lunes, noviembre 13, 2017

Expectativas, logros y frustraciones de un proceso de paz



| Por: Javier Giraldo M. , S.J. |

Los diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y la insurgencia de las FARC, iniciados formalmente en agosto de  2012, luego de un período previo de exploración, y concluidos formalmente en noviembre de 2016 con la firma de un extenso Acuerdo que ha sufrido múltiples enmiendas y que no acaba de consolidarse frente a perspectivas constantes de nuevas enmiendas y amenazas persistentes de desconocimiento e incumplimiento, han centrado el debate político interno y externo. A nivel interno la polarización se agudiza progresivamente; a nivel externo produce curiosidades y expectativas por lo novedoso de algunas de sus soluciones.

En los últimos 34 años Colombia había vivido 5 prolongados procesos de paz, todos fracasados, si se entiende la paz como algo de interés nacional. Sólo entre los gobiernos de Barco y Gaviria (1986-94) hubo desmovilizaciones de varias estructuras armadas pequeñas o diezmadas que no se proyectaron en ninguna reforma social sino en prebendas puntuales para cada desmovilizado. Ello ha incidido en una cierta banalización de la paz, no pocas veces utilizada como incentivo de politiquerías electorales.

Antecedentes y contexto

Prácticamente desde la independencia de España, la situación de Colombia es explosiva desde los puntos de vista económico, político, social y cultural. Constituye una estructura violenta que, aunque no se reconozca, es generadora natural de guerras. Uno de los factores eje ha sido el problema de la tierra, acaparada por una élite minúscula que ha recurrido a las formas más despiadadas de despojo y que utiliza todo su poder para impedir cualquier intento de desconcentración. Otro factor neurálgico ha sido la concepción del Estado como botín de esa élite, a veces acaparado por un solo partido  que ha buscado eliminar al otro u otros mediante guerras civiles o revueltas regionales(1), y otras veces el botín ha sido compartido entre dos partidos elitistas mediante repartijas milimetradas que excluyen constitucionalmente a quienes representan intereses de participación amplia. La vergonzosa dependencia en lo económico y en lo militar de la potencia imperial hemisférica es otro factor enormemente degradante, manteniendo una economía volcada hacia el exterior y a su servicio, en perjuicio de la población nacional, y un dominio ideológico-militar extranjero, estrictamente planificado, capaz de bloquear y exterminar cualquier intento de rebeldía interna en favor de la justicia.  

Un eminente sociólogo, el sacerdote dominico francés Louis Joseph Lebret, realizó un  minucioso diagnóstico de la sociedad colombiana en los años 50 y concluyó que la clase alta representaba el 2.5%; la clase media el 12.5% y la clase baja el 85%. Por ello cuando el estamento militar afirmaba que estaba defendiendo la patria, el Padre Camilo Torres les repetía que confundían la “patria” con las 24 familias de la élite. Una investigación realizada por el CIAS en 1972 logró medir la concentración del poder económico, representado en las juntas directivas de las instituciones financie-ras, las sociedades anónimas con activos superiores a 100 millones en ese momento y las empresas cementeras de gran peso en esa coyuntura, demostrando que 705 personas que ocupaban 1.130 cargos directivos, concentraban el poder económico, cuyo 80% residía en 64 personas  y el 15% de esos nombres se superponían en los más al-tos cargos de la política y el gobierno(2). La persistencia de estructuras radicalmente discriminatorias se comprueba en los índices de desigualdad que continúan y se agravan en el siglo XXI y que colocan a Colombia entre los países más desiguales del planeta(3). 

El sentido del Derecho a la Rebelión, reconocido en las históricas declaraciones de derechos humanos y en históricas actas de independencia de grandes naciones, se explica por la necesidad apremiante, sentida por mayorías nacionales, de reivindicar condiciones de equidad que impidan que una minúscula élite se apropie del Estado y lo ponga a su servicio, negando la satisfacción de necesidades básicas a las mayorías. El Profesor de Derecho en la Universidad de Oxford, Anthony Maurice Honoré, ve en el Derecho a la Rebelión un derecho remedial cuando los demás derechos son vio-lados, pero en caso de ser negado el Derecho a la Rebelión, todos los demás derechos quedarían sin piso.  Para él, el Estado y los ciudadanos conforman una empresa común, dentro de la cual el Estado tiene el papel de garantizar la repartición igualitaria de bienes y servicios y de impedir agresiones de unos ciudadanos o grupos contra otros ciudadanos o grupos, pero cuando el Estado desconoce ese deber esencial, los ciudadanos tienen todo el derecho de eliminar ese Estado y procurarse otro tipo de Estado(4).

Sin embargo, bloquear el Derecho a la Rebelión ha sido función prominente del Esta-do Colombiano. Su ideología o justificaciones filosófico-político-religiosas del modelo elitista de Estado ha consistido en demonizar a los grupos que propenden por un cambio hacia condiciones equitativas, y una vez demonizados, exterminarlos mediante todos los métodos de crueldad. En ese cometido la Iglesia Católica le prestó enormes servicios al Estado durante un extenso período, aportando doctrinas que identificaron las tendencias liberales, socialistas y comunistas con lo diabólico, legitimando su represión y  exterminio. Los movimientos falangistas y fascistas de otros países también le aportaron instrumentos ideológicos funcionales a lo mismo, pero por sobre todo los Estados Unidos exigieron dirigir sus políticas de seguridad desde los años 30 y le impusieron estrategias de monitoreo absorbente de sus formas de represión dentro de los cánones de la “Guerra Fría”, una de cuyas estrategias centra-les fue el paramilitarismo(5), con miras a que el Estado contara con brazos clandestinos de civiles armados que asumieran las prácticas más criminales de la represión sin deslegitimar al Estado formal por su barbarie.

Con esos instrumentos ideológicos y bélicos el Estado colombiano montó una maquinaria de muerte aterradora desde décadas que se remontan al siglo XIX y recorren –in crescendo- todo el siglo XX y los avances del XXI. Masacró a los obreros de las bananeras (1927) y más tarde a los de las cementeras (1963) con la más escalofriante frialdad. Envió a entrenarse en prácticas de barbarie a cerca de 15.000 de sus efectivos militares en la Escuela de las Américas (USA) y entre los allí graduados seleccionó a sus más altas jerarquías castrenses. Redactó manuales de contrainsurgencia que recopilaron los más sucios procedimientos represivos, con asesoría de expertos estadounidenses, argelinos, israelíes, ingleses y australianos. Proscribió el comunismo en una Constituyente (1954) y estableció 13 delitos de colaboración con grupos comunistas, sometiendo a los acusados a Consejos Verbales de Guerra (Decreto 434 de 1956). Con presupuesto del Estado (Decreto 3017 de 1950) ordenó entrenar a los campesinos de un pueblo boyacense en las más aterradoras prácticas de barbarie (los “Chulavitas”) para que asesinaran con refinada crueldad a centenares de miles de campesinos. Emitió un Estatuto de Seguridad (1978) que le sirvió para torturar a más de 60.000 colombianos. Sometió a genocidio al partido político legal Unión Patriótica, surgido de unas conversaciones de “paz”,  al movimiento político A Luchar y a otras fuerzas políticas y sindicales, asesinando o desapareciendo al grueso de sus militancias. Se convirtió en campeón mundial de asesinato de sindicalistas (60% de los asesinatos de sindicalistas en el  mundo).  Para fingir triunfos militares inexistentes se inventó el método de los “falsos positivos”, presentando como “muertos en combate” a jóvenes indefensos y a indigentes engañados con falsas promesas de empleo, vistiendo sus cadáveres con uniformes de combate; todas las brigadas del ejército se involucraron en este método atroz motivadas por recompensas que iban desde días de vacaciones y viajes de descanso hasta remuneraciones millonarias. Adoptó el más aterrador método hitleriano desapareciendo a más de 70.000 colombianos a partir de los años 70, entre muchísimas otras atrocidades.

Ya en los años 50 surgieron las guerrillas liberales invocando el Derecho a la Rebelión, pero no duraron mucho, pues se desmovilizaron con el atractivo de una amnistía y una adopción de políticas sociales que jamás se concretaron (1953), siendo luego la mayoría de ellos asesinados. A partir de 1964 se fueron multiplicando las organizaciones insurgentes que volvían a invocar el Derecho a la Rebelión. Algunas guerrillas, como las FARC, fueron respuesta a operaciones brutales de exterminio de campesinos resistentes al despojo de tierras, como la de Marquetalia y otras zonas cercanas, la cual contó con 16.000 militares transportados en aviones y helicópteros de USA y con armas biológicas de alto poder destructivo. Desde entonces el Estado, rechazando toda propuesta de reformas agraria y política, se dedicó a demonizar a las insurgencias con la asesoría estadounidense, produciendo un arsenal de leyes represivas y de documentos secretos de guerra sucia contrainsurgente, hoy consideradas como violatorias de todo derecho humano. En 1997 hizo desaparecer radical-mente el Derecho a la Rebelión (Sentencia C-456/97 Corte Constitucional) y lo con-virtió en un “delito de opinión”, luego considerado como de “flagrancia permanente”, desvinculándolo incluso de toda conducta puntual activa. Con tal hermenéutica el Estado se dedicó a reprimir los movimientos sociales y la protesta social, reproduciendo jurisprudencias que consideraban la Rebelión como el más horrendo de los crímenes y castigándolo con penas en aumento progresivo.  En esa guerra contrainsurgente el Estado utilizó intensamente sus brazos paramilitares, los cuales se vieron potenciados al máximo desde los años 80 gracias a su alianza con los grandes narco-traficantes, lo que llevó a multiplicar enormemente las víctimas de la guerra sucia contrainsurgente. Las estadísticas de vidas destruidas, dependiendo de los marcos temporales que cada investigación asume, van de 220.000 (Centro de Memoria Histórica) hasta 286.912 (cifras combinadas de Monseñor Guzmán y Diego Otero Prada (6)

Con la seguridad contrainsurgente que le han suministrado las estructuras paramilitares de progresivo crecimiento, el Estado suscribió todos los tratados internacionales de derechos humanos, logrando configurar un Estado esquizofrénico, en el cual, la mayoría de sus funcionarios se identifican con las formalidades de un Estado de Derecho (el “yo” estatal institucionalmente asumido y proclamado) y consideran como un “no yo” (como alteridad negada)  los brazos paramilitares criminales, apoyados discretamente por la fuerza pública y los aparatos judiciales y administrativos, mediante métodos de evasión, tolerancia, impunidad, ignorancia ficticia, negación formal-irreal e incentivos clandestinos.

Entre tanto los medios masivos de información, controlados en propiedad privada por 4 familias de enorme poder económico y empresas transnacionales, han asumido durante muchas décadas cánones estrictos de autocensura y parámetros comunes de lenguaje, tendientes a demonizar al máximo, no sólo lo que hace referencia a los grupos insurgentes, sino también –asimilándolos a los anteriores- a los movimientos sociales y a experiencias de transformaciones sociales y políticas en otros países latinoamericanos. La ausencia de medios alternativos críticos de masas ha llevado a que el grueso de la población, sin alternativas informativas, asimile compulsivamente las imágenes demoníacas de las insurgencias, de los movimientos y protestas sociales y de las ideologías “de izquierda”, configurando una conciencia social masiva donde las estructuras neoliberales, el consumismo, la competitividad, el individualismo y egoísmo exacerbados gozan de plena legitimidad moral e ideológica y sus impulsores y exponentes de un halo incuestionable de santidad laica, mientras las propuestas y luchas  altruistas por la equidad cargan con estigmatizaciones tradicionales como versiones del “demoníaco comunismo”, reforzadas 24 horas al día con todas las técnicas modernas de la manipulación mediática. De allí que al concretarse negociaciones de paz con las FARC o el ELN, los medios intensificaran sus campañas de estigmatización y demonización de las insurgencias, atribuyéndoles falsamente todos los crímenes horrendos imaginables, posesiones de riquezas fabulosas, relaciones con las mafias más repugnantes del planeta y negando y ocultando todos los objetivos de su lucha. Concomitantemente silencian y niegan los crímenes de Estado o los juzgan como acciones excepcionales de individuos aislados y desviados (“manzanas podridas”) ajenas a toda sistematicidad o complacencia estatal.

En los 34 años precedentes varios jefes de Estado se han comprometido en procesos de paz que no han tenido ningún éxito. En 1982 el Presidente Betancur inauguró su administración con un conmovedor discurso de paz que no logró apoyo ni de los militares ni del Congreso ni de la Iglesia ni de los Medios ni de los empresarios. Su imagen previa estaba manchada con la memoria de la masacre de Santa Bárbara y su imagen posterior se manchó con la memoria de la masacre del Palacio de Justicia, con el inicio intensivo, durante su gobierno, de las desapariciones forzadas y el auge del paramilitarismo, hechos que siembran dudas de fondo sobre sus convicciones de paz. La oscura y débil administración Barco (1986-90) lo mostraría después muy con-trolado, en su arterioesclerosis progresiva, por los poderes del narco-paramilitarismo. El gobierno de César Gaviria (1990-94) logró convocar la Asamblea Constituyente y firmar acuerdos de desmovilización con varias guerrillas pequeñas o diezmadas, pero el mismo día del  inicio de la Constituyente ordenó bombardear la sede del Secretariado de las FARC y luego, en la Ley 356/94, que establecía un nuevo estatuto para las empresas privadas de seguridad, le devolvería el piso legal al paramilitarismo que Barco le había retirado. Ernesto Samper (1994-98) se apoyaría en esa misma ley para crear la versión legalizada y atroz del paramilitarismo en las cooperativas CONVIVIR.  Andrés Pastrana (1998-2002) ganó las elecciones convocando de nuevo a la paz a una sociedad extenuada por la guerra, pero se contentó con despejar un área y firmar una agenda a la cual no le dio seguimiento alguno, mientras volaba a Washington a negociar el “Plan Colombia”, un plan militar que tecnificaba más la represión militar, todo lo cual arruinó su credibilidad como negociador de paz. Álvaro Uribe (2002-2010) no se interesaría sino momentánea y ficticiamente por negociaciones con las guerrillas, pues su interés primordial se centró en las negociaciones con los narco-paramilitares a quienes les regaló instrumentos generosos de impunidad y creó versiones legalizadas y masivas de paramilitarismo que hoy inundan el país, mientras firmaba pactos de desmovilización de los paramilitares que más tarde evidenciarían su carácter ficticio.

Con esta acumulación de fracasos y ficciones se llegaría a la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), gobernante caracterizado por su astucia calculadora y por su adhesión incondicional a la ideología capitalista neoliberal. Desde su inicio anunció que acabaría con las guerrillas “a las buenas o a las malas” y, con intensa asesoría estadounidense e israelí se propuso acelerar golpes mortales, de enormes costos bélicos, para forzar unas negociaciones en contexto de “derrota” y de “rendición”. Planeó asesinar a las altas dirigencias de las FARC y del ELN, como “cuota inicial” de su “paz” y  llevarlos casi derrotados a una mesa en la que pudiera imponerles condiciones audaces y denigrantes de sometimiento al statu quo. Siendo Ministro de Defensa de Álvaro Uribe, violó el territorio ecuatoriano para asesinar a Raúl Reyes, vocero internacional de las FARC, en compañía de jóvenes de varios países que lo entrevistaban (1º de marzo de 2008). Ya como Presidente, derrochó toneladas de explosivos para aniquilar el refugio subterráneo de Jorge Briceño, jefe militar de las FARC (22 de septiembre de 2010) y luego ordenó el asesinato fuera de combate de Alfonso Cano, Comandante General de las FARC (4 de noviembre de 2011) episodio que escandalizó al ex Ministro Álvaro Leyva, futuro integrante de la Mesa de Diálogos en La Habana, pues  Leyva sabía que Santos ya adelantaba conversaciones exploratorias de paz con Cano y nunca pudo entender los principios políticos y menos los éticos en que Santos fundó la orden de asesinarlo. También el Arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, denunció lo que a su juicio era un vil asesinato y no una “muerte en combate”.

Tal orgía de sangre tuvo que tocar la moral íntima de la insurgencia Fariana, pues el estoicismo con que asumen la guerra sus combatientes no llega a borrar rasgos profundos de su humanidad. Por ello impresiona la carta que el nuevo Comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, le dirigió al Presidente Santos el 21 de noviembre de 2011 y que probablemente forzó la apertura de la fase exploratoria de los diálogos. Allí le decía:

(…) la vida, unos prefieren pasarla haciendo dinero y engordando como cerdos, o practicándose cirugías para conservarse jóvenes, pisoteando a los demás y dándose ínfulas. Otros escogen caminos más nobles. Y son muy felices así. Es un asunto de conciencia. Pretender intimidarlos para que acepten vivir como los primeros es un error. Y todavía más grave es matarlos. Pretender exhibirse como modelo de civilización y decencia dando la orden de despedazarlos a punta de bombas, plomo y metralla. O como sea. Por ejemplo, de dos balazos por la espalda cuando se llega en la noche a casa. O molidos a golpes en una celda. O desmembrados con una motosierra. O con la cabeza mochada a machete. […]

Yo no sé. Pero eso de ostentar poder y mostrarse amenazante y brutal, no puede ganar las simpatías de nadie. De nadie que no sea ostentoso y brutal como el que lo hace. La historia nos enseña que a la inmensa mayoría de seres humanos les repugna ese tipo de fanfarronadas. De niños aprendemos que sólo los ogros más malvados suelen actuar de ese modo. Y con el tiempo aprendemos a asociar esas conductas a los seres más perversos. Matar salvajemente a un ser humano, con métodos notoriamente  des-proporcionados, para pararse sobre su cadáver y señalar a otros que les tiene reservado el mismo tratamiento, tiene la virtud de producir un efecto contrario. Ningún hombre se dejará humillar de ese modo. […]

Son los gestos de grandeza moral los que hacen imperecederos a los hombres. Sólo las mentes más enfermas y enajenadas pueden sentir alguna simpatía por Adolfo Hitler. Aunque en su momento muchos lo hubieran aplaudido. El tiempo terminó por ubicarlo en el infame lugar que le correspondía. Creo que a los Santos y Pinzones les reserva una suerte similar el destino.

No puede ser de otro modo. El grado de ruindad moral que exhiben horroriza al más sano de los juicios. Muy poca gente conoce en el reinado de cuál emperador romano fue crucificado Jesús. Pero creo que por encima de las propias creencias, en todas partes se profesa el más elevado respeto por él. Porque prefirió el suplicio y la cruz antes que renunciar a sus ideas. Y porque esas ideas abrigaban un altísimo grado de humanidad (…) Pero lo coronaron de espinas, lo abofetearon, lo crucificaron y lancea-ron. Se burlaron de él. Habían preferido liberar en su lugar al peor de los criminales.

Esta gente lleva medio siglo en esto, Santos. Algunos, de cabeza blanca, cuentan historias de sus días en Marquetalia. Otros hablan de los años en el Guayabero, de los primeros diálogos cuando Belisario (…) Esta gente ha construido una epopeya sin antecedentes en ningún lugar ni época histórica. No hubiera sido posible sin el más extraordinario altruismo. Ni si-quiera las fuerzas especiales del Ejército pudieron operar en el terrible invierno de esas abruptas cordilleras guerrilleras. Pero allá mismo viven ellos, aman, sueñan un mundo mejor y luchan por conseguirlo (…) Las FARC son miles y miles de revolucionarios que soportan las más duras condiciones porque creen firmemente en su causa. No ganan un solo centavo, no poseen nada material, el movimiento les da lo que necesitan. Y el movimiento son todos ellos. Son una impresionante creación histórica, aquí, en Colombia, ante nuestros ojos. Así no es Santos, así no es”.

Las expectativas

Cuando el Presidente Santos anunció públicamente la apertura de los diálogos con las FARC, mucha gente percibió que había algo, tanto en la agenda como en el método, que los diferenciaría de los anteriores procesos de paz. El mismo Santos aludió a las diferencias en la alocución televisada del 4 de septiembre de 2012:

“Este acuerdo es diferente a los anteriores porque contiene una agenda realista sobre cinco puntos concretos. El primer punto es EL DESARROLLO RURAL. Eso significa dar mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones más aparta-das,  hacer que la prosperidad y los servicios del Estado lleguen a todos los habitantes del campo. Es repartir las oportunidades de manera más equitativa por to-do el territorio. El segundo punto son LAS GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. No sólo en la norma, sino en la realidad. Es decir, que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor, y que se rompa para siempre el lazo entre política y armas.  El tercer punto es EL FIN MISMO DEL CONFLICTO ARMADO.  Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de terminación. El cuarto punto es EL NARCOTRÁFI-CO, que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país. Si este proceso contribuye a que se combata con más efectividad este negocio ilícito, eso por sí solo sería un gran avance. Y el quinto punto son LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas, que –precisamente– es lo que comenzamos a hacer con la Ley de Víctimas. Satisfacer los derechos de las víctimas es una obligación de todos. Eso significa también emprender un ejercicio de esclarecimiento de la verdad porque no sólo las víctimas, sino todos los colombianos, tenemos derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables. Todos estos puntos tendrán su correspondiente verificación y, en su conjunto, constituyen una fórmula integral para la terminación efectiva del conflicto”.

El hecho de centrarse en pocos puntos y justamente en los más percibidos como raí-ces del conflicto, como el problema de la tierra, de la democracia, de la impunidad y de las drogas y el anuncio de una verificación que sustrajera las promesas del in-cumplimiento, produjo optimismo en las poblaciones más golpeadas por el conflicto, la injusticia y la represión.

El discurso de Iván Márquez, jefe de la delegación negociadora de las FARC, en Os-lo, Noruega, el 18 de octubre de 2012, alimentó más el optimismo pues anunciaba la decisión de las FARC de centrarse en la discusión de factores que están incidiendo profundamente en las situación trágica del país, con diagnósticos compartidos por numerosos analistas sociales y la totalidad de los movimientos sociales. Algunos de sus planteamientos fueron:

“Una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto, es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas, como los inamovibles fiordos rocosos de estas tierras, para que la paz sea estable y duradera.(…)  venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva, una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas.

Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones socio- históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo, y el sentido del buen vivir.(…) la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa; encarna una suerte de des-pojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las trasnacionales y conglomerados financieros, a los que sólo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos minero-energéticos que están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agro-combustibles que alimentarán automóviles. (…) Lo aseguramos sin vacilación: la bancarización de la tierra derivada de la titulación, acabará "tumbándole" la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal. La naturaleza como fuente de información genética no puede ser convertida en botín de las trasnacionales. Nos oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de los agro-negocios y sus cadenas agroindustria-les. Están en juego la soberanía y la vida misma.(…)  Hoy hemos venido a des-enmascarar a ese asesino metafísico que es el mercado, a denunciar la criminalidad del capital financiero, a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusa-dos, como verdugo de pueblos y fabricante de muerte. (…)  El fin último de tales políticas, en detrimento de la soberanía y del bienestar común, es dar seguridad jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de tierras y lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y mercados de futuro. Independientemente de que exista o no la insurgencia armada, esta política multiplicará los conflictos y la violencia (…) Por medio de la violencia del Plan Colombia y el proyecto paramilitar, se preparó el territorio para el asalto de las trasnacionales. La ley general agraria y de desarrollo rural, es esencialmente un proyecto de reordenamiento territorial concebido para abrirle campo a la economía extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro de la soberanía alimentaria y del mercado in-terno, al superponer el mapa minero-energético sobre el espacio agrícola. Ni si-quiera se tiene en cuenta la promoción de una agroecología que permita una interacción amigable (…)

Este no es un espacio para resolver los problemas particulares de los guerrilleros, sino los problemas del conjunto de la sociedad; y dado que uno de los factores que más impacta negativamente a la población es la subscripción de los Tratados de Libre Comercio, éste es un tema que tendrá que abordarse indefectiblemente. Po-bre Colombia obligada a competir con las trasnacionales con una infraestructura arruinada por la corrupción y la desidia (…)

Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y mili-tares (…) Necesariamente tendremos que abocar las causas generadoras del conflicto y sanear primero el cangro de la institucionalidad. (…)

Qué bueno sería protagonizar el surgimiento de unas nuevas Fuerzas Armadas. No más sumisión a Washington, no más subordinación al Comando Sur y no más complacencia con la expansión de bases militares extranjeras en nuestro territorio.

No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad como los 300 mil muertos de la denominada época de la violencia en los años 50, que responda por los 5 mil militantes y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50 mil casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la dramática crisis social y humanitaria; en síntesis que responda por el terrorismo de Estado. Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son sus victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad”.

No hay duda que el discurso de Márquez situaba la paz donde hacía muchas décadas querían situarla los movimientos sociales, los millones de víctimas, los sectores secularmente excluidos de todo bien y servicio derivado del Estado, los millones de desplazados forzadamente, los familiares de los desaparecidos y masacrados, los sindicalistas forzados a desafiliarse por el terror, los movimientos cívicos que luchaban por mil formas de participación negadas, los millones de indígenas, campesinos y afrodescendientes sometidos a un despojo sin tregua. Sin embargo, desde un comienzo el Presidente Santos lanzó baldados de agua fría decepcionantes: el mismo día en que se inauguraron en Oslo los diálogos, el delegado plenipotenciario del Gobierno, Humberto De La Calle, le respondió a Márquez mediante consignas fijadas por San-tos: “'Ni modelo económico ni doctrina militar están en discusión. En la mesa de negociación no se va a discutir el modelo económico ni la inversión extranjera. Tampoco la doctrina militar o la propiedad privada”(7).

En su alocución al aprobarse la parte sustancial de los acuerdos, el 12 de julio de 2015, el Presidente Santos afirmó: “Por eso trazamos unas líneas rojas, que las hice explícitas desde el principio, que se han mantenido y se mantendrán hasta el fin del proceso. ¿Y qué significan esas líneas rojas? Que en La Habana no se discute nuestro sistema democrático, ni nuestro modelo económico, ni la propiedad privada, ni el tamaño ni el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, ni ningún tema –¡ninguno!– que esté por fuera de la agenda preestablecida. Cada decisión, cada paso, han sido planeados, analizados, estudiados a profundidad, pues desde un principio hemos tenido claro a dónde queremos llegar”(8).
  
Una contradicción de fondo iba a atravesar, pues, los diálogos de paz, ya que en sana lógica, el modelo económico, el modelo político y el modelo militar están radical-mente implicados en las raíces del conflicto y tocan, no superficial sino radicalmente, los problemas de tierra, participación y víctimas. Abordarlos sin tocar los modelos vigentes sería imposible o su abordaje produciría una paz ficticia o de apariencia.

Quien haya seguido el discurso promocional de la paz del Presidente Santos, sobre todo en sus viajes al exterior, en sus reuniones con empresarios multinacionales en Norteamérica y Europa y también con el gran empresariado colombiano, pudo observar que él vendía una concepción de la paz centrada en los beneficios que le trae-ría a la inversión extranjera y al gran empresariado multinacional, el cual podría explotar los recursos naturales, principalmente los minero-energéticos, sin el temor a ataques o extorsiones de grupos insurgentes.

Y a pesar de que el tema de las víctimas y la justicia se concibió siempre en las con-versaciones exploratorias y en el desarrollo de los diálogos como un tema bilateral, y así lo reconoció el Presidente Santos en su discurso en La Habana el 23 de septiembre de 2015 al afirmar: “Quiero hacer especial énfasis en que ni este sistema de justicia ni esta jurisdicción están dirigidos exclusivamente a las FARC. Todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, y cometieron delitos con ocasión de éste, pueden someterse a esta justicia transicional, incluyendo los agentes del Estado y, en particular, los miembros de la fuerza pública”, sin embargo, para los medios masivos de información sólo iba a existir justicia para las FARC y sólo debía existir justicia para las FARC. Esa coyuntura llevó a los Medios masivos a criminalizar exageradamente a las FARC, atribuyéndoles falsamente los crímenes más horrendos y numerosos y silenciando totalmente los crímenes de Estado. En la conciencia masiva configurada y cautiva por los Medios, las perspectivas de “justicia transicional”, de amnistías, de penas alternativas y rebajadas, de posibilidades de participación política luego de la desmovilización, etc. que eventualmente beneficiarían a las FARC, eran monstruosidades que el país no podía tolerar, mientras a los miembros de la fuerza pública, paramilitares y empresarios todo se les podía perdonar y habría que evitar que fueran judicializados. Aquí se percibía una manipulación extrema de la conciencia de masas, pues estadísticamente los crímenes de Estado son enormemente más numerosos (cerca del 80% del total) y jurídica y éticamente más intolerables, pues no se fundan en luchas altruistas por búsquedas quizás equivocadas de justicia, sino en la adulteración más radical del papel del servidor público, convirtiéndolo de protector del ciudadano en agresor del ciudadano para infringirle los más atroces sufrimientos y despojos.

Con estas expectativas enfrentadas: de que se pudiera activar la inversión extranjera (gobierno y empresariado); de que se acabaran las FARC y se les enjuiciara, condenara y despojara de toda incidencia social (conciencia de masas configurada por los Medios), y de que se lograra una reforma agraria, una reforma del modelo neoliberal y una conquista de democracia y desmilitarización y desparamilitarización de la sociedad (movimientos sociales de base e insurgencias), se inician las conversaciones de La Habana que durarían un poco más de 4 años.

Confrontaciones y logros

Los debates en La Habana fueron prolongados. Las FARC iniciaban la discusión de cada punto con un paquete de 10 propuestas, las cuales, en las semanas siguientes se iban desagregando cada una en otras 10, llegando a presentar para la discusión de cada uno de los puntos más álgidos 100 propuestas. La delegación del Gobierno se limitaba a analizar y controvertir las propuestas de las FARC y, como se pudo evaluar finalmente, a negar rotundamente cada propuesta conduciendo la discusión a lo que el Gobierno tenía en mente desde el comienzo, sin tocar en absoluto el modelo de sociedad vigente. Esto hizo que, tras el agotamiento de la confrontación que revelaba posiciones irreconciliables, los temas esenciales se fueron acumulando en congelado-res, esperando retomarlos más adelante sin mucha esperanza.

Las propuestas de las FARC, como ellos mismos lo expresaron muchas veces, no se inspiraban en su ideario político, de corte socialista o comunista, sino en numerosas sugerencias que llegaron de los movimientos sociales, recogidas en foros públicos organizados por la ONU y la Universidad Nacional o enviadas a la Página Web que se abrió para ello.

a)        Sobre la tierra y el desarrollo agrario

Los primeros 7 meses fueron copados por la discusión sobre una reforma agraria. La concentración excesiva de la propiedad de la tierra y el escandaloso despojo de campesinos e indígenas durante muchas décadas había dado origen a las FARC y seguía siendo su bandera principal de lucha. Sus propuestas se centraron en mecanismos de desconcentración de la propiedad rural, ya por prohibición o regulación del latifundio y denegación del “derecho de superficie”; por medidas de “desganaderización” de grandes extensiones y la adopción de nuevos criterios de ordenamiento territorial centrados en la producción de alimentos y la protección del medio ambiente; por la prohibición o restricción de proyectos minero-energéticos destructores del medio ambiente; por el freno a la extranjerización de la tierra y de los recursos no renovables. Al mismo tiempo proponían crear extensas Zonas de Reserva Campesina y Zonas de Producción de Alimentos, ambas protegidas frente al mercado y ayudadas en su planes por recursos del Estado, reformas todas que implicaban reversar acuerdos internacionales como los Tratados de Libre Comercio que arruinaron al campesinado nacional, concesiones y licencias a empresas trasnacionales, apropiación privada de saberes mediante patentes y el comercio creciente de transgénicos y agroquímicos.

Sin ninguna duda, este conjunto de propuestas, contenidas en 100 concreciones puntuales, se hallaban en contradicción radical con la política agraria del gobierno representado en la mesa oficial, el cual había colocado el eje de su proyecto nacional de desarrollo en la “locomotora minera”, distribuyendo licencias de explotación minero-energética a diestra y siniestra; firmando tratados de libre comercio para traer alimentos de otros países y ofrecerle las tierras agrícolas a las multinacionales mineras que agotan las aguas y envenenan las tierras y sus ámbitos vitales y cuyos compromisos prioritarios rigen con los gestores del mercado neoliberal, para quienes la tierra es mercancía de primer orden y por ello su comercio debe ser garantizado y regularizado de acuerdo a las leyes liberales de transferencia de propiedades protegidas por la seguridad jurídica de catastros técnicos y tribunales sensibles al dinero.

El producto de esos 7 meses de confrontación fue titulado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano – Reforma Rural Integral”- Su eje lo constituye un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para que el gobierno se las reparta a los campesinos que no tienen tierra o tienen muy poca, en los próximos 12 años, y una promesa de regularización de tierras sin títulos claros, en una extensión de 7 millones de hectáreas, las cuales asegurarán pago de impuestos al fisco en los próximos 10 años. A este eje se le suman círculos concéntricos de desarrollo rural, tales como planes viales, redes eléctricas, redes de conectividad, planes de riego, escuelas, centros de salud, regularización laboral y viviendas. Como el lenguaje en que se anuncian estas inversiones de desarrollo es supremamente abstracto, pues no hay referencias al cuándo, dónde, quién y cómo de su implementación, se anuncian Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial para las zonas más devastadas por el conflicto, los cuales tendrían priori-dad. Ojalá el reparto de las tierras del Fondo no se integre a los circuitos de clientelismo y corrupción electorales y los planes abstractos de desarrollo no se identifiquen con las promesas rituales y siempre incumplidas de toda campaña electoral, ya que han adoptado su mismo lenguaje. Es de temer, además, que los títulos regularizados, incluso unos (los donados) que tendrán embargo de 7 años para poderlos enajenar, vayan a parar muy pronto a  las manos de grandes empresarios y así ya no serán las masacres y los desplazamientos masivos sino el Mercado el que dará cuenta de la nueva monstruosa concentración de la propiedad.

Pero si el gran logro de la negociación de paz es la repartición de lotes de tierra por el Estado, había un instrumento vigente para ello desde 1994 en la Ley 160, la cual exigía entregar tierras baldías exclusivamente a los campesinos pobres. Imposible en-tender, entonces, que el gobierno de Santos, mientras firmaba el Acuerdo sobre Tierra en La Habana, hiciera aprobar la Ley 1776 de 2016 ( ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social –ZIDRES-) la cual permite entregar los baldíos a empresas poderosas mediante cesiones, arriendos u otras formas, con el pretexto de que hagan alianzas con campesinos pobres en “procesos industriales altamente rentables y competitivos”. A nadie se le oculta que, en alianzas tan desiguales, el campesino lleva las de perder y que hay allí una opción explícita por una economía neoliberal, causa innegable del conflicto armado.

Y si bien el Acuerdo firmado en La Habana el 24 de agosto de 2016 y firmado de nuevo solemnemente en Cartagena el 20 de septiembre con presencia de todos los presidentes latinoamericanos, había consignado como uno de los principios rectores del punto Tierra: el “énfasis en pequeños y medianos productores y productoras”, además del compromiso de “estimular la economía solidaria y cooperativa como medio para canalizar recursos y servicios a la población rural” (1.3.3.1.), sin embargo, entre las enmiendas impuestas por la extrema derecha después del manipulado plebiscito del 2 de octubre de 2016, se introdujo otro principio rector contradictorio para el desarrollo rural, haciéndolo depender de “la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo (…) y de “encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción” (Principios, 2). La élite dueña del país se aferrará seguramente del segundo principio y no del primero, para exigir la continuidad de su modelo eco-nómico intocable.

Por todo esto, las FARC terminaron confinando en el congelador de las SALVEDA-DES sus propuestas negadas y renegadas por el Gobierno, pero que eran las que apuntaban a superar el conflicto de la tierra como raíz de la violencia. Allí consigna-ron 10 SALVEDADES referidas a mecanismos de erradicación del latifundio, de la extranjerización de la tierra, de las concesiones minero-energéticas y de agro-combustibles, de revisión de los tratados de libre comercio, de los ajustes al ordena-miento territorial; a la creación de territorios campesinos, al estatus de las Zonas de Reserva y de las propuestas Zonas de Producción de Alimentos, a la defensa del me-dio ambiente, del agua y de los recursos no renovables, al reconocimiento de los De-rechos del Campesino adoptados por la ONU, a la regulación del derecho real de superficie y a la creación de un Consejo Nacional de la Tierra. Propuestas negadas por una élite que considera intocable su modelo generador de exclusiones, de violen-cias y de devastación del planeta.

b)        Sobre la participación política

Las 100 propuestas llevadas por las FARC a la Mesa para la discusión del punto 2: Participación Política, constituyen una impresionante radiografía de nuestra anti-democracia. Al recorrer esos 11 capítulos se puede tomar consciencia de lo ancho, largo y profundo de un régimen cerrado que nos hemos acostumbrado a rotular como “democracia” por una inercia cultural de superficialidad inconsciente, pero donde lo más esencial de una democracia, como es la participación de las mayorías en las decisiones que las afectan, se encuentra a años luz.

Los diversos capítulos desnudan la antidemocracia en muy diversos ámbitos, en la medida en que se van proponiendo alternativas: el primero se refiere a la estructura general del Estado, hundido en el clientelismo y la corrupción mafiosa, sin independencia de poderes; donde los eventuales investigados eligen a sus investigadores o controladores; donde reina un asfixiante presidencialismo que bloquea otras iniciativas legislativas; donde el aparato electoral es el clímax de la corrupción y sostén de las demás corrupciones; donde las decisiones económicas favorecen a una élite y al empresariado trasnacional; donde la fuerza pública responde a doctrinas foráneas de salvajismo represivo; donde la justicia sufre una escandalosa politización que hace nugatorio su teórico principio estructurador  de imparcialidad, en síntesis, un Estado que necesita urgentemente, para tener algo de democracia, un poder popular que allí se propone. En los capítulos siguientes se aborda el problema de la oposición política y social, sin garantías y que reclama garantías. En el tercero se proponen medidas para hacer viable el nuevo partido que formarían las FARC. En el cuarto se aborda el problema crucial de la información y comunicación, que es la que configura la con-ciencia social nacional, proponiendo una democratización en la propiedad de los medios masivos, inspirándose en el modelo de la Ley Ecuatoriana de Medios que distribuye el espectro radioeléctrico en varias instancias. En los siguientes capítulos se analiza la discriminación entre las regiones; la carencia de mecanismos de participación en las ciudades para las cuales se proponen los Consejos Urbanos de Participación Social; la carencia de participación  popular en los diseños de política pública, como en el CONPES; La carencia de mecanismos de participación de los sectores más excluidos, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, pro-poniendo allí la constitucionalización del Poder Popular. También hay propuestas de participación en un nuevo orden económico político que trascienda las fronteras y se proyecte en la región latinoamericana y en el orden mundial, así como para la pro-moción de una cultura política democrática. El último capítulo, como corolario de sana lógica, propone abordar todas esas reformas en una Asamblea Constituyente.

Evidentemente todas estas propuestas cruzaban las “líneas rojas” de Santos, pues a través de ellas se toma consciencia de la urgencia de cambiar de modelo político. Por ello el Capítulo 2 del Acuerdo de La Habana es tan pobre en incidencia aunque rico en retórica. Una fijación ideológica que parece recorrer el texto y se explicita en di-versos lugares, identifica la participación con una ampliación cuantitativa de las estructuras corruptas que se hacen capaces de incorporar nuevas fuerzas, las cuales aceptan adaptarse al libreto de sus manejos tradicionales y corruptos del poder, de allí que cuando se hace referencia al régimen electoral, se piensa es en aumentar el flujo de electores y no en reformar los mecanismos de su corrupción. Por eso el blo-que 2.1. se detiene en las garantías de la oposición política y de los movimientos so-ciales, garantías que retoman mecanismos trillados y probadamente ineficaces, como las alertas tempranas, las comisiones de alto nivel para dar garantías de seguridad  y protección o el aumento de penas para las organizaciones criminales que masacran y amenazan, algo, esto último, que se ha evidenciado como imposible mientras no se controle a su gran fuerza protectora e incentivadora que es la fuerza pública. Un esquema muy similar se sigue en el sub-bloque 2.2.1., que aborda las garantías para los movimientos sociales, avanzando entre las garantías que se incluirían en el proyecto de ley que se promete: el acceso a la información, el derecho de réplica y otras iniciativas muy abstractas, pues no tocan piso. Quizás la más concreta es la que solicita el apoyo al Consejo Nacional de Participación por parte de 3 entidades de trabajo social: el Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP, con el fin de concretar las propuestas- insumos para la ley.

Los demás subtemas del bloque 2.2. son especialmente evasivos ya que no tocan el núcleo de los problemas que enfrentan esas modalidades de participación. El 2.2.2. enfrenta la movilización y protesta social, enunciando derechos y garantías que no existen ni entran de lejos en la filosofía política del tipo de gobiernos que tenemos, pues allí no se menciona siquiera el obstáculo más monstruoso que obstruye y aniquila en la práctica la protesta ciudadana, como es el ESMAD, estructura criminal mediante la cual el Estado disuelve por el terror todas las protestas sociales y mantiene en la impunidad absoluta a quienes han masacrado y mutilado a infinidad de manifestantes.  El 2.2.3.  enfrenta el problema de los medios, y allí la solución más audaz consiste en prometer ampliar adjudicaciones de radios comunitarios, aludiendo también a espacios hipotéticos en canales institucionales y regionales, pero no se toca para nada el problema de la privatización de los medios masivos, quintaesencia de la anti-democracia, frente a lo cual los radios comunitarios son como una hormiga enfrentada a un elefante que manipula y enajena 24 horas al día, con las más perversas técnicas de manipulación, la conciencia de las mayorías nacionales. Mientras no se democratice la propiedad de los medios masivos, se continuará en la más aberrante antidemocracia y lo allí acordado no pasa de ser “un saludo a la bandera”.  El 2.2.4. enfrenta el problema de la reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatiza-ción, capítulo en el cual la retórica abstracta copa la totalidad del texto.  El 2.2.5. y el 2.2.6. enfrentan campos neurálgicos de la participación, como son las veedurías ciudadanas y la planeación democrática y participativa. Según se deduce por el mismo lenguaje utilizado, se trata de formas marginales de participación, pues no avocan las grandes decisiones que afectan a toda la nación, como las intervenciones extranjeras, los tratados internacionales, los grandes rubros del presupuesto, los modelos de desarrollo, el gasto militar, las doctrinas represivas, las prioridades de inversión, los impuestos, la filosofía del gasto público, las remuneraciones de los servidores públicos, etc. La piedra de toque para la credibilidad de las promesas abstractas y marginales que aquí se hacen, es el irrespeto al principio constitucional de la consulta previa, principio pisoteado con el mayor descaro, lo que lleva a desmentir de antemano la decisión de implementar lo aquí prometido.

El bloque 2.3 está todo dedicado a promover la participación política. Lamentable-mente todo el enfoque está en el orden del aumento cuantitativo de electores, con estrategias para incentivar el flujo de mujeres, de comunidades marginadas etc. y de revisar normatividades que pueden restringir las participaciones. Se promete una reforma electoral mediante la contratación de una Misión Electoral Especial de 7 expertos de alto nivel. Todo supone, sin embargo, la estructura y multiplicación de partidos políticos que se siguen considerando el instrumento fundamental de la participación política. No se tienen en cuenta allí los mecanismos de corrupción y clientelismo que carcomen los partidos y los convierten en instrumentos podridos de la putrefacción. Los partidos se han convertido en los gestores del Estado-botín, puesto al servicio de élites de poder que se perpetúan y acaparan los recursos mediante mecanismos patentados en muchas décadas.

Las negativas del Gobierno obligaron a las FARC a formular 14 SALVEDADES por considerarlas de capital importancia en la democracia: la reestructuración democrática del Estado; la reforma del sistema electoral; la revisión de los mecanismos de participación ciudadana; la  proscripción de tratamiento militar a la protesta social y desmantelamiento del ESMAD;  la elección popular de organismos de control; la participación ciudadana en asuntos de interés nacional; la democratización de la información y comunicación; el ordenamiento territorial; el control social y popular de la política económica; la participación social en el CONPES;  y otros organismos; la democratización de la justicia social urbana; derechos políticos y garantías de participación a comunidades étnicas mediante consulta previa; participación popular en integración latinoamericana y veeduría ciudadana a tratados y convenios con otros países. Los solos enunciados evidencian la importancia y centralidad democrática de lo que no fue posible concertar.

c)        Sobre el problema de las drogas ilícitas

Luego de presentar un documento analítico sobre el origen de los cultivos y comercio de drogas ilícitas y su relación con el desarrollo de la economía y cultura capitalistas, las FARC concretaron en 50 propuestas un cambio de la política anti-droga que no se ensañe ya más en los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: los cultivadores y los consumidores, sino que se enfoque en los grandes traficantes como los verdaderos responsables y beneficiarios de ese comercio, transformando la persecución contra las capas empobrecidas que sólo sobreviven de los cultivos por no tener otras  alternativas de subsistencia y contra los consumidores cuya adición responde a problemas que deben ser enfrentados en el ámbito de la salud pública. Allí se expone también la dependencia que Colombia ha mantenido en su política anti-drogas de las imposiciones de los Estados Unidos, que han utilizado la represión contra la droga como pretexto para disfrazar políticas contrainsurgentes acuñando el término de “narco-guerrilla” o “narco-terrorismo”, ocultando el descomunal lucro del cual gozan los países ricos gracias a las políticas prohibicionistas. Las propuestas se concretaron en reemplazar la persecución militarizada contra los cultivadores pobres mediante políticas de substitución de cultivos de uso ilícito por alternativas concretas de producción agrícola, mediante diálogos participativos con las comunidades; en darle un tratamiento de salud pública y no penal a los consumidores; en suspender las aspersiones aéreas de glifosato u otras sustancias destructoras del medio ambiente; en reconocer y estimular los usos tradicionales y medicinales de la marihuana, la coca y la amapola; en concentrar la represión contra las poderosas cadenas de narcotráfico y sus articulaciones con sistemas de lavado de activos como redes bancarias, así como su injerencia en las campañas electorales, en instituciones como el Congreso, las fuerza pública, los partidos políticos, las grandes empresas y medios masivos de comunicación, etc.

En sus análisis, las FARC explicaron que en muchas de las zonas periféricas donde hacían presencia desde hacía varias décadas, se desarrollaron grandes áreas de cultivos de uso ilícito, realidad que la guerrilla no quiso reprimir al ver que era la salvación de enormes capas empobrecidas y marginadas, y más bien aprovechó esa situación para la financiación de su lucha gravando con impuestos la producción y el comercio pero sin involucrarse en el tráfico internacional.

La discusión en este punto estuvo entrabada durante varios meses debido a que la delegación del Gobierno exigió que las FARC comenzaran por entregar todos sus contactos en el tráfico internacional de drogas ilícitas y por retirarse de las zonas donde existían cultivos para permitir una represión de tierra arrasada sobre las mismas. En ese lapso el Gobierno calificaba a las FARC como “el mayor cartel internacional de narcotráfico”. Las FARC desafiaron al Gobierno a que probara de alguna manera que estaban involucradas en el tráfico internacional y el Gobierno, a través del ex General Naranjo, de la Policía Nacional y miembro de la mesa negociadora, pro-metió aportar pruebas contundentes que nunca fue capaz de aportar(9).

La imposibilidad de probar la participación de las FARC en el narcotráfico fue des-trabando los diálogos y el 16 de mayo de 2014 se firmó el Acuerdo sobre este punto. Quizás en ninguno de los otros acuerdos parciales hubo tantas convergencias, pues este Acuerdo contempla como eje la substitución de los cultivos de uso ilícito median-te concertación con las comunidades y articulación con muchos programas del punto 1 (Reforma Rural Integral), así como el tratamiento de salud pública a los consumidores y, con un lenguaje más abstracto, el enfoque represivo contra los grandes narcotraficantes y sus entornos. Sobre la aspersión aérea se registró un desacuerdo, pues mientras el Gobierno la conserva como último recurso, las FARC la condenan radicalmente (# 4.1.3.2. parr. 3). Quedaron, sin embargo, 4 SALVEDADES de puntos no aceptados por el Gobierno y de gran importancia para las FARC: el diseño de una nueva política criminal que englobe una nueva política anti-drogas; la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas junto con la identificación de las víctimas de esas aspersiones y su reparación; la reestructuración del sistema de salud pública y la realización de una conferencia nacional sobre la política de lucha contra las drogas.

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