sábado, septiembre 01, 2018

Economía política del duquismo: continuidades, rupturas y retos



| Por: Libardo Sarmiento Anzola*/ Desde Abajo |

Como lo profetizó la naturaleza el 7 de agosto, que con intensos y gélidos vientos casi sabotea la posesión del nuevo gobernante, lo que viene para las mayorías nacionales en el cuatrienio 2018-2022 serán más reformas con las cuales el capital nacional e internacional pretende ensanchar aún más sus ingresos. Las mayorías nacionales, de permitir que esto ocurra, serán las afectadas. Todo indica que se avecinan jornadas de antagonismo y conflictividad social.

“Hoy llega a la Presidencia de Colombia una nueva generación, motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades”, proclamó Iván Duque en su discurso de investidura “El Pacto por Colombia”, el 7 de agosto, iniciando, de esta manera, al período presidencial 2018-2022.

Evitando decir lo que realmente pretende, además de prometer imposibles, Duque manifestó que su propósito es “gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social”. […] “En nuestro Gobierno el empresario y el Estado y los trabajadores van a trabajar de la mano”.

Las fuerzas sociopolíticas son el fundamento de toda sociedad. La economía política estudia la interacción de los procesos politicos democráticos y las relaciones económicas determinadas por los mercados. A partir de la disertación política de Duque y su programa de gobierno, procedemos a continuación con un ejercicio de economía política para analizar las continuidades y diferencias respecto al gobierno Santos (2010-2018), previendo, además, los impactos sociales de los programas y reformas propuestos por el nuevo Presidente.

El proyecto duquista: neoliberalismo, empresarios y emprendimiento

“Ha llegado el momento de hacer del emprendimiento la base de nuestro progreso económico y social”, esta es la consiga de Duque. En consecuencia, para éste, “Colombia debe ser un país de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que progresen de manera sostenible para garantizar calidad de vida”.

La propuesta de emprendimiento del nuevo mandatario se focaliza en la economía naranja, modelo económico que también es conocido como ‘Economía creativa’, y que está basada en la generación de riqueza a través del “talento, la conectividad y la herencia cultural” de las regiones. “Quiero que los jóvenes de Colombia escuchen esto con atención: estamos comprometidos con el impulso a la economía naranja para que nuestros actores, artistas, productores, músicos, diseñadores, publicistas, joyeros, dramaturgos, fotógrafos y animadores digitales conquisten mercados, mejoren sus ingresos, emprendan con éxito, posicionen su talento y atraigan los ojos del mundo”.

“Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la Economía Naranja”, repite hasta el cansancio Iván Duque. “Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso. Que el internet de las cosas, que la robótica, que la impresión en 3D, empiecen a ser de Colombia ese centro de innovación que tanto nos merecemos”. Consecuente con este modelo –en realidad con las exigencias de la Ocde realizadas al país como condición sine qua non para ser socio del “club de las buenas prácticas– el nuevo Presidente prometió aumentar la inversión en ciencia, tecnología e información, la misma que desde hace 26 años prometen crecer al menos al 1 por ciento y la que, como todos sabemos, con el 0,6 anual es la cenicienta del presupuesto nacional. Para Duque, este modelo es el motor que generará empleos y riqueza en Colombia.

La economía naranja, idealizado por Duque, está articulada también con el turismo. Al año llegan al país alrededor de seis millones de turistas; en divisas, el turismo genera 5.688 millones de dólares y constituye el segundo sector generador de divisas, también de empleo pero de baja calidad. El turismo es considerado uno de los pilares para el desarrollo de la economía; para 2020 se estima que crezca un 30 por ciento.

Duque propone un programa de reactivación económica que permita, con responsabilidad fiscal, tener un sistema tributario que ayude al desarrollo productivo, a la inversión, a la formalización, a la productividad, a la competitividad.

Para lograr la meta de aumentar el recaudo fiscal y en paralelo bajar los impuestos a los que generan empleo y supuestamente mejorar los ingresos de los trabajadores, el nuevo Presidente propone eliminar los gastos innecesarios en el Estado, hacer más efectiva la administración pública, adoptar la facturación electrónica y mejorar los sistemas de fiscalización, además de hacer más eficiente, progresivo y equitativo el sistema tributario. Con estas políticas, Duque espera que el crecimiento económico anual supere el 4 por ciento del PIB.

El contexto institucional para desarrollar el modelo económico aquí resumido es el neoliberalismo. Vamos a hacer de nuestra economía, afirma el novel Presidente, una economía libre de trámites innecesarios. Vamos a darles a los sectores productivos, como el campo, el impulso de poder llevar la inversión y que esta vaya de la mano con la promoción de la generación de empleo de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino. Duque defiende el modelo de “Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales” que busca someter al grueso del campesinado a la explotación de los empresarios agroindustriales; cuyo sustento jurídico es la ley 1776 de 2016 que creo las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres). De lograrlo, lo que veremos en un futuro cercano es campo sin campesinos, latifundios ganaderos y fincas dedicadas a monocultivo, territorios ocupados por la explotación minero-energética, y extensas zonas rurales dedicadas al turismo ambiental. Es decir, un campo dominado por el empresariado de distinto pelaje.

Vamos a diversificar nuestra producción y nuestras exportaciones, presume Duque, para que haya manufacturas, para que dejemos de depender tanto en recursos que tarde que temprano se van a agotar y le agreguemos valor con nuestras marcas, nuestros diseños, nuestra inventiva y nuestra creatividad.

La arenga de Duque anuncia: “Este tiene que ser el Gobierno que sepa cerrar las brechas entre ricos y pobres. Este debe ser el Gobierno que cierre las brechas entre las regiones que acarician el desarrollo y las que se han sentido olvidadas porque el Estado no ha estado presente. Equidad significa construir una paz social. Equidad significa que nosotros no acudamos más al populismo que pretende por decreto tratar de reducir la pobreza. La vamos a reducir porque lo haremos desde una economía de mercado pero con sentido social. No más divisiones entre izquierda y derecha, somos Colombia. No más divisiones entre socialistas y neoliberales, somos Colombia”.

Duque es un neoliberal que responde a los intereses del gran capital, con el ropaje de una retórica populista de derecha. Su discurso político está dirigido a obtener el apoyo de los sectores desfavorecidos y cooptar la oposición institucionalizada; pone énfasis en el papel del Estado y desconoce el conflicto de clases. La ideología populista es moralista, emocional, personalista, carente de un programa específico y nacionalista.

Duquismo: políticas y reformas económicas

A pesar de lenguaje endulzado que acompaña a este nuevo vocero del establecimiento, es necesario recordar que la historia no se cambia a fuerza de voluntarismo. De acuerdo con el economista británico premio Nobel 2003, Clive W. J. Granger (1934-2009), las series temporales económicas y sociales contienen una evolución creciente a largo plazo (tendencia), es decir, una evolución que en cada momento incorpora (integra) el pasado para perpetuarlo hacia el futuro. Así, las tendencias laborales, económicas, distributivas, institucionales, sociales y demográficas de Colombia se van trasladando (integrando) hacia el futuro. Duque espera durante su mandato (2018-2022) alcanzar un ritmo de crecimiento económico del 4 por ciento, estabilizando la tasa de desempleo en el 9 por ciento, condicionada por la elasticidad empleo-producto, de acuerdo con la productividad de la mano de obra y la relación entre el nivel de capital y el de empleo (Gráfico 1).



En el cuatrienio 2018-2022 la población colombiana aumentará en 2,2 millones de personas, alcanzando la cifra de 52 millones. La medida clave de la prosperidad material es el PIB dividido entre el número de habitantes, cifra que se conoce como PIB per cápita (Gráfico 2). Con base en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ministerio de Hacienda, junio de 2018), para el año 2022 el ingreso per cápita esperado será de 26.9 millones al año, equivalente a 2,2 millones de pesos al mes. De acuerdo con los datos de nueva Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, publicados por el Dane, en promedio cada uno de los actuales 14,3 millones de hogares reporta gastos mensuales por 1,9 millones de pesos en bienes y servicios como alimentación, comida, recreación, educación, salud, transporte y comunicaciones, entre otros. Para el año 2022, bajo el supuesto de una inflación anual del 3 por ciento, el gasto necesario para atender las necesidades básicas del hogar aumenta a 2,2 millones de pesos, igual a la proyección del ingreso medio por persona.



En este marco es necesario recordar que Duque recibe una economía altamente endeuda, con un déficit estructural en las finanzas públicas que está obligado a disminuir y un presupuesto público inflexible, sin margen para financiar su propuesta de desarrollo.

Tampoco es posible olvidar lo certificado por la tradición: las promesas de campaña electoral se transforman en la carga fiscal que impone el gobernante.

En este marco de realidad y promesas, resalta que el proyecto de presupuesto 2019, ya radicado en el Congreso, y que asciende a 259 billones de pesos, no se ajusta a las expectativas financieras que tiene para cumplir sus metas el nuevo gobernante. De acuerdo con lo afirmado por Carrasquilla, el nuevo Ministro de Hacienda (quien ya estuvo al frente de esta cartera durante la administración Uribe), “la verdad es que en el proyecto actual el flujo de inversión cae muy fuertemente, varios programas de inversión que están en curso van desfinanciados y no hay ni cinco centavos para los programas propuestos por el presidente Duque”.

La tendencia crónica al déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento público es un reflejo que vivimos por encima de nuestros medios. Durante los ocho años del mandato Santos, el déficit fiscal se situó en 2,9 por ciento (en 2016 alcanzó un máximo de -3,8% respecto al PIB) y el endeudamiento público fue creciente al registrar un promedio de 47,9 por ciento. En los años 2011-2018 la tasa de inflación se redujo a 3,9 por ciento. Durante el gobierno Santos se profundizó el hueco fiscal y el endeudamiento público.

De ahí que la administración que inició labores el 7 de agosto deberá darle curso a una vieja y permanente exigencia del capital nacional e internacional: por un lado una reforma tributaria que brinde más gabelas al capital – los asalariados de ingresos medios cubrirán lo que deje de cancelar el empresariado– y por el otro la reforma pensional; sino le funcionan estas reformas vendrá un tratamiento de choque para evitar que se desborde el gasto del Estado. Por la “Regla fiscal” Duque debe reducir el déficit del Gobierno Central a 1,4 por ciento del PIB en 2022; y por la amenaza de una posible baja en la calificación de la deuda pública debe mantenerla a un nivel máximo del 52 por ciento del PIB durante su mandato (Gráfico 3).



Incluso quienes devengan ingresos menores al promedio global también serán afectados. Esto quedó claro en el anuncio de Carrasquilla para mejorar las finanzas del Estado: los colombianos tendrán que aportar más de sus bolsillos al fisco nacional. El anunciado ajuste implica equilibrar los ingresos y los gastos de la Nación. El funcionario confirmó que la esencia de la reforma tributaria es transferir de los ingresos de los trabajadores al Estado tres billones de pesos; ésta debe entrar a regir en enero del 2019. El ajuste fiscal buscará más contribuyentes del impuesto de renta y del IVA, aliviará la carga a las empresas y tratará de reducir en un 10 por ciento la evasión en el primer año, hasta completar 50 por ciento en el cuatrienio (la evasión actual se estima en 40 billones de pesos). La clase media será la más afectada en su capacidad de compra y, en contraste, los empresarios son los más beneficiados al bajar su tributación en cerca de 8 puntos porcentuales y, así, elevar la tasa de ganancias.

El ministro Carrasquilla aseguró que la reforma tributaria que prepara la administración Duque tendrá, principalmente, cinco consecuencias: ayudará a aliviar la carga que asumen hoy en día las empresas, aumentará de forma progresiva la renta personal, gravará con IVA toda la canasta familiar, intentará reducir la evasión y venderá activos de la Nación (el principal es Ecopetrol que representa el 60% del valor patrimonial de las empresas del Estado, que suman $70 billones, según la Dirección General de Participaciones Estatales). Para aumentar el recaudo, sin afectar a los propietarios del capital –el poder detrás del trono estatal– gravarán aún más al colombiano con el impuesto a la renta a partir de un ingreso equivalente al promedio nacional ($1,7 millones). En consecuencia, y de acuerdo con sus cálculos, el número de contribuyentes de renta aumentaría de 2,5 a 4,5 millones.

En resumen, para cuadrar las finanzas públicas, este Gobierno acude a la vía fácil, esto es, seguir apretando a quienes viven del ingreso mensual que les garantiza su trabajo diario, apretón concretado en cuatro medidas: la reforma tributaria, la reforma pensional, un fuerte recorte de gasto social y la privatización de las pocas empresas estatales que quedan. El Gobierno tendrá que optar entre realizar desinversiones u obtener recursos de capital por 2 por ciento del PIB durante los próximos cuatro años.

Un gobierno de los ricos y para los ricos

De esta manera, y más allá de lo que digan desde el establecimiento para justiciar las medidas acá retomadas, estas presagian la reducción de la capacidad de compra de los asalariados y clases populares, afectando negativamente su bienestar. El círculo de poder que rodea a Duque son empresarios o personajes provenientes de las fuerzas políticas de derecha; es un gobierno de ricos para ricos. Estos pasan por la “puerta giratoria” del sector privado al Gobierno con el fin de apropiar el bien público, sometiéndolo a sus intereses.

No podemos pedir peras al olmo. Poco podemos esperar que durante el gobierno que recién inicia labores se pretenda, de manera directa, disminuir los índices de pobreza o desigualdad. En su modelo todo depende de la acumulación de capital y de la generación del empleo por el aumento de la inversión privada.

Es una visión y un ejercicio del poder que ahondará, por tanto, los niveles de pobreza que conocen las mayorías nacionales**. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y espirituales básicas para llevar una vida digna. También suele ser considerada como pobreza las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a los bienes y servicios necesarios; en particular, situaciones como el desempleo, la informalidad o un nivel bajo de ingresos. Bajo las administraciones Santos (2010-2018), la pobreza por ingresos fue de 29,5 por ciento en promedio; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Las reformas propuestas por Duque, unido a los problemas fiscales y a la reducción del gasto social, tienden a agravar la situación de desigualdad y pobreza (Gráfico 4).


En relación con el sistema pensional, la política económica de Duque debe abordar tres problemas: la baja cubertura, el 75 por ciento de la población está excluida; la regresividad, el 25 por ciento que está amparado recibe del resto de la sociedad recursos a manera de subsidios por 40 billones de pesos –beneficiando a las familias más ricas del país–; la coexistencia de dos sistemas de aseguramiento con reglas institucionales diferentes y distribuciones asimétricas. El sistema pensional colombiano promueve la injusticia, la desigualdad y la exclusión.

Pese a lo que pretenden, y más allá de los estudios de salón, la reforma pensional debe enfrentar los cuatro males principales que le aquejan: la informalidad de los empleos de los colombianos (el índice de informalidad nacional es de 64%); la insuficiencia de dinero para financiar las mesadas de hoy y de mañana; la inequidad y privilegios, con subsidios para estratos más altos, y la evasión. Todo ello, mientras aumenta la longevidad, es decir, se ahorra menos tiempo como proporción de la vida completa.

La reforma planteada por muchos tecnócratas apunta a que más personas puedan aportar, además, que lo puedan hacer con la continuidad necesaria para tener la posibilidad real de pensionarse, y que eso pueda financiarse con los recursos que pongan trabajadores y empresas. La reforma propuesta por Duque, de manera contradictoria con la realidad económica del país, se fundamenta en la generación de empleo y la formalización del mercado laboral. Además, pretende: aumentar las cotizaciones como proporción de los ingresos, incrementar la edad mínima para pensionarse, sumar más tiempo de cotización durante la vida laboral y reducir el valor de las mesadas pensionales. Pero también el capital financiero pretende acabar con el sistema público de pensiones para monopolizar en su totalidad el ahorro pensional de los trabajadores.

Durante la campaña electoral, Duque afirmó que el principal reto social de Colombia es la informalidad, que amenaza las finanzas públicas, el sistema pensional, el sistema de salud y la sostenibilidad del gasto futuro. Propuso también la eliminación de la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Señaló, además, que en su gobierno se trabajaría por tener un sistema pensional bajo un patrón homogéneo, donde los subsidios sean transferidos a los trabajadores cuya pensión es más baja. Sin embargo, no planteó explícitamente cuál sería el mecanismo usado y la fuente de financiamiento para el logro de estos fines.

Como es usual en Colombia, la reforma no afectará los intereses de aquellos que tienen suficiente fuerza política y económica para influir en el legislador o en el Ejecutivo.

Como fue evidente durante los gobiernos anteriores, el Estado colombiano mantiene continuidad en el diseño y aplicación de las políticas estratégicas, en este caso, en lo económico. Los primeros anuncios de Iván Duque y de su ministro de Hacienda reafirman tal secuencia, la misma que confirma el principio bíblico conocido como efecto Mateo: “el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre”.

Estos son los anuncios, y como es conocido, a toda acción viene una reacción, ¿cómo será la de todos aquellos sectores que verán afectados sus menguados ingresos si permiten la concreción de esta política económica y social?


** En Colombia, durante los años 2002-2010, el índice de desigualdad Gini se mantuvo en un valor promedio de 0,559. Los ocho años siguientes, con Santos, el promedio disminuyó levemente a 0,528. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales. Los indicadores sobre la distribución de la riqueza son aún más injustos que los de distribución del ingreso. En particular, la riqueza de la seguridad social está mucho más concentrada en la clase alta que el ingreso y la riqueza en general.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desde abajo.