martes, julio 31, 2018

Álvaro Uribe, el controvertido hombre que define la política de Colombia



Colombia está en vilo por la renuncia del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) a su banca en el Senado, a raíz de una indagatoria de la Corte Suprema de Justicia por su presunto involucramiento en un caso de manipulación de testigos. Dentro o fuera del Parlamento, esta figura es clave para entender la política del país. Te explicamos por qué.

La campaña de las elecciones presidenciales de Colombia de 2018 dejó en evidencia el alto grado de polarización política y divisiones en aspectos fundamentales como los acuerdos de paz con las guerrillas, el rumbo económico o las políticas de seguridad.

Esta situación está provocada en buena medida por la influencia de dos figuras: Álvaro Uribe, "el principal actor de esa polarización", y su sucesor, el mandatario saliente Juan Manuel Santos (2010-2018), explicó a Sputnik Pedro Medellín, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

La dimisión de Uribe a su escaño en el Senado —a cinco días apenas de inicio de la nueva legislatura y a dos semanas de la asunción del presidente Iván Duque— echa leña al fuego en un escenario nada apaciguado. El motivo es el pedido de indagatoria de la Corte Suprema por la presunta vinculación del expresidente en un caso de soborno y fraude fiscal.

Según reveló en los últimos días la revista Semana, el máximo tribunal logró, a través de interceptaciones telefónicas, establecer que Uribe habría utilizado los servicios de un abogado para contactar dentro y fuera de las cárceles a exmiembros de grupos paramilitares.

La finalidad de esta maniobra sería que los testigos elaboren pruebas para favorecer al referente del Centro Democrático —que cuenta con mayorías parlamentarias además de la presidencia para los próximos cuatro años— y a su hermano, Santiago Uribe Vélez, sobre quienes pesan acusaciones de vínculos con grupos paramilitares.

"En esa condición hay medio país que está sosteniendo al expresidente Uribe y está lamentando su salida del del Congreso. Señalan a la Corte como un aliado del presidente [Juan Manuel Santos] en su propósito de cerrarle espacios a Uribe, ahora que comienza el Gobierno de uno de sus pupilos, Iván Duque", apuntó el profesor Medellín.

"El otro sector, en cambio, se regocija por la manera por cómo está procediendo la Justicia y opina que finalmente está llegando a la justicia a las personas, sin importar su condición", prosiguió el analista.

El punto de partida de la indagatoria es la denuncia efectuada por Uribe al senador progresista Iván Cepeda acusándolo de manipular testigos. Sin embargo, esta querella fue archivada. Uribe, entonces, intentó desvirtuar esa decisión contra Cepeda, según consigna Semana. Esta estrategia lo lleva ahora al banquillo.

Pero el paso al costado del exmandatario, quien goza aún de popularidad y ausente o no sigue marcando la agenda política del país, tiene varias lecturas de tenor jurídico y político partidario, como hizo notar el profesor Medellín.

"Sin dudas la salida de Uribe es un golpe muy duro para el Centro Democrático, en la medida que se queda sin su principal hombre de conducción política en el Congreso. En ese sentido, la bancada del partido de Gobierno de Iván Duque, que ya es mayoritaria, pierde a una de sus principales fichas y que iba a ser tan importante" en la legislatura que acaba de iniciar, indicó el experto.

El partido, potencialmente perjudicado por las acusaciones, sostiene la inocencia del expresidente y le ha pedido que no renuncie a su banca: "Le pedimos al presidente Uribe que pese a las infamias, permanezca en su tarea de defender la democracia desde el Congreso. Le solicitamos que no renuncie", publicó en un comunicado la fuerza política.

Sin embargo, Uribe ha expresado en Twitter que a raíz de la indagatoria de la Corte Suprema se siente "moralmente impedido para ser senador", hecho que lo motivó a renunciar para que su defensa "no interfiera con las tareas del Senado".

El político asegura ser víctima de una maniobra de sus adversarios y ser el objetivo de una "treta" en su contra por parte del MI5, uno de los servicios de inteligencia del Reino Unido, "amigos de Juan Manuel Santos".

Más allá de estos bemoles, dejar el escaño o conservarlo reviste una diferencia en los procesos judiciales a seguir. Si fuese titular del cargo electivo, Uribe estaría sometido a la investigación por parte de la misma Corte Suprema respecto a las acusaciones por soborno y fraude procesal.

"En la medida que él renuncie a su condición de congresista, entonces la Corte Suprema pierde la competencia para indagar, juzgar y condenar al presidente Uribe", recordó el profesor Medellín.

Al no ostentar el cargo, la investigación corre —como para cualquier ciudadano común— a cuenta de la Fiscalía. Si recayera sobre él un proceso de este tipo, es probable que el asunto "quede ahí".

"No creo que pase mucho. Él es importante por la condición política que tiene ahora", valoró el analista.

Por su parte, Iván Cepeda lanzó en Twitter una declaración en vídeo en la que afirma que "nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley y la justicia" y celebra la decisión de la Corte Suprema, a la vez que condena las "estratagemas" de Uribe para eludir a la autoridad judicial máxima del país.

El legislador ha sido uno de los principales críticos de Uribe durante su mandato y luego del mismo. Uno de los casos más graves que se adjudican al inquilino del Palacio de Nariño de 2002 a 2010 es el de los 'falsos positivos', jóvenes civiles a quienes jerarcas del Ejército hacían pasar como guerrilleros muertos en combate para obtener ascensos y prebendas.

Las polémicas se remontan incluso a épocas anteriores, cuando Uribe era gobernador de Antioquia (1995-1997). En esa época, en el departamento tuvieron lugar matanzas de campesinos, líderes sociales y otros civiles, perpetradas por grupos paramilitares de extrema derecha con la supuesta anuencia de la autoridad local.

Aún así, se trata de una de las figuras más populares del país, que alzó su voz contra los acuerdos de paz impulsados por el Gobierno de Juan Manuel Santos oponiéndose en el referéndum de octubre de 2016.