miércoles, enero 10, 2018

El “terror” se instala en Tumaco y en el río Patía



El escenario de vulnerabilidad en el Pacífico nariñense del que alerta la Defensoría del Pueblo es brutal. En los primeros 8 días del mes se han registrado, al menos, 23 asesinatos y 3 desapariciones forzadas. La respuesta militar no es ni suficiente ni efectiva.

El inicio de año fue terrorífico en el municipio de Roberto Payán. En la vereda Piscuandé fueron encontrados tres cuerpos en alto grado de descomposición, con un letrero que decía “feliz navidad y próspero año nuevo”. Pero el terror no es algo coyuntural en el Pacífico nariñense. La Defensoría del Pueblo tiene constancia de 14 homicidios en Tumaco entre el 29 de diciembre y el 3 de enero–“la mayoría de personas jóvenes”-, de dos menores asesinados en el barrio Bello Horizonte de Barbacoas, de los cuatro asesinatos en la vereda Santa Rosa en el municipio de Policarpa en medio de choques entre el ELN y grupos paramilitares y de tres personas que fueron desaparecidas en ese contexto. En total, 23 asesinatos y 3 desapariciones que la institución cree que tienen relación con “la ocupación de los espacios abandonados por las Farc–EP en Tumaco y en la cuenca del río Patía por los grupos armados ilegales integrados por personas que no se acogieron al proceso de paz o que se apartaron del proceso de reincorporación de las FARC–EP, que se autodenominan ‘Guerrillas Campesinas’, ‘Resistencia Campesina’, ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, ‘Los del Vaca’ y ‘Los de Sábalo’”. Explica la Defensoría que “además, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), aprovechando las áreas abandonadas por las Farc, amenazan con generar disputas por el control poblacional, territorial y la economía ilegal del narcotráfico y la minería ilegal que hay en el corredor del río Patía”.

La Defensoría cree que hay un grave riesgo para la población civil y por eso emitió las Alertas Tempranas 003 y 004 los días 4 y 7 de enero de este año que ponen el acento en la situación que viven Tumaco y los municipios ubicados en la cuenca del río Patía, especialmente Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán.

La situación que sufre la población civil en Nariño no es noticia nueva y el Estado, hasta el momento, ha sido incapaz de atajar el incremento de esta compleja guerra donde control territorial y narcotráfico se suman a la histórica situación de abandono. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció el pasado 19 de octubre la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta para afrontar con armas este repunte de la violencia. Desde entonces, de nada ha servicio el anuncio de militarización y tampoco hay resultados contundentes tras la masacre perpetrada contra campesinos en los primeros días de ese mes y de la que se responsabiliza a agentes del Estado. La Defensoría recuerda hoy en un comunicado que, además de la presencia de la fuerza pública, se “requiere una respuesta integral del Estado para superar las condiciones de vulnerabilidad de la población que carece del acceso a los derechos a la educación, salud, trabajo, agua potable y saneamiento básico, entre otros”.

Para el Pacífico de Nariño el acuerdo de Paz no ha traído tranquilidad, sino lo contrario. El informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señala como en 2017 se registraron 70 homicidios más que en 2016: un aumento del 46% para llegar a 222.