sábado, noviembre 25, 2017

Plataforma DHESCA presenta IV informe de cómo está el país en derechos sociales



Este IV informe, que cuenta con 102 páginas, fue realizado con el apoyo de la Federación Luterana Mundial, International LAND Coalition, Misereor the hilfswerk y FOS e incluye contextos sociales, políticos y económicos en la construcción de paz; el Acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC EP; los derechos de los colombianos como el trabajo, la salud, alimentación, educación, tierra y territorio, ambiente, agua, reunión y movilización; corrupción entre otros.

1. Introducción

A. Contexto: Solución política y construcción de paz

El presente informe alterno tiene como marco un contexto histórico crucial para la sociedad colombiana: el decisivo esfuerzo para alcanzar una solución política al conflicto armado interno. Tras casi cinco años de negociaciones, el 26 de septiembre de 2016 el presidente Juan Manuel Santos firmó un primer acuerdo de paz con Rodrigo Londoño, máximo comandante de las FARC-EP, la principal organización insurgente del país. Dicho texto fue sometido a plebiscito el 2 de octubre de 2017.

Como resultado del proceso en el que se produjo una victoria del “No” por un bajo margen, se desarrolló una fase de renegociación del Acuerdo, hasta la firma del nuevo Acuerdo Final de Bogotá, el 24 de noviembre de 2016. En el Congreso, el Acuerdo final se refrendó con un resultado de 205 votos a favor y cero en contra (75 en Senado y 130 en la Cámara).

Tal acuerdo tiene como objetivo poner fin a varias décadas de conflicto armado entre las FARC y el establecimiento colombiano. En la actualidad, dicho acuerdo de paz se encuentra en fase de implementación(1).
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Por otro lado, en febrero de 2017 se instaló la fase pública de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano. Tras tres años de fase secreta de diálogos, las dos partes se sentaron en Quito (Ecuador) para abordar una agenda de seis puntos: 1. Participación de la sociedad; 2. Democracia para la paz; 3. Transformaciones para la paz; 4. Víctimas; 5. Fin del conflicto; 6. Implementación de lo acordado(2). Los diálogos entre gobierno nacional y la segunda guerrilla más importante del país siguen avanzando en la ciudad de Quito, en momentos en que se discute un eventual cese de hostilidades -bien sea temporal o definitivo- entre las partes.

B. Los derechos y la paz

En 1995, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el Comité o Comité del Pacto) identificó la violencia como un obstáculo global que enfrentaba el Estado de Colombia para lograr la aplicación efectiva del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el Pacto). Al mismo tiempo, advirtió que la prolongación de la violencia estaba asociada a la persistencia de graves asimetrías sociales, entrelas que destacó el régimen de tenencia de la tierra:

“El Comité observa con preocupación que persiste un ambiente de violencia en gran escala en Colombia, particularmente en la región de Urabá. Este factor desestabiliza gravemente el país y dificulta los esfuerzos que realiza el Gobierno para garantizar a todos el disfrute pleno de los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité observa que esa violencia se debe en parte a las graves desigualdades que existen en la sociedad, tales como las enormes diferencias en la distribución de la riqueza nacional, incluida la propiedad de las tierras”(3).

Quince años después(4), el órgano de vigilancia del tratado internacional sostuvo que la violencia armada no podía considerarse como un obstáculo que le impidiera al Estado colombiano cumplir con sus obligaciones. A renglón seguido expresó su primer motivo de preocupación por la situación de derechos humanos en el país, y formuló su primera recomendación:

“El Comité está profundamente alarmado por las consecuencias del prolongado conflicto armado interno en el Estado parte. […] “El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas inmediatas y eficaces para aplicar los planes descritos en el informe para hacer frente a la violencia armada imperante. […] A este respecto, el Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, proporcione información detallada sobre el cumplimiento de sus obligaciones, como exige el Pacto, en relación con todos los derechos económicos, sociales y culturales de la población civil afectada por el conflicto armado interno. El Comité recuerda al Estado parte que es precisamente en las situaciones de crisis donde el Pacto exige la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de los grupos más marginados y desfavorecidos de la sociedad, en la medida de su capacidad en las condiciones adversas imperantes”(5).

A lo largo de toda su existencia la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (1993-2017) ha reivindicado la interdependencia, integralidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Al amparo del tercer considerando del preámbulo del Pacto (1966), sus organizaciones parte siempre han creído que el temor y la miseria son las dos caras de la misma moneda(6).

Mientras la guerra colombiana se prolongó, se degradó y se intensificó(7), la exclusión económica, social y política –en especial, de la población rural– se perpetuó como rasgo de los modelos de desarrollo que imperaron durante las seis últimas décadas en el país, tanto los que fueron impulsados por la institucionalidad como los que se impusieron de facto.

El desarrollo nunca fue ajeno a la guerra; y, en sentido recíproco, ésta persistió –entre unas pocas razones fundamentales– como medio privilegiado para realizar intereses económicos. Así lo ilustran, en especial, la dimensión que tuvo el desplazamiento forzado de familias campesinas y la magnitud que alcanzó el despojo de predios rurales.

En ese marco, la Plataforma promovió la solución política del conflicto armado no sólo como medida urgente para ponerle freno al desangre social, también como escenario propicio para adoptar formas de desarrollo que aseguraran la realización de los derechos del conjunto de la población colombiana.

Durante el último lustro, este escenario se convirtió en uno de los epicentros de la vida política del país. El proceso formal de diálogo y negociación entre el gobierno y las Farc, que inició el 19 de octubre de 20128, desembocó en la suscripción del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016). A su vez, en 2017, se formalizaron los acercamientos entre el gobierno y el ELN9, mediante la mesa de diálogos de paz de Quito10 (Ecuador).

Las organizaciones parte de la Plataforma en esta nueva coyuntura tienen la convicción de que la progresiva desactivación de la guerra puede convertirse en la conquista de una paz estable y duradera, si la sociedad colombiana decide asumir la vigencia plena de los DESCA como su principal derrotero, por supuesto, liderada por las agencias estatales.

C. El Acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP

El Acuerdo final incluyó algunos asuntos fundamentales relativos a la vigencia de los DESCA. Todos aluden a responsabilidades preexistentes para el Estado de Colombia, en virtud de los tratados internacionales ratificados; en algunos casos, guardan correspondencia con preocupaciones expresadas o recomendaciones formuladas por el CDESC(11).

Según se lee en la introducción del acuerdo, su estructura corresponde a seis grandes puntos temáticos(ver tabla 1), “permeados por un mismo enfoque de derechos” y orientados a contribuir a “la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos y las colombianas”(12).

La reforma rural integral es, sin lugar a dudas, el componente del acuerdo13 que tiene más implicaciones para la vigencia de los DESCA y la posibilidad de consolidar una paz estable y duradera.

En consonancia con opiniones emitidas por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, en el acuerdo se considera que la persistencia del conflicto armado ha estado asociada a “la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños”(14).

De tal manera, la reforma pactada se propone como la base de una transformación estructural(15) del campo que, sin dejar de tener vocación universal, “prioriza los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono”(16). Las medidas acordadas en relación con ella comprenden tres asuntos fundamentales: a) acceso a la tierra17 y uso adecuado de ésta18; b) planes nacionales de reforma rural integral19; y c) programas de desarrollo con enfoque territorial.

En el acuerdo se considera que el problema de las drogas ilícitas comprende tres fenómenos que requieren un tratamiento distinto y diferenciado: la producción de cultivos de uso ilícito; el consumo de sustancias ilegales(20); y las organizaciones dedicadas al narcotráfico(21). Mientras que frente al último se advierte que “se intensificarán los esfuerzos de desarticulación”, respecto a los otros dos se propone un tratamiento especial, mediante un “enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”, y un enfoque territorial basado en la participación ciudadana y en la presencia y el fortalecimiento […] de las instituciones responsables de la atención social y de las responsables de la seguridad y protección de las comunidades”(22).

En particular, se sostiene que la persistencia de los cultivos de uso ilícito tiene estrecha relación con “la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”(23). Bajo esta premisa, se acordó la institucionalización de un nuevo programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, y el impulso de planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo “que, como parte de la transformación estructural del campo que busca la reforma rural integral, contribuyan a generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por esos cultivos”(24).

El programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito tiene seis componentes: a) condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; b) acuerdos con las comunidades25; c) priorización de territorios; d) tratamiento penal diferencial; e) construcción participativa y desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo; y f) componentes específicos de los planes integrales de sustitución (ver tabla 2).

El Acuerdo incorporó una perspectiva étnica y cultural para su interpretación e implementación, mediante seis salvaguardas y garantías(26) inspiradas en el respeto cabal de la consulta previa libre e informada:

“Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e internacionales”(27).

El 30 de noviembre de 2016 el Congreso de la República aprobó el Acuerdo final. A partir de ese momento, el Estado colombiano comenzó a adoptar las medidas correspondientes a su implementación. En el marco del procedimiento legislativo especial para la paz(28) (conocido como fast track), adoptado mediante el Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016(29), el Congreso de la República aprobó tres reformas constitucionales y dos leyes, y el presidente de la República expidió 36 decretos con fuerza de ley(30). A su vez, los combatientes de las Farc se trasladaron a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización(31), y el 27 de junio de 2017 finalizaron el proceso de dejación de armas.

Para leer informe completo AQUÍ