jueves, julio 19, 2018

Colombia: En vigor el Estatuto de Seguridad y los paramilitares al poder.


| Por: Tony López R. / Pacolol |

Durante el gobierno del Dr. Julio César Turbay Ayala (1978-82), y frente al crecimiento del movimiento revolucionario de las organizaciones tales como el M-19, ELN, y FARC-EP, se aprobó el Estatuto de Seguridad, un mamarracho jurídico, copia del Estatuto de Seguridad Nacional, que se enseñaba en la Escuela de las América a los militares latinoamericanos y que en esencia teórica y práctica,  no era más que aplicar crueles torturas y asesinatos  a los militantes de organizaciones de izquierda y  de los partidos socialistas y comunistas o sea le  otorgaban:  licencia para matar.

Testigos de esas atrocidades, fue y es la opinión pública colombiana, que en la Decimotercera, la Cuarta y Quinta Brigadas, de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y otras unidades militares,  se cometieron graves violaciones a los derecho humanos y  fueron denunciadas públicamente por muchos de esos hechos. Aún las victimas de esos crímenes esperan que la Justicia Colombiana, juzgué no solo a los militares que ejecutaron esos  crímenes, sino a los mayores culpables que forman parte de la elite aristocrática y  oligarquía colombiana, que hicieron de esa política grandes negocios y  dejaron sentada la política del miedo y terror,  que hoy impera en esta gran Nación. De igual forma esperan por los crímenes cometidos contra los Magistrados y personal  administrativo del Palacio de Justicia.

Hoy hay un despertar y aún  una tímida perdida del  miedo, cientos de miles de colombianos han salido a denunciar esta política criminal, que desde la época de Turbay Ayala, se ha venido aplicando contra la población civil, líderes comunales, afrodescendientes y etnias originarias, estas minorías debían ser las más protegidas, porque forman parte de nuestros orígenes,  y  tan grave como estos crímenes lo es también  el imcumplimiento de los Acuerdos de Paz,  el asesinato de 60 combatientes de las FARC-EP acogidos a la firma de los Acuerdos de Paz, es muy grave porque la credibilidad de los desmovilizados e inermes combatientes se perdió y  no tienen otra opción que volver al monte y de nuevo empuñar las armas.

De acuerdo a mis estudios y experiencias de otros procesos de paz en Centroamérica, en el caso de Colombia,  la conducta del Gobierno  desde que comenzaron los diálogos hasta que se firmaron los acuerdos,  estuvieron muy hábilmente conducido para de manera legal y si comprometerse, ir desmontando lo acordado, pero este tema y análisis será para otra entrega.

Los tiempos han cambiado y aunque mediante la técnica mediática de terror y miedo influyó en las elecciones de segunda vuelta del 17 de junio pasado para que la candidatura presidencial del candidato de Álvaro Uribe Vélez triunfara, también recibió el apoyo de los líderes de los Partidos  Liberal, Conservador y de la U, cuya traición tendrá un alto costo político  y lo veremos en el futuro. Lo insólito de estas masacres y crímenes que de noviembre de 2016 a la fecha de hoy han cobrado más de 400 asesinatos políticos,  la OEA y el Secretario General Luis  Almagro, ni la CDIH, ni la Unión Europea, se han pronunciado condenando  estos alevosos e impune crímenes, una grave violación a los Derecho Humanos.

Lo más insólito de este comprobado y macabro escenario es que en días pasado en un alocución desde el sur del país, el Presidente aseveró que dentro de la implementación de los Acuerdos de Paz, el que  está más avanzado es el de las Victima, sin embargo de acuerdo a la Comisión que tiene que ver con este tema, señalan que está muy retrasado el cumplimiento de ese Acuerdo.  El tema de los más de 3 mil víctimas conocido ampliamente como  falsos-positivos, que señalan las acusaciones como una Política de Terrorismo de Estado y caracterizados como Crímenes de Lesa Humanidad, no se ha  movido ni un ápice.

Si bien el actual Gobierno no ha cumplido con la mayoría de los Acuerdos y solo con un 20 por ciento de ellos, muchos además incompletos, como el de la Amnistía, las Víctimas y otros,  que puede esperarse cuando el Presidente  se encuentra a menos de 26 día entregar el poder y  de asumir el nuevo Gobierno. 

La nueva administración  que pública y de manera firme y clara ha manifestado que revisará los Acuerdos firmados por la anterior administración.  Se sabe que el Centro Democrático que comienza a gobernar es enemigo de ese proceso, de tal modo que poco o nada quedará de los Acuerdos firmados por el Premio Noble de la Paz y  le pasara la antorcha el que seguramente ganará el premio de la Guerra.

En la entrevista del prestigioso profesor de la Universidad Pedagógica de Bogotá,  Renan Vega,  del periodista Mario Hernández de Rebelión de España, caracteriza muy bien lo que se viene para el pueblo colombiano. Sus señalamientos son los siguientes: “Lo que acaba de pasar en Colombia expresa la reconstitución en el bloque de poder, y esto es lo que me parece más importante y a la vez lo más peligroso para el país y para el continente”.

“La clase dominante tradicional había recurrido a los paramilitares, a los asesinos, como una cosa efímera, pero se había separado de ellos. En el gobierno de Duque viene una reconstitución en el poder que involucra a los asesinos y criminales como parte de la clase dominante. Tenemos entonces una burguesía mafiosa reconstituida, donde se mezclan los terratenientes, el capital financiero, los ganaderos, los exportadores, los pocos industriales que quedan, unidos a los narcos, a los paramilitares y a los asesinos y ese es el nuevo bloque de poder que hay en Colombia y cuya consolidación va a tener consecuencias inmediatas en este país y en el resto de América Latina”. Está muy claro en  Colombia el Estatuto de Seguridad y los paramilitares al poder.

La denuncia del centro de investigación independiente "National Security Archive" con sede en Washington, cita a varios extrabajadores de la finca "La Carolina". Los nuevos testimonios que han emergido sobre la finca de Uribe parten de una investigación sobre el fugitivo jefe paramilitar y ex comandante de la Policía, Jorge Alberto Osorio Rojas, alias Rodrigo y El Mono.

El NSA consideró que estas revelaciones pueden avivar las investigaciones de la Corte Suprema de Colombia, que en mayo pasado declaró de lesa humanidad los delitos asociados a las masacres perpetradas por paramilitares en las localidades de El Aro, San Roque y La Granja, como parte de una indagación contra Álvaro Uribe.

Solo un gran movimiento de pueblo y masas organizadas y unidas en la alianza Colombia Humana, podrán parar el horror y los crímenes aún por sancionar como los  responsables de estas masacre,  la sociedad colombiana debe darle seguimiento a ese proceso, porque si cae en manos del Cartel de la Toga y más con uno de los importantes implicados que ahora formara parte del nuevo Gobierno y con mucho poder, como lo es el senador Álvaro Uribe Vélez, se revelara si la impunidad continuará en nuestra sufrida Colombia.

Este también debe ser una alerta a los pueblos latinoamericanos y denunciar los planes del gobierno de Donald Trump, contra los gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina. Venezuela, Nicaragua hoy es víctima del Plan Maestro dirigidos desde el Comando Sur y de la aplicación del modelo Sirio. Modelo que tiene en lo inmediato el objetivo de derrocar a  los gobiernos de Venezuela y Nicaragua  y  en lo mediato a  Bolivia y Cuba. Y como elemento de interés  debe tomarse en cuenta que aún sin asumir el poder, también están atacando al elegido presidente de México, Andrés  López Obrador. Por cierto ni la OEA ni las Unión Europea se han pronunciado por la ola de crímenes políticos cometidos contra candidatos en las elecciones mexicanas.

Tampoco han dicho una sola palabra contra el crimen de separar a los niños de los padres de indocumentados, y la irracionalidad de llevar ante un juez a un niño de 1 año y seis meses a declarar. El Juez según la prensa quedó estupefacto y se negó atender semejante locura.

Solo la resistencia de los pueblos, la permanente y firme defensa de los derechos de los pueblos a darse soberanamente el gobierno que elige  y a repudiar aquellos gobiernos que se subordinan cobardemente a los intereses de Washington,  y denunciar los graves crímenes que se cometen contra líderes populares,  en nombre de la democracia como sucede en Colombia, Argentina, Brasil, México, Honduras, Paraguay  y Guatemala y exigiendo a los organismos internacionales que se pronuncien y atiendan a esos pueblo víctima de estos gobiernos lacayos. 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.