lunes, enero 15, 2018

¿Qué pasó durante los primeros 101 días sin guerra contra la insurgencia?



Si Colombia no sufriera de inflación de momentos históricos, se podría decir que acabamos de vivir “tres meses para la Historia”. El periodo de cese al fuego temporal con el ELN ha sido el primero, desde los años 50 del siglo XX sin enfrentamientos armados entre el estado y las insurgencias.

| Por: Paco Gómez Nadal | Foto: Rodrigo Grajales / Colombia Plural |

Puede haber interpretaciones y denuncias cruzadas sobre lo ocurrido durante el cese al fuego bilateral, temporal y nacional (CFBTN) pactado en septiembre entre las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Quito y que venció este 9 de enero… pero hay algo sobre lo que no hay duda: no se reportó ni un solo combate entre la fuerza pública y esta guerrilla en 101 días. Según el balance presentado este 12 de enero por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) se produjo una “cesación total de combates” que se tradujo en que “no se registró ninguna acción ofensiva que denotara una violación de los compromisos del cese por parte de la fuerza pública; no se registró ninguna acción ofensiva contra la infraestructura u objetivos de la fuerza pública por parte del ELN; no se presentaron en consecuencia víctimas de la fuerza pública o heridos o muertes de combatientes del ELN”.

Esto es histórico, aunque Colombia esté saturada de momentos “históricos”. Lo cierto es que se trata de la primera vez que el país no registra enfrentamientos armados entre fuerza pública e insurgencias desde que las guerrillas liberales se armaran para resistir la violencia del Estado conservador tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Esta situación ha supuesto, según el CERAC, enormes beneficios “en términos de la reducción de la inseguridad y el riesgo humanitario”.

Esta organización sí registra “ocho violaciones del cese el fuego por parte del ELN con corroboración de la responsabilidad de esa guerrilla; incluso en dos de ellas el mismo ELN reconoció su responsabilidad. En estas violaciones murieron catorce personas, ninguna de ellas de la fuerza pública o combatiente del ELN”. La interpretación de estas “violaciones” es compleja, ya que el informe del CERAC se refiere a choques del ELN con grupos de desmovilizados de las FARC o con grupos de las Autodefensas, así como incluye como vulneración del cese la reunión con población civil convocada por el Frente de Guerra Occidental del ELN en el río San Juan (Chocó). Sin embargo, no reporta en su informe el CERAC el ataque de la fuerza pública contra campesinos en Tumacoque se tradujo en la masacre de al menos 9 campesinos. Según Pablo Beltrán, el jefe negociador del ELN en Quito, el Mecanismo de Veeduría y Verificación entró en crisis cuando el Estado se negó a que interviniera en esta masacre.

¿Qué se violó? O… formulado de otra forma: ¿qué se incumplió respecto a lo pactado en septiembre?

Lo pactado

Para evaluar el desarrollo de esos 101 días hay que recordar lo acordado. Según la información divulgada por el Alto Comisionado de Paz del Gobierno de Juan Manuel Santos, el 4 de septiembre se firmó en Quito un acuerdo que comprometía a las partes de esta forma.

El ELN se comprometía a:

– Suspender cualquier secuestro contra ciudadanos nacionales o extranjeros.

– Suspender todo atentado contra la infraestructura del país, incluido naturalmente los oleoductos.

– Suspender del enrolamiento de menores con edades inferiores a las mínimas autorizadas por el Derecho Internacional Humanitario [menos de 15 años].

– Abstención de instalar artefactos antipersonales que de cualquier manera puedan poner en peligro la integridad de la población civil.

El Gobierno se comprometía a:

– Fortalecer el llamado sistema de alertas tempranas para que la protección a los líderes sociales se fortalezca en todo lo concerniente al aviso de amenazas, a su trámite, investigación y difusión pública de los resultados.

– Adelantar un programa de carácter humanitario entre la población carcelaria de militantes del ELN que permita mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad en los recintos carcelarios en que están recluidos.
– Velar en los próximos meses para que se le dé pronta y cumplida aplicación a la ley que recientemente desjudicializó varios tipos de protesta social.

– Poner en marcha dentro del marco de la mesa que funciona en Quito las audiencias que con la sociedad civil están previstas y constituyen el primer paso para el desarrollo del punto número uno de la agenda que sobre participación prevé el temario de las negociaciones de paz convenido en marzo del 2016.

El Mecanismo de Veeduría y Verificación, en el que ha participado Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal, el Estado y la propia guerrilla, creado para el CFBTN no tenía mandato para monitorear todos esos acuerdos del 4 de septiembre, sino lo relacionado con el cese de hostilidades. La velocidad con la que se pactó este cese al fuego –algunos dicen que forzado desde la Casa de Nariño- se evidenció en las dificultades y los atrasos para armar este Mecanismo de Verificación, que a finales de octubre, cuando el cese ya llevaba varias semanas activo, aún no tenía una forma clara ni una presencia territorial completa. Al final, como ha denunciado el ELN, el Mecanismo no ha verificado los incidentes reportados por las partes, así que el cese ha estado cojo, pero lo que no dice el ELN es que el Mecanismo estaba condicionado por unos protocolos confidenciales que pactó la guerrilla con el Gobierno y que solo las partes podían modificar. Las deficiencias eran tan evidentes que esas partes decidieron establecer una Mesa Transitoria de Conversaciones que permitiera enlazar el cuarto periodo de negociaciones en Quito –terminado el 1 de diciembre de 2017- y el quinto –que debía comenzar el 9 de enero de 2018 y que está en suspenso tras la retirada de la delegación del Gobierno por el reinicio de las actividades armadas del ELN apenas terminado el plazo del cese-.

Ninguna de estas herramientas funcionó y, finalmente, el ELN se retiró del Mecanismo el 25 de diciembre denunciando que “el gobierno ha desconocido el Mecanismo de Veeduría y Verificación, como la instancia que debe cumplir el objetivo de prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes”.

Durante los tres meses largos de este CFBTN se puede decir que las partes respetaron el cese de hostilidades mutuas… ¿y los acuerdos adicionales? El ELN ha cumplido con el compromiso de no atentar contra la infraestructura –aunque fuera su primer objetivo unas horas después del fin del cese- y el secuestro de civiles. Es difícil constatar si se ha reclutado o no a menores de 15 años, que es lo que establece el DIH, y, dando seguimiento a las acciones de la guerrilla en alguna zona de duros enfrentamientos con las autodefensas –como en el Bajo Atrato-, se podría deducir que sí se han instalado minas antipersonales. Pero la realidad es que no hay verificación al respecto.

¿Y el Gobierno? El ELN ha acusado al Estado de haber aprovechado el cese para militarizar algunas zonas, pero no se han producido hostigamientos armados directos, aunque la guerrilla sí denunció dos acciones contra sus campamentos los días 27 y 30 de octubre en Chocó y Norte de Santander. No está verificado, así que oficialmente, la Fuerza Pública ha respetado el cese de hostilidades. También se adelantaron las audiencias previas con la sociedad civil para determinar la metodología de participación de la misma en las conversaciones de Quito.

Peor balance hay en todos los demás compromisos del Gobierno. El programa humanitario para los cerca de 500 presos del ELN no se ha desarrollado, los líderes sociales siguen siendo asesinados de forma sistemática en todo el país y no se sabe nada de la descriminalización de varios supuestos de protesta social.

Lo que es seguro es que no se ha producido un seguimiento exhaustivo al cese al fuego y la información sobre el mismo pareciera parcial e interesada. Ni los medios, ni las organizaciones, ni las agencias internacionales han tenido capacidad de monitoreo o, si lo han hecho, no se ha informado al respecto.

En lo que sí parece que existe consenso es que, incluso con las deficiencias denunciadas, el cese trae “alivio humanitario a las comunidades” y permite un marco de conversaciones de más confianza. En las últimas horas las presiones al Gobierno –para que no responda militarmente al ELN- y a la guerrilla –para que escuche el clamor civil por el cese- son intensas. En Bogotá está el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutierres, insistiendo en la necesidad de retomar el cese y dar continuidad a la Mesa de Quito. Desde los territorios se hacen todas las gestiones imaginables. Quizá resume el sentimiento de las comunidades en los territorios más afectados por esta guerra el comunicado de la Corporación Pacipaz, desde el Pacífico: “El CFBTN ya era un primer logro de esta negociación de paz, ya que se trataba de romper el paradigma de ‘dialogar en medio del fuego’, para así poder generar alivios humanitarios a las comunidades y avanzar en la discusión de los puntos de la agenda pactada. Si el ELN tiene como principio escuchar la voz de la sociedad para que sea ésta la guía de la construcción de paz, en esta ocasión [con lo ataques del día 11 de enero] hizo caso omiso a este clamor social de prolongar el CFBNT, por ello le hacemos un llamado a la coherencia con sus propios planteamientos y principios. Invitamos al Gobierno Nacional, presidido por el premio Nobel, a que no responda militarmente a este incidente sino que conserve la actitud y disposición de buscar salidas políticas”.

El cese al fuego ha sido real y ahora, necesario. El Gobierno, a través de su nuevo jefe negociador, Gustavo Bell, ha dicho que está dispuesto a evaluar la continuidad de las negociaciones y de un nuevo cese al fuego. El ELN ha respondido a través de sus cuentas en redes sociales con una intensa campaña en la que reclama un #NuevoCeseAlFuego pero “sin expansión del paramilitarismo”, “sin asesinato de líderes sociales”, “con reales alivios humanitarios para la población carcelaria”, “sin incumplimiento del Gobierno y Fuerzas Militares”.