lunes, septiembre 25, 2017

Paramilitares y Frontino Gold Mines, aliados en el oro de Segovia



El verdugo

El 19 de julio de 2013 se dio la entrega voluntaria del jefe de sicarios la banda criminal Los Rastrojos, Janier Adrián Villada Serna, conocido con el alias de Alfonso, quien delinquía en Segovia, en el nordeste de Antioquia, una región minera por tradición ancestral. Le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes, y un juez lo envió a prisión.

Los 49 homicidios ordenados por Alfonso se cometieron —de acuerdo con su confesión— entre septiembre de 2011 y abril de 2013, algunos personalmente y otros por los hombres bajo su mando. Entre las víctimas figuran conductores, prostitutas, sindicalistas y mineros que se negaron a vender sus yacimientos a la organización. En octubre de 2014 un fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado le imputó cargos por esos 49 homicidios reconocidos.

Con 28 años de edad, en ese momento, alias Alfonso se mostró arrepentido por los delitos que cometió y así se lo hizo saber al periodista Gerardo Reyes, de la cadena Univisión, quien lo entrevistó en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. En la investigación A sangre y fuego el crimen organizado convierte la minería ilegal en una fuente de ingresos tan importante como la droga a lo largo de América Latina, el sicario reconoce cómo efectuó el homicidio de dos mineros, Jaminson Amaya y Nelson Cadavid, antiguos sindicalistas de la extinta empresa Frontino Gold Mines, en Segovia.


Los mineros Amaya y Cadavid fueron asesinados el 27 de julio de 2012, cuando se dirigían a la alcaldía de Segovia a formalizar la solución del problema laboral con la empresa ROC S. A. S., luego de haber participado en una protesta laboral en una mina de la empresa Gran Colombia Gold.

Alfonso, al ser indagado por el periodista Reyes sobre quién habría ordenado esos asesinatos, respondió: «unos contratistas que fueron los que hablaron con los jefes de nosotros para que los sacaran del camino». Al parecer, el jefe del sicario sería Jairo Hugo Escobar, el Zar. Se sospecha que la empresa les daba una mensualidad.

La cercanía entre las empresas Frontino Gold Mines, Zandor Capital y el Grupo Damasa, además de varios de sus operadores, de acuerdo con algunas fuentes y archivos periodísticos, fue primero con grupos al margen de la ley, como las AUC, y luego con las bandas criminales, como Los Rastrojos o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), poniendo en situación de indefensión y riesgo a mineros y sindicalistas, tanto de la extinta Frontino, como de las actuales empresas.

Macaco visita la Frontino Gold

Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco o Javier Montañez, imagen tomada de www.semana.com 

La tradición oral, en muchas ocasiones, es la mejor prueba de la historia política y delincuencial de nuestro país, máxime cuando los medios han callado durante años en cuanto a la relación entre el empresariado y la criminalidad. Existen excepciones, como libros de historia que circulan en los pueblos, recogiendo la versión de personas que, aunque no son historiadores, hacen una tarea de historiografía que devela lo que la otra Colombia ha padecido con la violencia.

En 2014 fue publicado el libro Precioso robo: violencia, corrupción, incultura y desasosiego, escrito por Dairo Alonso López López. Este cuenta la visita que hizo Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, en 2005, a las instalaciones de la Frontino Gold Mines:

Un día de noviembre de 2005 a eso de las nueve horas, llegaron tres camionetas a la flecha o punto de entrada a las instalaciones de la mina Providencia. Se bajó una mujer armada con un fusil de asalto y le dijo al vigilante de turno Ramón Eduardo Uribe Berrío: «Necesito que nos abra la puerta, nosotros vamos a comprar esto».

Luego se bajó un hombre de las autodefensas a quien Tobón reconoció como «Macaco»; este le dijo: «Necesito que me permita entrar a la mina Providencia a mirar qué es lo que voy a comprar». Tobón, apodado «el Soldadito», le respondió: «Aquí no hay autorización para su ingreso». Otro de los hombres le dijo a Tobón: «¿Usted no sabe quién es el que le  habla?». Tobón le respondió: «Lo reconozco, pero si no trae autorización no puede ingresar, a mí me tienen prohibido permitir el ingreso a cualquier persona y aquí no ha llegado orden alguna de dejar entrar a alguien». Llamó a sus jefes en presencia del grupo de uniformados de negro y armados, y estos le descargaron la responsabilidad de decidir si los dejaba pasar o no, decidió que no los podía dejar entrar.

Según Tobón, Macaco se comunicó con el señor Antonio López, asesor de paz para la liquidación de la Frontino, para que éste le autorizara el ingreso, pero al parecer no lo hizo, porque la orden que Macaco le impartió a su personal fue abordar los vehículos para ir a otro sitio de la empresa.

Efectivamente, se desplazaron a la zona industrial en La Salada. Dieron la vuelta por Doña Ana, paraje que queda por el campamento o caserío de la empresa llamado El Manzanillo.  Llegaron guiados por «Lele», visitaron Mariadama y luego, al mediodía, estaban ubicados en la entrada de la mina El Silencio […].

[…] los miembros del Ejército encargados de vigilar la zona de beneficio [llamada] Mariadama, fueron desplazados al batallón en el alto de La Salada, por orden que recibieron de sus superiores. También, comenta que la Policía, que se encontraba en el perímetro de Mariadama, no se inmutó por la presencia del grupo armado, [sino] que se hicieron los de la vista gorda.

El oro criminal

Imagen tomada de W Radio

Varios personajes, vinculados con la criminalidad, han tenido incidencia en la minería de Segovia y Remedios. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, comandante del Bloque Central Bolívar, con incidencia en el Bajo Cauca y Nordeste, hizo presencia en Segovia y tuvo relación con directivos de la Frontino Gold. Uno de sus testaferros, Jairo Hugo Escobar Cataño, alias el Zar del Oro, financió a Los Rastrojos. En 2012, El Espectador denunciaba sobre Escobar Cataño: «Hablar de Jairo Hugo en esta región es ponerse una bala en la cabeza, pues él puede comprar a las autoridades»; y, citando a un ciudadano: «Pones una denuncia y a las 24 horas ya estás muerto».

Óscar Mauricio Galvis Agudelo, alias Pantera, quien sería el segundo de Maximiliano Bonilla Orozco, alias Valenciano, fue socio hasta 2009 de una mina en Remedios, tomada en arriendo, pagando por ellos 1.200 millones de pesos mensuales [El Colombiano: El Dorado de las bandas criminales].

Luis Ariolfo Cortés Pérez, alias Piedra, con Toño Marrano y Pantera explotaban un contrato de contrato de asociación de la mina Providencia, que extraía una parte directamente la Frontino Gold Mines, con 500 trabajadores, y otra el asociado, con 300 hombres a su servicio, los cuales serían paramilitares.

El vicepresidente bandido
 
Cayó el empresario minero que financiaba al ‘Clan Úsuga’, imagen tomada de www.semana.com

La relación de la Frontino Gold Mines con la criminalidad, ha sido tan profunda, que uno de sus directivos, Eduardo Otoya Rojas, alias el Doctor, quien más tarde sería vicepresidente de asuntos corporativos de la Continental Gold en Buriticá, fue capturado por financiar a los Gaitanistas y de tener relación con la Oficina de Envigado.

Entre alias Piedra y Otoya Rojas —gerente liquidador de la Frontino—, habrían saqueado las minas de la multinacional. Otoya también habría sido socio de un testaferro de alias Don Berna, aliado del Bloque Central Bolívar y financiador de Los Rastrojos, en Segovia.

Incluso hubo un rumor, que circuló en 2008, pero no fue confirmado, que hablaba de la posible compra de testaferros del paramilitar Macaco de la Frontino Gold. La banda de alias el Doctor, como reveló Caracol Radio, se llamaría Héroes de Occidente, dedicada a extorsionar y extraer oro ilegalmente en Segovia y Buriticá.

Años después, en Segovia y Remedios, los mineros de la Frontino Gold Mines están a la espera de recibir el pago por los años laborados. Ni la Superintendencia de Sociedades ni el liquidador de la empresa Frontino responden. Los trabajadores tienen fallos del Tribunal Superior de Medellín, el Consejo de Estado y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en donde les reconocen sus derechos. Todos callan. Esta será otra historia para contar.