sábado, noviembre 04, 2017

A consulta las consultas populares en Colombia



| Por: Fabio Monroy Martínez* / Caja de Herramientas |

Interpretando el espíritu de la Constitución Política de 1991, que contempla una democracia participativa, más que representativa, es dable concluir que la participación ciudadana en los temas de políticas públicas debe ser prioritaria, se constituye en la principal y primordial tarea a desarrollar en una democracia verdadera, en la que se logre plasmar y dejar sentado el que sus asociados en general participen real y efectivamente en la toma de decisiones que les competen.

Ante la actitud de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia de suspender varias consultas populares, como mecanismos de participación ciudadana constitucionalmente contempladas en la madre de las leyes en Colombia, y debidamente reglamentados por la Ley 134 de 1994, completamente desconcertadas se encuentran las autoridades locales (alcaldes municipales), comunidades y organizaciones sociales de base, sin horizonte claro al respecto.

Alega, por su lado el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, por falta de recursos económicos y por considerar que son del resorte de las autoridades locales, éstas consultas deben hacerse con recursos propios de los municipios o departamentos, según el caso, sin intervención alguna de la nación en materia presupuestal, limitándose la Registraduría solamente a la logística y la elaboración del calendario electoral correspondiente.

Mecanismos de participación ciudadana  (MPC) en la constitución política

La Constitución Política de Colombia de 1991, consagra en su artículo 103, al respecto, lo siguiente: “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará”.

Aun cuando es un mandato constitucional y el Gobierno nacional por conducto de la Registraduría Nacional del Estado Civil se habían dado al cumplimiento del mismo, tanto así que se llevaron a cabo nueve (09) procesos de consulta popular sobre el desarrollo o no de proyectos de extracción mineroenergética en diversas zonas del país, eso sí con el absoluto rechazo de dichos proyectos, en los últimos meses la negativa ha sido absoluta por las autoridades respectivas que lo venían cumpliendo.

Interpretando el espíritu de la Constitución Política de 1991, que contempla una democracia participativa, más que representativa, es dable concluir que la participación ciudadana en los temas de políticas públicas debe ser prioritaria, se constituye en la principal y primordial tarea a desarrollar en una democracia verdadera, en la que se logre plasmar y dejar sentado el que sus asociados en general participen real y efectivamente en la toma de decisiones que les competen; de tal manera que, se compromete el Estado en pleno a la promoción de dicha participación ciudadana en cuanto espacio real y verdadero se construya en búsqueda de la resolución pacífica de los diversos asuntos controversiales que se vayan presentando en cada ámbito de la vida pública local, regional y nacional.

El Senador Antonio Navarro Wolf, del Partido Alianza Verde, en entrevista exclusiva para el Semanario virtual Caja de Herramientas y el Noticiero COMPAZ, de la Federación Nacional de Medios Comunitarios – FEDEMEDIOS, y el Sistema de Comunicación para la Paz, SIPAZ, enfatiza en la obligatoriedad por parte del Estado colombiano, mediante las instituciones encargadas del tema, de apoyar e incentivar el uso de los mecanismos de participación ciudadana (MPC), en especial el de la consulta popular, máxime que se contemplan asuntos que inciden de manera directa en la vida de las comunidades asentadas en las zonas de exploración y explotación mineroenergéticas, en las que se producen graves deterioros para el ambiente y para la vida digna en particular de quienes desarrollan sus actividades agropecuarias, pesqueras y demás con las que resuelven el sustento de sus familias.

“La verdad es que las consultas populares no solamente son vinculantes, sino son obligatorias, a diferencia de lo que dice el Gobierno que dice que no, que como el subsuelo es de la nación entonces ningún municipio puede hacer una consulta que sea obligatoria o vinculante”, expresa el Senador Navarro.

En tal sentido, la Ley 136 de 1994 en su artículo 33, dice: “Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio”.

Además, expresa el Congresista de la Alianza Verde que el Gobierno nacional debe apoyar todas las consultas populares que se adelanten en el país, y aún más, en materia mineroenergética manifiesta estar de acuerdo con el resultado contrario a las exploraciones y explotaciones en los municipios productores de tales recursos naturales no renovables; y manifiesta que la economía colombiana no puede depender de la producción primaria (de la minería), acorde con el Banco Mundial se debe propiciar la generación de empleo en debida forma con el desarrollo del mundo reala de la economía, y hay una diferencia con la explotación de los hidrocarburos, ésta sí genera algunos recursos para las regiones productoras, a diferencia de las mineroenergética que es más los efectos contraproducentes que genera en sus áreas de explotación, ante las consultas de éste tipo (mineroenergéticas) dice que votaría que no a la mayoría de ésta consultas.

Al escuchar estas apreciaciones de quien es un conocedor de la materia, resulta obvio concluir que la suspensión, aplazamiento y rechazo a las consultas populares por parte del Gobierno nacional, incluyendo a la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se debe al temor del rechazo a las actividades de exploración y explotación mineroenergéticas en los lugares donde se producen.

La consulta popular como mecanismo de participación ciudadana (MPC) debe ser respetada, valorada y estimulada a lo ancho y largo de Colombia, antes de que sea cercenada por completo, en manos del Gobierno nacional, de los Congresistas y de las comunidades y organizaciones sociales está el que se revalide y consolide en el concierto nacional esta herramienta tan importante de la democracia participativa consagrada en la Constitución Política de 1991.

Edición 566 – Semana del 3 al 9 de Noviembre de 2017

(*)Abogado-periodista, Coordinador en Colombia del Servicio Paz  y Justicia en América Latina, SERPAJ-AL.