lunes, noviembre 06, 2017

La «pax urbana» es posible



| Por: Luis Fernando Quijano Moreno / Análisis Urbano |

¿Qué es la «pax urbana»? Es la consolidación de la paz en los territorios, el sometimiento a la justicia de quienes ostentan ilegalmente el poder económico, militar y territorial

Ponencia, La «pax urbana» es posible, presentada en el segundo Foro de Paz Urbana.

Adrede uso el término «pax» en vez de «paz» para mostrar hacia dónde apunta mi ponencia.

Revisando la historia, encuentro que el imperio romano aplicó la PAX ROMANA, que era la consolidación de la paz interna o armada para darle una mayor estabilidad a la institucionalidad y, por ende, a los territorios, evitando el caos y la anarquía; esto llevaba a que se protegiera a los más débiles, a los que quedaban expuestos a los que utilizaban el poder económico y militar para controlar territorios y comunidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que desde la ONG Corpades y su Agencia de Prensa Análisis Urbano buscamos impulsar la instauración de la «pax urbana» en la Medellín y el área metropolitana, como aporte a la construcción de la paz urbana en ciudades principales como Cali, Buenaventura, Cúcuta, Bogotá, Montería, Barranquilla, Cartagena, entre otras —obviamente en ciudades intermedias también—, para ajustarla con la paz rural que hoy se muestra endeble en una parte de la geografía nacional. Estas dos juntas nos pueden llevar a la PAZ TOTAL.

¿Qué es la «pax urbana»?

Es la consolidación de la paz en los territorios, el sometimiento a la justicia de quienes ostentan ilegalmente el poder económico, militar y territorial; o sea, someter a 350 bandas paramilitarizadas y 2 estructuras paramafiosas que dominan la ciudad de Medellín; ojo, sin contar su presencia activa en el norte y el sur del Valle de Aburrá, a través de otras bandas —calculamos unas 150—.

Es izar la bandera del Estado Social de Derecho, no la de una dictadura o imperio como en la época de Augusto, emperador romano.

¿Someterlas a la fuerza?

Se preguntarán muchos si la salida es de fuerza. ¿Qué es fuerza? Más Represión policial y militar, más operaciones como Orión, más cárcel, cadenas perpetuas, instauración de la pena de muerte legal —no olvidemos que ilegalmente ya está instaurada—, en fin, helicópteros y unas fuerzas especiales que aniquilen los miembros del crimen urbano-rural… Debo decirles que desde nuestro punto de vista esa no es la salida. ¿Para qué? La historia de cuatro décadas nos ha mostrado que eso no ha servido, solo ha propiciado más violencia y fortalecimiento de la criminalidad.

Hoy se discute sobre la propuesta gubernamental de Ley de Acogimiento o la presentada por la senadora Paola Holguín, permítame decirles que eso podría ayudar mucho a la consolidación de la paz en ciudades y campos, siempre y cuando sea una ley objetiva, transparente y seria, mejor dicho que no adorne con falacias sus verdaderos alcances.

La Ley de Acogimiento o Sometimiento, aunque al gobierno del presidente Juan Manuel Santos no le guste decirlo o reconocerlo, es una negociación con el crimen urbano-rural. Para qué ocultar la palabra negociación si en últimas para que unos jefes y subjefes se acojan o sometan, negociarán cómo hacerlo. Vuelvo y repito: negociarán.

Dejaré a un lado la discusión de ese proyecto de ley y los beneficios que tendrán las personas que se acojan. Considero que Colombia la necesita con urgencia extrema. En principio estoy de acuerdo en parte con esa apuesta que podría traer la entrega de jefes, subjefes, soldados, colaboradores, entre otros, ojalá fuera del conjunto de miembros de las bandas y las dos estructuras, La Oficina del Valle de Aburrá, Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —o Clan del Golfo, como las ha rebautizado el Gobierno, aunque aclaro que nadie las conoce en los territorios urbanos y rurales con ese nombre—.

El conjunto de los miembros, vuelvo y lo repito, que no son los 2.000 o 3.000 que dice la institucionalidad que tienen las dos estructuras y sus bandas en el Valle de Aburrá, o como lo decía Pantera o el Puma que eran 2.000 sus miembros, para nada, ojalá fueran sus más de 13.000 miembros, en eso incluyo a subjefes, jefes, junta directiva, patrones, patrones de patrones por el lado de la Oficina, fachada del Cartel de Medellín —cartel que nunca desapareció y solo se trasformó—,  sin contar en este copioso grupo de personas a los miembros de AGC que están por fuera del Valle de Aburrá, que se encuentran en  Antioquia y el resto del país, pero aclaro, no son tampoco 3.000 como dice el Gobierno, tampoco son estas dos estructuras solamente, podrían ser más de 25 organizadas en Colombia, apuntaladas por un número importante de bandas.
Como el tiempo apremia, tan solo son 25 minutos, centraré la discusión en lo que creo debería tener la Ley de Acogimiento o Sometimiento, ya sea la del Gobierno nacional o la de la senadora Paola Holguín del Centro Democrático.

¿Qué ganan las comunidades urbanas y rurales en todo esto que se avecina?

Indudablemente un proyecto de ley debería tener como objetivo central a las comunidades, en especial las más marginadas, que son la mayoría en estos territorios urbanos y rurales, en el caso del Valle de Aburrá, teniendo como epicentro del conflicto urbano a Medellín.

Para que esta ley se pueda desarrollar se necesitará que esos diálogos o acercamientos con el crimen urbano-rural se hagan en clave del respeto y la no vulneración de los derechos humanos, incluso para quienes se acogen o someten.

Debería tener tres objetivos

– Humanización del conflicto, materializándose en el respeto a los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario que, en otras palabras, es sacar a la sociedad civil del conflicto.

– Reducción del miedo, a través de la disminución progresiva del control territorial, económico, militar, social y político.

– Generar salidas para desactivar el conflicto armado.

Es claro que no todos se acogerán para eso se debe aprovechar y avanzar en estos objetivos, eso sentaría las bases de un nuevo modelo de ciudad metropolitana.

Igualmente en estos objetivos hay puntos de discusión que deberán abordarse si se quiere avanzar en la transformación de este crimen urbano-rural violento que tiene Colombia, buscando que seamos una sociedad cada vez menos violenta. El crimen nunca dejará de existir en las sociedades, pareciera que hace parte inherente a ellas, por eso hablar de acabar o aniquilar, aquí no cabe, obligar a su transformación es en ultimas la tarea que nos atañe.

Puntos para la discusión entre institucionalidad, crimen y sociedad:

•          Entrega saneada de las casas y los predios que han sido arrebatados a las miles de víctimas del despojo urbano y rural.

•          Entrega de las fosas o sitios donde se encuentran aquellos que han sido víctimas de desaparición forzada.

•          Identificación, desmonte y entrega de las casas u hoteles del terror utilizados para el desmembramiento y la tortura de personas y que se planteen garantías de no repetición.

•          Entrega de las personas que ejecutan las acciones atroces para que vayan a reclusiones especiales para enfermos mentales.

•          Se acabe definitivamente la desaparición forzada.

•          Que cese el desplazamiento forzado, dejando de involucrar a los familiares de aquellos que hacen parte de la guerra.

•          Garantizar un retorno con seguridad para las familias que han sido desplazadas.

•          No más reclutamiento forzado de menores por parte de sus organizaciones.

•          Sacar a la comunidad y sus organizaciones sociales del conflicto, aplicando el Derecho Internacional Humanitario en Medellín y el resto del Valle de Aburrá.

•          Sacar las casas de vicio de colegios, escuelas y zonas donde pueda afectar o incentivar a los menores de edad al consumo.

•          No más menores de edad consumidores, no vender droga a menores de 15 años.

•          Erradicar la heroína del consumo de Medellín y su área metropolitana.
•          Acabar definitivamente la vacuna.

•          Cesar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas.

•          Desmonte de los pagadiarios y que el Estado y el sistema financiero se comprometan a dar garantías reales de crédito a las familias.

•          Respeto al sector LGBTI y cese de feminicidios, específicamente, cese total de la toma de mujeres como botín de guerra.

•          Contribución real y efectiva para el desmantelamiento de la nómina paralela y por ende la protección oficial que esta brinda.

Faltarían muchos más puntos, pero en definitiva la ponencia apunta a uno de los temas más álgidos que no se ha querido discutir, LA LIBERACIÓN DE LOS TERRITORIOS, barrios, veredas, corregimientos, entre otros, liberación es la entrega al Estado Social de Derecho del dominio que el crimen urbano-rural ha tenido durante décadas por la deslegitimación del Estado colombiano.

Señores de la institucionalidad aquí presentes, les dejo esta pregunta: ¿por qué el crimen urbano liberará los territorios urbanos y rurales que durante décadas los han financiado y en el cual basan parte de su poder militar, económico, social y de relaciones institucionales y padrinazgos políticos?

En la pregunta está una parte del meollo del asunto a la hora de construir un verdadero proceso de diálogo, negociación y sometimiento. Como se haga se sabrá si es para la paz urbana o, por el contrario, se estará afianzando la paz mafiosa, esa que ya ha sido protagonista en dos importantes momentos, el primero, de 2004 a 2007, la paratranquilidad urbana —conocida como la donbernabilidad—, y el segundo, el que rige actualmente desde julio de 2013, denominado pacto del fusil.

Ustedes impulsan una Ley de Acogimiento o Sometimiento, se podrán dar cuenta de que nuestra preocupación no está centrada en los beneficios a los integrantes del crimen urbano-rural, dénselos, obviamente sin impunidad; lo que buscamos es la trasformación de una ciudad metropolitana donde ha imperado el control criminal auspiciado por sectores de la institucinalidad, el empresariado, los comerciantes, entre otros, en una ciudad democrática, justa, que aunque presente un cierto grado de criminalidad, deberá ser menos violenta.

Finalmente, quiero decirles que la construcción de la paz urbana y la rural que nos lleve a la paz total, es de todas y todos los colombianos y no de equis o ye partido político. Bienvenidos los partidos políticos y los movimientos, construyamos juntos un nuevo país.  Muchas gracias.

Intervención el segundo Foro de Paz Urbana, realizado en La Asamblea Departamental de Antioquia