martes, abril 03, 2018

Lizama 158, la catástrofe medioambiental anunciada



| Por:  Andrés Pérez / Kaos en la Red |

Desde el pasado 2 de marzo, Colombia fue impactada por múltiples imágenes con una gran mancha oscura que cubría grandes extensiones de bosques, acuíferos, ríos y cultivos de La Fortuna, en las cercanías de Barrancabermeja. Esta mancha es una mezcla de lodo, petróleo crudo y agua, producto de un afloramiento de más de 24 mil […]

Desde el pasado 2 de marzo, Colombia fue impactada por múltiples imágenes con una gran mancha oscura que cubría grandes extensiones de bosques, acuíferos, ríos y cultivos de La Fortuna, en las cercanías de Barrancabermeja. Esta mancha es una mezcla de lodo, petróleo crudo y agua, producto de un afloramiento de más de 24 mil barriles de petróleo, provenientes del pozo 158 del Campo petrolero de Lizama, de propiedad de la empresa estatal Ecopetrol, que colapsó por falta de mantenimiento de sus instalaciones, problemas que los burócratas del Gobierno intentan presentar como “fallas estructurales”.

Expertos de la Universidad Industrial de Santander (UIS) calculan que el ecosistema dañado por este derrame de petróleo, tardará más de 30 años en recuperarse y cabe la posibilidad de que el daño causado sea irreparable. Por otro lado, las organizaciones ambientalistas Corporación Yariguíes y el Cabildo Verde de Sabana de Torres, denunciaron que son más de 40 kilómetros de afluentes contaminados, 4.400 animales muertos, más la pérdida total de la actividad pesquera de la población de la región.

Cuáles son las Fallas Estructurales

Un Informe de la Contraloría General [1] de la nación desde 2015, llamó la atención a Ecopetrol porque en 38 de los 2700 pozos perforados en el Valle medio del Magdalena, no cumplió con el Programa de abandono de pozos que establece la ley. Uno de estos 38 pozos es el pozo Lizama 158, el cual, según un reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de 2016 [2], dice que fue suspendido y desactivado desde ese mismo año por “problemas mecánicos” y “fallas en el revestimiento o la construcción del mismo”.

Según la Contraloría General, existen documentos que muestran que Ecopetrol no sólo había sido advertido por esta entidad de las irregularidades en el abandono del pozo, sino que además conocía el daño que tenía ese campo y que podía generar una grave filtración del hidrocarburo. En un informe de febrero de 2017 [3], la estatal petrolera dice que el pozo Lizama 158 -del Campo Lizama Profundo-, se encuentra “inactivo y en estado de suspensión por problemas mecánicos en el revestimiento, a la fecha del presente informe está pendiente de la aprobación de recursos para su intervención”.

Según las leyes de hidrocarburos vigentes, las compañías tienen que asegurar el sellamiento de pozos antiguos, para evitar desastres como este. Informes de la ANH [4], constatan “falencias en la planeación y gestión de los abandonos de pozos, actividad imprescindible para la conservación ambiental, así como deficiencias en la programación de los recursos financieros de corto plazo para tal propósito, en la mayoría de los casos, Ecopetrol argumenta falta de presupuesto para el cumplimiento de estas actividades”.

No obstante, que Ecopetrol no cumplió con la normatividad vigente para prevención de riesgos, Ecopetrol tuvo una reacción tardía en la atención de la emergencia y la mitigación de los daños ambientales. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), anunció una indagación contra la empresa por su responsabilidad en evitar este desastre.

Prevenir dejó de ser una virtud

¿Se podía prevenir el desastre generado por el pozo Lizama 158? Sí, porque existían los informes que describían el problema, más la normatividad que exige el buen manejo de los pozos viejos, y los recursos de Ecopetrol para hacer mantenimiento adecuado a sus pozos y realizar planes de contingencia y mitigación del daño ambiental. Pero a todo esto, la empresa estatal, no solo hizo caso omiso a las advertencias de una inminente catástrofe, sino que, además no realizó un control de la emergencia a tiempo, y empezó a tomar medidas solamente cuando el daño ambiental fue de características descomunales.

El país entero está esperando medidas que mitiguen al daño ambiental causado, y garantías para que desastres como este no se vuelvan presentar, porque hasta ahora los funcionarios solo dan una que otra explicación y anuncian algunas sanciones a los responsables.

Es peor lo que viene

Para agravar el panorama, el Gobierno pretende generalizar la técnica del Fracking, como la alternativa única que queda de producción petrolera. Pero los expertos conectan el desastre del pozo Lizama 158 con el Fracking o fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales. El ingeniero de petróleos Oscar Vanegas, consultor de la Universidad Industrial de Santander, en referencia al Fracking dice: “El riesgo más grande que ocurre es que las fracturas inducidas se conecten con las fallas naturales, y que se convierten en la autopista de migración del crudo y esto que sucedió podría suceder en los yacimientos no convencionales” [5].

En conclusión, los desafortunados habitantes de La Fortuna hoy sufren la gestión anti nacional y anti social de los burócratas de Ecopetrol; pero enseguida todas las colombianas y colombianos quedaremos expuestos a nuevos desastres, gracias a la política de generalización del Fracking que quiere imponer la élite dominante.

La contradicción sigue viva. Para resolverla hay que lograr que los Bienes Comunes dejen de ser manejados por los intereses de la élite gobernante y pasen a ser objeto de debate público y gestión en función de las mayorías nacionales.

Notas