lunes, noviembre 06, 2017

“Payaneses de bien… a reducir a cenizas la sede del CRIC”



Mientras la ONIC pide la presencia en los puntos de concentración de la Minga indígena de Defensoría y Procuraduría ante la violación de los DDHH por parte de la fuerza pública, arrecian las amenazas racistas contra la movilización.
 
| Por: Equipo Colombia Plural |

“Invitamos a todos los payaneses de bien a que nos acompañen con piedras, palos, bates e incluso armas de fuego a la retoma de la ciudad y del departamento por parte de la población civil que es la única afectada por los cierres descarados de los indígenas del CRIC”. Esto dice un panfleto que circulaba este sábado, firmado por un supuesto líder civil (“Andrés Felipe Pérez Otoya”), en el que se da un plazo hasta el 7 de noviembre a las 11 a.m. para que se levanten los bloqueos de las vías… “de lo contrario, procederemos a saquear, destruir y reducir a cenizas las instalaciones y vehículos del CRIC ubicados en la calle primera entre carreras cuarta y quinta de la ciudad de Popayán”.

El tono violento y racista de la amenaza preocupa a las autoridades indígenas que han visto también cómo se amenazaba este sábado a líderes de la Minga, que avanza en el país desde el pasado domingo 29 de octubre, en Risaralda y Chocó. Precisamente este sábado, en Chocó, en el municipio de Tadó, se instalaba ayer la mesa de concertación departamental entre autoridades y los representantes de los mingueros y mingueras. A esa mesa acudió el gobernador de Chocó y alcaldes o representantes del mismo Tadó, Nóvita, Carmen de Atrato, Bagadó y Quibdó y acompañaron las diócesis de Quibdó e Istmina, así como el Ministerio Público.

“Ojalá que los acuerdos a los que se lleguen se cumplan, porque nosotros como iglesia ya nos da pena seguir siendo garantes de incumplimientos, de acuerdos que no se van a llevar a la realidad y… ya nos da pena con las comunidades”.

En esa mesa se llegó a acuerdos para levantar los bloqueos de la carretera Pereira-Quibdó y permitir el paso a determinadas horas en la vía Quibdó-Medellín. También se diseñó la ruta metodológica para continuar la negociación y generar “alivios humanitarios”. El martes retomarán el trabajo y el jueves habrá una mesa de seguimiento regional a la que se incorporará la gobernación de Risaralda y Quindío.

“Esperamos que lo ocurrido en el Chocó sirva de ejemplo y otras autoridades y el Gobierno nacional se sienten y dejen esa indolencia y esa prepotencia para que se instale cuanto antes la Mesa Nacional”, decía anoche el padre Jesús Albeiro Parra, de la diócesis de Quibdó. “Ojalá que los acuerdos a los que se lleguen se cumplan, porque nosotros como iglesia ya nos da pena seguir siendo garantes de incumplimientos, de acuerdos que no se van a llevar a la realidad y… ya nos da pena con las comunidades”. Albeiro Parra se refiere a las razones de fondo de esta Minga indígena, convocada ante los 1.300 acuerdos firmados entre pueblos indígenas y autoridades en los últimos años y que no han sido honrados.

El Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, que negocia con el gobierno en el sector de Monterilla (Caldono), se reafirmaba en la lucha y recordaba: “Los mingueros hemos sido reiterativos que no queremos más acuerdos en papel, exigimos que se concrete y se materialice la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Cultural para los pueblos que se encuentran en exterminio físico y cultural, se firme la modificación del decreto 982 como se presentó, se defina el tema de salud, educación, derecho a la comunicación, DDHH-Guardia Indígena, entre otros temas”. También denunciaba los abusos por parte de la fuerza pública y anunciaba que, “a pesar de las permanentes arremetidas de la fuerza pública, la desinformación mediática y las falsas acusaciones e informaciones sobre la Minga de Resistencia por  parte del General William Rene Salamanca de la Policía Nacional, región 4, quien ha manifestado de manera irresponsable que  los indígenas tienen artefactos para derribar aviones señalando la movilización indígena como un grupo armado ilegal; y del Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, quien  también ha señalado a los indígenas de ser terroristas, la mesa continuará su trabajo y las comunidades permanecerán en la Vía Panamericana el tiempo que sea necesario, para que el Presidente Santos cumpla su palabra”. Por si faltaba algo, el presidente, Juan Manuel Santos, hizo un controvertido homenaje al ESMAD en un acto de ascenso de oficiales de la Policía: “Se requiere mucho estoicismo, mucha fortaleza y mucha paciencia para fortalecer a ese cuerpo élite de la Policía, pero es un ejemplo de cómo una Policía puede jugar un papel cada vez más importante en esta nueva Colombia que estamos viviendo”.

Después de los duros enfrentamientos que se registraron con el ESMAD el jueves en diferentes puntos de la carretera Panamericana, las autoridades del CRIC aseguraban: “No podemos aflojar este espacio ya que es nuestra forma de presión, sabemos que la fuerza pública tiene la orden de despejar la vía (como sea), nosotros tenemos la necesidad y la convicción de defender la vida, ese es el sentir que nos convoca”.

Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Chocó y Nariño son algunos de los departamentos donde las protestas indígenas son más intensas. La ONIC sigue cifrando en unos 100.000 los movilizados de las diferentes nacionalidades indígenas del país e insiste en que “no pueden seguir matándonos en tiempos de paz”. El CRIC, en la misma línea, cuestionó que la paz de la que habla el Gobierno sea la paz de los territorios: “El proceso de paz es un camuflaje para la aprobación de leyes, con las que continúan desangrando nuestro territorios, desde los ministerios continúan entregando avales para la explotación de las riquezas territoriales. Mientras se pregona la paz y en otros países hasta premian al presidente; las comunidades seguimos bajo amenazas, asesinan mujeres, líderes y autoridades indígenas, sindicalistas, y campesinos. La paz del gobierno nacional, no es la paz de las comunidades”.

Esa paz, por cierto, amenazada desde dentro del Congreso de la República, donde la reforma política está prácticamente muerta y la Justicia Especial de Paz (JEP), el nudo central de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, agoniza ante las estrategias de políticos y fiscalía para desangrarla. Andrew Gilmour, el Subsecretario General de la ONU para los Derechos Humanos, tras una visita a Colombia, escribía en un artículo publicado en Semana que: “algunos sectores políticos parecen intentar debilitar todo lo construido para la paz obstaculizando las discusiones en el Congreso sobre el sistema jurisdiccional y presentando enmiendas que debilitarían la nueva jurisdicción. Saben muy bien que este es un pilar fundamental del Acuerdo, sin el cual todo el edificio podría desmoronarse”.

En el caso de la Minga indígena, el Gobierno, que busca salidas al posible bloqueo de todo el proceso de paz en Bogotá, no ha convocado aún una mesa nacional de negociación y a apostado a negociaciones parciales en las zonas con más bloqueos de vías. El Centro Democrático de Álvaro Uribe, que recoge firmas contra la JEP, también arremete contra el Gobierno por su gestión de la Minga. Y al igual que con la JEP, también miente. El viernes, Uribe mostraba una fuerte amnesia al asegurar que durante su Gobierno se ejercía la autoridad y no se cerraban vías en el Cauca mientras se negociaba con las comunidades. Olvida Uribe que durante su segundo mandato se produjo una de las mayores movilizaciones indígenas que se recuerdan en las últimas décadas. La Minga indígena que comenzó el 12 de octubre de 2008 en el área de Santander de Quilichao, Cauca, y se tradujo en fuertes choques con la fuerza pública y en una histórica marcha de cerca de 80.000 indígenas Nasa que llegó a Cali, primero, y a Bogotá, después.