jueves, febrero 22, 2018

¡Qué culpa tiene la estaca!



No resulta extraño que haya gentes tan suertudas que se entran en las piscinas llenas de agua y salen secas.

| Por: Armando López Upegui* / Oreja Roja |

Se queja un senador suertudo de que la Corte Suprema haya ordenado que se le investigue a ÉL y no a quién él acusó, por andar manipulando testigos.

Y digo que es un suertudo porque pese a estar más investigado que el sida, nunca, ningún juzgado, ningún tribunal, ninguna Corte, ha logrado llevarlo a la cárcel.

En fin, es suertudo porque, pese a haber entrado mil veces a la piscina llena de agua, (el símil es de un magistrado de Justicia y Paz)  jamás se ha mojado. Y pese a que todos, o por lo menos buena parte, de sus amigos, colaboradores, correligionarios, correveidiles, etc., están judicializados, encarcelados o a las puertas de estarlo, por múltiples violaciones de la Ley, él sigue tan seco como si nunca hubiera entrado en la piscina.

Lo cierto es que la Corte Suprema ordenó que lo investigaran, como lo ha hecho también el Tribunal de Justicia y Paz que se ocupa de la justicia transicional relativa a los paramilitares;  y como igualmente lo ha hecho hace poco el Tribunal Superior de Medellín, en relación con la muerte de Jesús María Valle. Como probablemente algún día tendrán que ordenarlo diferentes jueces que, por fin, se atrevan a investigar a fondo las muertes de César Villegas, Francisco Villalba, Pedro Juan Moreno, entre otros.

Y ordenaron que lo investigaran a raíz de ciertas piezas que surgieron de una investigación que se adelantaba, no contra él, sino contra un jefe paramilitar.

Se queja el senador suertudo de que, según le contó Juan Gómez, (raro en Juan) le tenían los teléfonos “chuzados”. Y con ese vocabulario tan sofisticado y elegante que acostumbra a usar en sus diálogos telefónicos (“le doy en la cara marica”, recuerdan), presagió que esas conversaciones las estaban escuchando “esos hijueputas”.

En efecto, tenían los teléfonos “chuzados” pero de varias personas, entre ellas, algunas vinculadas con el paramilitarismo. El suertudo senador llamó a esos individuos que, por cierto son sus amigos, precisamente a hablar acerca de temas relativos a la manipulación de testigos y ahí fue cuando lo escucharon diciendo esas bellezas.

¿Qué culpa tiene la estaca, si el sapo brinca y se ensarta?

Pero lo que preocupa y no cuadra en todo este asunto, es que un ciudadano común y corriente, digamos un expresidente de la República, que para este efecto no tiene por qué dejar de ser común y corriente, disponga de información que por ley es restringida y privilegiada.

 Al respecto, la Ley 906 de 2004, código de procedimiento penal establece
“Artículo 235

Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares.(Modificado por el art. 15, Ley 1142 de 2007, Modificado por el art. 52, Ley 14 de 2011). El fiscal podrá ordenar, con el único objeto de buscar elementos materiales probatorios y evidencia física, que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, cuya información tengan interés para los fines de la actuación. En este sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden.

En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva…..”(Énfasis añadido)

¿De cuándo acá los actos reservados de investigación de la Fiscalía son puestos en conocimiento de personas ajenas a la Administración de Justicia, y más concretamente, de sujetos sub iudice?

Porque el sigilo que los rodea no es un capricho, ni menos una expresión de malignidad de los entes investigadores. Estas diligencias que tienen por objeto adelantar el acopio y recolección de elementos materiales probatorios en etapas precoces de la investigación están íntimamente relacionadas con la seguridad de los eventuales testigos y con el aseguramiento y la permanencia de la prueba.

Violar esas seguridades podría permitirles eventualmente a los presuntos responsables de los crímenes, eludir la acción de la justicia, ya sea mediante la destrucción de evidencias documentales, el ocultamiento o sustracción de vestigios de toda índole, e incluso, en el peor de los casos, el amedrentamiento, la desaparición forzada o el homicidio de los potenciales testigos.

Si un investigado se asegura de tener acceso a la información surgida de las actividades que realizan los entes investigadores en relación con la recaudación de elementos materiales probatorios y evidencias físicas, fácilmente puede perturbar esa labor, frustrar los intentos de la Justicia por acopiar piezas indispensables para adelantar un juicio y, finalmente, lograr su impunidad.

Entonces, en  vista de lo que estamos presenciando a propósito de este caso, no resulta extraño que haya gentes tan suertudas que se entran en las piscinas llenas de agua y salen secas.

Claro que ello también podría explicar, finalmente, para usar las palabras recientes de una periodista que hablaba de otra cosa, el por qué “la vida que esa persona ha tenido ha demostrado que nada de lo que ocurra a su alrededor le puede hacer daño, que tiene todo el poder para poderse salir con la suya”. Tal vez.

(*) Historiador, Abogado, Docente universitario y Maestro en Ciencia política.