jueves, febrero 01, 2018

Más de 300 activistas fueron asesinados en 2017



Así lo indica un informe de la ONG Front Line Defenders, que señala que 2 de cada 3 activistas asesinados eran latinoamericanos. En este continente “se registró un aumento del número de asesinatos de defensores de los derechos humanos y del nivel de violencia en otros ataques, en muchos casos cometidos por el propio Estado”, asegura la organización internacional.

Al menos 312 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 27 países durante el año pasado, revela el Informe Anual de Defensores de Derechos Humanos en Riesgo de la ONG Front Line Defenders. La suma de este tipo de asesinatos en el continente representa más de dos tercios del total mundial registrado por la organización internacional.

“En un contexto mundial extremadamente polémico en el que el avance de los derechos humanos ha puesto cada vez más en entredicho a dictadores, conservadores religiosos y grandes capitales, se ha llevado a cabo una estrategia coordinada y con amplios recursos de difamación, criminalización y violencia para intimidar, marginar y silenciar a los/as defensores/as de los derechos humanos”, introduce el informe.

Según la ONG, en el mejor de los casos, los gobiernos y las fuerzas de seguridad se mostraron indiferentes ante las amenazas y ataques sufridos por los activistas. En el peor de los casos, fueron las mismas fuerzas de seguridad del Estado las responsables de los asesinatos.

Un análisis sobre el trabajo que realizaban las personas asesinadas revela que el 67% defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas.

Otro dato revelador es que al menos 212 defensores de derechos humanos fueron asesinados en América, 156 de ellos en Brasil y Colombia únicamente. Por esta razón, el informe asegura que la región “fue testigo de un aumento del número de asesinatos”.

En el caso de Colombia, “se esperaba que el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) diera lugar a una disminución de la violencia. Sin embargo, el número de asesinatos ha aumentado”, advierte el organismo. En este sentido, indica que la “tierra ha sido el motivo principal del conflicto armado” y que “la mayoría de las personas asesinadas eran líderes locales comprometidos/as con labores sociales o comunitarias en sus territorios y murieron a manos de agentes armados paramilitares o no identificados”.

En tanto, en Brasil se produjo un aumento de la violencia y de la participación de las fuerzas de seguridad del Estado. De acuerdo al informe, “a pesar de que la mayoría de los asesinatos en el país están relacionados con la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra los/as defensores de los derechos humanos se ha extendido a otros sectores e incluye ataques en áreas urbanas”. Esta situación “se ha visto agravada por la crisis política, las revocaciones legislativas que reducen derechos previamente garantizados y por un entorno cada vez más hostil para los defensores de derechos humanos”.

En la lista de víctimas también se encuentra Santiago Maldonado. Al respecto, el informe señala que “desapareció durante una protesta a favor de los derechos del pueblo indígena mapuche, que fue violentamente reprimida por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), una fuerza de seguridad militar. Su cuerpo fue hallado casi tres meses después en circunstancias aún por aclarar”.

De este modo, “la violencia contra los defensores de los derechos humanos se intensificó a la par que las crisis políticas y económicas en Venezuela, Brasil, Guatemala, Paraguay, Honduras y Argentina” y se advierte que “cuando la población expresó su insatisfacción a través de protestas, se utilizó la fuerza excesiva como primera ?y a veces única? respuesta para dispersar las manifestaciones pacíficas”.

Por otro lado, Front Line Defenders asegura en su informe que el 88% de los asesinatos de activistas quedan impunes, ya que “sólo el 12% resultó en el arresto de las personas sospechosas”. Mientras que el 84% de los defensores asesinados había recibido al menos una amenaza antes de su muerte, por lo que “si la policía hubiese tomado medidas preventivas en una fase temprana, los ataques podrían haberse reducido drásticamente”.

Ante esto, el organismo denuncia la constante impunidad a favor de los asesinos de los defensores de derechos humanos, quienes también sufren la criminalización de sus actividades, persecución judicial y difamación en medios de comunicación.

Por último, según la ONG, la débil respuesta de gobiernos nacionales como de la comunidad internacional ofrece un panorama de cambio poco esperanzador a corto plazo.

“El año 2018 marca el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los/as Defensores/as de Derechos Humanos. En las dos décadas transcurridas desde la Declaración, el crecimiento significativo del movimiento mundial de derechos humanos y sus logros no se han visto igualados por el compromiso y la determinación de los Gobiernos con los mismos. Muchos de ellos se siguen comprometiendo a apoyar a los activistas a nivel internacional, mientras aprovechan cualquier oportunidad para deslegitimarlos a nivel nacional”, concluye el informe.