sábado, noviembre 18, 2017

Piedad Córdoba destinará la indemnización de la Procuraduría para proteger a las mujeres colombianas



La decisión de Piedad Córdoba se da tras el anuncio de la Procuraduría General de la Nación de indemnizarla con 1.800 millones de pesos, por comprobar que no existían pruebas que vinculara a la entonces senadora liberal con las Farc y por destituida e inhabilitada por 18 años.

La indemnización que deberá pagar la Procuraduría General de la Nación de 1.800 millones de pesos por el fallo que tumbó el Consejo de Estado, que le había quitado los derechos políticos en 2010 a la hoy precandidata presidencial Piedad Córdoba, será destinada a un patrimonio autónomo para las mujeres que promueva el respeto de los derechos femeninos. Así lo reveló la líder de Poder Ciudadano, quien agregó que su propuesta consiste en destinar esos recursos para iniciativas de mujeres emprendedoras, entre otras, madres cabeza de familia, artistas, indígenas y deportistas “para generar una serie de microcréditos que les permitan realizar proyectos”.

La defensora de derechos humanos también señaló que los 1.800 millones “jamás serán suficientes para reparar el daño tan grande que se me hizo en lo político, en lo social y frente a la imagen que se desvirtuó de mí”. Con esto, Piedad Córdoba sostiene que la compensación económica no la repara absolutamente en nada.

La sentencia del tribunal contencioso administrativo, revelada en agosto de 2016, asegura que Piedad Córdoba “no cometió ninguna falta disciplinaria”, cuando fue destituida e inhabilitada por 18 años por el Ministerio Público, y argumenta que no se puede concluir alguna relación delictiva de la entonces senadora liberal con las FARC.

Al contrario, se trató de una campaña de desprestigio con el propósito de afectar su buen nombre y credibilidad, como lo revelaron al menos cuatro altos directivos del extinto DAS -hoy condenados por la justicia- quienes contaron en audiencias judiciales cómo fabricaron pruebas como fórmula de persecución política contra la opositora del gobierno de Álvaro Uribe.

El fallo de la Procuraduría, de 141 páginas, proferido el 27 de septiembre de 2010, le declaró la muerte política a Córdoba Ruiz. Seis años después, esta decisión se suspendió al ser catalogada como una violación al debido proceso porque no había garantía de que los archivos que el anulado procurador Alejandro Ordóñez utilizó como prueba, fueran verídicos. Asimismo, la sentencia plantea que las evidencias no eran correos electrónicos de la legisladora sino archivos de Word “que fácilmente pudieron modificarse”.

Piedad Córdoba considera que las instituciones del Estado y los organismos de inteligencia no pueden estar en función de los intereses personales de un gobernante. Por eso, la hoy precandidata se compromete a que en su gobierno se respeten los derechos de quienes piensan diferente porque el músculo democrático del país se debe conformar con las ideas y el pensamiento de todos y todas.