domingo, septiembre 09, 2018

Los mitos de la realidad tributaria del país



Los precios del petróleo y las exorbitantes deducciones tributarias son los responsables de la crisis fiscal

| Por: Luis Álvaro Pardo Becerra*/ Kavilando |

Un análisis de las estadísticas más recientes publicadas por la DIAN sobre el impuesto de renta de las empresas que operan en Colombia, permite desmitificar afirmaciones que se reiteran sin soporte en la realidad, entre ellas, que la tasa nacional de tributación está entre las más altas del mundo y que el colapso de los precios del petróleo es el responsable de la crisis fiscal.

Ejercicios realizados por la OCDE señalan que el nivel impositivo colombiano es inferior a la mayoría de las naciones que integran este organismo, y la CEPAL agrega que el nivel está en el promedio de los países de América Latina. El ejercicio que se desarrolla a continuación, muestra que la tarifa efectiva del impuesto de renta y complementarios es ostensiblemente inferior a la tasa nominal, es decir, que la contribución real de los contribuyentes (personas jurídicas), es mínima comparada con lo que debería ser su potencial de recaudo.

Atribuir el descalabro fiscal a la disminución de los precios del petróleo desde 2014, tampoco es preciso. Si bien es cierto, ésta es una de las causas, el desmesurado crecimiento del monto de los beneficios tributarios y de las llamadas Otras Deducciones, por parte de los contribuyentes en general y de las empresas del sector extractivista en particular, explican en mucho la crisis de las finanzas públicas asociado al modelo primario exportador.

Tendríamos más bien que decir que la orientación general de la política tributaria es a reducir la carga impositiva a las empresas y que esa política se materializa bien por la vía de la reducción de las tarifas nominales y manteniendo una larga lista de deducciones que permiten a las empresas reducir la base gravable y el impuesto a pagar.

Para “consentir a los inversionistas”, los últimos gobiernos aprobaron más de 250 beneficios tributarios, sin que los mismos hubiesen sido evaluados por sus objetivos y sin estimar su beneficio/costo; además, la mayoría de estos beneficios fueron aprobados sin periodos de vigencia y por tanto yacen a perpetuidad en el Estatuto Tributario.

La complejidad del estatuto tributario regresivo y la larga lista de beneficios tributarios facilita la evasión y la elusión tributaria, de manera que el desequilibrio fiscal del gobierno central se explica no solo por un manejo laxo del gasto público o la caída de los precios del petróleo, sino porque coloca a disposición de los interesados los instrumentos “legales” para reducir sus impuestos a cargo.

Un menor recaudo fiscal implica para el Estado recortar su oferta de servicios públicos y sociales; la reducción de la inversión social perpetua las condiciones de pobreza e inequidad, cuyos índices locales sobresalen negativamente en los indicadores de organizaciones internacionales. Endeudar aún más el país, continuar enajenando los activos de la Nación y aumentar los impuestos a los ciudadanos, es la alternativa que ofrece el Estado para mantener su modelo de desarrollo.

El análisis de las estadísticas agregadas que suministra la DIAN para los años 2010-2016, permiten afirmar que, considerando no solo los beneficios tributarios, sino otras deducciones que reducen la base gravable de las empresas, como los ingresos no constitutivos de renta y las Otras Deducciones, tasas nominales del 25% pueden reducirse a tasas efectivas del 5%.

El sector de minas e hidrocarburos multiplicó el monto de sus beneficios y otras deducciones desde el 2014 para contrarrestar el impacto de la caída de los precios del carbón y el petróleo en el retorno de su inversión. A través de las estadísticas de la DIAN fue posible determinar que el costo fiscal de todos sus beneficios y deducciones del sector supera los US3.300 millones de dólares anuales promedio en el periodo 2010-2016.

De manera que, antes de proponer nuevas reformas tributarias para agregar cargas adicionales a los contribuyentes sin representación política clara en el Congreso, lo que procede es la redefinición de los objetivos tributarios, en un marco de justicia, equidad y progresividad; ello implicaría, entre otros, una inmediata revisión de los beneficios tributarios o otras deducciones, que vulneran los principios de la tributación, y la eliminación de privilegios que explican el déficit fiscal, la reducción de la inversión social y los aterradores índices de desigualdad social.

[1] Junio 2018
Lee y descarga el documento completo AQUI


* (Economista especializado en derecho minero-energético y derecho constitucional.)