lunes, octubre 02, 2017

La movilización en defensa de la educación en Boyacá



|Por: Luis David Albarracín / Con La Oreja Roja |

Para este semestre del año académico la administración de la Universidad Pedagógica y Tecnológica, forzada por un fallo del Tribunal Superior de Boyacá, tuvo que presentar una propuesta de nuevo sistema de cobro de matrículas el cual debía aplicar un estudio socioeconómico, con el fin de que se consultara la capacidad de pago de todos los estudiantes.

Sin embargo, dicha administración aprovechó esta oportunidad para apresurar su marcha hacia la privatización, esto es, la postulación de un mecanismo de determinación del valor de la matrícula de cada estudiante, basado en la combinación de un componente fijo y una serie de variables descontexutalizadas, las cuales llevarían a un incremento del precio que pagan la mayoría de los estudiantes a partir de 2018.

Como si fuera poco la reciente consolidación de su estrategia de desborde de oferta educativa mal planificada, una tercerización laboral y recorte de los beneficios académicos y de bienestar que gozan los estudiantes.

En virtud de la arrogancia de los órganos directivos de la universidad, hasta la semana pasada se presentaba como inevitable la aprobación de este nuevo dispositivo de cobro, idea de imposición apenas matizada con una mal llamada “socialización”, la cual siquiera se acercaba a unas reuniones de notificación, pues como es habitual, la última palabra la tiene el sacrosanto Consejo Superior de la Universidad.

En hora buena los estudiantes resolvieron una suerte de articulación momentánea para comenzar una cruzada para movilizar a toda la universidad y a los pobladores del departamento, con el fin de evitar que la UPTC no fuera reservada para las élites que tuviesen el dinero para entrar a sus aulas y de paso llevar al traste todo un entramado de relaciones económicas sostenidas entre pequeños tenderos, arrendadores, conductores de bus, gestores de cultura, y de más personas que viven alrededor de la vida estudiantil en el departamento.

El desarrollo de dichas movilizaciones nos recuerda que el activismo y la protesta social valen la pena, que la realidad que nos rodea puede ser cambiada colectivamente, arrebatándole espacio al mercado para construir una vida con educación accesible para los de ruana en un contexto de dignidad.

Desde Bogotá pude observar cómo la comunidad universitaria volvió a tomarse las calles para hacerlas un carnaval, ilusionando a propios y extraños con la idea de que el acceso a la educación superior no debe estar mediado por el dinero o el abolengo, tales protestas hicieron gala de poder popular, de la capacidad que tienen los ciudadanos de gobernar su destino y de la solidaridad que se puede despertar cuando la sociedad se comunica, dentro y fuera de las aulas universitarias.

Este fenómeno me recuerda el año 2013, en los momentos más duros del Paro Nacional Agrario, cuando a manos de la fuerza pública llovían gases lacrimógenos, reinaba una pequeña desolación corría sangre de campesinos y estudiantes en buena parte de la geografía Boyacense.

Pero en Tunja, todo este oprobioso panorama comenzó formalmente a ser revertido en una noche, cuando todos estaban en sus casas resguardándose silenciosamente de este derroche de violencia estatal y de repente comenzó a escucharse que algunas personas golpeaban cacerolas y todo tipo de artículos de cocina desde la ventana de su casa, prontamente todo el mundo salió a la puerta de su casa a hacer lo mismo, nadie entendía quién comenzó ese espectáculo, ni que era lo que pretendía con ello, pero un sentimiento de comunidad fue creciendo cuando se vio que el retumbar de las pailas no paraba, caminaron por las calles gritando ¡no más ESMAD! multitudes llenaron varias veces la Plaza de Bolívar de dicha ciudad, nada fue igual en esa movilización después de esa noche.

Sin duda tales despliegues de movilización social no son comparables cuantitavamente ni en resultados particulares, sin embargo, comparten elementos como el recuentro entre la universidad y la sociedad en general, el derrumbe de una idea de derrota o imposibilidad para gestar cambios sociales, los cuales devuelven la esperanza a muchas personas que esperamos ver los sectores más desprotegidos reclamar la corrección de las desigualdades que han mantenido su situación de inferioridad económica, política, cultural y educativa.

La presión social realizada consiguió estimular la convocatoria de una audiencia en el Tribunal Superior del de Tunja, donde se ordenó la ampliación del término hasta diciembre próximo para la implementación de un nuevo modelo de cobro de matrículas, la creación de espacios de difusión virtuales de todo el proceso que generó la propuesta de metodología presentada por la administración universitaria, la publicidad de las sesiones del Consejo Superior en las que se traten temas correspondientes al estudio socioeconómico para determinar valor de cobro, la realización de mecanismos de participación de toda la comunidad en el tema, consistente encuestas, simulacros, trámite especifico de solicitudes sobre el tema, apertura de programas en la emisora de la universidad, entre otros.

Lo anterior representa apenas una pequeña ganancia de tiempo y una serie de oportunidades o espacios de participación útiles –no sé si suficientes- para que la comunidad regional en general, plasme su opinión frente al particular, entendiendo que lo que está en juego atañe a todo el conglomerado territorial, algunos podrán decir que las movilizaciones fueron una presión indebida sobre la independencia judicial.

Pero lo cierto es que es que aparte de estas decisiones judiciales en concreto, se consiguió reconstruir una idea de bien común como criterio orientador de la justicia y como valor fundante de todas las instituciones sociales, la gerencia de la universidad, del departamento y la administración de justicia, rescatando de paso la imagen de algunos operarios judiciales, entre el desprestigio de otros.
En un momento en que las instituciones estatales sufren una agudización de su crisis interna de legitimidad, cuando los gobernantes, jueces y representantes de la autoridad, son considerados por todo el país como embajadores del comercio de cargos públicos y decisiones judiciales, surge palmario tras este movimiento se dejó en claro que el único objeto de la existencia de administradores de la vida de los hombres y mujeres, es la garantía del bien común, idea de bienestar que no es propiedad del Estado o sus legatarios, sino está construida por todos y todas, por tanto, las directivas de una universidad o los voceros de la judicatura, no pueden decretar la perdida de condiciones materiales para ejercer el derecho a la educación superior, mercantilizado, silencioso y acrítico.

A pesar de lo anterior, es de resaltar que cuando la exigencias sociales entran a ser parte del sentido común de todos los ciudadanos, es decir, cuando todos parecen creer que lo que se pelea es justo, comienzan a aparecer quienes quieren mostrarse como mesías, ilustradores y políticos benevolentes, sin los cuales el pueblo estaría rendido.

La administración universitaria saluda lo proveído por el Tribunal, dice que ya había frenado el nuevo sistema de cobro para “construirlo colectivamente”, la gobernación departamental y algunos diputados se muestran como voceros o defensores de la comunidad académica, algunos representantes estudiantiles hacen lo propio, todos ellos en una carrera de protagonismos tendiente a posicionar su idea de gamonales –pues el carisma y el precario discurso no les alcanza para caudillos- a la venta en la subasta de apoyos para las elecciones presidenciales y legislativas venideras.

Es por ello que cobra relevancia resaltar que esta intención de privatizar la universidad no es de ahora, recortar y estirar los recursos de la universidad para recibir cada vez más estudiantes con menos garantías de calidad o dignidad en su aprendizaje, es el marco en el que se circunscribe este modelo de cobro de matrículas, el cual estos semidioses de la política al servicio de los desamparados, venían permitiendo con su silencio conveniente, pues pensaban que los estudiantes no se percatarían de lo nocivo de esto.

Entonces, recordemos que lograr espacios de participación directa o indirecta, acercarse al poder institucional es un vicio reservados para los señores del dinero, si la comunidad académica o regional en general tiene cabida allí, debe verse como un reto, pues deberá buscar las formas en que todos los que participan en esta movilización se pronuncien activa y propositivamente, no pueden caer en el error de delegar todo a unos pocos o en mesas de dialogo esta labor, de lo contrario la pasividad volverá apoderarse de la Universidad y la idea del bien común será de nuevo de exclusividad de los integrantes de la administración, representantes estudiantiles, profesorales, de trabajadores, Consejo Superior, rectoría, jueces o magistrados, gobernadores, diputados, etc.

Traía a colación la referencia del cacerolazo de paro agrario de 2013 para resaltar la realidad que vivimos, por más gris que parezca, no es inevitable, ya lo ha demostrado este departamento varias veces y lo demostró esta semana en apoyo a la UPTC, pero esto implica que también está en nuestras manos sacarle jugo a esta minúscula victoria en batalla, ninguna persona ni ninguna circunstancia en específico va a devolver por si sola el carácter de patrimonio común a la universidad.

Felicito a todos y todas las personas que se suman a esta gran conversación, que se atreven a tomar el cielo por asalto, defender su idea de accesibilidad y calidad en la educación -mientras no se consolide la pelea por gratuidad-, les agradezco por sacarnos del letargo, devolviéndonos la esperanza, no obstante, la sociedad entera les hace un llamado a no renunciar, a prepararse, a estudiar el contenido de sus materias curriculares y lo que rodea esta disputa, para demostrar el carácter creativo o propositivo de su alma mater.

A seguir buscando consolidar estrategias de organización -consejos estudiantiles, cabildos universitarios, etc.-, a seguir comunicándose con la región, a gestar propuesta, a hacer recolectas de dinero para financiar economistas que se dediquen enteramente a buscar modelos de cobro más acordes a las necesidades locales, a realizar y formalizar veedurías a las decisiones tomadas por la judicatura, a velar porque esos mecanismos virtuales no sean suplantados, a tomar como ejemplo esta lucha para eliminar otras formas de privatización indirecta, a darlo todo.

Frenar el inmediatismo y darle profundidad a las exigencias sociales es el mejor repelente –ya que están de moda- para los politiqueros u oportunistas que solo quieren engrosar su imagen con la efervescencia momentánea.

Si se lo proponen, serán el pasado del cielo, si se descuidan, todos seremos los espectadores de un proceso de participación que convocaron pero dejamos plantado.
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Adenda 1: Estamos tan acostumbrados a vivir en la rabia y la derrota que cuesta bastante escribir para avanzar en las victorias, por pequeñas que sean
Adenda 2: Link para ver la audiencia de cumplimiento de 29/09/17, archivo histórico: https://www.youtube.com/watch?v=Jfro_Uxl0oo