viernes, noviembre 10, 2017

Empresas mineras gobiernan indirectamente el territorio



En entrevista con la Agencia de Prensa IPC, el profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Adrián Restrepo Parra, explicó este fenómeno y se refirió a los conflictos mineros que vive Colombia.

| Por: Yhoban Camilo Hernández Cifuentes / IPC |

Son varios los conflictos económicos, sociales y ambientales que han surgido alrededor de la minería en todos sus niveles. La discusión ha dado lugar a tres posturas centrales: los que dicen sí y respaldan esta actividad como fuente de riqueza y desarrollo; los que dicen NO, y priorizan el derecho a la vida y la conservación del medio ambiente, e incluso propenden por volver a formas de vida más ecológicas; y los que están en el centro, que dicen minería sí pero con condiciones.

Para entender mejor la amplia gama de debates y preguntas que se tejen alrededor de esas tres posturas, y de las problemáticas que ha tenido la legislación colombiana en materia minera, consultamos al profesor Adrián Restrepo, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

La entrevista fue realizada en desarrollo del Foro “Mineria en Colombia” y presentación del libro Marmato: disputa por el oro y el territorio, llevado a cabo el 27 de septiembre en la Universidad de Antioquia.

Allí, Restrepo planteó escenarios tan complejos como los que dejan las consultas mineras, que le están diciendo NO a las multinacionales pero también a la minería informal y, en general, a cualquier tipo de actividad extractiva a pequeña y mediana escala. Y un asunto, tal vez más difícil de abordar, es cómo controlar la minería criminal, porque si bien las consultas permiten regular a las empresas legales, la situación es otra con los entables mineros que tienen tras de sí a un actor armado.

Y en medio de la problemática, señaló Restrepo, el derecho al medio ambiente, el derecho al trabajo y el derecho a la vida, resultan siendo los más vulnerados por la actividad minera.

Todo esto, lo lleva a iniciar planteando que el problema tiene que ver con el papel del Estado en un modelo neoliberal, en el que las empresas llenan espacios en distintos territorios y se convierten en intermediarias privadas de ese Estado para jalonar el desarrollo del sector minero.

1. ¿Cómo explicar el asunto de que las empresas ejercen un gobierno indirecto y privado?

De manera crítica, al gobierno indirecto y privado se le denomina neoliberalismo. En el Instituto de Estudios Políticos intentamos entender el Estado desde una lógica de privatización de la burocracia, para poder así comprender lo qué se está configurando en la realidad.

La teoría neoliberal señala que el Estado se reduce pero, cuando tú vas a terreno, el Estado no se redujo, lo que cambió fue la burocracia, pues la función estatal la encuentras por medio de privados. Eso es lo que intentamos señalar, ya que en el campo de la minería la empresa privada juega un papel fundamental en el desarrollo del sector. La gran minería, en el caso de las llamadas multinacionales, juega un papel de intermediario privado que le permite al Estado desarrollar una función económica en esos territorios.

Pero la reflexión nos conduce también a señalar que esa racionalidad económica se da entre unos privados que no son solo las multinacionales, sino que también pueden haber otros actores que operan con racionalidad económica, bien sea porque hay unos que están calculando la sobrevivencia o porque hay otros que están calculando la ganancia.

2. Desde ese punto de vista, ¿qué tipos de discusiones se encuentran actualmente en Colombia en torno a la minería?

A nivel nacional hay tres ejes de la discusión: los que dicen sí a la minería, los que dicen no, y una gama de posibilidades entre esos dos extremos; minería sí pero condicionada. Justamente ahí está el conflicto en Colombia porque cuando te encuentras con sectores que respaldan la minería entonces la discusión es ¿cómo hacerla? Y eso pasa por distintos elementos, por ejemplo: ¿quién es el dueño del título [la empresa o los mineros tradicionales]? Ese es un caso muy propio de Segovia donde la gente discute la titulación. Pero por ejemplo en Buriticá eso no se da, porque allá la gente está convencida de que el título es de la multinacional.

En otros sectores lo que encontramos es que la discusión es por la participación en el negocio, o sea: ¿Cómo entro en el negocio? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuáles son las condiciones? Todo eso se condensa en las dificultades que tiene el proceso de formalización. Ahí es donde queda la tensión más patente, porque la formalización tiene unos estándares y los mineros que están en proceso de formalización señalan que esos estándares no los pueden llegar a cumplir; en unos casos porque es el mismo requisito para un minero pequeño que para una gran minera, y ahí ya hay una desproporción, pero en otros porque también hay unas demandas complicadas para formalizarse, como por ejemplo la tecnología, porque se requiere tecnología para que las minas se puedan trabajar de manera segura: ventilación, control de gases, todos los implementos que debe tener un trabajador, etc., cosas que brillan casi que por su ausencia en los mineros ancestrales y tradicionales, porque como su nombre también lo explica, lo han hecho así, de manera muy artesanal, ancestral y tradicional, entonces eso les pone un elemento que les encarece la participación en el negocio. Fuera de eso ahora deben pagar seguridad social y prestaciones sociales, y eso tampoco está en el negocio tradicional como ellos lo han armado.

3. La discusión del NO

El otro escenario es del no a la minería, porque se están haciendo consultas previas y consultas populares y esas consultas están conduciendo a decirle no a la minería. Y hay que decirlo en esos términos, porque en algunos lugares se intenta interpretar que ese NO es a las empresas multinacionales, pero no es solo a la multinacional, es a la actividad minera en general.

En esos lugares el no a la minería supone eso, que no quieren ver ni a un minero artesanal ni a una gran multinacional. No quieren eso en sus territorios porque les afecta su estilo de vida, les afecta el patrimonio cultural, les afecta paisaje, y este último es uno de los argumentos que se ha expresado en Jericó.

Lo que pone ese escenario del no radical a la minería es una pregunta sobre el modelo de desarrollo, y es que si los seres humanos no tomamos las fuentes de la naturaleza como recursos para generar riqueza, entonces de dónde vamos a tomar esas fuentes. Porque en el caso del oro recordemos que el oro tiene tres funciones, no solamente de ser un elemento de ornamento y distinción, sino que hoy por hoy la gran demanda de oro es por el desarrollo tecnológico y científico, porque el oro tiene una función de electro comunicador que facilita muchas cosas en el campo de la ingeniería y la electrónica, y por eso es la gran demanda. Y, ¿para qué lo demandamos? Pues porque queremos celulares, queremos televisores, queremos computadores… Y así podrías hacerse el resto de minerales que están siendo demandados.

Eso nos lleva a una discusión que es el punto duro en términos del modelo de desarrollo: ¿cómo generar riqueza sin literalmente devorar la naturaleza? Podríamos avanzar con ciertas políticas laborales en la idea de mejorar las condiciones y respetar el derecho al trabajo de muchos mineros, y ahí se podría hacer un gran avance, pero avanzar ahí no responde a la pregunta del impacto ambiental, porque el impacto ambiental sigue existiendo, en algunos casos de manera más fuerte y en otros en menor medida pero sigue existiendo. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Porque en el planeta la crisis ambiental es cada vez más sentida y, para poder cambiar eso, tendríamos que modificar el modo de producción. Ese es el rompedero que tenemos en la actualidad.

4. Las alternativas y la urgencia de la crisis ambiental

Ahora, la ciencia nos está diciendo que puede haber un modo de producción limpia, es decir, que podamos usar el agua para sacar metales preciosos y que el agua vuelva limpia a su lugar. Ese es un gran reto, la ciencia puede hacerlo y parece ser que hay algún desarrollo en eso. Además se están buscando otras fuentes alternativas de energía, que no sean los petróleos y todo eso para evitar contaminación, como la energía solar, eólica y otras por el estilo. Esas cosas se están intentando, solo que en ese escenario la pregunta es sobre el tiempo, porque los que son más realistas, o si se quiere más pesimistas, dicen que ya llevamos el planeta a un punto tal que, si seguimos por donde vamos, no va haber tiempo para que la ciencia haga esos desarrollos de producción limpia o lo que se quiera.

Por eso surgen unas propuestas que son radicales. Ante todo los verdes, que son los ecologistas, declaran que hay que terminar con este modo de vida, entonces adiós a las ciudades, adiós a todo este asunto y volver a formas más sencillas de vida, tribales y demás, de forma tal que volvamos a incorporarnos en la naturaleza. Esa tendencia señala que occidente, en su proceso de racionalización, progreso y desarrollo, entendió que la naturaleza era un objeto y que nosotros éramos una cosa aparte o ajena a ella, pero la crisis ambiental nos está mostrando que nosotros hacemos parte del planeta tierra, del sistema en general y que si no nos tomamos en serio el modo de producción, la manera en que estamos generando riqueza, pues el planeta y particularmente los seres humanos no vamos a aguantar.  Y ahí hay que señalar un asunto: los tornados, los terremotos, todo eso que viene pasando no es nuevo en la naturaleza, porque pasa por su dinámica propia, pero lo particular con la crisis ambiental es la intensidad de esos fenómenos naturales. Y eso apunta a lo que vienen señalando algunos científicos y es que posiblemente el planeta continúe pero no la especie humana.

5. ¿Cómo resolver el problema de los que dicen NO a la minería y a la vez el reclamo de los mineros informales a que los incluyan en la legislación? Algunos plantean que es indispensable una reforma al código minero, ¿es eso suficiente?

No. Lo que pasa es que allí hay una tensión y son dos problemas que se cruzan. O sea, la participación de la pequeña y la mediana minería está siendo objeto de reforma en el código. De hecho, desde el año 2000 hasta la fecha, los paros mineros han tenido influencia en el código y uno empieza a ver reformas que no había. Entonces empieza a tener lugar la pequeña minería, o se está pensando seriamente en incorporarla, y eso está bien.

Pero eso se cruza con el problema de los territorios donde por la vía de una consulta previa, o de una consulta popular, los habitantes le dicen no a la minería. Porque cuando esos sectores dicen no a la minería, en la práctica eso funciona para las empresas constituidas legalmente, pero el conflicto que tienen las administraciones locales es que a sus municipios no solo está llegando la multinacional sino todos esos mineros informales o incluso mineros criminales que tienen un aparato armado detrás. Y ahí el problema es que a la empresa legalmente conformada es relativamente más fácil controlarla que a unos grupos delincuenciales, o a todo el fenómeno de la informalidad.

6. ¿Cuáles son esas falencias o asuntos a corregir tanto en la minería a gran escala como en la pequeña y mediana minería?

Si uno se para sobre la idea de que en el momento es imparasitable desarrollar la actividad minera, entonces para disminuir la conflictividad habría que diferenciar justamente el tipo de actor que participa y el tamaño que tienen esos actores. Lo hemos dicho, una cosa es un barequero y otra cosa es una organización minera, el tamaño que tiene y el músculo para producir oro, porque en la práctica eso es lo que está intentando diferenciar el código minero, por eso tasa, si alguien saca 35 onzas entonces entendamos de que ese es barequero; si hay alguien saca más de ahí, hasta cierto tope, entendamos que es pequeño minero; y esa es la manera de clasificarlo, por la capacidad de extracción.

Pero lo que sucede es que tal y como está diseñada la ley —y más que la ley el modelo—, la pequeña minería y la mediana minería en algunos renglones y en algunos sectores van a desaparecer, porque el modelo intenta más bien que la empresa multinacional los incorpore o los sostenga por un periodo. Por ejemplo, los procesos de formalización  minera no le generan renta económica a la multinacional y es más, el proceso de formalización lo que le genera es un descuento en impuestos, hasta el 10%, porque en el esquema eso se entiende como política de responsabilidad social; por eso a los mineros en los contratos les tasan no solamente el tiempo sino también el área de exploración. En Buriticá se dio una discusión muy fuerte el año pasado porque el contrato señalaba que los mineros solo podían explorar hasta 50 metros, a lo cual los mineros dijeron: es que 50 metros los escarba una gallina, nosotros somos mineros, nosotros llegamos a 500, mil y más metros, y en 50 metros no vamos a poder.

De manera que el esquema apunta a eso, a la empresa multinacional. Pero a la multinacional realmente no le es rentable tener toda esa mano de obra, entre otras cosas porque su característica principal es que tiene tecnología de punta para desarrollar la explotación minera. Y qué significa tener tecnología de punta, pues significa ahorrarse mano de obra y poder hacer grandes extracciones. Por eso durante el foro algunos mineros señalaron que finalmente el modelo de formalización puede terminar siendo una forma muy diplomática para darle cristiana sepultura a esa práctica minera.

7. En este conflicto socio-minero ¿qué derechos son los que resultan más vulnerados y qué tan posible es restablecerlos o repararlos a partir de políticas como el marco Ruggie sobre derechos humanos y empresa?

El derecho que constante es más vulnerado es el derecho al trabajo, porque lo reclaman los mineros en términos de que esa ha sido una actividad que ellos llevan desarrollando muchos años y que les ha dado para vivir, sobrevivir y a algunos hasta para más, porque logran sacar mucho dinero.

El otro derecho más vulnerado es el derecho al medio ambiente. Ese es el principal, solo que el derecho al medio ambiente casi siempre es reclamado por los que se oponen a la minería, porque quienes están metidos dentro del negocio lo que intentan es que el impacto sea menor, pero es imposible que no haya impacto y eso hay que entenderlo en términos de las licencias ambientales. La discusión ahí es que hay gente que dice: cómo le dan la licencia ambiental si va a hacer un desastre, pero es que la licencia ambiental lo que hace es sopesar si el desastre que usted va a cometer es mayor a la riqueza que va a generar, entonces olvídense que no vamos a encontrar ninguna licencia ambiental cuyo estudio diga que aquí va a pasar algo muy horrible y que por eso no se otorga el permiso. Y como la autoridad ambiental sopesa entre el impacto y el bien que va a ganar, por eso es que también se señala que el mayor impacto ambiental lo genera la minería informal e ilegal y no la legal, sobre la idea de que la legal es controlable y se ciñe a unos parámetros que le permiten contaminar lo mínimo —porque no es que no contaminen, en eso hay que volver a discutirlo—, mientras las otras contaminan sin que haya controles.

Y un tercer derecho que suele aparecer, y hay que ubicarlo mucho en territorio, es el derecho a la vida, porque algunos asocian que la llegada de la multinacional les implicó un desplazamiento, bien sea en términos legales, es decir que la multinacional interpuso un amparo administrativo y llegó la policía a hacer el desalojo; o algunos casos en términos ilegales, cuando las personas señalan que la compañía acudió a los servicios de violencias privadas que hay en el territorio para hacer esos desalojos. Esos son como los tres derechos más recurrentes que aparecen en la conflictividad, desde donde nosotros lo hemos estudiado.