miércoles, septiembre 19, 2018

UNAL: Por una Política de Estado para las universidades públicas colombianas



EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en su sesión No.6 realizada el 14 de Septiembre de 2018 acordó expresar públicamente su respaldo al comunicado de prensa emitido por la Rectoría de la Universidad Nacional, identificándose de esta manera en todas sus partes tanto con las apreciaciones como con las propuestas. Este cuerpo colegiado hace un llamado al Gobierno Nacional para atender con carácter urgente los asuntos presupuestales y financieros que afectan sustancialmente a las universidades públicas y particularmente a nuestra institución.

“1.   Las universidades públicas tienen presencia en todo el territorio nacional, desde los grandes centros urbanos hasta las regiones más apartadas del país. En muchos casos las universidades públicas son las únicas que ofrecen programas académicos de alta calidad en las regiones con menos desarrollo del país.

2.    Los aportes de nivel nacional a las universidades públicas pasaron de representar el 73% de los recursos financieros de las instituciones en 1993 a representar solamente el 48% en 2016.

3.    Las universidades públicas del país recibieron el equivalente al 0,5% del PIB en 2002 y hoy el aporte del Estado ha disminuido al 0,4%. Esto ha sucedido a pesar de que el sistema de educación superior recibió en 2002 recursos equivalentes al 0,9% del PIB, y hoy esta cifra alcanza el 1,04%; un incremento tímido en 16 años.

4.    Con un presupuesto que no aumenta de manera estructural desde 1993 y que, además, congeló desde esa época la planta profesoral de las 32 universidades públicas, éstas deben financiar con recursos propios el 45% de sus actividades. Actualmente, enfrentan un déficit de $434.874 millones y un desfinanciamiento de $15 billones si quisieran adaptarse a los imperativos de cobertura, calidad, pertinencia e impacto social que exige el mundo contemporáneo.

5.    En definitiva, las universidades públicas han hecho más con lo mismo o hasta con menos: la cobertura se incrementó en 124% entre 2000 y 2018.

6.    Las universidades públicas constituyen, sin duda, un canal de inclusión social, incorporación de la diversidad étnica y cultural nacional; y son garantía de desarrollo equilibrado, de cohesión social y de convivencia en paz hacia el futuro.

7.    La población estudiantil de las universidades públicas se concentra, con un 85%, en los estratos socioeconómicos más bajos de la población colombiana (Estratos 1, 2 y 3). En este sentido, el impacto de las universidades públicas en la movilidad social, el cierre de brechas sociales y el beneficio estructural para miles de familias de bajos recursos es incalculable.

8.    En el caso de la Universidad Nacional de Colombia su planta profesoral esta constituida por la mayor cantidad de profesores con doctorado en el país, 1523 que representan el 51% del total de docentes de la Universidad Nacional. Adicionalmente, gestiona 913 grupos de investigación y más de 50 revistas científicas en todas las áreas del conocimiento reconocidas por Colciencias. El 40% de los graduados de doctorado en el país fueron formados en uno de los 65 programas de doctorado que ofrece la Universidad Nacional.

9.    Frente a ese nivel de desarrollo académico, los diseñadores de políticas públicas y los agentes gubernamentales que toman las decisiones ha cometido un error reiterado al aplicar el simple indicador resultante de dividir el presupuesto de las universidades entre el número de estudiantes matriculados.

Sin tener en cuenta que las universidades además de ser instituciones de educación superior, son también institutos de investigación, desarrollo e innovación para las distintas regiones del país y centros que implementan permanentemente estudios y proyectos solidarios en las diferentes comunidades.

10. Mediante el cálculo de indicadores simplistas que no contemplan la complejidad y el verdadero impacto de las universidades públicas se ha restringido la asignación de recursos de inversión que permitan reparar y modernizar la planta física de las instituciones, disponer de laboratorios adecuados y de programas de bienestar universitario más pertinentes, dadas la limitaciones económicas que tienen gran parte de su población estudiantil.

11.   Es indispensable buscar fuentes alternativas de financiación para estrategias complementarias en la educación superior como el programa Ser Pilo Paga, teniendo cuidado de no contribuir a la desfinanciación de la educación superior pública. Los recursos que se canalizaron hacia el programa Ser Pilo Paga ($3,7 billones), apoyando a 40.000 estudiantes se podría haber utilizado de manera más eficiente si se hubiesen empleado en fortalecer las universidades públicas del país, puesto que con $2 billones entre 2012 y 2016 se habría beneficiado a un total de 305.000 estudiantes nuevos en universidades públicas.

De cara al futuro se requiere:

1.    Diseñar y poner en machar una real, ambiciosa y adecuada Política de Estado de la educación superior en Colombia, que tenga en cuenta a las universidades públicas como estrategias indiscutibles, eficaces y de alto impacto para el desarrollo social, la consolidación de la paz y el progreso económico del país. La Universidad Nacional de Colombia, como universidad del Estado, se compromete a aportar y a apoyar al gobierno nacional en la construcción de esta Política de Estado para la Educación Superior.

2.    Es urgente que bajo la consideración de Política de Estado se consolide un mecanismo de financiación estable y estructural para la educación superior pública. Adicionalmente, es indispensable que mediante dicho mecanismo se pueda ampliar la planta profesoral de las instituciones públicas con el fin de responder más adecuadamente a las exigencias de calidad y ampliación de cobertura, urgentes para el país.

En el corto plazo se requiere:

1.    La Universidad Nacional, en total convergencia con las demás universidades públicas del país, solicitamos al nuevo gobierno asegurar en el Plan de Desarrollo los recursos suficientes que nos permitan cumplir nuestros labores misionales con la calidad que históricamente hemos demostrado y demandamos.

2.    Ajustar el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que permita que las transferencias del Gobierno a las Universidades Oficiales, incluyan un crecimiento real, es decir, mínimo 4 puntos porcentuales adicionales al IPC en cada vigencia, de modo que se puedan soportar los crecimientos y las necesidades de las Universidades Estatales.

3.    Ajustar el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, definiendo a partir del año 2019, la asignación del incremento correspondiente al diez por ciento (10%) de los aportes girados por el Ministerio de Educación Nacional para el funcionamiento en pesos constantes.”

(original firmado por)
CARMEN ALICIA CARDOZO DE MARTÍNEZ
Secretaria General