sábado, marzo 10, 2018

La vida de Gustavo Petro sigue en Peligro



| Por: Jose Arnulfo Bayona / Socialistas |

Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander, es gobernada desde la picota por el ex alcalde Ramiro Suárez, paramilitar Uribista que purga pena de 25 años por el asesinato de un abogado opositor.

Mediante sistema de Skype, desde su celda, controla y ordena qué se debe hacer y que no en la Alcaldía de Cúcuta, órdenes que debe cumplir su cuerpo ajeno, el actual alcalde, señor Cesar Omar Rojas Ayala. Esta transgresión a la Ley que regula el régimen penitenciario, no ocurriría si no contara con el beneplácito del Ministerio de Justicia, el INPEC y la fiscalía General de la Nación en manos de la cuota de Vargas Lleras, Humberto Martínez Neira.

En cumplimiento de la orden emanada del despacho del alcalde en la sombra de La Picota, su alcalde marioneta, contraviniendo normas expedidas por el Gobierno Nacional, expidió un decreto prohibiendo el uso del Parque Santander, plaza principal de Cúcuta, para la realización de actos políticos, con el deliberado propósito de impedir que el candidato presidencial GUSTAVO PETRO, realizara un acto de su campaña presidencial, convocado para el pasado 2 de marzo en dicha plaza pública. Que como es tradición, como todas las plazas públicas en Colombia, cumple la función de servir de tribuna para el debate de ideas y de agitación política en tiempos de campañas electorales, desde tiempos inmemoriales. La ley orienta que candidatos y candidatas solo deben notificar al mandatario local la fecha y la hora en que se realizará el acto público.

El alcalde está obligado a garantizar la seguridad y el orden público para dicho acto se realice pacíficamente. En esta oportunidad el mandatario no cumplió con esta obligación que le ordenan la ley y la Constitución Nacional; por el contrario, impidió la manifestación y propició las condiciones para que Gustavo Petro fuera víctima de un atentado contra su vida, según versiones  del propio candidato, de miembros de su equipo de campaña y de  sus seguidores, que ese día asistieron a respaldar y escuchar a su candidato presidencial.

Atentado que fue planificado de antemano, para cuyo cumplimiento se crearon las condiciones apropiadas, según ha quedado demostrado en los videos presentados en los medios  de comunicación y que circulan en las redes sociales. Por ejemplo: Los seguidores de Petro denunciaron que “por orden del alcalde” la policía impidió instalar la tarima y militarizó el parque en la noche anterior a la realización del acto público. El día del acto proselitista, la fuerza pública no actuó para garantizar la realización del evento, sino para dispersarlo, mediante el uso de gas pimienta, la agresión violenta y la detención de los/as partidarios/as que concurrieron a la plaza.

Pero lo más grave, el atentado contra la vida de Petro, ocurrió en medio de la confusión sembrada por la acción represiva de la fuerza pública, justo al momento del ingreso del candidato con su comitiva y su  guardia de seguridad, el carro blindado en que  viajaban, fue conducido por la policía, no al sitio de la manifestación, sino  “al punto donde nos iban a atentar”, para  hacer “más fácil la agresión contra el vehículo”, según declaraciones del propio  candidato; es decir, que fue llevado  al lugar donde se encontraban los saboteadores y los responsables de ejecutar el atentado. Estos hechos quedaron registrados en videos que circulan en redes sociales, incluido el que muestra el momento de los disparos contra el vehículo donde  iba el candidato y su comitiva. No cabe la menor duda de que en Cúcuta se atentó gravemente contra la vida de Gustavo Petro.

En hechos sucedidos el mismo día, en la ciudad de Popayán, Capital del Departamento del Cauca, un numeroso grupo de jóvenes abuchearon, arengaron y profirieron insultos contra el Expresidente Senador Álvaro Uribe, que realizaba su acto proselitista en la plaza central de esa ciudad. Contrario a lo sucedido en Cúcuta, la fuerza pública no arrojó gases lacrimógenos, ni levantó a bolillazos los prosélitos de Uribe concentrados en la plaza, sino contra los jóvenes que agitaban consignas contra el expresidente en campaña, reprimió y detuvo varios de ellos y garantizó que Uribe realizara su acto proselitista.

Es evidente que la muchachada rebelde no arrojó piedras, ni papas bomba, ni otro tipo de artefactos contundentes, solo abucheos, silbidos y consignas, incluso hubo agresiones verbales; fue  una  acción espontánea, no premeditada, ni planificada para atentar contra  la vida del aspirante Senador a la presidencia en el cuerpo  ajeno del Joven Duque. Esa es la gran diferencia con lo ocurrido en Cúcuta. En sus encolerizados arrebatos de odio contra la academia, el expresidente no vaciló en acusar al profesorado de la Universidad del Cauca, de ser los instigadores del saboteo de que  fue objeto.

Por esta razón, es inaceptable el tratamiento que gobierno y medios monopólicos de comunicación, como Caracol, RCN, El Tiempo y Blu Radio, dieron a los dos acontecimientos, presentándolos como idénticos actos de violencia y de saboteo a ambas campañas y llamaron a la cordura para que responsables políticos de las mismas controlen sus partidarios para evitar  nuevos hechos que conduzcan a la polarización de las campañas.

Es verdad que todo hecho de violencia física o verbal debe ser censurado. Pero hay que decir  con claridad que  existe gran diferencia entre los  hechos de la  Universidad de Los Andes, así como los de los jóvenes de Popayán y los de los ciudadanos de Tunja, en donde agitaron arengas e incluso insultos al Candidato Uribe, y los hechos violentos y de atentado contra la vida del candidato Gustavo Petro, que provienen de la extrema derecha, previa y cuidadosamente planificados, con la deliberada intención de generar, con el magnicidio, caos y desatar procesos de violencia que no solo den al traste con la posibilidad  de un gobierno alternativo a la corrupción y a la hegemonía de dos siglos  ejercida por las oligarquías bipartidistas y por sus derivaciones  recientes de extrema derecha en cabeza del  expresidente Uribe, sino de mantener la guerra no se sabe por cuantas décadas más.

También es cierto que hay en curso un proceso de agudización de la polarización política, consecuencia del rechazo al proceso de paz que se inició con la firma del acuerdo de la Habana y ratificado posteriormente con la firma del mismo, con algunas modificaciones provenientes de los diálogos y recomendaciones de los partidarios del NO al plebiscito por la paz, en el Teatro Colón. Es el URIBATO, en contubernio con las sectas religiosas, las mayorías parlamentarias bipartidistas y uribistas, las que promueven la polarización al impedir o tratar de hacer trizas el acuerdo de paz. Entre tanto, el Fiscal General, guarda silencio o mira para otro lado frente a los centenares de asesinatos de líderes sociales y de decenas de miembros desmovilizados de las FARC, convertidas en partido político y en campaña electoral, sin las mínimas garantías por parte de las autoridades responsables de protegerlos y responder por su seguridad, que han sido asesinados.

Responsable de la polarización es también el gobierno y su fuerza pública, con la complicidad de los medios de comunicación, que  cierra los ojos  ante hechos como las agresiones violentas contra  los actos políticos del candidato de las FARC, Rodrigo Londoño y sus candidatos al Congreso, organizados por un tal Herbin hoyos, periodista reconocido de la extrema derecha Uribista, o frente a declaraciones del tenebroso  abogado De La Espriella, también Uribista, llamando al asesinato de Petro y de los candidatos de la izquierda, al igual que las del sanguinario asesino en serie, “POPEYE” otrora jefe  de sicarios de Pablo Escobar, promoviendo el magnicidio.

Finalmente, es un hecho evidente  que las garantías democráticas y de seguridad que el gobierno está obligado a prestar a todos  los candidatos y candidatas presidenciales no se  están dando en igualdad de condiciones; pues, mientras el señor Uribe  goza de  una costosa protección de centenares de hombres armados, el candidato Petro, hoy por hoy el personaje más amenazado del país, es apenas dotado de escasos guardaespaldas y de unos carros con blindaje de bajo nivel, como quedó demostrado con los impactos de bala recibidos en Cúcuta, que casi perforan el blindaje y cumplen con el criminal cometido. Igual sucederá con otras candidaturas.

Señores académicos, investigadores y estudiosos de la violencia, no basta con alertar sobre el ambiente de polarización, pugnacidad y violencia política que crece en las campañas electorales, no echen en el mismo saco lo que ocurrió el mismo día a Petro y a Uribe. La violencia viene del lado de la extrema derecha que, en clara utilización política, con fines electorales, agitan falsos sofismas de “Castro-chavismo” y de expropiación de casas, lotes y hasta taxis, siembran un clima de miedo e intolerancia y exacerban los ánimos guerreristas, para dar al traste con lo que queda de posibilidades de paz en Colombia. Al tiempo que tratan de impedir el triunfo de un candidato con una propuesta de gobierno y un modelo político, económico y ecológico alternativo. Los magnicidios, hay que recordarlo, siempre han sido perpetrados por la extrema derecha, así ocurrió con Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. También los genocidios fueron obra de la extrema derecha y desde el estado, así ocurrió con la Unión Patriótica. Fue durante el gobierno de Álvaro Uribe que las Fuerzas Armadas oficiales cometieron crímenes de Estado, eufemísticamente llamados falsos positivos, desde el DAS, dirigido por un paramilitar confeso, se cometieron todo tipo de crímenes, como el del profesor Alfredo Correa de Andreis, y los grupos paramilitares sembraron de miles de cadáveres de civiles y campesinos colombianos, enterrados en fosas comunes, el territorio nacional. No cabe duda que la responsabilidad del “preocupante clima de polarización” tiene nombre propio.

Finalmente, tanto el gobierno, como los jefes de la fuerza pública encargados de la seguridad y la fiscalía han anunciado que tienen los elementos suficientes para iniciar una investigación y castigar a los responsables del atentado. Amanecerá y veremos. Entre tanto, la vida de Petro sigue en peligro y la paz de Colombia en alto riesgo.