeación de la EDIS del 28 de diciembre de 1993.

“El inadecuado manejo de los residuos sólidos, particularmente durante el periodo comprendido entre 1988 y 1991, ocasionó una serie de problemas técnicos y ambientales, entre los cuales se enumeran:

1. La contaminación de las corrientes hídricas superficiales, como el río Tunjuelito, las quebradas Yerbabuena y el Botello, por la descarga de sustancias producidas por la degradación de las basuras (lixiviados).

2. La contaminación de las aguas subterráneas localizadas en la formación geológica Bogotá y de incidencia en toda la Sabana de Santafé de Bogotá.

3. La emisión de gases, tales como dióxido de carbono, el metano y el ácido sulfúrico, generados por la metanogénesis”.

La respuesta de la Alcaldía a cargo de Jaime Castro y del Concejo Distrital fue privatizar completamente el servicio de barrido, recolección y disposición final. La privatización la había iniciado Pastrana que entregó parte del barrido a dos consorcios privados, Limpieza Metropolitana LIME (de Argentina) y Aseo Capital (de la familia Ríos Velilla) a los que el Distrito pagaba entonces $12.500 por cada tonelada de basura que llevaran a Doña Juana.

Tercero. ¿Por qué se puede considerar un crimen ambiental perpetuado por el Estado y el modelo neoliberal?

En 1994 el alcalde Jaime Castro privatizó todo el servicio de aseo de la ciudad. Barrido y recolección se entregaron a cuatro empresas privadas. A Lime y Aseo Capital se sumaron Aseo Total de Oscar Salazar y Corpoaseo, una empresa cooperativa surgida luego del paro cívico en Ciudad Bolívar en 1993. Tras la liquidación de la EDIS el RSDJ fue entregado en concesión a la multinacional española Prosantana S.A. para que operara la Sección II. Se esperaba que la privatización mantuviera impecable a la ciudad, ahorrara recursos presupuestales y diera a la disposición final un manejo técnico superior al que había hecho la Edis en la sección I.

Entre 1994 y 1997 llegaron al RSDJ 5 mil toneladas más de basuras. Se incrementó la producción de lixiviados y gases. El control distrital sobre los residuos que llegaron y el manejo del RSDJ fue más laxo, lo cual permitió que ninguna de las observaciones sobre manejo técnico se cumpliera. Basura de todo tipo fue amontonada. Para ahorrarse costos, Prosantana, en lugar de tratar separadamente los lixiviados, los reinyectó en las celdas de basura, produciendo fisuras y agrietamientos. Adicionalmente la presencia del plástico en botellas y bolsas de basura que ya para 1997 ya correspondía al 20% del peso de la basura depositada, impidieron el flujo de lixiviados y taponaron su salida. Estos materiales no eran triturados, así que la reinyección de lixiviados no permeó las basuras sino como lo demostraron varios estudios, se formaron dentro de la montaña de basura de la sección II lagunas de lixiviados que la hicieron peligrosamente más inestable.

El mentado modelo de eficiencia privatizador colapsó la tarde del sábado 27 de septiembre de 1997. El ahorro soñado no fue tal. El Distrito tuvo que invertir 28.000 millones de pesos adicionales por concepto de atención de emergencia en salud a la población cercana al relleno, fumigaciones y estudios técnicos y ambientales. La reubicación y reacomodación de la basura que taponó el río Tunjuelo costó otros 21.000 millones. A más del multimillonario pago por indemnización que el Distrito deberá hacer a los más de 300 mil afectados, por el desastre, dineros que aún se adeudan.

Cuarto. ¿Este crimen ambiental mejoró el manejo técnico del RSDJ?

Después del desastre del 27 de septiembre se canceló el contrato con Prosantana S.A. que sin embargo siguió siendo contratista del distrito en otros proyectos de construcción de infraestructura, sin que tuviera que asumir ningún peso por el crimen ambiental que produjo. Los nuevos consorcios privados e internacionales que desde entonces han operado el RSDJ, no resolvieron sino que debido a la persistencia del mal manejo de basuras que día a día aumentan en la ciudad, incrementaron la presencia de moscas, ratas, malos olores por emisión de gases que desde entonces hacen parte de un paisaje cada vez más malsano. Diversos diagnósticos de salud realizados por ONG y hospitales indican que el deterioro de la calidad del agua, del aire y del suelo afecta la salud de las personas, de los animales y de las plantas en las zonas adyacentes el RSDJ y se convierte en una tendencia peligrosamente creciente. Enfermar la población y el territorio parecería ser una táctica intencional para expulsar la población y expandir el RSDJ.

Recientemente los habitantes del sur de Bogotá bloquearon el acceso de camiones de basura y reiteraron su exigencia de cierre inmediato del RSDJ. Según la CAR es evidente el mal manejo dado a esta operación por parte del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos, CGR, Doña Juana S.A. E.S.P. y su socio el Banco de Occidente, quienes con el aval de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, operan el RSDJ desde el año 2010. GCR está integrada por las firmas Estre (Brasil), Genivar Ltd. Partnership (Canadá), el Grupo Roca y USA Global Market (Colombia).

Ante la crisis de este año el consorcio GCR fue multado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), por $1.060'837.046 por el mal manejo dado al manejo de residuos en el RSDJ.

Hoy la basura bogotana y colombiana, en sus cuatro operaciones: barrido, recolección, disposición final y aprovechamiento (reciclaje) es controlado por poderosas firmas privadas, contratistas del Estado y que para monopolizar el negocio no han vacilado en asociarse a burócratas y “familias de bien” que manejan negocios de infraestructura, así como a grupos ilegales mafiosos con los que acceden al manejo de los contratos y recursos del Estado.

Quinto. ¿Es el relleno sanitario la alternativa para el manejo de las basuras urbanas?

El Relleno Sanitario Doña Juana, RSDJ, abierto en 1988 en el sur de Bogotá tiene hoy acumuladas cerca de 60 mil toneladas de basuras provenientes de la capital, Soacha, Fosca, Une, Chipaque, Gutiérrez, Cáqueza, Ubaque, Choachí. Estas basuras se distribuyen en 8 zonas que van gradualmente ocupando más territorio. En 1996 ocupaba 115 has. con 11 millones de toneladas, en 2007 138 has. con 32 millones de toneladas, en 2013, 228 has. El alcalde Peñalosa planteó recientemente que otras 340 has. De Mochuelo Alto, región productora de alimentos, deben ser apropiadas para mantener este relleno vigente hasta el año 2070.

Pero el problema no solo es Bogotá. Colombia produce aproximadamente 12 millones de toneladas de basuras anualmente y solo recicla el 17%. Todos los Rellenos Sanitarios del país están a punto de colapsar y su manejo no deja un buen balance. Un estudio del Banco Mundial y Planeación Nacional de 2015 indicó que,

“…si se continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de ciudades del país y una alta generación de emisiones de gases de efecto invernadero”.

El relleno, o como dicen los habitantes del sur, el basurero Doña Juana, en su diseño original estuvo programada para ser clausurado en el año 2002. Se hizo una prórroga hasta el año 2022 y ahora el alcalde Peñalosa quiere expandir su funcionamiento hasta 2070. El sur de Bogotá está apunto de un nuevo paro cívico, del que el cierre del basurero y el cambio de modelo de gestión de basura, son solo un aspecto de las exigencias ciudadanas ante la gigantesca deuda ambiental y social y los crímenes ambientales realizados por el Estado en complicidad con los empresarios en el sur histórico de la ciudad. Otro sistema de gestión de la basura, otra economía, otro modelo de ciudad y otra actitud ciudadana hacia las basuras es urgente.

(*) Frank Molano Camargo. Docente Titular Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estudiante del doctorado en Historia de la Universidad de Los Andes.