sábado, noviembre 04, 2017

Minería a gran escala y cielo abierto depreda la naturaleza y destruye a los pueblos



| Por: Rodrigo Santillán Peralbo / Revista Siempre |

El petróleo es una maldición, si ese recurso brota en un país pobre habitado por clases parasitarias, vendepatrias, corruptas y, además, gobernado por representantes o miembros de esas mismas clases que, al ser cipayos, sirven a los intereses geopolíticos y económicos del imperio y de sus poderosas transnacionales. 


Los barriles del oro negro llenan las faltriqueras de las oligarquías, incrementan el poder imperial y empobrecen a los pueblos que sólo reciben gotas del preciado hidrocarburo. Igual o peor tragedia viven los Estados y sus pueblos si son ricos en recursos naturales con apetecidos minerales que, con consentimiento de gobiernos inmorales, consienten la explotación minera a gran escala y cielo abierto para que empresas minerías foráneas se llevan el oro, la plata, el cobre, el estaño y otros y dejen a su paso una estela de pobreza-miseria para los pueblos, la naturaleza destrozada y la corrupción robustecida.

Nuestra América es víctima de la voracidad de las empresas mineras transnacionales o de cualquier empresa con gran poder económico y político que, en el momento de firmar la concesión por muchos años de explotación, prometen respetar la naturaleza con el uso de tecnologías de punta, mientras manipulan los contratos con corrupción incluida. Entonces empieza el calvario de los pueblos y la irreversible contaminación porque usan sustancias como el arsénico, mercurio, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.

Desde hace bastante tiempo atrás, Organizaciones No Gubernamentales en América del Sur, hablan que al día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de la molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de explosivos, según informaba el periodista Gilberto Lastra.

No importa que los pueblos protesten por la destrucción de su hábitat y de la vida de los seres humanos que se afecta directamente, o por la destrucción de las fuentes naturales de agua que ocurre porque la “pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados que se introducen en el organismo del ser humano, y daña los tejidos y el metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas a los aprovechamientos. Niños nacen deformes, brotan úlceras en la retina y la piel sufre de hiperqueratosis” a más de otros males como el cáncer y la desnutrición porque las mineras no se llevan sólo los metales ya limpios, sino también acaban con el agua que es vital para los pueblos, y luego de la explotación sólo quedan paisajes desolados. Donde antes había verdes campos y cultivos esenciales quedan piedras, tierra contaminada y otros residuos potencialmente peligrosos para la salud y la vida.

Ante las acciones depredadoras de las mineras que extraen las riquezas del subsuelo y dejan superficies inhabitables, los pueblos se organizan y luchan para defender la naturaleza y proteger la vida. Crean diversas formas de resistencia que son reprimidas con todos los cuerpos represivos del Estado que se amparan en leyes dictadas para impedir la protesta, domesticar a los rebeldes que hasta dejan sus vidas para impedir el paso de las mineras y sus grandes maquinarias. Al fin triunfan los gobiernos y las empresas porque la protesta social es criminalizada, los dirigentes enjuiciados y encarcelados, las familias agredidas y despojadas violentamente de sus casas que encierran pobrezas y aposentan amores divididos por los señores del gran capital.

Lastra reseña que según la ONG Mining Watch Canada, el gobierno de ese país juega un papel preponderante en esta depredación, porque el 60 por ciento las corporaciones mineras cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con pocos requisitos, permitiéndoles esconder información y el 75 por ciento del total se registra en territorio canadiense.

En los países donde instalan sus proyectos, los negocios pagan solamente por impuestos por sus trabajadores y no por los metales que extraen. Y al comprar o rentar los terrenos, lo hacen por un valor inferior su precio comercial, detallan activistas de América Latina.

El extractivismo aumentó en los últimos años por el incremento en las demandas de algunos metales como el oro, la plata, cobre y litio para insumo de la industria automotriz y de telefonía celular, como en la de alimentos, el aluminio para la fabricación de latas.

Las empresas transnacionales dedicadas a la explotación de minerales ejercen total dominio en las zonas que les han sido concesionadas: pueblos enteros, recursos naturales ricos en yacimientos minerales, fuentes hídricas, extensos territorios se convierten en propiedad privada a precios irrisorios.

La corrupción es consubstancial a las empresas extractivistas. Jen Moore, encargada del programa para América Latina para Mining Watch Canada, asegura que también existen ventajas tributarias: no pagan impuestos sobre inversiones fuera del país; existen relaciones exteriores armonizadas para servir la industria minera, que incluye la promoción diplomática, la cooperación internacional; impunidad en casos de abuso; fuerte dependencia sobre mecanismos voluntarios; poca implementación de la ley anti-corrupción, respuestas lentas a solicitudes bajo la ley de acceso a la información, y obstáculos para demandar a empresas en Canadá por violaciones fuera del país.

Moore habla de 12 casos en que funcionarios canadienses abren brecha o interfieren con gobiernos o activistas, uno de ellos en España, en Guatemala fue en tres ocasiones, y en la Canadá misma una vez; en Honduras y Ecuador presionaron los diplomáticos para la creación o reformas de una ley minera; en Filipinas y Costa Rica también participan al promover o mediar en conflictos de empresas.

En el caso de México, relata Moore la presencia de funcionarios canadienses fue en los estados de Chiapas y Morelos. En el primer caso, por medio de solicitud de acceso a la información al gobierno canadiense, se dio a conocer que la embajada apoyó a la empresa Blackfire Exploration que se le involucra en el conflicto por actividades mineras en que fue tiroteado el activista Mariano Abarca. Y en los documentos se detalla que sabían de existencia del activista antes de su asesinato.

En Morelos, habla Moore sobre la intervención de la embajadora Sara Hradecky a favor de la empresa Esperanza Resources, mina que causó protestas de los pobladores, junto con el Gobernador Graco Ramírez.

Miguel Mijangos Leal, activista de la Red Mexicana de Afectados por la Minera (REMA), respalda a Moore en el tema de las facilidades ofrecidas por el gobierno canadiense, al afirmar que este 60 por ciento de empresas, emiten acciones en Bolsa se inscribe en el Toronto Stock Exchange (TSX), en donde, entre 2007 y 2011, se destinaron 220 mil millones de dólares canadienses al financiamiento minero, más de un tercio del total mundial, de conformidad con la información proporcionada por Lastra.

Las mineras, con respaldo de gobiernos corruptos y cipayos cometen toda clase atropellos contra los pueblos nativos, originarios o campesinos ricos en culturas, tradiciones y costumbres –muchas de ellas ancestrales- pero que se asentaron en territorios apetecidos por las transnacionales para explotar los yacimientos min eros y llevarse toda la riqueza existente, en tanto que pueblos enteros son violentamente desalojados, muchos son y otros encarcelados por ejercer el derecho a la resistencia y la protesta. En el documento “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya”, (A/HRC/18/35) explicaba para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que hay un reconocimiento explícito del daño en las comunidades nativas de los territorios del globo terráqueo por la industria extractiva.

Explica que los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”.

En otro informe, James Anaya, urge a los Estados a crear legislación para regular el modelo extractivista, por ser la única manera viable de garantizar que no habrá abusos por las empresas trasnacionales ni en su territorio, ni en sus recursos naturales.

“En el contexto de las industrias extractivas, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos entraña necesariamente la existencia de un marco regulatorio que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así como los derechos que pueden verse afectados por las operaciones de extracción; que exija el respeto de esos derechos tanto en todas las decisiones administrativas pertinentes del Estado como en el comportamiento de las empresas extractivas; y que prevea sanciones y recursos efectivos cuando esos derechos sean vulnerados por actores públicos o privados. Ese marco regulatorio requiere leyes o reglamentos que incorporen las normas internacionales de derechos indígenas y que las pongan en práctica a través de los distintos componentes de la administración del Estado que rigen la tenencia de la tierra, la minería, la extracción y explotación de petróleo, gas y otros recursos naturales”, sostenía James Anaya en el año 2013.

Silvia Herrera, asesora de proyectos para la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), en algunos aspectos concuerda con Anaya, que solicita el respeto a los pueblos indígenas cuando aboga por el uso de la herramienta legal, la debida diligencia, para que aplicar las leyes internacionales en el momento que la del Estado sea débil o nula.

“Herrera se refiere a fragmentos de los informes del Relator Especial y habla que aún y con estos mecanismos legales a nivel internacional, en el momento de la instalación de una empresa extractiva, no se les solicita si quiera audiencia para tener el consentimiento a los pobladores de los lugares donde pretende extraer minerales en América.

Cita los ejemplos de la etnia Ixil en Guatemala, de la comunidad afro-descendiente de Anchicayá en Colombia, e incluso de los Guarani-Kaiowá en Brasil.

“A pesar de lo anterior, y de los avances en el ámbito legislativo y jurisprudencial en varios países de la región (referente al Convenio 169 creado por la Organización Internacional del Trabajo), el desarrollo de proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado – y sus consecuencias en materia de violación de los derechos de los pueblos indígenas- son aún una constante en América Latina”.

EXPLOTACIÓN SIN FRONTERAS

Las empresas mineras, cualquiera sea su origen, sólo quieren obtener la mayor ganancia con la menor inversión y la más grande explotación al ser humano que, por su pobreza, es obligado a cavar socavones, encontrar minerales y entregarlos a sus patrones así revienten sus pulmones, pase hambres o el cáncer coma su vida. ¿Qué importa la salud, desnutrición, la acumulación de enfermedades, la muerte después de tantos sufrimientos?

En México, las condiciones laborales son inhumanas. El minero está sólo y en el desamparo, pues no hay autoridad que lo defienda. Sólo sabe que las mineras son amparadas por el gobierno y que gozan de extraordinario poder. Si el trabajador minero se enfrenta a una minera, perderá el trabajo y perderá juicio si se atreve a reclamar sus derechos por la vía judicial.

Se informó que en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), existen solamente 52 juicios legales de trabajadores a empresas mineras. Y Zacatecas registra 18 de ellos, y en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo y Baja California sur son 5; Chihuahua y Sonora con 3; Sinaloa y San Luis Potosí con 2; y con uno, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y el Estado de México.

“En la zona wirrarica, se encuentran detenidas las actividades de extracción de las 78 concesiones aprobadas, y 38 son administradas por First Majestic y Proyecto Universo trae las restantes 40 por la empresa Revolution Resources. Y una filial de Frisco, empresa de Carlos Slim Helú.

Es una zona protegida, la reserva Ecológica y Cultural de Wirikuta desde el año 1994 aún así existen 22 aprovechamientos mineros, abarcando aproximadamente 98 mil hectáreas de las más de 140 mil que forman la reserva, el 70 por ciento.

La explotación es generalizada en América Latina. “En Famatina, el saqueo viene desde la presencia de los españoles y luego por los ingleses, y ahora las trasnacionales buscan comenzar con la minería a cielo abierto. “La lucha en Argentina es en toda la cordillera de Los Andes. Nuestro pueblo ha logrado unirse y sacarse a la minera de encima. Se ha logrado frenar a las empresas. Tenemos las desventajas que el gobierno nacional impulsa y avala la imposición de la minería en los pueblos”.

EL CONFLICTO ANDINO

El Coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca Tupayachi, relata que en Perú la resistencia civil es alta, y en los últimos años lograron la destitución de dos funcionarios del gabinete nacional, y alude a los casos de Minas Conga y Tía María, en la gente se opone a la actividad minera.

Existen más conflictos, y uno es porque la gente solicita a las empresas mineras beneficios para los habitantes, ganancias por la extracción o fuentes en empleo; otros para evitar la depredación de los recursos naturales de la zona, asienta.

Con el auge de los metales en la última década por el aumento de los precios se generan importantes ingresos que van a dar al gobierno, que es ineficaz para administrarlos y mejorar los servicios de educación, salud, o ser competitivos, alega.

Resume que la Defensoría del pueblo registra en Perú 220 conflictos y el 55 por ciento están vinculados a la actividad minera.

“El coordinador Regional en América Latina del Revenue Watch Institute, Carlos Monge, habla de los principales problemas generados en el país andino son de resistencia y convivencia, los últimos con una complejidad importante, porque las comunidades se enfrentan al ambiental y social generado por la instalación de megaproyectos mineros.

Monge reconoce que la resistencia logró poner a su favor el espacio político en cada región, y se vinculan. “En el caso de Tía María, la municipalidad jugó un rol importante para detener la actividad minera por el proceso de consulta con los instrumentos legales”.

En Conga hubo muertos y heridos por el conflicto de resistencia. “Se reprime a las personas que están en contra de la actividad minera”. Habla de la estrategia de los campesinos peruanos, pues rotan su presencia en el lugar para impedir el paso de maquinaria, y les permite la vigilancia de hasta 500 personas de permanentemente y evitar que se vacíen por las empresas mineras las lagunas ubicadas a 3,000 metros de altura.

En el caso colombiano, se promueve la extracción de minerales como la vocación colombiana, con eco en las empresas de este tipo, pues en 2004 el registro es de mil 200 licencias y en el 2013 se contabilizan 9 mil 400 para hacer exploración, dijo Fabio Velázquez Carrillo, director de la Unidad de Proyectos de la Fundación Nacional por Colombia.

Uno de los mecanismos para lograr esta cifra de concesiones, es que el gobierno nacional de Colombia contrapone principios constitucionales –asegura-, sobre el respeto al medio ambiente y las poblaciones que son minorías, y el movimiento social es constante para evitar que la minería a cielo abierto se efectúe.

La violencia no queda fuera de esta vorágine colombiana de explotación mineral, porque afirma que pequeñas mafias de narcotraficantes lavan dinero al hacerse pasar por mineros. Incluso, se forman grupos paramilitares que obtienen ingresos por medio del comercio de metales.

SE QUEDAN SIN AGUA

En el caso de El Salvador, su principal problema es la depredación del agua por la actividad minera en su propio territorio, como en la frontera con Guatemala y Honduras, advierte Edgardo Mira activista.

Entonces, para los salvadoreños la única forma de conservar el vital líquido para las comunidades es prohibir la minería metálica, porque en la frontera guatemalteca hay 90 proyectos y en los linderos con Honduras, son 40 más, lo que acabaría con el agua circulante en El Salvador, y se coordinan con organizaciones de los dos países para detener las concesiones colindantes.

Asegura que se socializa con las comunidades para lanzar la Ley Especial de Prohibición de Minería Mecánica y erradicar esta actividad.

El caso guatemalteco fue explicado por Jorge Grijalva, integrante del Colectivo Selva Madre, y no solamente aplica en la minería, sino también en la agricultura. En el caso del modelo extractivo, asegura que se han detenido proyectos porque se logra la defensa legal validando lagunas legales y permite frenan el comienzo de la extracción, pero igual la resistencia civil; hace ya dos años no se les permite la entrada.

En Honduras, tras el golpe de Estado por Porfirio Lobo en 2009, se generó la posibilidad de 860 proyectos mineros, y el 60 por ciento ya son concesiones, además que la Ley garantiza las ganancias de las empresas.

Pedro Landa, coordinador en la Coalición Nacional de Redes Ambientales, explica que para evitar protestas o eliminar a los hondureños que se nieguen a permitir el libre paso de las compañías mineras, se tipificó como delito el bloquear carreteras, estrategia recurrente para evitar el paso de maquinaria para la extracción de minerales. Incluso, es causa de cárcel el atentar contra la libre empresa.

Los consorcios mineros, pagan al Estado el 6 por ciento de sus ganancias, y el gobierno, 2 por ciento lo invierte en la policía y el ejército, fuerzas armadas que persiguen a los opositores de los megaproyectos para extraer metales.

En Bolivia, durante los años 80 se hicieron cambios en las leyes para fomentar la minería artesanal, y una forma de trabajar de manera corporativista en los pueblos, pero 20 años después, con los precios de los metales a la alza, esta forma de subsistencia se convirtió en un problema porque abarca el 60 por ciento de la actividad minera nacional, y el gobierno, solamente un 11 por ciento. El resto son empresas canadienses, japonesas, suizas y belgas.

El miembro del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Javier Gómez, refiere el crecimiento desmedido del gremio minero que sigue sin pagar impuestos pero aumentó su producción por la demanda de metales existente en el mundo y son 200 mil personas trabajando.Habla también de la voracidad de los extractores locales afectan al sector agrícola. “Son empresas tapadas por lo que ellos llaman corporativo de trabajadores, pero en realidad son empresarios, en buena parte, que sobreexplotan la actividad de los empleados”.

Expansión minera y represión social en América Latina: el mapa de un conflicto que no cede

La analista Paula Correa decía que distintas organizaciones ambientales analizan la situación de la minería en la región. Una de las conclusiones que la expansión de las plantas mineras ha aumentado vertiginosamente, llegando a países que antes tenían otro giro e instalando conflictos ambientales y sociales en diversas comunidades de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Colombia son países apetecidos por las empresas mineras.

“América Latina se ha convertido en uno de los principales territorios de la expansión de la minería a nivel global, y ha tenido como principal consecuencia grandes impactos ambientales, sociales y culturales en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos”.

VIOLENCIA CONTRA EL PUEBLO SHUAR

Las mineras originan graves conflictos sociales en Ecuador y uno de ellos se produjo en la Cordillera del Cóndor desde el momento en que el gobierno de la “Revolución Ciudadana” de Rafael Correa, concesionó Fruta Norte a la empresa minera canadiense Lundin Gold, en Zamora Chinchipe.

Fruta del Norte está entre los cinco proyectos de minería a gran escala considerados “estratégicos” por el gobierno de Correa que aún no entran en fase de explotación. Los otros cuatro son: Mirador (Zamora Chinchipe), a cargo de la empresa de capitales chinos Ecuacorriente, de cobre, oro y plata; Loma Larga (Azuay), en el que trabaja la canadiense INV Metals, de oro y plata; Río Blanco (Azuay), competencia de otra canadiense, Junefield, también de oro y plata; y Panantza-San Carlos (Morona Santiago), a cargo de la china Explorcobres, de cobre.

“El Proyecto minero chino devastará miles de hectáreas de montaña virgen fronteriza al Perú. Servindi informaba que las operaciones del proyecto minero Mirador en la Cordillera del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, frontera con Perú, ha desplazado de sus territorios a la comunidad de San Marcos en donde abundan hoy los letreros de propiedad privada”. Lógicamente los pueblos originarios ofrecieron tenaz resistencia, pero fueron reprimidos violentamente por los aparatos represivos del Estado, bajo el gobierno de Correa.

Ante esta situación., el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam emitió el 4 de enero de 2017 una carta explicando sus razones por la que defienden el territorio Shuar.

La carta inicia expresando que el pueblo Shuar ha “pasado por días muy peligrosos (…) y esos días aún no han terminado y son probablemente solo el inicio de una gran disputa territorial”. En la carta se ratifica que el Gobierno es quien ha generado el conflicto.

Hacen memoria sobre el aporte que han hecho el Pueblo Shuar para el país durante la guerra de CENEPA contra Perú. Por ello afirman que existe un temor a que “la violencia y fuerza del Gobierno termine por destruir nuestra casa, tú casa, la casa del mundo”.

Pero, sobre todo, citan el peligro que existe en la zona sobre le presencia de los proyectos mineros.

Compartimos carta completa a continuación:

PUEBLO SHUAR ARUTAM: CARTA AL PAÍS Y AL MUNDO
Acuerdo Ministerial 255-07.SEP-2016

A mis hermanos shuar, a los indígenas Amazónicos y de los Andes, a los hombres y mujeres del Ecuador y del Mundo.

Cómo muchos de ustedes conocen, hemos pasado por días muy peligrosos para nuestro pueblo y esos días aún no han terminado y son probablemente solo el inicio de una gran disputa territorial que ha generado el Gobierno Nacional contra el Pueblo Shuar Arutam.

Nuestra selva se ha teñido con lágrimas, angustia y sangre y los senderos y caminos que antes transitábamos en paz ahora se han vuelto inseguros y peligrosos. Han pasado casi 30 años cuando los ecuatorianos hablaron de nosotros como los guerreros del Cenepa, defensores del Ecuador, al cual pertenecemos.

Pero ahora es necesario que por nuestra propia voz conozcan quienes somos nosotros, porque nadie nos ha preguntado sino que han hablado a nombre nuestro: el gobierno, dirigentes sociales y políticos mal o bien intencionados.

Nosotros nacimos aquí en esta inmensa selva de la Cordillera del Cóndor y las riberas de los ríos Zamora y el Santiago. No conocimos de alambre de púas ni de propiedad privada. El Estado declaró que eran tierras baldías y organizó la colonización de nuestras tierras, con la misma decisión y autolegitimidad de cualquier colonizador. Cuando los colonos llegaron a esta tierra, les recibimos bien, porque sabíamos que eran gente pobre y esforzada que buscaba una oportunidad en sus vidas. De un día a otro, grandes extensiones de tierras ya no nos pertenecían ya que habían sido escrituradas a nombre de personas que inclusive jamás conocimos.

Desde los años 60, tuvimos que crear la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) que le decimos hasta ahora Nuestra Madre para que el Estado nos reconozca lo que siempre fue nuestro, el territorio, nuestros espacios de vida y nuestra cultura. Recién en los años ochenta se empezó a legalizar nuestras tierras como títulos globales y empezamos a ser reconocidos no solo por la guerra del Cenepa, sino porque hemos cuidado estos inmensos bosques milenarios en paz, protegiendo las fronteras.

En el año 2000, un grupo de líderes shuar recorrió estas tierras y fundó la Circunscripción Territorial Shuar Arutam, como ordena la Constitución. Esto no fue así no más, fueron cientos de reuniones y discusiones que permitieron que 6 asociaciones se unieran con sus 48 centros (comunidades) abarcando un territorio continuo de 230.000 hectáreas en la Provincia de Morona Santiago en la frontera con Perú.

La FICSH nos declaró su plan piloto, para probar una nueva forma de gobierno indígena dentro del Estado ecuatoriano, como un gobierno de régimen especial en un territorio shuar. En el año 2003 escribimos nuestro Plan de Vida que es el eje de nuestra organización, es el norte que nos dice por donde debemos caminar, porque ríos debemos navegar y por donde no debemos andar husmeando. En nuestro Plan de Vida se tratan temas fundamentales como la salud, la educación, el buen manejo y control del bosque y sus recursos, la economía y la conservación. Como no lo hace casi ningún grupo del país, ordenamos todo nuestro territorio en categorías de uso sustentable y dejamos más de 120.000 hectáreas bajo conservación estricta, de beneficio para todos los ecuatorianos.

En el año 2006 fuimos legalizados en el CODENPE como Pueblo Shuar Arutam y dos años más tarde firmamos un convenio con el Gobierno para mantener el bosque en perfecto estado durante 20 años y recibir aportes que nos permitan desarrollar e implementar nuestro Plan de Vida, esto se llamó Socio Bosque.

En el año 2014 actualizamos nuestro Plan de Vida y una vez más nuestra Asamblea General Ordinaria, se pronunció en contra de la mediana minería y de la megaminería dentro de nuestro territorio. Porque, como le dijimos al Presidente Correa: no diga que hace minería para sacarnos de la pobreza, porque nosotros, con nuestra forma de vivir, no nos sentimos pobres; diga más bien cómo nos va a proteger como pueblo y cultura.

En esta situación entra el conflicto de Nankints. Nosotros hemos planteado al gobierno nacional un diálogo institucionalizado desde el año 2008, pero a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos logrado establecer un diálogo serio, sincero, honesto y del mismo nivel en el marco del Estado Plurinacional. Siendo ésta la razón para no lograr interpretar y comprender los requerimientos del pueblo Shuar.

A nombre del interés nacional y diciendo que lo que ha pasado en Nankints es un caso aislado, se pasan por encima de otros derechos y otras cosas que también son interés nacional, como dice la Constitución que con sus palabras y convicciones escribieron: la pluriculturalidad y la conservación. En Nankints el gobierno revolucionario actúa como cualquier gobierno colonizador, olvidando hasta los acuerdos internacionales que ha firmado.

Más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?

El problema no está en el pedazo de tierra de Nankints que compartimos con los colonos; La gente se cree que no ha sido del shuar. Nosotros jamás nos íbamos a imaginar que una empresa minera iba a comprar al Estado y a unos cuantos colonos lo que nos pertenece por ancestralidad. El gobierno olvida y como tiene muchos medios para hacerse oír, impone su verdad. En nuestro territorio no solo está Nankints, más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?

Por eso, hace 9 años les dijimos a la empresa que se vayan y recuperamos Nankints. Nueve años después, alguien le manipula al Presidente y le convence que antes de irse nos desaloje por la fuerza. Como no nos dejamos viene la violencia. Nos han culpado de la tragedia del compañero policía asesinado, pero nosotros no hemos dado ninguna orden de matar a nadie. En cambio, el Gobierno, en lugar de conversar, mete miles de policías y militares a nuestras casas, a nuestra tierra, aterroriza y amenazan a nuestros hijos. Hasta donde yo sé, ninguno de nuestra tierra es francotirador ni posee armas que perforen cascos de ese tipo. ¿Por qué no investigan a fondo antes de perseguirnos, poner orden de captura a todos los jefes de familia? ¿Por qué en lugar de conversar con nosotros para investigar, detener e impedir la violencia, cerrarles las puertas a manos oscuras, nos ponen en Estado de excepción como las terribles dictaduras del Plan Cóndor, que el Presidente dice se está planeando de nuevo?

¿Por qué se meten en nuestras casas? ¿por qué no nos dejan vivir en paz? Y la respuesta que tenemos es que, a nombre del interés Nacional, pasamos a ser un puñado de indios folclóricos y terroristas que no entendemos lo que es el buen vivir, ni el Sumak Kawsay y peor aún el proyecto de la Revolución Ciudadana.

No quiero quedarme en los detalles que para eso están las noticias de los sábados, tratemos de ver el panorama en el que nos encontramos y no caigamos en la provocación ni en las discusiones primitivas que no nos llevan a ninguna parte.

Este primer comunicado, desde los bosques de la Cordillera del Cóndor, las mil familias les decimos que no vamos a permitir bajo ningún concepto ni argumento que la violencia y fuerza del Gobierno termine por destruir nuestra casa, tú casa, la casa del mundo.

El Presidente Rafael Correa, debe crear un clima de paz, retirando sus tropas, suspendiendo del Estado de excepción en nuestra Provincia y desechando las órdenes de captura de nuestros dirigentes y familiares. El único camino cierto para acabar con este camino de destrucción – que provoca incluso acciones individuales de resistencia que toman habitantes shuar para recuperar su territorio- es a través de la conversación, el respeto y el entendimiento mutuo.

Todos los habitantes del Ecuador y de Morona deben unirse a nuestra demanda de paz, cese de la violencia y exigir al Gobierno por un diálogo serio que respete nuestra vida como pueblo originario.

Consejo de Gobierno DEL PUEBLO SHUAR ARUTAM