domingo, octubre 22, 2017

Los Territorios de las Consultas Populares



| Por: Carlos Hidelbrando Fonseca Zarate / Sur |  

Nuevamente están a la orden del día las consultas populares en torno a la minería y al petróleo en su modalidad de “fracking”. 11 municipios han reafirmado su decisión de no permitir minería o fracking, de los 44 que consideran la consulta popular como el instrumento idóneo de toma de decisiones en estos casos. Como contrapeso a ello, el ministerio de minas y energía ha propiciado “los municipios que dijeron Sí a la minería”, que suman más de 100, aunque no como resultado de algún proceso de consulta de los habitantes, sino como efecto de la intervención desde arriba para lograr la aceptación de las condiciones aceptables para el ministerio, cuya posición, según el ministro Arce, es que es la nación, como “propietaria” del subsuelo, es la única que tiene el derecho. 


Todo ello, coincide en el tiempo con las tensiones de las regiones productoras de coca, que se concentran hoy en 10 municipios de Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Cauca (Tumaco, Barbacoas, Puerto Asís, Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, El Tambo, Sardinata, El Tarra, Tibú) que contribuyen con la mitad de la producción nacional, pero que encierran otra lógica, que es la de la cadena del narcotráfico y la conflictividad social asociada a ella. Algunos confunden por dichas coincidencias, las razones y motivaciones de toda esta actividad social en las regiones.

Es importante precisar varios conceptos y aspectos acerca de estos hechos y tendencias y además hacer la lectura de cada uno de los actores, tanto de las diferentes escalas territoriales (localidad, municipio, departamento, región, país, dimensión internacional); como sectorial (minería, petróleo, agroindustria, etc.) público y privado. La última noticia (El Tiempo, 19 de octubre, 2017) es que  el gobierno no financiará más consultas mineras ni revocatorias, como lo comunica la Registraduria Nacional, y que por lo tanto los municipios deben asumir los costos; Granada, Meta , programada para consulta el próximo domingo sobre la exploración y extracción petrolera no haría consulta, por los costos (182 millones). Esta decisión abarca también todos los mecanismos de participación ciudadana como las revocatorias de los mandatarios locales. Las propias alcaldías y gobernaciones deben asignar recursos para ello.

Buena parte de la explicación del conflicto actual relacionado con las consultas populares parte de la tensión entre el orden “central” y el orden regional o local; desde muchos años atrás la discusión del desarrollo regional y municipal ha sido amplia; autores como Coraggio, Mattos y  Boisier, desde la década de los sesenta han explicado la relación entre el Estado nacional y las regiones y entes territoriales menores, que muchas veces es de apropiación económica, control político y estratégico de abastecimiento y menos veces cuenta con una aproximación integral de verdadero desarrollo regional, tanto porque nace de un interés sectorial específico o porque expresa una mentalidad extractivista, por réplica de las compañías multinacionales o por una visión estrecha de la gestión pública que le corresponde al estado nacional. La visión extractiva hacia las regiones “periféricas”, desde el centro nacional predomina en muchas instancias, de buena o mala fe.

El territorio es la apropiación social del espacio y los recursos naturales y atributos ambientales propios del mismo. Lo ambiental es la relación entre la sociedad y la naturaleza, que puede ser  vista a nivel general o específico entre culturas y sus ecosistemas de soporte; por ello se habla recientemente de lo socioecológico; pero también debe ser vista sociológicamente; es decir, analizando e interpretando los intereses , motivaciones y razones de los diferentes  actores acerca del territorio; Esa apropiación conlleva situaciones de conflicto entre los grupos sociales, entre los sectores tanto públicos, entre ellos y de estos con los  privados y, de los privados entre ellos. La presencia y apropiación del territorio, tanto individual como colectivamente, encierra varios bienes comunes como el aire y el agua, el paisaje y la biodiversidad asociada, que no pueden ser subdivididos en cuotas partes, pues presentan características de bien común en menor o mayor proporción e igualmente otros recursos que pueden ser apropiados privadamente o por el Estado a nombre de los ciudadanos.  A  medida que la globalización avanza, los actores del territorio son cada vez más numerosos, pues se revelan más atributos del territorio y expectativas acerca de ellos, por los nuevos conocimientos e instrumentos; los actores son  tanto locales , como regionales, nacionales e internacionales, y pueden ser tanto públicos como privados; pueden no conocer ni haber estado en el territorio específico, pero sus expectativas e intereses sobre el mismo pueden llegar a ser muy significativas debido a la mayor información disponible a nivel general . De ahí la complejización del territorio, en la medida en la cual los recursos convencionales se tornan más escasos y aumenta la población tanto físicamente, como relativamente en cada territorio.

Las multinacionales mineras  y petroleras, así como las nacionales poderosas, comparten una  visión de los territorios  totalmente específica, sesgada a su interés principal, que es el de la extracción de los recursos naturales no renovables a los menores costos internos y riesgos posibles, con consideración marginal frente a la naturaleza , la gente y culturas del área de influencia de sus proyectos, aunque en sus presupuestos incluyan crecientemente más consideraciones sociales y ambientales, en la medida en la cual los Estados deben recoger las exigencias y preocupaciones tanto ciudadanas como científicas. Para ellas, el territorio sólo es válido como contenedor, contingente de recursos naturales no renovables de relativo alto precio en el mercado; muchos nacionales actúan de la misma manera en los “territorios” menos conectados a los circuitos del mercado. Algunas, más excepcionales que normales, se comportan más solidariamente con el territorio y “agregan valor” integral.

En el caso colombiano el papel del estado central, en cabeza del ministerio de minas y energía  es muy evidente  su visión sectorial, estrecha y convencional, tal como lo demuestra la legislación que se ha expedido en los últimos quince años: el código minero declaró la minería de “utilidad pública e interés social”, por encima del ordenamiento territorial tanto del orden municipal como del regional ambiental a cargo de las corporaciones autónomas regionales; posteriormente, en 2013, el decreto 934, originado en dicho ministerio , prohibió a los municipios prohibir la minería; que fue suspendido por el Consejo de Estado en 2014 provisionalmente, pero trató de evadirse al entrar en el campo de la coordinación entre entidades bajo los intereses del sector privado principalmente; todo ello, acompañado de la flexibilización de las licencias ambientales, tanto en tiempo como en sustancia. Esa posición y acción unilateral e inconsulta con las comunidades llevó a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado a reaccionar en favor de la participación ciudadana a través de las consultas populares y de la importancia del papel de los entes territoriales del orden municipal en el ordenamiento territorial. Finalmente, hoy, anuncian que las consultas populares y todos los mecanismos de participación ciudadana deberán ser financiados por los entes territoriales directamente. Esto invalida posibilidades como la de la revocatoria del alcalde o gobernador, pues sería improbable o difícil que cada uno se auto castigue. Todo ello genera una desconfianza creciente entre los ciudadanos afectados o potencialmente afectados por la minería y la extracción de petróleo. Ortega, Tolima; San Martín, Cesar; San Vicente de Chucurí y el Carmen, Santander; Guamal, Meta; Yopal, Aguazul, Paz de Ariporo y Monterrey, Casanare, que significan alrededor de 119 mil barriles/día de alrededor de 800 mil barriles/dia que está extrayendo el país, así como prospectos de exploración en Iquira, Huila; San Martín, Cesar; Cumaral, Vista Hermosa, Uribe, Mesetas, en Meta; Támara, en Casanare; Valparaiso, El Doncello, El Paujíl, Montañita, Morelia en Caquetá; Pasca, Arbeláez y Media en Cundinamarca, enfrentan el “riesgo” de no poder extraer petróleo por las consultas. Muchas otras regiones experimentan incertidumbre en lo atinente a la minería.

Es evidente que los ciudadanos locales reclaman cada día más protagonismo acerca de las decisiones de sus territorios; es evidente que la civilización basada en la energía fósil está declinando a marchas forzadas,  más rápidas que las esperadas, debido al cambio tecnológico producto de la ciencia, tecnología e innovación; es evidente que el acuerdo de paz abre perspectivas interesantes de usos alternativos del territorio como son el ecoturismo y la agricultura; es evidente que el “boom” de los recursos no renovables como motor de la economía no volverá, pues precisamente el “fracking” en los Estados Unidos y las nuevas energías renovables generan una correlación diferente de oferta y demanda; el trabajo que debemos hacer es triple: 1) invertir urgentemente en ciencia, tecnología e innovación, para adaptarnos a los tiempos, buscando alternativas viables integralmente, dentro de lo cual la agricultura biológica, el turismo cultural y ecológico son importantes ; 2) con base en el nuevo conocimiento, debemos avanzar en el ordenamiento del territorio en función de la gestión del riesgo, incorporando no solamente el riesgo sísmico, de inundaciones y de deslizamientos bajo la visión convencional, sino teniendo en cuenta las posibles implicaciones de actividades como la minería y el petróleo; de allí, que los POTs, Planes de Ordenamiento Territorial y los EOTs, deban reflejar con mucho mayor detalle y claridad todos estos aspectos, bajo una perspectiva de aprovechamiento óptimo y sustentable, como lo aconseja la experiencia de Costa Rica, que encontró que era más “rentable socialmente” la moratoria minera 3) asumir una posición más constructiva desde las entidades sectoriales nacionales, en el sentido de identificar , con base en los anteriores puntos, los territorios en los cuales los ciudadanos, debidamente informados, están dispuestos y permiten , con las precauciones y normas internacionales más rigurosas, la extracción responsable social y ambientalmente de los recursos naturales no renovables. Hacia el futuro, dependeremos cada vez más de los recursos naturales renovables, de la vida en todas sus expresiones y formas, para sobrevivir en la tierra y todos los esfuerzos que se hagan en esa dirección tendrán grandes retornos en felicidad, convivencia y bienestar.

CARLOS HILDEBRANDO FONSECA ZARATE: Director Corporación Simbiosis