viernes, octubre 27, 2017

Informe de Indepaz, Iepri-UN, Cinep/PPP, CCJ. Y siguen sumando muertos



| Por: José Hilario López Rincón / Sur |

Recientemente fue publicado el informe “Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017”, elaborado por el Instituto de Estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) – Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) a partir de los registros del CINEP, Indepaz y la CCJ.

El horizonte que muestra la investigación, de por sí, ya es crítico y desalentador, a pesar de que como se desprende del título, y así se acepta en el apartado “Aclaración y Justificación”, se trata de una aproximación al fenómeno estudiado, sin que se pretenda “dar cuenta de la totalidad de casos ni abarcar la totalidad de una realidad que seguramente excede a este informe en lo cualitativo y en lo cuantitativo”. En otras palabras, que la realidad de la totalidad supera ampliamente la interpretación de la aproximación.

Para la muestra del permanente y sistemático exterminio, entre el 17 y el 19 de octubre fueron asesinados los líderes sociales José Jair Cortés,  Eliécer Carvajal, Liliana Patricia Cataño Montoya, y Liliana Astrid Ramírez Martínez, en lugares tan distantes como Tumaco (Nariño), Puerto Guzmán (Putumayo), Medellín (Antioquia), y Coyaima (Tolima), respectivamente.

Para darle continuidad a la incesante maquinaria criminal y si aún existiere alguna duda, en la noche del martes 24 de octubre fue asesinado a balazos Aulio Isararama Forastero, actual gobernador indígena del resguardo Catru Dubaza Ancoso de la comunidad del Alto Baudó en el departamento del Chocó.

Los crímenes contra líderes sociales no constituyen un fenómeno de ahora, sino que ya se presentaba hace dos décadas, precisamente desde 1997, de donde se puede concluir que el Estado no ha tenido ni tiene la voluntad de combatir efectivamente el problema.

Se resalta así mismo que a pesar de las recomendaciones formuladas año tras año por Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las exigencias de la sociedad civil el fenómeno se “perpetúa y no se evidencian acciones estatales que lo remedien de manera eficaz” y tal vez ahí está el meollo del asunto. La inoperancia y la impunidad que propicia el Estado, cuando no su complicidad, contribuyen a que los victimarios actúen a sabiendas de que nada pasará.

El documento observa cómo, desde un panorama más general, “en el ámbito nacional el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos se configura ante la inacción histórica de un Estado que, en condiciones de conflicto armado –y como consecuencia incluso de iniciativas gubernamentales-, no tiene el monopolio de las armas; […] la eliminación física de seres humanos en Colombia se presenta mediada por una economía de muerte en medio de un sistema en el que todo se puede comprar y vender, en el que todo tiene precio, hasta la vida misma”.

Acerca de las violaciones al derecho a la vida el informe muestra que los sectores más afectados por los asesinatos son los líderes indígenas y los líderes campesinos; y desde el punto de vista de las organizaciones a las cuales pertenecían, encuentra que el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica es el más afectado con 21 atentados contra la vida de igual número de integrantes suyos.

Tal situación es crítica y debería concitar la acción de las instituciones correspondientes para investigar y prevenir tales crímenes; sin embargo, más grave es la evidencia, que encuentra el informe, acerca de la existencia de un patrón de agresiones que vienen de años atrás, aunada con la estigmatización por parte de algunos sectores políticos y funcionarios públicos y los montajes judiciales y el amedrentamiento contra sus actividades sociales y políticas. Es evidente el creciente ataque contra líderes locales y regionales, que pueden estar relacionados con su potencial papel dentro del proceso de implementación de los acuerdos de paz.

Sobra recordar que así empezó el genocidio en contra de la Unión Patriótica, no solo por las muertes selectivas, crecientes, sistemáticas, sino por la inercia del Estado colombiano, que luego se revelaría en su verdadera dimensión de instigación y complicidad.

Ilusamente se pensó y se piensa que la firma de acuerdos entre el gobierno colombiano y los grupos insurgentes, conduciría al desescalamiento de la violencia, a la reducción de índices de criminalidad en contra de sectores marginales y vulnerables. Pero no. La realidad continúa anegada en sangre, estigmatización y violaciones a los más elementales derechos.

Señalamientos estigmatizantes, y lo que es más grave y dañino, basados en informaciones falsas, tendenciosas o acomodadas, como acaba de ocurrir con el renegado candidato del corrupto partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien con base en un video publicado por el mismo movimiento político Centro Oriente de Colombia, en entrevista en Caracol afirmó que se trataba de la prueba de que decenas de cubanos estaban adiestrando a campesinos de Arauca para la toma del poder; cuando en realidad eran tres cubanos que particiban en un intercambio de organizaciones campesinas entre ellas el Coordinador Nacional Agrario, Fensuagro, el Congreso de los Pueblos y la Asociación Nacional de Campesinos José Antonio Galán que tiene sus orígenes en Saravena (Arauca); video que previamente una seguidora uribista había presentado en redes sociales como “Cuba asesora a Marcha Patriótica en estrategias campesino a campesino para “arraigar la revolución” y publicado además en el portal Vanguardia24 bajo el titular “Denuncian profundización del comunismo. Hay adoctrinamiento cubano en Colombia”.

El informe logra entrelazar cómo las violaciones de derechos humanos se han presentado en territorios en los cuales se desarrolla un proceso histórico de despojo de tierras de los pobladores empobrecidos y en el que se legaliza esta acumulación en manos de quienes más poseen.

Consigue identificar las principales causas de los asesinatos en los casos en que la motivación es claramente de carácter político: Defensa de territorios y oposición a proyectos extractivos o minero energéticos; ejercicio de la oposición política y de denuncias a autoridades locales; defensa de constitución de figuras de ordenamiento territorial que han sido estigmatizadas como las zonas de reserva campesina; liderar procesos de restitución de tierras.

La andanada de crímenes se presenta en el marco de “un fenómeno global de reconfiguración de los conceptos de Estado y de soberanía en el cual los Estados reducen sus responsabilidades de protección a sus ciudadanos pasando de ser Estados generadores de bienes públicos a ser Estados productores de bienes privados”.

Efectivamente, el tema de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana, dejaron de ser asuntos públicos para convertirse en negocio privado, curiosamente, casi en su totalidad, en manos de exmilitares y expolicias.

De la lectura de la investigación presentada por Indepaz, Iepri-UN, Cinep/PPP y CCJ se destaca igualmente que las organizaciones a las cuales pertenecían los líderes asesinados tienen en común que han estado vinculadas de una manera u otra al proceso de paz, de donde se puede concluir que los victimarios corresponden a sectores que se han declarado en contra de los resultados del proceso. Se afirma igualmente en el informe que los asesinatos corresponden al accionar de las elites regionales y locales para tratar de impedir la acción política y social de las organizaciones sociales, así como su participación en los consejos territoriales de planeación, aspectos que pueden afectar el monopolio del poder ejercido por décadas por las élites regionales y locales.

Otros aspectos a resaltar tienen que ver con el hecho de que en el 57,42% de los asesinatos se desconocen los autores de estos crímenes; que en los municipios más críticos en cuanto a violaciones de derechos humanos a líderes sociales y defensores se encuentran altamente militarizados y con estaciones de policía; que algunas divisiones y brigadas del ejército que registran más violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el territorio a su cargo coinciden con las que se han visto presuntamente comprometidas en más casos de ejecuciones extrajudiciales.

Punto importante de la investigación y que de tiempo atrás suscita controversia es el relacionado con la existencia actual de grupos paramilitares y la sistematicidad de los crímenes, que como se sabe, el gobierno niega obstinadamente.

Acorde con la investigación “diferentes informes y estudios reportan la existencia de estos grupos que ejercen control territorial, tienen una estructura de mando, utilizan lenguaje contrainsurgente, de apoyo a megaproyectos y multinacionales y a su modelo de progreso, son grupos que amenazan, asesinan, desaparecen y atentan contra la vida de grupos poblacionales concretos y claramente identificables. Portan uniformes y armas de uso privativo de las fuerzas armadas, pero también ejercen control territorial vestidos de civil y con armas cortas o, en ocasiones, con armas blancas”.

La investigación concluye que los “últimos informes aseguran que los narco paramilitares existen, que continúan operando en –al menos- 354 municipios, que retoman características de sus predecesores y que acentúan su papel como un complejo mafioso, parapolítico y narco paramilitar, con alianzas con el clientelismo, la contratación corrupta y los negocios relacionados con actos de violencia; que en algunas regiones continúan trabajando con el Ejército y que su expansión territorial se expresa mediante los sistemáticos ataques contra la población”.

La contundencia de la trágica realidad que persigue a los líderes y defensores de derechos humanos, exige trascender la retórica de los comunicados y las buenas intenciones.