martes, enero 23, 2018

Con represión y muerte responde el Estado colombiano a los anhelos de paz del pueblo araucano



Al parecer la principal tarea de la fuerza pública, ahora llamada Héroes Multimisión, es la de asesinar a los civiles, señalar y estigmatizar, siempre con cualquier justificación, para hacer pasar la agresión como hechos aislados, producto de ligerezas o errores humanos. Desde el mes de octubre del 2017, la cifra de muertes violentas de personas protegidas, miembros de la población civil, asciende a 5, hagamos memoria:

El día 29 de octubre del 2017 en horas de la mañana, fue asesinado el campesino JOSÉ ALEJANDRINO TIRADO, y herido LIZANDER VALENCIA RODRÍGUEZ, hechos ocurridos en el punto de control del Ejército Nacional ubicado en la Y de Betoyes en zona rural del Municipio de Tame.

El 09 de enero del 2018 en horas de la madrugada, en la carrera 15 con calle 29 del Municipio de Saravena, fue asesinado con arma de fuego, por parte de un miembro de la Policía Nacional, el joven DIDIER JAVIER CONTRERAS MUÑOZ, de 18 años de edad.

Ahora el 18 de enero, en horas de la noche, fueron asesinados, en la vereda La Holanda del Municipio de Tame, dos dirigentes indígenas de la comunidad Julieros, MILLER DIAZ LOPEZ, de 32 años de edad, fiscal del cabildo, y su hermano LUIS DIAZ LOPEZ, de 22 años de edad, y quien se desempeñaba como secretario del cabildo, los cuales fueron inicialmente presentados como guerrilleros del ELN dados de baja en combate; luego que el Estado se ve  obligado a reconocer que son civiles, plantean otras escusas pretendiendo justificar sus muertes.

En la madrugada del día 19 de enero, fue asesinada la joven LEIDY XIOMARA PEÑA NAVEO, de 22 años de edad, docente del Centro de Desarrollo Infantil de la vereda Flor Amarillo, en el punto de control del ejército nacional ubicado en la Ye de Betoyes en zona rural del Municipio de Tame, cuando uno de los efectivos disparó contra su humanidad.

Estos crímenes, perpetrados por quienes, según la Constitución Política, tienen la obligación de proteger a los pobladores en sus vidas e integridad, máxime tratándose de indígenas y jóvenes, de los cuales la Corte Constitucional ha exigido una atención especial, dada su condición de extrema vulnerabilidad, constituyen una gravísima afrenta a los Derechos Humanos.

La sistematicidad en la que se producen, y teniendo en cuenta los antecedentes próximos de la estela de violencia desatada contra el pueblo araucano en el marco de la estrategia criminal de agresión del Estado, apunta a que no se trata de hechos aislados, y que su motivación sigue siendo la de asegurar y expandir los intereses económicos que el mundo imperial y las empresas transnacionales tienen en nuestro territorio, relacionado principalmente con el saqueo y expoliación de los recursos de la naturaleza como el petróleo.

Además, evidencia una vez más, que el aumento del pie de fuerza en las distintas regiones del país no tiene como objetivo el cumplimiento de los fines que constitucionalmente se le asignan a la fuerza pública sino el de proteger esos mezquinos intereses; y que, para el pueblo colombiano, la fuerza pública continúa siendo sinónimo de represión y violencia contra las comunidades y sus proyectos de vida.

De otra parte, el defensor de Derechos Humanos y Dirigente Social JHONNY ALEXIS CASTRO DIAZ ha venido siendo Hostigado y estigmatizado en reiteradas ocasiones por miembros de la fuerza pública, el último caso se presenta el día 18 de enero, cuando fue interceptado por miembros del Ejército Nacional en momentos que entraba en la casa lúdica del municipio de Fortul, quienes luego de requisarlo a él y al vehículo en el que se transportaba procedieron a retenerle su cédula por espacio de media hora, a fotografiarlo a él, su cédula  y su vehículo, y solo permitiéndole regresar a sus actividades luego de que llegara al sitio la Personera Municipal.

Además de estos hechos producidas por la fuerza pública, han ocurrido en el departamento de Arauca otras tres muertes violentas, por proyectiles de arma de fuego, de los cuales no se ha establecido autores ni móviles, que agudizan aún más la grave crisis humanitaria de la región.

El día 20 de enero aproximadamente a las 8:30 p.m. fue asesinada la joven MÓNICA HUERTAS POVEDA, de 17 años de edad, en la vereda Puerto Contreras del municipio de Saravena.

El 21 de enero, a eso de las 6:15 de la mañana, fue asesinado el ciudadano, OMAR FERNEY BERMEO GÓMEZ, de 31 años de edad, en el barrio San Isidro del municipio de Arauquita; así mismo cerca al medio dio en la vereda El Oasis, en el sector conocido como La Bodega, en un cruce de disparos entre la disidencia de la guerrillas de la FARC y escoltas de una delegación del Partido Político Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, fue asesinado el dirigente sindical VICTOR MANUEL BARRERA, cuando se transportaba en un vehículo por ese sector, adelante de la caravana del partido político.

Exigimos al Estado, adoptar las urgentes medidas para garantizar la protección de los pobladores en su vida e integridad personal, comenzando por establecer y asumir la responsabilidad política de los comandantes de la fuerza pública y el ministro de la defensa por estos crímenes. A los organismos de justicia y control, adelantar sin dilación las investigaciones penales y disciplinarias en caminadas a obtener verdad, justicia, reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición.

Al pueblo araucano y del Centro Oriente lo exhortamos a rechazar contundentemente estos hechos y prepararse para la movilización y lucha social en defensa de sus derechos.

A la comunidad nacional e internacional a monitorear la situación del país y ayudar a visibilizar las verdaderas condiciones que vive y sufre el pueblo colombiano, mientras se pregona a los cuatro vientos las supuestas bondades de la Paz y el Post conflicto.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

NUESTRA ACCIÓN ES LEGAL Y LEGÍTIMA