martes, octubre 17, 2017

En alerta comunidades del Catatumbo



| Por: Equipo Jurídico Pueblos |

El paro avanza. El día de hoy tuvo inicio con la reunión programada entre el gobernador de Santander, varios funcionarios de su gobierno, alcaldes y personeros municipales del Catatumbo y voceros de las comunidades movilizadas; haciendo presencia también, en condición de garantes la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Senador campesino Alberto Castilla, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia - REDHER, la Asociación MINGA y el Equipo Jurídico Pueblos - EJP.

En horas de la mañana se acordaron las reglas del juego de lo que será la Mesa social y comunitaria por la vida digna del Catatumbo, en el marco de la cual se daría solución a las problemáticas diversas planteadas por las comunidades, sobre las que se presentó un pliego único de peticiones.

Pese al buen desarrollo de la reunión, el ambiente no parece propicio para el diálogo. En desarrollo de la misma se dio a conocer información preocupante que pone sobre alerta a las comunidades:

El Personero municipal de san Calixto JOSE LUIS PINZÓN manifestó que los medios de comunicación lo han llamado a preguntarle si es cierto que grupos al margen de la ley estaban presionando campesinos a movilizarse. La difamación parece tener origen público en el twitter del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, - cuestionado por sus vínculos por el paramilitarismo y otros crímenes contra la humanidad-, en el que señala: “Regreso al pasado: “porq guerrilleros disfrazados de campesinos se tomaron la vía Ocaña-Cúcuta y sin Estado nos toca decidir no viajar”.

Por su parte, el Ministro de Defensa envió un ultimátum a las comunidades, a través del Gobernador del Norte de Santander, en el sentido que los campesinos deben garantizar el derecho a la libre locomoción. Mensaje tras el cual se puede leer el próximo envío de lo que el presidente Juan Manuel Santos considera “la principal fuerza del posconflicto”, esto es, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, muchas veces denunciado por cometer asesinato y tortura contra quienes ejercen el derecho a la protesta social en Colombia.

La respuesta de Santos y Uribe a las acciones de movilización de los sectores populares, son dos caras de una moneda. La violencia estructural, la brutalidad policial, la militarización y la estigmatización para acallar y/o deslegitimar las justas exigencias de comunidades, ha sido la histórica respuesta del Estado al Catatumbo, indistintamente del gobernante de turno.

Pero la realidad que viven y por la que reclaman los habitantes del Catatumbo; la diversidad de sectores que confluyen en el Paro, incluso afines varios de ellos al uribismo; el amplio pliego de peticiones -todas justas y básicas-, dan cuenta de un contexto que no admite ser estigmatizado: Un mensaje de la escasa voluntad de paz desde el Gobierno y otros sectores políticos y económicos en el poder.