jueves, enero 25, 2018

Posibilidad de retomar una iniciativa estratégica frente al fiasco del «progresismo» y el retroceso de la izquierda



Para formar los dirigentes es fundamental partir de la siguiente premisa: ¿se quiere que existan siempre gobernados y gobernantes o, por el contrario, se desea crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la necesidad de que exista tal división?

Gran política es la tentativa de excluir la gran política del ámbito interno de la vida estatal y de reducir todo a política pequeña.

Antonio Gramsci (1891-1937)

| Por: Colectivo Comuna y Comunidad |

Reflexiones en torno al libro de Teitelbaum, Alejandro (2017). El colapso del progresismo y el desvarío de las izquierdas. Medellín: Editorial La Carreta Política.

El «progresismo» como respuesta al neoliberalismo(1) padece de una notoria debilidad no sólo en América Latina. Es un problema que se percata después del fin de las ilusiones que abrigó el progresimo tras cinco lustros que terminaron fácticamente en un monumental fiasco, –y cuando debería haber una respuesta de la izquierda, ésta está totalmente desorientada al estar influida por las ideas dominantes– a sabiendas o no. Es más, la izquierda en su versión progresista ha receptado deliberadamente las ideas de las clases dominantes y se ha hecho cómplice de ésta. Lo que no siempre es el caso. Por ello, es dable usar la difusa palabra izquierdas –al albur de lo plural– porque hay distintos grupos que se autoproclaman de izquierda y cada uno de ellos se reivindica como auténtica izquierda.

Frente a este explícito reconocimiento es necesario dar sentido y contenido a la conocida expresión según la cual las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante –que se complementa con el aserto según el cual el ser social determina la consciencia social–. En la actualidad la lucha ideológica es la forma superior de lucha dado el fenómeno de como la burguesía ha logrado desarrollar una serie de mecanismos educativos y de sicología de masas que sirven para mostrar como avanzado lo más retrógrado y virtuoso lo más vil. Así se estructura una hegemonía cultural en la que el reino del fetichismo de la mercancía –que trata Marx en el libro primero de El Capital– adquiere plena expresión como instrumento para alienar al ser humano convirtiéndolo en presa fácil, a lo que se suman las más diversas formas de misticismo político y enajenación religiosa.

La velocidad en la circulación de ideas e imágenes, el acceso masivo a la red de información, las formas de manejo e inoculación de pensamientos individualistas y comportamientos egoístas que dan forma y contenido a seres reaccionarios que pierden su capacidad de discernimiento, su autoestima y la capacidad de influir en los demás; es la vida propia del capitalismo en la que se compele a la sumisión y al consumismo exacerbado a través de los medios electrónicos y se exalta la manipulación y el control mental a través de las formas más sofisticas, subliminales y semióticas del marketing(incluso el político) el cual apela a la neurociencia y a la neurobiología para someter a la égida del capital a la masa inerte cuya atonía y abulia les impide actuar de forma consecuente con sus intereses. La premonición de Orwell en su opus magnum 1984 se cumplió con creces(2).  El que sale del redil se expone a la persecución y al ostracismo en el sentido contemporáneo de la expresión.

Vivimos una época revolucionaria sin movimiento revolucionario como efecto vicioso en la cultura del papel de las ideas dominantes en la preservación del orden vigente. Pareciera ser una forma de aburguesamiento del proletariado a nivel mundial que conlleva a que la izquierda se convierta en la prolongación de la derecha y viceversa, como bien explicó el científico y antipoeta chileno Nicanor Parra cuando harto de señalamientos espetó: “La izquierda y la derechas unidas, jamás serán vencidas”(3).  Las reformas sociales de la época keynesiana propias de la lucha de clases en la posguerra dieron paso a contrarreformas neoliberales que se iniciaron con el apoyo ciudadano inmerso en la idea de que la solidaridad social estaba llamada a ocupar un escondido y oscuro sitial en el museo de la historia.

Luego vino el fracaso del ‘comunismo’ bajo la forma oprobiosa del estalinismo que dio fuerza a la comparación entre comunismo y nazismo, hasta el colapso de la Unión Soviética y del llamado ‘socialismo real’ –en realidad una modalidad de capitalismo de Estado con una ‘nueva clase burguesa’ opresora del proletariado (la modalidad de dictadura sobre el proletariado por parte del partido único)–.

Esta regresión permitió se acuñase por parte de Martín Nicolaus la expresión ‘restauración del capitalismo’(4) o la forma china del ‘socialismo de mercado’ bajo la idea-fuerza de un ‘Estado (comunista) con dos sistemas (el socialista y el capitalista)’ que venía de Nicolás Bujarín(5), que adobó el economista ‘marxista’ polaco Oskar Lange(6) y que recogió habilidosamente Deng Xiao Ping(7) con su pragmática premisa según la cual “no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que cace ratones”.

Toda una hecatombe en la aplicación y desarrollo de un sistema ideológico concebido por Marx junto con Engels –es justo reconocer– para la emancipación de la humanidad que se vino en barrena en las manos de sus continuadores a partir de Lenin. Luchas armadas de liberación nacional que encallaron en la dinámica de recomposición del sistema capitalista a partir de los años ochenta del siglo pasado, sin excepción alguna incluso en el Vietnam de Ho Chi Minh o en regímenes dinásticos como en Corea del Norte.

Marx tuvo un protuberante yerro al conciliar con los reformistas alemanes en los debates en torno a los programas de Gotha(8) y de Erfurt(9) que consistió en pensar viable una fase de transición entre el capitalismo y el comunismo denominada socialismo –alcanzable incluso por vía parlamentaria– bajo la dictadura del proletariado, el cual en realidad no superó el capitalismo sino que lo prolongó. Lo más grave es que la idea esencial del marxismo de abolir las clases y destruir el Estado se desvirtuó al preservar la estructura de clases en la que una minoría organizada en el partido único explota al conjunto de la población trabajadora para lo cual el aparato represivo y de dominación llega a los exabruptos de una policía política con licencia para matar a la disidencia.

En la realidad histórica del siglo XX el concepto comunista fue vaciado de contenido por la propaganda ‘comunista’ y el mismo ‘comunismo’ en su estropicio se encarga de desprestigiar al comunismo. El comunismo y la revolución se devoran como en la pintura de Goya(10), dando razón a los economistas e historiadores reaccionarios quienes plantean que no es posible una sociedad sin una economía basada en el cálculo monetario y sin un Estado hobbesiano que controle la sociedad. La revolución se convierte en contrarrevolución como una ley de la historia y el hombre en la lucha por la libertad conquista la esclavitud como lo comprueba la experiencia. Borrar de la mente la idea comunista genuina y el propósito político de la revolución social es hoy prácticamente un logro de la burguesía mundial, pero en realidad de verdad no pueden cantar victoria y las manecillas del reloj pueden girar en sentido contrario.

Recuperar la idea comunista de su postración es un loable propósito que debemos impulsar y acompañar; para tal efecto, es impostergable desmarañar tanto yerro y desbrozar con agudeza, paciencia y cautela una postura ideológica para penetrar en ese berenjenal de la literatura propia de la filosofía social y política que hoy padecemos y que apela al profuso, confuso y difuso lenguaje académico propio de los intelectuales que tienen la tarea de elaborar el discurso legitimador del régimen bajo la premisa de confundir para ayudar a reinar a la burguesía, ella lo sabe y los premia con fama, dinero y reconocimiento editorial y mediático.

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En nuestro medio es preciso hacer algunas consideraciones con énfasis en asuntos cruciales relacionados con el derecho público constitucional, y su correlato en materia de administración pública, paz política y justicia social.

El propósito del constitucionalismo es administrar la polémica materia de la vida cotidiana a fin de imponer un orden racional, un esquema normativo que despliega principios y procedimientos de asignación de recursos y de solución de conflictos a través de múltiples niveles y sectores de la sociedad. Las cartas constitucionales o leyes fundamentales bien pueden ser obras de la razón y su lenguaje aparece con frecuencia como el ejemplo arquetípico del discurso racional que describe las cosas como deben ser y no como son. Pero su dinamismo central, su energía es el conflicto civil, la batalla social mucho más que el contrato social.

Y el Derecho mismo debe ser visto dentro de una perspectiva estratégica opuesta a los enfoques contractuales y funcionalistas aún dominantes en el ámbito de lo jurídico. De lo contrario, no es posible dar cuenta del carácter complejo, heterogéneo, rebelde, de las relaciones sociales que el Derecho pretende concertar. Tan sólo mediante una nueva concepción del Derecho y del constitucionalismo, que se abre paso con lentitud en el mundo de las ciencias humanas, aparece factible captar la naturaleza intrínsecamente estratégica, o sea, posicional y relacional de lo social.

Contra la creencia subyacente de muchas escuelas de pensamiento jurídico, el Derecho no es la paz sino la guerra, la guerra ritual. Y el dominio del Derecho es el dominio de un saber polémico, una retórica estratégica, una gramática de y para la guerra civil que es la vida cotidiana. El culto al orden, al apelar sin tregua y sin pausa al círculo vicioso del reformismo constitucional y bloquear así la creación de un poder que se estructura en forma de gobiernos propios en territorios autónomos, esto es, un pueblo libre que ejerce su propio poder, ha transformado a Colombia en una sociedad violenta, que recurre una y otra vez a la guerra política (lucha bipartidista, bandidismo popular, guerrilla ideológica) en busca de participación en la distribución de poder, recursos, oportunidades y responsabilidades para todos.

En una sociedad como la colombiana, la Constitución suministra una serie de derroteros indispensables para armar el rompecabezas del poder político. En ella los legisladores, que no han sido sino las voces y las manos de unos hechos, un pensamiento y una voluntad de sometimiento, han escrito los principios básicos con los que buscan dar legitimidad a un poder nacido de la usurpación y la degradación.

En Colombia la necesaria ruptura entre la realidad y los principios de la democracia burguesa, llevó a consagrar los artículos constitucionales y las normas que permiten vivir en un régimen de excepción, como los pilares de la vida jurídica. Por consiguiente la Constitución no logró su vigencia política efectiva. En su reemplazo la sinrazón militar impuso su particular código para resolver los conflictos de poder durante las guerras civiles, o para responder a la protesta popular a partir del Frente Nacional (1958-1974) agudizando la crisis del sistema oligárquico hasta hoy.

El espejismo constitucional tiende a desconocer la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido, al intentar birlar la tensión permanente entre las fuerzas transformadoras de la sociedad que no se dejan reducir a las normas, la reglamentación o los pactos, y las instituciones que emergen como un principio necesario para la convivencia y la estabilidad. El proceso de 1991 –como los anteriores procesos constituyentes y el que ahora se propone– relega a un segundo plano, ignora y excluye las fuerzas transformadoras de la sociedad. En consecuencia, el procedimiento de la representación política o de la participación institucional es necesariamente limitado e incapaz de cumplir su propia promesa: la construcción de un pacto general para la sociedad(11).

La experiencia de lucha revolucionaria de los últimos cincuenta años, en particular en la última fase a partir de 2002 contra Uribe y Santos, muestra como un proceso constituyente tiene como premisa un proceso destituyente pues las clases dominantes no cambian sus comportamientos ni sus políticas pese a firmar pomposos “acuerdos de paz”.

El balance tras cinco lustros de vigencia de la vanagloriada Constitución de 1991 es de frustración histórica dado un fenómeno muy arraigado entre nosotros: el ilusionismo constitucional. En efecto, la convocatoria y elección popular de una Asamblea Constituyente en 1990 –con una abstención del 80%– es para muchos uno de los hitos de la política de fines de siglo XX, y da cuenta de una coyuntura compleja. Así podemos evidenciarlo en la doble intencionalidad de su convocatoria: de un lado, como objetivo explícito encontramos la búsqueda de fórmulas para que el Estado, gobernado por líderes honestos y competentes, pudiera asegurar la paz, liquidar la impunidad y ensanchar los ámbitos de la democracia participativa; detrás de esto, se encuentra la creación de un simbolismo democrático, que responde a la intención de superar la aguda crisis de legitimidad por la que atravesaban las instituciones estatales. La Carta Política aún vigente, si bien es catalogada como una de las constituciones más avanzadas de América Latina, refleja en gran parte esa disgregación de fines e intereses, de forma tal que resulta ingenuo pensarla como el simple resultado de consensos.

Empero, al dejar a un lado la reflexión respecto a la problemática del proceso constituyente y la constitución como el resultado de aquel particular proceso político, debe observarse el impacto que en la esfera social ha tenido la Constitución de 1991. Pasados veintiseis años de este acontecimiento se constata que los problemas de fondo permanecen intactos: miseria social, corrupción política, violencia endémica, deterioro del medio ambiente. De otro lado, los mecanismos de control oligárquico y de cooptación están incólumes, salvo por el ascenso de un reducido pero influyente sector de la clase media de origen provinciano, que accedió al control del congreso y a parte de la burocracia y el presupuesto público, y que tiene como proyecto atender y saciar sus propias expectativas.

La reforma constitucional de 1991 resultó incapaz de construir la legitimidad del Estado sobre la base de un orden social justo, garantizar el monopolio de las armas por el Estado, para que su uso no sirva de instrumento de retaliación de un sector de la sociedad en contra de otro, hacer efectivo el funcionamiento del aparato judicial, y, aclimatar un proceso de paz que sirva de base al desarrollo nacional como instrumento para alcanzar una vida civilizada en el país. Esta imposibilidad de la Constitución es una muestra de la insuficiencia de la normatividad, por sí misma, de conseguir grandes cambios estructurales.

En este marco entonces, ¿cuál es el impacto histórico de la Constitución del 91 en la solución del conflicto político social colombiano? Se trata de un impacto nada sustancial. Está claro que los preceptos sociales, civiles y políticos de los textos constitucionales y legales se convierten en fuente de alienación política y de frustración social. En términos sociojurídicos la estabilización de comportamientos mediante la normatividad, implica tener en cuenta el riesgo de frustración social por el no cumplimiento de la expectativa institucionalizada, el cual da al traste con la (in)eficacia normativa, y la consecuente pérdida de legitimidad social. Lo anterior se aúna a la ausencia de auténticas instancias representativas, y deviene en la promoción de un ciudadano apático que tiene en la dinámica electoral su única posibilidad de acción política, y no encuentra razón para tomar una responsabilidad en el ‘control social’ del remedo de ‘administración pública’ que impide la prevalencia del interés general y la búsqueda del bien común al que de manera reiterativa alude el texto de la Constitución.

Hay una frustración característica de la historia constitucional colombiana que comienza a expresarse con un episodio no suficientemente conocido: el 17 de abril de 1854 se introdujo un gobierno socialista en Colombia con el propósito de “convocar al pueblo, para que manifestase su voluntad sin interferencias de los políticos, los demagogos, los embaucadores y los prejuicios constitucionales”. Los promotores de este gobierno, afirmaban que la Constitución está conformada por simples palabras, siendo así un “instrumento para engañar a los pueblos”.

De manera similar, en el proceso de lucha de clases que precedió al golpe democrático artesanal de 1854, el general Melo conminó al presidente legítimo Obando a “romper el pacto constitucional de la república de leguleyos y doctores”, para implantar una inédita república de artesanos y campesinos, la primera de su clase en la historia de América. Este intento fue derrotado manu militari el 4 de diciembre del mismo año(12).

Estos hechos evidencian el descontento y frustración que genera la ineficacia material de las Constituciones y, en general, del mundo jurídico que se integra por un complejo y extenso entramado normativo, que en la mayoría de los casos no está pensado más allá de la consecución de una simple eficacia simbólica.

Nuestras guerras han sido guerras sin victoria. Un paralelo entre la Guerra de los Mil Días con la actual, resulta bastante aleccionador para el estudio de las relaciones entre las violencias y el derecho, y deja muchos interrogantes sobre el tema del “derecho como blanco de la guerra y del derecho como necesidad de la guerra”. En este punto, interesa en alto grado la afirmación del reputado historiador hoy al servicio del régimen Gonzalo Sánchez respecto a la permanencia de la guerra en nuestro país, la cual “revela, de hecho, que nunca ha habido victorias decisivas de las partes contendientes, sino paréntesis dentro de los cuales las hostilidades se prolongan por otros medios”(13), en especial las amnistías, las reformas y las “nuevas” constituciones.

Por su parte, el escritor comunista Luis Tejada, en una crónica de 1924 titulada El gobierno de clase(14), con su lucidez admirable explica como el estudio del Estado, atraviesa la relación actual entre una minoría que detenta el poder económico frente a una mayoría desposeída, en la que la primera requiere del poder del Estado para mantener y reproducir el sistema de explotación económica, que no se reproduciría sin un sistema de dominación política (llamado en la ideología liberal sistema constitucional/constitucionalismo), y de otro sistema de hegemonía cultural(16). Así podemos apreciarlo en el siguiente aparte del mencionado texto:

El presidente no les dio una respuesta a los obreros sino que hizo una refutación teórica de sus peticiones: no les contestó, los combatió, que es una cosa profundamente distinta. Y los combatió situándose dentro de un odioso y fiero espíritu de clase, de gobierno de clase. Frente al derecho vital del numeroso pueblo hambreado, el presidente erige el supuesto derecho de la super-ganancia que debe tener la pequeña minoría rica [...]. No es posible, dice, controlar la especulación y el acaparamiento, porque eso va contra la libertad de empresa [...] [E]l presidente no se siente obligado a dar alguna elasticidad a la ley, a favor del extenso pueblo miserable, sin pan y sin trabajo; sin embargo, se le ha visto violar la ley siete veces siete, en una sola noche, para salvar a los banqueros de una crisis financiera.

El general Ospina ha definido, con un carácter nítido y violento, el gobierno de clase, el acaparamiento exclusivo del poder por un número restringido de familias poderosas. No se gobierna para todos; el Estado no es la entidad abstracta que interpreta y representa a la sociedad por todos los aspectos. Se gobierna particularmente para varios, y el Estado es la expresión parcial y agresiva de la voluntad de un grupo.

Al retomar estos dos planteamientos se pretende ubicar dos puntos centrales en la problemática colombiana: la guerra y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Estos dos fenómenos, por su parte, se encuentran directamente relacionados entre sí. Hoy es irrefutable la existencia de concentración de la riqueza en manos de una minoría, y la incidencia que tiene el nivel de pobreza en la violencia. Estas dos variables, pobreza y violencia, resultan así claves para el estudio de nuestro conflicto político y social, y se constituyen como dos grandes dificultades para la viabilidad estructural de un proceso de paz.

Sin embargo, la pobreza no explica la violencia que ha azotado a Colombia a lo largo de su convulsionada historia. La historia colombiana enseña que la violencia se volvió una forma de funcionamiento de la sociedad colombiana, y ha dado nacimiento a redes diversas de influencia y presión sobre la población. Esto explica que un mayor gasto en guerra no soluciona la violencia, y esta atraviesa no sólo por la guerra, sino también por la cultura, la economía y la política. En este marco, también el clientelismo, la corrupción y la mafia, se constituyen fermentos de la violencia.

Más allá de la consonancia de las cifras de pobreza y de los factores coadyuvantes a la violencia antes anotados, hay un matiz que escapa a los analistas: la pobreza es, en sí misma, violencia. Y su presencia es tan ominosa que actúa como freno a las iniciativas para construir un país que supere el atraso productivo, la concentración, la iniquidad y la injusticia social. Así las cosas la viabilidad estructural de un proceso de paz presupone la solución de los aspectos más protuberantes del actual conflicto político social en Colombia.

Es claro que una Constitución por sí sola no es un instrumento eficaz para la resolución de los diferentes problemas sociales, y la normatividad debe acompañarse del replanteamiento de las estructuras económicas, sociales, culturales y políticas, en la búsqueda de condiciones más justas y equitativas en el marco de un nuevo orden político y social(16).

En lo que toca a la imperiosa necesidad de una administración pública para la paz con justicia social este prologuista asume como premisa que la corrupción es consustancial al actual Estado. Su forma institucional característica: el presidencialismo y el centralismo, son los ejes del poder oligárquico que se mantiene gracias al control que ejerce sobre un Congreso irredimible. Los distintos gobiernos dan muestra de su profunda incapacidad para concebir y concretar una reforma integral que dé curso a una nueva institucionalidad basada en la autonomía territorial, en la participación y el gobierno popular en las regiones colombianas.

En este contexto y con este propósito radical y transformador surge una propuesta que lleva buscando su propio cauce desde hace treinta años para asumir la tarea de construir una alternativa revolucionaria socialista y democrática desde las regiones y provincias para Colombia. Habrá que esperar un momento propicio para preciso convocar a representantes de las distintas provincias y regiones del país para propiciar e impulsar un proceso político desde las bases y en las regiones que permita a Colombia convertirse en una república regional unitaria a través del más amplio y profundo proceso de reflexión y acción popular que se haya intentado hasta ahora.

Dejemos claro que la transformación de una realidad no es tarea de un solo actor, por más fuerte, inteligente, creativo y visionario que sea. Ni solos los actores políticos y sociales, ni solos los intelectuales pueden llevar a buen término esa transformación. Es un trabajo colectivo. Y no sólo en el accionar, también en los análisis de esta realidad, y en las decisiones sobre los rumbos y énfasis del movimiento de transformación.

La paz es una entelequia en tanto la demografía propia del capitalismo trae nuevos actores de la violencia, se tipifican nuevos delitos y se imponen nuevas penas. La experiencia muestra que quienes planean la guerra, nunca participan en ella; se jactan de ser estrategas y envían a la muerte a quienes preferirían vivir en paz. Qué paradoja se presenta cuando diariamente se habla de paz y se avanza en el desarrollo tecnológico de la guerra: guerra nuclear, guerra asimétrica, guerra electrónica, guerra química, guerra ideológica, guerra sicológica y lo que es peor, guerra política.

De la política se especula que se orienta a la entrega total de hombres que buscan el bienestar para sus semejantes. Entonces ¿por qué razón son estos hombres quienes eligen la guerra antes que otras formas racionales para solucionar pacíficamente los conflictos por complicados que parezcan? En la esfera propiamente ética, es posible abordar la propuesta de una ética del cuidado, orientada a reflexionar acerca de la resolución pacífica de los conflictos, aprender a dirimir las contiendas en términos argumentativos o de tramitación jurídica y aplicar el perdón para cerrar las heridas causadas por el mal. Es por eso que los denominados métodos de negociación no agotan el discurso aunque no consigan poner fin al conflicto. Solo las bestias se trenzan en luchas a muerte sin intentar un diálogo que las evite. La envidia, el odio y la venganza pueden ser el inicio de eternas guerras. El psicoanálisis pretende tratar las desviaciones criminales, desafortunadamente después y no antes de su ocurrencia, la cual debiera prevenirse si la política estuviera al servicio de la sociedad y no al contrario.

Hay quienes conciben la política como una lucha entre amigos y enemigos, como lo hace el ideólogo nazi Carl Schmitt, entendiendo este encuadramiento y categorización en el sentido de amigos y enemigos públicos y no privados. Hay quienes aún conciben la política como continuación de la guerra por otros medios, invirtiendo los términos de la famosa frase de Clausewitz, y consideran, además, como enemigo personal a todo el que no concuerde públicamente con sus ideas. Para algunos la política es lo contrario: una lucha permanente por no regresar al estado de violencia original, un arte de los equilibrios de poder y de creación de los mecanismos institucionales capaces de contener esa ley de la gravedad que retrotrae constantemente a la guerra. Desafortunadamente, en nuestro medio este arte es practicado por quienes menos conocen su definición y si aprecian las oportunidades para corromperse cuando ejercen el poder.

Para la socialista liberal Chantal Mouffe en su obra titulada El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical (1999) en una sociedad democrática debe estar siempre presente el pluralismo y por lo tanto es inevitable la lucha por el dominio de unos por otros: “(...) la cuestión del pluralismo no puede separarse de la del poder y el antagonismo, inextirpables por naturaleza". Su propuesta pasa por reemplazar la figura del enemigo por la del adversario.

En su ensayo “¿Qué es pensar filosóficamente la política?” el confuso filósofo francés Alain Badiou afirma que pensar la política en términos filosóficos es necesariamente pensar la justicia. Para él existen cuatro condiciones de la filosofía: el amor, el arte (poema), la política y el matema. El centro de la cuestión política es reflexionar acerca de la justicia, siendo la injusticia fuente de violencia. "Llamaremos justicia a aquello con lo cual una filosofía designa la verdad posible de una política".

Esta ponencia reconoce la incapacidad del régimen social capitalista establecido en Colombia para atender las reivindicaciones sociales y para concretar los derechos humanos. Se considera que por su misma naturaleza el régimen está en total imposibilidad de realizar de manera efectiva los derechos fundamentales y los derechos humanos. Es más: algo consustancial a este régimen es la violación sistemática de los derechos humanos. En verdad al régimen no se le puede pedir sino lo que vive Colombia. Se requiere construir otro régimen para lograr la plena realización de los derechos humanos fundamentales.

Un autor de mucha influencia en la academia jurídica colombiana que se asume “crítica” es el portugués Boaventura De Sousa Santos quien en 2001 publicó un texto bajo el título “Derecho y democracia: la reforma global de la justicia”, en el cual precisa:

(…) los conflictos estructurales son los lugares sociales del daño sistemático generado directa o indirectamente por el capitalismo global en su interacción con sociedades locales, regionales o nacionales.

La creencia en el Derecho por parte del profesor De Sousa Santos le amilana su vocación poscapitalista (obsérvese el cuidado de no utilizar el término anticapitalista y como al fenómeno de la lucha de clases le denomina ‘disputas’):

Cuando las condiciones políticas y económicas son tales que los conflictos estructurales suprimen en lugar de provocar disputas judiciales, el acceso al derecho y a la justicia (...) implica la promoción activa de las disputas. En otras palabras, debe dirigirse a la demanda reprimida de justicia. En este caso, un sistema judicial post-liberal debe ser construido socialmente tanto como un mecanismo de solución de disputas como de creación de las mismas.

En sentido contrario el profesor asturiano Xacobe Bastida Freixedo en el 2000 publicó en la Universidad Externado de Colombia un texto de suma importancia El derecho como creencia. Una concepción de la filosofía del derecho, donde se explica que:

(…) el poder jurídico, como todo poder, comienza siempre por la ilegitimidad. Alguien asume el mando y afronta una tarea perentoria sin ofrecer título alguno que le permita obrar según lo hace. En esto existe una indistinción absoluta entre el derecho y la pura fuerza. Sólo cuando la fuerza se institucionaliza mediante la estabilización de las personas que ejercen la autoridad puede empezar a hablarse de auténtico derecho. Claro que hay que tener en cuenta que las razones que explican la transición del primer al segundo paso son absolutamente irracionales. La tradición, el rito y la sacralización son los factores que alumbran la transformación de lo fáctico en normativo (…).

Y agrega para mayor claridad que:

(…) la violencia se halla en el origen mismo del poder y es, por tanto, el punto de partida de todos los regímenes. Lo que ocurre es que los regímenes establecidos han dejado ya detrás, a sus espaldas, la violencia primaria, elemental, desnuda; tan lejos que han podido arreglárselas para olvidarla. Más aún: han conseguido transmutarla en su opósito. Naturalmente, siguen apelando a la violencia que no se reconoce como tal porque se ha institucionalizado y autojustificado por la Ley.

Según el significado tradicional y generalizado emancipación es liberarse de alguna sujeción(17). En este sentido, la lucha de clases no puede ser obviada por un fallo que se enmarca dentro del campo legal, esto es, que da cuenta de una interpretación del derecho existente, no es un fallo emancipatorio. De ahí que pueda concluirse que cuando una Corte interpreta no está emancipando; está aplicando el Derecho, y el que tal interpretación sea vista con buenos ojos por sus impactos sociales, no quiere decir en estricto sensu que sea emancipatoria.

La producción del Derecho con contenido emancipatorio requiere como conditio sine qua non una transformación política radical resultado de un ascenso de la clase trabajadora sumida en un estatus subalterno en la actual correlación de fuerzas, esto es, resultado de un proceso de emancipación social(18).  No se le puede pedir a la jurisprudencia lo que es tarea histórica de la política y de la fuerza transformadora de la clase trabajadora.

Una nueva institucionalidad hará posible el ejercicio de los derechos colectivos mediante la expedición de una genuina legislación social que impida la especulación financiera con los recursos públicos requeridos por el proceso de realización de los derechos sociales, esto es, un cambio en la organización social y en el sistema jurídico-político que posibilite que el Derecho oriente la economía y no al revés como actualmente sucede. Se trata de dar forma a una asociación de individuos libres e iguales que regulan ellos mismos su convivencia por vía de una formación democrática de la voluntad colectiva(19).

Como se mostró el Derecho al aparecer como “emancipatorio” en el capitalismo apacigua la eclosión que precede un cambio revolucionario. La desorientación incluye el señalamiento de los jueces como enemigos de la racionalidad económica, y la acusación como causantes del desequilibrio fiscal y de la quiebra de las finanzas públicas. De esa manera la política pública en materia social no cambia. En términos de debate jurídico el problema más significativo es que los casos de tutela resueltos favorablemente no resuelven la crisis estructural que sufre la sociedad en el capitalismo(20).

Ahora bien, puede que el término emancipatorio sea utilizado para denotar que ahora los jueces interpretan el Derecho a favor de las clases sociales marginadas y más débiles, como no sucedió antes. Pero esto tampoco es emancipatorio, es simplemente un cambio en las posturas teóricas y políticas de los jueces, cambios que, dada su fragmentación y relativa inestabilidad, resultan cuestionables en torno a su potencial de repercusión en las condiciones sociales y económicas de la población.

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