martes, diciembre 05, 2017

Sobre el costo de matrículas en UPTC ¿Una tarea preventiva pero mal hecha?



| Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez / Diario Boyacá |

El principio universal del derecho al acceso e ingreso a las universidades se rige por factores de mérito y corresponde a las directivas eliminar y suprimir barreras que puedan producir discriminación o exclusión. 


El requisito para acceder a la universidad a cursar una carrera de pregrado es tener un título de bachillerato y para posgrado un título de pregrado y adicionalmente cumplir formalidades propias de cada universidad. El núcleo de acceso está en el respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad. Las universidades privadas complementan con principios de libre competencia mercantil y aunque no tengan ánimo de lucro, ponen en el centro el costo de matrícula, lo que poco contribuye a eliminar discriminaciones, al contrario las acentúa.

La universidad pública es parte del patrimonio de la nación y su naturaleza no corresponde al orden de las cifras económicas, los excedentes, ni las ganancias, lo que convoca a entenderlas como parte de la riqueza común de la nación. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo (coeficiente de gini de 0.52 donde 0 es igualdad) y esta es una razón suficiente para que sea al estado al que hay que llamar para cubrir las deficiencias de igualdad para el acceso a la universidad sin las barreras de económicas. Al estado corresponde (hace parte del pacto liberal estado-sociedad) realizar las transferencias de recursos necesarios y suficientes para que las universidades cumplan su misión orientada por los principios de libertad, autonomía y democracia participativa.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de repente fue conminada a definir una metodología de cobro de matrículas asociada a las características socioeconómicas de las familias de sus estudiantes, para cumplir lo establecido en el artículo 83 de su estatuto general de 2005, lo que no implica que tenga la obligación de adoptar una formula basada en principios de la tributación o de capacidad económica, porque la universidad pública lleva implícito que su servicio es para todos y a ella pueden y deben acudir en igualdad pobres y ricos, propios y ajenos, paisanos y forasteros, según sus capacidades y cumplimiento de requisitos de mérito y no de posición económica o social.

Hasta la implementación de la ley 30 de 1992, cobró según declaración de renta. Modificó sus reglas a mediados del 90 con la creación de no menos de 20 nuevos programas de pregrado que en perspectiva serian cubiertos por una autofinanciación que realmente no cubre sus necesidades y que ha alentado un crecimiento desmedido que ahonda las dificultades colectivas y desplaza funciones de los profesores a otros programas más lucrativos, así los pregrados van quedando en desventaja. En individual los programas de autofinanciación son exitosos pero afectan la estabilidad del colectivo, propician una doble significación de ganancias individuales y perdidas colectivas. Desde hace 30 años hay 560 profesores de planta y una nómina similar de funcionarios (recién aumentada) para atender inicialmente a 10.000 estudiantes (unos 25 programas de pregrado), después a 20.000 y hoy a 30.000 (92 programas de posgrado, 52 de pregrado y 21 de distancia), lo que fue creando vacíos que han arrastrado a la universidad a disputar recursos en el mercado con consultorías, posgrados y otras ventas. Esta dinámica más mercantil que científica y cultural no ha resuelto los problemas pero si ha creado una percepción de alivio.

La realidad es deficitaria, pero la formalidad exitosa. Los aportes que debía recibir del estado, están a mitad y debe producir por cuenta propia la otra mitad, lo que pone satisfechos a neoliberales y empresarios. La necesidad de mantener la sostenibilidad fiscal llevó a plantear otras maneras de financiación (de lo que se desprende el artículo 84 del estatuto: fondo patrimonial) sin tener que acudir a los bolsillos de las familias de un empobrecido departamento del que sale más del 80% de sus estudiantes. Desde el año 2000 empezaron las preocupaciones por hallar la fórmula mágica que no existe, que no puede ser hallada, salvo que con mala fe o ánimo de hacer una tarea como sea, algún truco formal traslade terribles consecuencias a la siguiente generación, en la que sean las mismas familias aliviadas hoy, las afectadas mañana. En el año 2000 una comisión (CSU, CA, Estudiantes) trato el tema, revisó experiencias y concluyó que cualquier medida contendría discriminaciones en cuanto dejaba beneficiados a unos y desmejorados a otros. Se observaron pagos de la matrícula de bachillerato, número de integrantes de la familia y lugar geográfico de procedencia entre otros y todos confluían en el mismo lugar: fracaso.

15 años después y no por carencia de interés, si no por la complejidad misma, el tema no ha resultado relevante para la agenda universitaria. Durante los últimos tres años, de numerosas asambleas y debates que recogieron los problemas en un pliego de peticiones en discusión en una mesa de dialogo triestamentaria (directivas frente a estudiantes, profesores, trabajadores) el tema no apareció. La discusión del artículo 83, llegó de la nada, cambio la agenda, eliminó otros debates y copó la atención como efecto de un recurso jurídico, interpuesto por un tercero. La esencia misma de la universidad, que es su autonomía fue depuesta para ingresar el debate por vía de la justicia ordinaria, como si se quisiera poner en evidencia una supuesta incapacidad de la universidad para resolver internamente sus asuntos o como se tratara de revelar que la institución que es la colectivamente más capacitada intelectual y éticamente hubiera delinquido por omisión. El orden político fue de facto sustituido por el orden judicial.

El debate quedó abierto y tanto las organizaciones estudiantiles, como parte del profesorado y representantes de diversos sectores consideran que la formula única respecto al acceso a la universidad debe ser la gratuidad. Quiere decir que la matrícula de ninguno –rico, pobre, negro, blanco, joven, viejo- pague por acudir a la universidad pública llamada UPTC, de servicio para toda la nación, menos ahora que la paz tendrá que marcar la agenda para cerrar las brechas creadas por la guerra. La gratuidad no es una referencia demagógica, ni un dictado socialista, como puede concluirse de la gratuidad que ocurre en buena parte de universidades de países como Islandia, Alemania, Eslovenia, Austria, Dinamarca, Noruega, Rusia, Luxemburgo, Francia, Chipre o Grecia y países de América Latina como Uruguay, México, Venezuela, Brasil, Cuba, Ecuador o Argentina, de la que más se tiene conocimiento porque allí han sido recibidos a costo cero miles de estudiantes colombianos.

La otra concepción, que comparten mayoritariamente las directivas, por su función y compromisos, orienta su postura hacia la formalidad y el cumplimiento de indicadores que la tienen ahogada, para acceder a recursos, permanecer en ranking artificiales y cumplirle a las políticas centrales del estado (no olvidar que buena parte de países de la OCDE tienen educación gratuita) que propenden ojala por la autofinanciación total y la liberación de recursos de la educación para entregarlos al sector privado (ser pilo paga que transfiere el 90% a universidades privadas) o ampliar el aparato de seguridad o mantener la clientelizacion del poder, que degenera en corrupción.

El sistema de poder conduce a esta y todas las administraciones a centrar sus análisis no en los estudiantes, ni las familias (que son las que realmente deberían estar en el debate) si no en el equilibrio presupuestal, en la sostenibilidad financiera –que no es lo mismo que estabilidad financiera, porque esta también se obtiene con la gratuidad- en la que se detiene el estudio contratado con una firma consultora, que no refleja el espíritu de la universidad pública y que antepone sus criterios de análisis técnicos, a veces carentes del contexto en un departamento empobrecido (que ante un faltante de 411 millones en 1982 se movilizó para salvar su universidad del pueblo, recibiendo la bendición del arzobispo despidiendo la marcha de las Malvinas. La decisión que apruebe el consejo superior, provocara consecuencias políticas, que tendrán un elevado costo político para la administración y comprometerá al consejo superior, quienes sin lugar a dudas señalará que no fue su decisión si no la de un magistrado y él será convertido entonces en el chivo expiatorio responsable de lo que pase, porque lo que ocurra beneficiará a unos y perjudicará a otros y como todo adelanto científico nuclear, en un lugar producirá energía y jubilo y en otro destrucción y caos.

El riesgo de la des financiación es latente y el estado adeuda 14 billones a las universidades públicas, y no resulta cómodo que la UPTC quiera evitarla metiéndose en los bolsillos de los padres de familia, ni eliminando cargos, ni reduciendo gastos, ni sentenciando que bajará su cobertura actual y menos aun tratando de crear nuevos productos para seguir vendiendo. Así como es latente el riesgo lo es también la innumerable oferta de posibilidades de que no ocurra, dependerá de lo que la universidad (sus estamentos, no solo sus directivos) decida democráticamente que camino andar.

P.D.
1. Quizá pueda pensarse que el estudio por no estar completo, por carecer de metodología para posgrados y otros, no puede aprobarse, muchos respirarían profundo y pausado otra vez.
2. La sentencia señala una Metodología de cobro de matrículas para todos los programas académicos que oferta la universidad y estos son de pregrado (presencial, distancia, virtual) y posgrados (especializaciones, maestrías y doctorados), pero además los hay en convenio.
3. Curiosa conclusión sacó el consultor en la sesión del 28 de nov, quien después de oír las múltiples carencias, omisiones e imprecisiones dijo que el 80% ya estaba de acuerdo con la propuesta. Lo mismo ocurre con la necesidad de aprobar una formula, que por hacerla como tarea quedará mal hecha.
4. Están servida la siguiente demanda del artículo 071 del 5% para investigación; 3% para bienestar; 1% para extensión, sin inclusión de becas, subsidios y otros. Pero ese no puede ser el camino, la autonomía es un derecho fundamental que se construye a diario en colectivo.