sábado, enero 20, 2018

La Paz en jaque



Después de la firma del Acuerdo de Paz se han visibilizado cuáles han sido los grandes cambios que ha aportado este hecho, así como sus fracasos. El informe “La paz en jaque”, realizado por varios colectivos de Derechos Humanos de los santanderes, demuestra cómo la violencia se está utilizando aún más que en otras épocas para mitigar las protestas por el incumplimiento de dichos Acuerdos y la violación de los derechos del pueblo en general.

El Equipo Jurídico Pueblos, la Casa Aguayá, el Sindicato de Trabajadores del Sistema Agroalimentario -Sinaltrainal-, la Asociación de Familiares de Presos de Colombia -Asofamiprec-, la Asociación de Familiares y Amigos de los Internos de la Cárcel de Cúcuta -Asofamintercuc- y varios colectivos de presos sociales de diferentes regiones realizaron la investigación y denuncian las repercusiones de esta situación en el país.

Ambiental

Los conflictos socioambientales en el país han aumentado pese a las protestas. Estas se suceden ya sea en los pueblos o corregimientos que se han visto afectados y como en las ciudades. Sin embargo, el modelo económico actual que el Gobierno impone no respeta la integridad de los seres humanos ni de la naturaleza.

Las Consultas Populares, mecanismos institucionales que deben garantizar la autonomía y voluntad de los pueblos, se ven afectadas por la actuación de sectores privados amparados por el Estado.

A pesar de que la Corte Constitucional ha considerado a la naturaleza como sujeto autónomo de derecho y protección, el Gobierno ha transgrede de manera sistemática. En varios municipios, tal como San Vicente de Chucurí, las Consultas Populares han sido canceladas bajo la argumentación de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tiene recursos suficientes para este proceso.

La política extractivista que maneja el Gobierno consiste en vender el país a multinacionales extranjeras. Para la región Nororiental, la problemática no dista de lo que se presenta en el resto del país: construcción de hidroeléctricas, extracción de carbón y de otros minerales son las principales -pero no las únicas- consecuencias de un modelo económico inviable.

Fuerza Armada

Otro de los puntos tratados en este informe es el presupuesto destinado a la guerra y, por ende, el aumento desmedido de la fuerza pública pese al desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-.

Se han presentado de manera constante excesos de autoridad por parte de estos entes, los cuales no prestan ningún servicio a la comunidad. La Corte Suprema consideró ilegal la permanencia de las Bases Militares Estadounidenses en territorio colombiano pero aquellas siguen sin ser desmontadas.

La militarización del Catatumbo se analiza en el informe en la dinámica del Batallón de Infantería No.15 General Francisco de Paula Santander. La población civil ha sido víctima de diferentes formas de maltrato por parte de estos entes de seguridad.

Al mismo tiempo, dicho aumento de la fuerza pública va en pro de asegurar los megaproyectos que se asientan en estas zonas.

Movimiento Social

Los tratos al movimiento social por parte de los entes de la misma fuerza pública en distintas zonas del territorio nacional son de criminalización -a través de tácticas de guerra- de cualquier acto de protestas o paros en contra del sistema económico, social y político.

Es constante la utilización de armas o instrumentos que atentan contra la vida de los civiles y del movimiento social popular. También proliferan las falsas acusaciones a individuos de la población con el fin de ejercer una manipulación mediática.

Avanzada Paramilitar

Como dato principal, el informe afirma que los grupos paramilitares son financiados por medio del narcotráfico, la ganadería extensiva y el contrabando de gasolina.

Dicho texto hace constar claramente las intimidaciones que se presentan por parte de estos grupos armados hacia la comunidad o los defensores de Derechos Humanos, líderes y sindicalistas. Además, denuncia acciones que atentan contra la vida y los derechos como la extorsión, el secuestro, desplazamiento, persecución y muerte.

Los grupos paramilitares que asedian de manera constante a la población civil en ese territorio se cobijan bajo diferentes nombres tales como Clan del Golfo, Villacareros, Escorpiones, Águilas Negras y Los Rastrojos o Urabeños.