sábado, octubre 21, 2017

Ola de asesinatos sistemáticos por parte de los paramilitares y FFAA de Colombia



Carta de organizaciones solidarias con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a:

Corte Penal Internacional
Fatou Bensouda , Prosecutor
Exp. OTP-CR. 266/07

Federación Internacional de Derechos Humanos
Dim Christopoulos,  Presidente de la FIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
 Francisco José Eguiguren Preali,  Presidente

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Roberto De Figueiredo Caldas, Presidente
Caso 12325

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
Zeid Ra’ad Al Hussein

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
Representante en Colombia

Narni, octubre 20 de 2017

Comenzamos esta comunicación agradeciendo la reciente visita de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a Colombia, para profundizar sobre las investigaciones que se están realizando respecto a las ejecuciones extrajudiciales, realizadas sistemáticamente por miembros de la fuerza pública colombiana en connivencia con los paramilitares, en el marco del conflicto armado colombiano.

Contraria a la versión mil veces repetida, por parte de los diferentes gobiernos de Colombia, de que las FFAA del Estado son garantes de seguridad y protección para las comunidades que nosotros acompañamos, nuevamente la realidad nos da la razón. NO habrá paz en este país hasta que las Fuerzas del Estado y, en cabeza de ellas, su Presidente no cambien la política militarista contra la sociedad civil, sobre todo contra las poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas.

La masacre de los 9 campesinos,[1] el 5 de agosto en  la zona rural de Tumaco (Nariño) por parte del Ejército y la Policía de Colombia, confirma una vez más que la violencia de Estado no se ha acabado, pese a la desmovilización de las Farc-Ep. 

La masacre fue la respuesta estatal a la protesta pacífica de la población de la zona, para exigir el cumplimiento de lo pactado en los acuerdos de paz con respecto a la sustitución de cultivos ilícitos (puntos 4.1 y 6.1.10, literal a, del Acuerdo Final) y el rechazo  a la erradicación forzosa que,  a pesar  de lo pactado en La Habana, avanza a toda marcha  por orden presidencial con 5 batallones del Ejército Nacional y dos tropas de la Policía en Tumaco.[2]

Nos preocupa la respuesta del gobierno Colombiano a los hechos, negando la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y tratando de confundir a la opinión pública con el tópico de que grupos armados fueron los responsables de la masacre.[3]

Igualmente, rechazamos el ataque realizado a la Misión humanitaria integrada por la Oficina de DD.HH. y de verificación de la ONU, la Gobernación de Nariño y demás organizaciones internacionales, tres días después de la masacre.[4]  Ataque indignante, si pensamos que el 26 de septiembre empezó oficialmente el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la segunda misión política especial de la ONU, cuyo papel es precisamente verificar los compromisos sobre la reincorporación de los y las ex integrantes de las FARC-EP, así como las garantías de protección y seguridad para comunidades en las zonas más afectadas por el conflicto.

Por ello, hacemos un llamado a las organizaciones de tutela de los derechos humanos para que insten al Gobierno a reconocer que es necesaria una política que se base en el respeto a la vida y la dignidad, además de transparencia en el caso de explicar a la opinión pública lo sucedido. Sin verdad no habrá jamás paz y no repetición de los hechos. Esta masacre y la reacción del Gobierno con respecto a la misma, recuerdan otras masacres a lo largo del territorio colombiano en los últimos 30 años.

Igualmente, solicitamos llamar la atención al gobierno por los asesinatos de líderes indígenas del Cauca, Chocó y Nariño:

(i) El exgobernador y promotor de salud indígena EZQUIVEL MANYOMA, del pueblo Embera Dóbida lo secuestraron el 6 de octubre y lo asesinaron posteriormente en la madrugada del 7 de octubre a pocos metros de la Comunidad  Dabeiba Queracito, municipio de Medio Baudó (Chocó).[5]

(ii) El mismo 7 de octubre en jurisdicción del Resguardo indígena de Chinas, en el Municipio de Páez (Cauca),  asesinaron al gobernador suplente OSCAR FERNEY TENORIO SUNSCUE. Un día después, el domingo 8 de octubre en horas de la tarde, resultaron heridos a bala tres comuneros, entre ellos la comunicadora indígena EFIGENIA VÁSQUEZ ASTUDILLO, de la emisora Renacer Kokonuko, quien falleciómientras era trasladada al Hospital San José de la capital del Cauca.

A Efigenia la mataron miembros del ESMAD (Escuadron Móvil Antidisturbios) en la finca Aguas Tibias, en el nevado Puracé, en una acción de recuperación de la madre tierra por parte de la guardia indígena del resguardo de KoKonuco (Cauca). El Esmad hace parte de la Policía Nacional y no es la primera vez en estar involucrado en violaciones graves de derechos humanos y asesinatos. Solicitamos que en Colombia la protesta social no sea motivo de muerte por agentes estatales.

(iii) De igual manera rechazamos categóricamente y denunciamos el atentado ocurrido el día 13 de octubre a ERMES EVELIO PETE VIVAS, gobernador del resguardo indígena del Resguardo  Belalcázar,  zona Tierradentro (Cauca). Unimos nuestra voz a la de los  indígenas de Colombia para rechazar y denunciar esta ola de crímenes contra líderes de los pueblos ancestrales.

(iv) Mientras preparábamos esta Acción Urgente nos ha llegado la noticia de que JAIR CORTES, miembro de la Junta del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera (Nariño), fue asesinado el 17 de octubre. Este Consejo Comunitario fue el que denunció la situación de emergencia humanitaria que campesinos afro-colombianos, mestizos e indígenas viven en la zona rural de Tumaco y Llorente por cuenta de las violencias de la fuerza pública a nombre del programa de erradicación forzada de cultivos y de actores armados ilegales. En este mismo territorio se realizó la masacre de los 9 campesinos, referenciada en el inicio de la comunicación.

Con respecto a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Urabá, Antioquia), el panorama no es mejor. Continúa el control del territorio por el paramilitarismo encubierto de diferentes modos: delincuencia común, ladrones, informantes y en su versión más tradicional, como actor armado que actúa con violencia psicológica y física contra el campesinado para sembrar terror en el territorio y someter a la gente a su voluntad.[6]

Seguimos insistiendo que el gobierno del Presidente Santos debe ser coherente en su discurso sobre la paz,  porque en la práctica no está demostrando voluntad política para acabar con el paramilitarismo y la violencia socio económica de estas estructuras. Por ello,  solicitamos a los organismos internacionales de tutela de los derechos humanos:

*Verificar los hechos como crean que puede ser más eficiente; *pronunciarse pública e internacionalmente sobre lo que está sucediendo en Colombia y *promover una respuesta veraz y honesta por parte del gobierno colombiano con respecto a la situación de violencia sociopolítica actual.

Agradecemos todo lo que puedan hacer para que el gobierno asuma con responsabilidad los acuerdos de paz y detenga el auge del proyecto paramilitar y la violencia de las Fuerzas estatales contra el movimiento indígena y social colombiano.

Red Flamenca de Solidaridad con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Bélgica)

Red Italiana de Solidaridad Colombia Vive! Onlus (Italia)

XXI Solidario (España)

Con copia a:

Presidente de la República de Colombia y premio Nobel de la Paz 2016
Vicepresidente de la República de Colombia
Ministro de la Defensa
Ministro del Interior
Ministro de Justicia y del derecho
Fiscal General de la Nación
Procuraduría regional de Antioquia- Medellín
Defensoría del Pueblo
Departamento de Policía Urabá
Comandante Departamento de Policía de Antioquia
Comando de la Brigada XVII

Delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador
Embajada de Italia en Colombia, Caterina Bertolini, Embajadora
Embajada de Colombia en Italia
Juan Mesa Zuleta, Embajador

Comisionados CIDH
Margarette May Macaulay
José de Jesús Orozco Henríquez
Paulo Vannuchi
James L. Cavallaro

Sua Santità Papa Francesco
Segretario di Stato Vaticano Sua Eccellenza Rev.ma Pietro Parolin
Segreteria di Stato –Sezione Rapporti con gli Stati

Comité Premio Nobel
Olav Njølstad, Director Instituto Premio Nobel
Kaci Kullmann Five
Berit Reiss-Andersen
Inger-Marie Ytterhorn
Henrik Syse
Thorbjørn Jagland

Premio Gernika por la Paz y la reconciliación
José María Gorroño Etxebarrieta – Alcalde de Gernika –Lumo
Christel Augenstein – Máxima autoridad de Pforzheim
María Oianguren Idigoras, Directora de Gernika Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz.
Iratxe Momoitio Astorkia, Directora Museo de la Paz

Premio Lampada di San Francesco
Padre Mauro Gambetti, Custode Sacro Convento San Francesco di Assisi
Padre Enzo Fortunato, Director de Prensa Sacro Convento San Francesco di Assisi

Parlamentarios Unión Europea

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[1] Otras fuentes hablan de 6 y 8 campesinos asesinados.
[3]  La conferencia de prensa del Presidente Santos con respecto a los hechos de Tumaco no se aparta del argumentario oficial  de gobiernos anteriores de asignar la  responsabilidad de los hechos a grupos armados, cuando han sido  las Fuerzas militares del estado las responsables: https://www.youtube.com/watch?v=y7nqDopeFzw