lunes, octubre 02, 2017

Carta de un preso político para el público


Buenos días a todos los compañeros y compañeras, a los prisioneros políticos, a los delegados y delegadas del Ejército de Liberación Nacional para la mesa en Quito y a todos los que me leen en este momento.

Mi nombre es José Mora, soy prisionero político del Ejército de Liberación Nacional y el día de hoy les hablare en nombre de las personas que nos encontramos recluidos en la cárcel de Jamundí, Valle.

Empecemos.

En Colombia existen 147 prisiones con capacidad para 80.000 presos, en donde, según informe del INPEC a 31 de agosto de 2017, se encuentran recluidos 117.000 hombres y mujeres, generando así un hacinamiento que alcanza el 48%. Entre las cárceles más afectadas se encuentran:

-Bucaramanga con un 88% de hacinamiento
-Palmira con el 94%
-Manizales con el 132%
-Barranquilla con el 150%
-Pasto con más del 162%
-Cali con 165%
-Itagüí  225%
-Santa Marta con 368%

Y la Cárcel de Valledupar, la cual cuenta con una capacidad para 256 personas y sin embargo se encuentran recluidos más de 1.050 internos, es decir que el hacinamiento supera el 310%.

Sin embargo es importante aclarar, que estos datos del INPEC están distorsionados, por cuanto omiten otras variables, como son personas en centros de reclusión transitorios como URI y estaciones de policía, pabellones no habilitados, espacio vital, es decir el INPEC mide el hacinamiento en razón de cupos disponibles (literas o camas) versus número de internos. En la celda nos acomodamos, aún cuando se resalta que muchos compañeros duermen en el piso, en los pasillos, en condiciones indignas, pero aun así el problema real inicia cuando nos tenemos que reunir en los espacios comunes, por ejemplo los patios. Según datos del equipo Jurídico Pueblos, el índice de hacinamiento podría superar el 70%.

Debido a las múltiples solicitudes y tutelas, tanto de organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos, como de los mismos presos, la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado en varias ocasiones, mediante sentencias como la T-153 de 1998, T-388 de 2013 y T-762 de 2015, las cuales han declarado y ratificado el Estado de Cosa Inconstitucional. Lo que se podría explicar cómo que en los centros Carcelarios y Penitenciarios se viola de manera sistemática los derechos fundamentales de los hombres y mujeres que los habitan.

El informe generado por la comisión de seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015, con fecha 9 de diciembre de 2016, resalta que:

1.         El derecho a la salud de las personas privadas de la libertad se ve afectado por la falta de provisión de agua potable, los problemas de infraestructura y las dificultades asociadas al derecho a la alimentación.

2. Respecto del derecho a la alimentación, hay serios problemas en la preparación de los alimentos; con frecuencia se entregan crudos, descompuestos o de mala calidad. Además, el proceso de almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos no cumple con las normas sanitarias.

3. Las condiciones en que subsisten las personas privadas de la libertad en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios son contrarias a la dignidad humana, al mínimo vital, a la salud, a la integridad personal, a la intimidad y a la resocialización de las personas privadas de la libertad.

Finalmente, el informe  concluye que "no existen medidas administrativas que generen un impacto positivo e inmediato en la satisfacción de los derechos de los internos e internas del país". Así mismo el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en el mes de marzo del presente año (2017), en diferentes pronunciamientos manifestó la obligación de dignificar, respetar y garantizar los derechos de la población que paga sus deudas con la sociedad haciendo necesario humanizar los centros penitenciarios y carcelarios como uno de los grandes retos de las sociedad Colombiana.

A pesar de todos estos pronunciamientos, por parte de entidades y corporaciones estatales y de los esfuerzos de organizaciones sociales y especialmente del Movimiento Nacional Carcelario, el Estado de Cosa Inconstitucional, continua vigente y pocas son las medidas tomadas por los organismos administrativos como lo son el INPEC, la USPEC  y el Ministerio de Justicia, para dar solución a la problemática. Pero más allá de visibilizar la gravísima problemática carcelaria, lo realmente importante es encontrar una solución pronta y eficaz. Cabe resaltar, que no solamente los prisioneros políticos, y específicamente los miembros del Ejército de liberación Nacional, nos vemos violentados nuestros derechos fundamentales, sino que, comparten con nosotros esta situación los presos sociales.

Y dada la vocación de paz que ha caracterizado la organización a la cual pertenecemos y sujetos al principio de participación de la sociedad, con el cual se está llevando a cabo la mesa de diálogos en la ciudad de Quito, Ecuador, considero que las soluciones que podamos encontrar, no solo deben satisfacernos a nosotros como elenos, sino también a la demás población carcelaria, que al igual que nosotros en su mayoría, son víctimas del sistema político y económico, provenientes de familias humildes y que se encuentran pagando su deuda con la sociedad, pero que son tan seres humanos, como nosotros y como quienes jamás han pisado un sitio de tortura, como lo son la cárceles en Colombia.

Dicho esto quiero reiterar en el pedido que desde meses atrás hemos venido haciendo, en busca de una rebaja de pena del 20% para toda la población carcelaria, que pudiera dar alivio a la situación de hacinamiento en las cárceles, como también a la reubicación familiar, no solo de nosotros los elenos, sino también de los demás internos e internas de las distintas cárceles, puesto que el alejamiento de la familia genera otras problemáticas, como son la destrucción de lazos familiares, hijos que crecen sin la figura de padre o madre, depresión tanto en los internos como en sus familiares, etc., situación que aleja al interno del objetivo fundamental de la privación de la libertad, que es la resocialización.

Finalizo haciendo énfasis en que si bien la rebaja de pena del 20% para toda la población carcelaria, como la reubicación familiar, puede mejorar las condiciones y abrir el camino para que los establecimientos penitenciarios y carcelarios pudieran salir del Estado de Cosa Inconstitucional, solamente con unas verdaderas transformaciones sociales, económicas y políticas se lograra reducir la población carcelaria. Puesto que la realidad es que la mayoría de hombres y mujeres privados de la libertad, son producto del sistema capitalista, segregador, que cohibió de oportunidades a quienes hoy tildan de delincuentes y de peligro para la sociedad y sin embargo no existe una política eficaz y eficiente de resocialización que evite la reincidencia, por el contrario al salir de estos centros, muchos se encuentran con una realidad más oscura y discriminante a la que dejaron, llevándolos nuevamente a la delincuencia.

La paz nunca será quitarnos los fusiles, ni mucho menos encerrarnos en estos centros de humillación, como muchos quisieran, la paz son cambios que aseguren igualdad y equidad de oportunidades, así tal vez lleguemos a cerrar centros carcelarios como sucede en Holanda.

Muchas Gracias.

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS