miércoles, septiembre 19, 2018

Colombia. Para la guerra 8 % más; para la inversión social 16 % menos



| Por: Omar Tatis / Resumen Latinoamericano |

La educación pública sigue sufriendo una grave disminución en la asignación del presupuesto estatal. Esta problemática llevó a que en días pasados las comisiones económicas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, en sesión conjunta, escucharan representantes del Sistema Universitario Estatal (SUE), quienes dieron a conocer la grave situación financiera de las 32 instituciones de Educación Superior Pública del país, las que sufren un déficit de 15 billones de pesos.

Una crisis similar enfrentan los educadores por las medidas del ministro Carrasquilla, quien busca imponerles cargas tributarias adicionales, congelar el nombramiento de nuevos docentes y seguir rebajando la asignación de finanzas para la educación pública.

Por qué la crisis financiera

Aunque el presupuesto para la educación aumentó en un 5,8 por ciento para el 2018, quedando en 37,4 billones de pesos, incremento raquítico, se tiene en cuenta que para el 2018 - en tiempos de ‘postconflicto’- el gasto militar aumentó un 8 por ciento, al tiempo que la inversión social disminuyó un 16 por ciento.

Gran parte de la culpa, de la desfinanciación en la universidad pública es la Ley 30 de 1992. Esta norma estableció que el incremento de la inversión en educación superior dependería del IPC, pero este no tuvo en cuenta el aumento salarial de la planta docente –según Decreto 1279 ‘escalafón docente de los profesores universitarios’-, que cada año crece según el escalafón, esto genera una brecha entre ingresos y gastos. Así mismo, existe un déficit estructural donde los ingresos crecen a una tasa inferior a los egresos.

Otro factor considerable en la actual crisis presupuestal de la educación superior pública, radica en la reforma tributaria que destinó el 0,2 por ciento del IVA y el 0,6 por ciento del impuesto de renta, para la financiación de la educación superior, pero a su vez le otorgó el mismo poder y garantías al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) para su funcionamiento, dejando enfrentadas a las universidades públicas y el ICETEX.

Para agravar la crisis, dar dinero a las privadas

El programa ‘Ser Pilo Paga’ está dirigido a que los bachilleres más destacados puedan decidir “libremente en qué universidad y qué programa estudiar”, quienes ven en las universidades privadas espacios más atractivos, pues las universidades públicas no cuentan con dotaciones ni infraestructura, sus edificios están a punto de caerse, por la falta de inversión estatal en la educación pública.

El programa ‘Ser Pilo Paga’ ha recibido recursos por 498.000 millones de pesos y ha beneficiado a 40.000 estudiantes. Estos mismos recursos se habrían podido invertir en el sistema universitario público; pero la élite gobernante está interesada en entregar los recursos públicos a las universidades privadas.

Un nuevo ataque a los docentes

Es histórica la serie de incumplimientos y ataques lanzados por el régimen contra los docentes, mediante leyes y decretos que buscan recortar los beneficios y garantías conquistadas en duras luchas por el magisterio colombiano. Esta vez el ataque al sector docente va por 2 flancos diferentes, pero recíprocos entre sí.

Un flanco es la reforma tributaria que recortó de manera significativa su salario. Con la imposición del límite a las deducciones y exenciones hasta del 40 por ciento de ingresos netos, lo cual elimina de manera tácita el derecho adquirido a la exención de un 50 por ciento, que se tomaba como gastos de representación y que estaba exento del impuesto a la renta (Art. 206. Estatuto Tributario). Según los cálculos de los docentes, con la actual norma tributaria están perdiendo el 1,5 del salario al año, pero al cumplirse los anuncios del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se llegaría a 2,5 salarios perdidos anualmente.

El otro ataque es el proyecto de ley 057 de 2018, mediante el cual se busca modificar la Ley 715, acto administrativo que busca modificar la distribución porcentual de las partidas para la educación (situado fiscal), esto no sólo agrava el déficit presupuestal de las universidades públicas, sino que además limita la capacidad de contratación docente y la destinación de docentes a la investigación.

La educación es un servicio, no un negocio

La educación en Colombia atraviesa una profunda crisis estructural que cada año se agudiza más. Un modelo de financiación precario, además una rampante corrupción tiene a la mayoría de jóvenes sin acceso digno a este derecho fundamental. Por tanto, es inminente la defensa de la educación pública, pero no es una lucha que deba estar únicamente en manos de los docentes y los estudiantes, sino de toda la sociedad.

La reivindicación por una distribución justa del presupuesto nacional es prioritaria, no sólo para el sector educativo, sino para el gasto social que debe hacer el Estado; propósito en el que toda la sociedad debe sumar esfuerzos en las calles y en el Congreso, para defender la educación pública estatal, de carácter gratuito, de calidad y al servicio de todos los colombianos y colombianas.