miércoles, agosto 29, 2018

La Austeridad Fiscal en América Latina y el Caribe: Violencia que engendra Violencias




II Entrega

Análisis del documento de la CEPAL sobre el panorama fiscal en América Latina y el Caribe

| Por: John Freddy Gómez / Camila Andrea Galindo / CASTM |

Este artículo es la segunda entrega de la serie política fiscal y deuda pública y se centrará en la segunda parte del primer capítulo del documento de la CEPAL “Panorama fiscal de América Latina y el Caribe”, bajo un análisis crítico y desde una perspectiva de la justicia social, y discutido desde un análisis comparado entre tres países de cada subregión: Sur América, Centro América y el Caribe.


Se han escogido a Colombia, Puerto Rico y México con el fin de comprender como los análisis cuantitativos del panorama fiscal ocultan varias relaciones concomitantes como el deterioro de las condiciones sociales y económicas de las clases populares a favor de la acumulación de capital que traen consigo la generación de diferentes tipos de violencia en nuestra sociedad.

1. La Austeridad Fiscal: Un Sistema totalmente violento.

El tercer acápite del informe de la Cepal, “Los esfuerzos dirigidos a la consolidación fiscal se manifestaron en la contención del crecimiento del gasto público”, tiene como fin observar las diferentes reducciones de inversión dirigida hacia el gasto público en América Latina y el Caribe desde el año 2013, ante lo cual es necesario observar como manifiesta Cesar Giraldo que:

“(…) en América Latina la prioridad en la distribución del gasto público no estriba en la búsqueda de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, o en garantizar un sistema integral de derechos sociales y económicos; la prioridad descansa en hacer sostenible el pago de la deuda pública y mantener en funcionamiento el sistema que traslada riqueza del Estado al sector financiero” (2009, pág. 13)

A partir de la década de los 80 y 90 del siglo XX es posible evidenciar como la política fiscal en nuestros países han estado dirigidas por las políticas de ajuste estructural. A partir de la década de los 80 y 90 del siglo XX es posible evidenciar como la política fiscal en nuestros países han estado dirigidas por las políticas de ajuste estructural acompasadas por las Instituciones Financieras Internacionales -IFIS-, que imponen un cerrojo a la garantía de la justicia social y ambiental mientras se procura por una estabilidad macroeconómica que beneficia la acumulación y concentración de capital.

Esta dictadura de las IFIS desde la década de los 80 en América Latina y el Caribe, en contubernio de algunos Estados de nuestra región [1], ha generado un incremento de las desigualdades en nuestros países.

Al recordar lo señalado en la primera entrega, en donde se evidenció como a partir de finales del año 2013 y comienzos del 2014 se ha vivido un deterioro de las condiciones de intercambio internacional en completa adversidad para nuestros países caracterizados como economías dependientes y periféricas, que conllevan a graves deterioros económicos los cuales bajo la ortodoxia económica deben ser manejados por medio de la reducción del gasto público, la enajenación de sectores económicos estatales y el aumento de la tributación regresiva e indirecta, entre otros dogmas de la ideología neoliberal. Este deterioro y el póstumo ajuste estructural es evidenciado por la CEPAL como se observa en el siguiente extracto:

“En América Latina se puede apreciar una fuerte desaceleración del gasto a partir de 2014, liderada sobre todo por los países del norte de la región, en respuesta a las crisis fiscales que surgieron en 2013 y 2014. En América del Sur, este proceso empezó con más intensidad en 2015 y se aceleró marcadamente en 2016 y 2017” (2018, pág. 20)

Si bien el gasto de capital, que tiene como fin la inversión en adquisición y adición de activos fijos, ha sido el que ha recibido las mayores reducciones desde el año 2015; el denominado gasto corriente también ha sufrido graves deterioros, con lo cual el menoscabo de los dos conceptos de gasto ejemplifican la caída de los gastos públicos y/o del gasto social que no es referenciado debido a la baja utilidad, en concordancia con la ortodoxia neoclásica, y como fuente de invisibilización de las consecuencias de las políticas fiscales hacia nuestros pueblos.

Aparentemente las condiciones de intercambio internacional, para nuestro contexto 2013-2018, derivado de los precios de las commodities se han estabilizado en los últimos dos años. Sin embargo, esto no se puede afirmar con la fiscalidad de nuestros países, donde observamos como las reducciones tanto en el gasto corriente y en el gasto de capital se han mantenido en descenso, invirtiendo la tendencia donde ahora el gasto corriente mantiene una mayor declinación con respecto al gasto de capital, debido al reflujo en la Inversión Extranjera Directa -IED-, como se puede observar en la siguiente gráfica, detonada por las políticas proteccionistas de Estados Unidos, entre otras condiciones.

Gráfica 1 Corrientes mundiales de Inversión Extranjera Directa y participación por grupos de economías 1990-2016 Grafica extraída de (CEPAL, 2018, pág. 58)

La anterior dinámica de la IED es derivada del ajuste espacio-temporal del capital que se ha trasladado y se traslada desde las periferias hacia las metrópolis bajo las políticas de absorción de capital como fuente de manutención de la acumulación por desposesión, en donde la deuda pública tiene un papel preponderante tanto como agente de transferencia de capital continuo como por ser también el pretexto para la adopción de los ajustes estructurales devenidos por las IFIS y que profundizan las dinámicas del imperialismo de corte financiero de los Estados Unidos como lo sugiere David Harvey:

“Se creó un poderoso régimen financiero basado en Wall Street y la Reserva Federal con poder de control sobre las instituciones financieras globales (tales como el FMI) capaz de hacer y deshacer muchas economías más débiles a través de la manipulación del crédito y de las prácticas de administración de la deuda. Según el argumento de Gowan, este régimen monetario y financiero fue usado por sucesivas administraciones norteamericanas “como un formidable instrumento de gobernanza y control económico para impulsar el proceso de globalización y las transformaciones nacionales neoliberales asociadas al mismo” (2005, pág. 108)

El aumento de la deuda pública originada en el deterioro de las condiciones de intercambio internacional es evidente en nuestras regionesEl aumento de la deuda pública originada en el deterioro de las condiciones de intercambio internacional es evidente en nuestras regiones y enunciada por la CEPAL como se evidencia en el siguiente extracto; sin embargo, no se aborda de manera estructural el papel que esta tiene en el contexto de acumulación de capital y el incremento de las desigualdades dentro de nuestros países, con lo cual se hacen borrosas las consecuencias, que tienen la relación entre la reducción del gasto público y el incremento del peso de la deuda pública que afecta directamente la vida de millones de personas.

“Como se mencionó anteriormente, resulta importante destacar también el papel que el creciente servicio de la deuda pública de la región desempeña en la formulación de políticas fiscales. Como se puede apreciar en el gráfico I.11, el incremento de dicho servicio ha creado una presión adicional sobre las cuentas fiscales, que los países han compensado con reducciones del gasto primario” (CEPAL, 2018, pág. 21)

Esta es una dinámica de absorción de capital, que puede ser observada en las siguientes gráficas, donde el gasto del pago de intereses de la deuda pública se incrementó desde el año 2013 y se ha mantenido hasta el año 2017 en comparación con el gasto de capital, el gasto corriente y el gasto total que han decrecido desde 2013 hasta el 2017.

Gráfica 2 Contribución de los componentes del gasto público a la variación interanual de la relación entre este y el PIB 2012-2017 en América Latina y el Caribe. Grafica Extraída de (CEPAL, 2018, pág. 21)

Esto ha conllevado al aumento de la desigualdad en los países de América Latina debido al desplome de los presupuestos públicos dirigidos hacia la garantía de los derechos fundamentales de todos y todas. Este ajuste en el gasto público, tanto en el gasto de capital como en el gasto corriente transferido hacia el pago de intereses de la deuda pública, ocasiona una mayor presión económica en las familias debido a que se afrontan nuevos gastos en aspectos como son la salud, educación, la protección social entre otros derechos convertidos en servicios a favor de la acumulación de capital.

Este proceso de opresión económica en la globalización neoliberal se ha intensificado en los últimos años, como puede ser contrastado en la siguiente gráfica, lo que evidencia como: “El 1% más rico del mundo capturó el 27% del monto total acumulado del crecimiento de los ingresos entre 1980 y 2016, mientras que el 50% de la distribución capturó solo el 12%” (CEPAL, 2018, pág. 41) Esto puede ser graficado para denotar como los procesos de crecimiento de los ingresos, entre otras dinámicas, son transferidos por medio, entre otras, de las políticas fiscales neoclásicas hacia el 1% de la población.

Gráfica 3 Crecimiento del ingreso real por adulto por percentil de ingreso en la distribución global 1980-2016 Grafica extraída de (CEPAL, 2018, pág. 41)

Aunque los procesos de desigualdad se han intensificado en todos los espacios geográficos tanto en las metrópolis como en las periferias económicas, no podemos pasar por alto que América Latina, el Caribe, África y Asia son las regiones con mayores tasas de desigualdad medidas por el indicador Gini como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, atestiguando los procesos de empobrecimiento y transferencia de capital desde nuestros países hacia las metrópolis económicas capturadas por las clases capitalistas financieras.

Gráfica 4 Coeficiente de Gini -2012- Gráfica Extraída de (CEPAL, 2018, pág. 88)

Esta desigualdad endémica y en crecimiento en nuestras regiones están influenciadas directamente por el sistema capitalista y el sistema imperial metrópoli-periferia en su escalón financiero que toma como referencia el endeudamiento como absorción de capital.

La deuda pública en nuestras regiones ha sido elevada a un blindaje constitucionalLa deuda pública en nuestras regiones ha sido elevada a un blindaje constitucional, en tanto que argumentativamente como jurídicamente se ha enquistado cada vez más como el primer desembolso del presupuesto general de las naciones subordinando los derechos sociales, económicos y culturales, generando como se puede evidenciar en el siguiente extracto la equiparación del pago de intereses de la deuda a los servicios públicos y/o a los derechos fundamentales un total despropósito:

“Es importante mencionar que, a los efectos de la clasificación funcional, el gasto referente al pago de los intereses de la deuda forma parte de la función de servicios públicos generales” (CEPAL, 2018, pág. 24)

Bajo estos discursos instrumentalizados y elevados al derecho que tiene como fin el blindaje de la deuda pública se ocasiona un sin número de reducciones del gasto público y mayores déficits fiscales que ocasiona directamente diferentes violencias como son:

a) Violencias estructurales.

Se hacen evidentes en el incremento de la imposición de las tributaciones de corte regresivo e indirecto y de la creación de las Asociaciones Publico Privadas, las reducciones de presupuestos públicos, las privatizaciones de empresas públicas y la reducción de salarios, medidas que entre otras, son conocidas institucionalmente como mayores y/o mejores condiciones para la inversión.

b) Violencia física.

Se observa un aumento en la represión, criminalización, estigmatización y asesinatos de líderes sociales y/o políticos, el genocidio político/social se constituye como una práctica desde la institucionalidad.

c) Violencia simbólica.

Se regulariza la normativización de las políticas neoliberales, por medio de discursos austeritarios y tecnocráticos, y de documentos técnicos desde doctrinantes neoclásicos, entre otros.

Si bien para el ejercicio de establecer el aumento de las violencias ligadas a los procesos de reducción de gasto en los países antes señalados, Colombia, México y Puerto Rico, se utilizara la anterior discriminación es necesario evidenciar que estas violencias deben ser entendidas como una totalidad como fuente de poder desde el Estado y para Estado neoliberal.

2. La Violencia Física como reflejo de las políticas austeritarias en América Latina y el Caribe.

Los procesos de violencia física en la región de América Latina y el Caribe entre el año 2013 y 2016 se han incrementado, como se evidencia en la gráfica no. 5, debido a la crisis económica y a la dictadura de las políticas neoclásicas en los Estados, ocasionando un proceso de austeridad fiscal concatenada con un autoritarismo Estatal y paraestatal con el fin de mantener el poder y aplacar las críticas hacia el sistema que se hacen cada vez más palpables.

Gráfica 5 Homicidios en América latina por año 2001-2016 Grafica extraída de (Muggah & Aguirre, 2018, pág. 3)

La mayor parte de los homicidios se concentran en las ciudades y aún más en sus periferias empobrecidas, donde la violencia física se constituye como parte de la cotidianidad dentro de las condiciones materiales de millones de personas y, en gran parte, esta dinámica es reflejo del contubernio entre bandas criminales y paraestatales y las instituciones estatales, como se plantea en el siguiente extracto:

“Esa concentración urbana es un factor reconocido para la violencia, que se nutre de la desigualdad, el desempleo, las familias dislocadas, los servicios insuficientes. Así, 43 de las 50 ciudades con más homicidios del mundo se hallan en la región: San Salvador, Acapulco, San Pedro Sula, México DF, Guatemala, Serra, Belém, Victoria, Manaus, Cali, Natal, Tijuana, Palmira, Culiacán, Mazatlán, Porto Alegre, San Juan y Kingston, entre ellas” (Infobae, 2018)

Es necesario observar como la violencia física, al igual que las otras manifestaciones de la violencia, recae de mayor manera en las mujeres bajo el poder sistémico de un capitalismo patriarcal donde las mujeres son doble y triplemente explotadas y oprimidas, y donde son golpeadas de manera mucho más fuerte en procesos de crisis económicas y en legislaciones que deciden sobre sus cuerpos y sus contextos.

a) La violencia física sobre líderes y lideresas sociales, comunales y políticas, y defensores de DDHH

Aunque en Colombia las tasas de homicidio han decrecido en parte debido al Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, a su vez se evidencia un redireccionamiento de los homicidios hacia los líderes sociales, comunales y políticos en el país, cumpliendo con el objetivo de desarticular las resistencias sociales e impedir la construcción de alternativas de una nueva sociedad, que privilegie el ser humano por encima del dinero.

“La característica central de este nuevo tipo de prácticas genocidas es que actúan hacia el interior de una sociedad con el propósito de clausurar aquellas relaciones que se encuentran en tensión con el poder dominante, intentando reorganizarlas por medio del terror para imponer otro tipo de vínculos hegemónicos” (Evangelina, 2008, pág. 267)

Tabla 1 Tipos de coacción y coerción a defensores de Derechos Humanos en Colombia 2010-2017 Tabla extraída de (Somos Defensores, 2017, pág. 96)

En la anterior tabla se puede constatar como a partir del año 2014 aumentan los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia tras un pequeño descenso en el año 2013, cotejando como los ciclos entre crisis fiscal y violencia en contra de los defensores de DDHH a partir del año 2014 y 2015 en América Latina y en particular en 2015 en Colombia se acompasan, caracterizando a la austeridad fiscal [2] como un detonante del aumento de la coerción y coacción de líderes sociales, políticos y comunales en este caso de defensores de DDHH en el país.

El caso mexicano no se diferencia del caso colombiano, los datos certifican como el declive del gasto público [3] y la violencia en el país se han incrementado, evidenciando la relación directa entre austeridad y violencia, y el papel de un Estado totalmente autoritario como el de Enrique Peña Nieto, periodo en el cual se ha vivido la mayor tasa de homicidios y asesinatos selectivos de líderes sociales y políticos, defensores de DDHH, periodistas y comunicadores sociales, como se puede evidenciar en el siguiente apartado:

“Durante 53 meses de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto se han cometido 266 asesinatos, de ellos 125 corresponden a activistas vinculados en su mayoría con la defensa de los derechos humanos, 83 presidentes municipales en funciones y 38 periodistas” (Biraí Nieto, 2017)

Gráfica 6 Homicidios dolosos en México 2005-2017 Grafica extraída de (Arena Publica, 2018)

“La cifra supone un incremento de casi un 90 % respecto a 2017 que ha causado sorpresa entre las autoridades locales y la población, después de unos años en los que la cifra de asesinatos fue disminuyendo desde 2011, ejercicio que con 1.164 homicidios se convirtió en el año más violento desde que existen registros” (Agencia EFE, 2018)

El aumento de los homicidios en Puerto Rico en el último año tiene como acicate la crisis fiscal que tiene como fuente el pago de la deuda publica insostenible, odiosa e ilegítima de esta nación sometida por Estados Unidos y que se vio recrudecida por el Huracán María que condujo a una crisis aun mayor ocasionando impagos a entidades estatales como la policía con lo cual se abrió un espacio para el crimen, una violencia física ampliada por la violencia estructural y/o violencia socioeconómica.

Este crecimiento de la violencia física va a la par del deterioro de las economías nacionales con un punto en común de la presión que ocasiona la deuda pública a los presupuestos generales.Como podemos observar la violencia física ha aumentado tanto en el conjunto de América Latina y el Caribe, como también discriminadamente por los tres casos de estudio, este crecimiento de la violencia física va a la par del deterioro de las economías nacionales con un punto en común de la presión que ocasiona la deuda pública a los presupuestos generales que implica un austeritarismo amparado por Estados subordinados a las políticas neoliberales.

b) Violencia Estructural y simbólica en Colombia, México y Puerto Rico desde la crisis económica jalonada por el pago de la deuda pública en el último periodo 2013-2018.

A partir del desplome de los precios de las commodities en el año 2013-2014 se ha observado un deterioro de las condiciones internacionales de intercambio que ha generado una crisis fiscal en los estados de América Latina y el Caribe derivado del aumento de la deuda pública como reflejo tanto de la devaluación de sus monedas como también por el crecimiento de los créditos para solventar este contexto, como se puede constatar en la siguiente tabla y en el artículo previo.

Tabla 2 Deuda externa en porcentaje del PIB y en millones de USD en algunos países de América Latina Tabla extraída de (Kucher, 2018)

Esta crisis fiscal, debido al aumento e incremento del valor de la deuda pública, ha generado diferentes reformas neoliberales que se han vivido en los últimos años -concretamente a partir de la caída de los precios de las materias primas en el año 2013-2014- que afectaron directamente a los Estados de América Latina y el Caribe de manera diferenciada. Este proceso económico de contracción del capital desde las metrópolis se concretiza en una mayor cantidad de poder sobre nuestros cuerpos que se pueden identificar en la materialización de las violencias y en este caso las violencias estructurales y simbólicas.

En el caso colombiano, la violencia estructural y simbólica ha tenido una continuidad desde 1968 y aún más posterior a 1990 donde se vivieron mayores reformas a partir de las crisis derivadas de los procesos de deterioro de las condiciones internacionales. Las crisis que han vivido e impulsado la adopción de reformas neoliberales son: i) la de mediados de la década de los 80 del siglo XX; ii) la de finales de la década de los 90 del siglo XX; iii) la posterior al año 2008; y, iv) la más actual a partir del año 2013-2014 con el desplome de los precios del petróleo que afectaron el ingreso de la nación y generó un deterioro de la moneda local con referencia a las monedas de intercambio internacional.

La siguiente tabla recoge algunas de las reformas legislativas entendidas como violencia simbólica que jalona la violencia estructural en nuestra sociedad a partir del año 2014 hasta el año 2018 y que evidencia el aumento y adopción de estas políticas a favor de la acumulación de capital y en contra de los pueblos.

Tabla 3 Algunas de las reformas simbólicas en Colombia 2014-2018 Tabla realizada a partir de (Instituto Unidad de Investigacion Juridico-Sociales Gerardo Molina, UNIJUS, 2016, pág. 520)

Las anteriores reformas neoliberales tienen como objetivo el aumento de la violencia estructural por medio de la explotación laboral, la opresión fiscal y, el despojo de territorio, bienes comunes y de conquistas sociales en Colombia a partir del año 2014, que se concretizan bajo el incremento y blindaje de estas reformas como leyes y decretos generando una violencia simbólica directa y dirigida hacia la sociedad con el fin de generar un habitus.

Estas reformas han originado una mayor tasa de desigualdad en la sociedad, configurando un espacio de fermento para el aumento de la violencia física en el país como se evidenció anteriormente y dinamizando una mayor tasa de financiarización en la sociedad colombiana [4] que desembocará en una mayor crisis fiscal y en aumento de las tasas de violencias en el país.

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