miércoles, febrero 14, 2018

Aumentan asesinatos de líderes sociales y ambientales



| Por: Susan Abad / Servindi |

En Colombia las muertes de líderes sociales y ambientales siguen en aumento. Enero cerró con la preocupante cifra de 21 líderes sociales y reclamantes de tierras ancestrales asesinados.

La alarma de que en este país están matando a las “personas que realizan acciones pacíficas para proteger los derechos ambientales o de la tierra” la dio en junio del año pasado la organización Global Witness, dedicada a la protección de defensores del ambiente y la tierra.

En su informe “Defender la tierra” asegura que 37 ambientalistas fueron ultimados en el 2016; un 40% más que en el 2015 cuando se registraron 26 asesinatos de defensores de la naturaleza. En información publicada el 2 de febrero, Global Witness, señala que en el 2017 fueron 32 los defensores del medio ambiente y la tierra asesinados en Colombia.

De acuerdo con el colombiano Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante el 2017 fueron asesinados 170 líderes sociales, entre ellos estaba Plinio Pulgarín, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito de San José de Uré en el departamento de Córdoba, al norte del país.

Los habitantes que huyeron del lugar cuentan que hombres vestidos de militares llegaron con fusiles y le cuestionaron a Pulgarín que esté apoyando y promoviendo el programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Lo mismo ocurrió con Miguel Eduardo Parra, quien defendía el páramo Almorzadero en el Norte de Santander, y Temístocles Machado, que defendía las tierras de Isla de Paz en Buenaventura.

Para Global Witness, en el 2016 los asesinatos fueron cometidos en la mayoría de los casos, por bandas criminales y grupos paramilitares. Asegura además que “mientras las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] se desmovilizan, una peligrosa red de milicias y grupos paramilitares forcejean por controlar los territorios que las FARC dejan atrás.

Esto les pone en conflicto con las comunidades indígenas y afrocolombianas, que buscan recuperar tierras ancestrales que les fueron arrebatadas durante la guerra civil”, a la vez que destaca el papel de algunas multinacionales en la estigmatización de los líderes sociales.

Principales victimarios

Al parecer esto no ha cambiado. El vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, señaló a fines de enero a cuatro grupos armados como principales victimarios: “en primer lugar Clan del Golfo [grupo conformado por ex paramilitares]; en segundo lugar ELN [Ejército de Liberación Nacional]; en tercer lugar, organizaciones de tercer nivel y bandas locales y en cuarto lugar las bandas de restitución de tierras”.

En conversación con Noticias Aliadas, Inti Asprilla, representante a la Cámara por la Alianza Verde, comentó que una de las acciones principales que debía implementarse luego del Acuerdo de Paz firmado en noviembre del 2016, “era tener una fuerte presencia estatal en las zonas que anteriormente eran zonas del conflicto armado, con el fin de evitar que las fuerzas que son la continuación de las organizaciones paramilitares realicen una arremetida contra los líderes sociales y ambientales. Desafortunadamente no se cumplió la parte de reforzar su presencia institucional y además no se han brindado las garantías para el ejercicio político en zonas del conflicto”.

La situación se agrava cuando se aprecia “una sistematicidad en los asesinatos de estos líderes con un modus operandi muy conocido: llegan amenazas anónimas por parte de fuerzas paramilitares acusando a los activistas de ser guerrilleros, izquierdistas o comunistas. Mientras se pide la protección al Estado colombiano, que es bastante lento para brindar las garantías de seguridad, entonces siempre esto termina en asesinato”, asegura Asprilla.

El fiscal Néstor Humberto Martínez también afirmó a la prensa que “hay un origen multicausal, pero estamos identificando ya unos fenómenos que son preocupantes desde el punto de vista de eventual presencia de reductos de autodefensas [paramilitares] que estarían actuando con algún grado de sistematicidad en algunas regiones del país”.

Para Carlos Guevara, coordinador de informaciones del no gubernamental Programa Somos Defensores, quien colaboró con la investigación de Global Witness, el incremento de los ataques se debe a que los activistas ambientales incluyen campesinos que defienden sus tierras o indígenas que protegen sus resguardos. Asimismo, que desde hace 8 años —cuando se inició el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos— se ha priorizado el impulso a la minera y la inclusión de empresas trasnacionales, y a la lucha por el control de los escenarios dejados por las FARC.

Guevara explicó a Noticias Aliadas que si bien el aumento de estos asesinatos no es una situación menor también hay que tener en cuenta que “estos casos en el pasado, durante el conflicto, era imposible diferenciarlos de otras causas de asesinato. El volumen de muertos derivados del conflicto nos imposibilitaba documentarlos. También hay mayor posibilidad de denuncia. Ahora la gente tiene menos miedo a las retaliaciones. Además, al bajar los niveles de violencia ha hecho posible visibilizar el tema medioambiental, de la lucha por la tierra y los asesinatos de líderes”.

Modelo económico no negociable

Jakeline Romero, indígena wayuu que por más de 20 años ha sufrido amenazas por liderar la lucha contra la actividad extractiva de carbón, el acaparamiento de tierra productiva y la destrucción de las fuentes de agua en la labor de explotación de carbón de la empresa Cerrejón, en La Guajira, piensa que la situación en vez de mejorar va a seguir empeorando.

“Desde un principio en las negociaciones de paz el gobierno dijo que el modelo económico de este país no era negociable. Entonces el modelo del gobierno es entregar todos los recursos naturales, todo lo que esté dentro de los territorios e irrespetar todos nuestros derechos, y seguir exponiendo a los que defendemos estos derechos a la violencia”, aseguró a Noticias Aliadas.

Otra explicación tiene el director de Incidencia de Amazon Watch, Andrew Miller, quien aseguró a inicios de enero en la Cadena France 24 que “la época del llamado posconflicto está haciendo que el gobierno promueva cada vez más los proyectos minero-energéticos en todo el país y eso está generando conflictos”. Afirmó que los acuerdos de paz y la entrega del Nobel de la Paz al presidente Santos está haciendo que la vigilancia internacional se haya reducido con respecto a Colombia y que las amenazas y los asesinatos continúen en aumento.
Mientras tanto, el gobierno lanzó el pasado 23 de enero el sistema nacional de alertas tempranas y acciones de protección, con el que busca anticipar y reaccionar a informaciones que dejan en evidente riesgo en su seguridad a personas y comunidades.

“Cerca de 80,000 militares y policías operarán de manera focalizada en regiones donde bandas criminales y del narcotráfico pretendan copar los territorios que dejaron las FARC” informó Naranjo.

“Superamos el conflicto armado pero en materia de derechos humanos tenemos una gran responsabilidad”, admitió Guillermo Rivera, ministro del Interior.

Su reflexión contradice las desafortunadas declaraciones del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, aunque luego aseguró que sus frases habían sido sacadas de contexto, quien afirmó que “en su inmensa mayoría [los asesinatos de estos líderes] son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea de rentas ilícitas”.

---
Leyenda/crédito foto: Líderes sociales y ambientales denuncian amenazas cubriendo sus rostros para evitar ser identificados. /Cortesía Danilo Rueda, Comisión Justicia y Paz